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Policiales

Crimen en Tafí Viejo: uno de los menores involucrados habría sido abusado por la víctima

La investigación del crimen de Pedro Solano Barboza, un jubilado de 72 años, dio en las últimas horas un nuevo giro, al salir a la luz una oscura trama de abuso de menores.

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La investigación por el asesinato de Pedro Solano Barboza, el jubilado de 72 años hallado sin vida en su vivienda de Tafí Viejo, tuvo un giro decisivo luego de que cuatro adolescentes se presentaran espontáneamente en la comisaría de Los Pocitos y reconocieran haber tenido participación en el hecho. En menos de 24 horas, la Justicia resolvió dictar prisión preventiva para tres de ellos, mientras que el cuarto quedó fuera del proceso penal por ser inimputable.La medida fue adoptada por el juez de Niños, Niñas y Adolescentes Federico Moykens, quien además ordenó el inmediato traslado de los jóvenes al Instituto Cura Brochero, ubicado en el penal de Benjamín Paz, donde permanecerán al menos durante tres meses. También dispuso asistencia profesional para los acusados.

El crimen salió a la luz el jueves 16 de abril, cuando encontraron el cuerpo de Barboza en su domicilio de calle Bolívar al 700. El informe preliminar del médico policial indicó que la víctima habría sido asesinada a golpes, mientras que la autopsia confirmó múltiples fracturas en el rostro, cortes en la frente y hematomas en ambos ojos.
Durante las primeras actuaciones, los investigadores detectaron además la faltante de un televisor, un teléfono celular y la billetera del hombre, donde supuestamente guardaba dinero obtenido ese mismo día mediante un préstamo.
Personal de Homicidios, bajo directivas de los comisarios Susana Monteros, Diego Bernachi y Miguel Carabajal, y con intervención del fiscal Pedro Gallo, advirtió dos elementos clave: la puerta de acceso no había sido forzada, lo que hizo presumir que la víctima conocía a quien ingresó a la casa, y la extrema violencia ejercida durante el ataque.
Con esos indicios, la pesquisa se orientó hacia el círculo íntimo del jubilado. Se elaboró un listado de personas que podrían haber tenido contacto con él y se realizaron entrevistas y allanamientos en busca de pruebas.
Cuando la causa parecía no registrar avances concretos, el sábado a las 23.15 cuatro menores —dos de 17 años, uno de 16 y otro de 15— se presentaron en la dependencia policial de Los Pocitos. Allí no solo admitieron algún grado de participación en el hecho, sino que además indicaron dónde habían arrojado el televisor sustraído.
Los investigadores se trasladaron hasta un canal de esa localidad y recuperaron el aparato, además de prendas con manchas que serían de sangre. El menor de 15 años fue entregado a sus padres, mientras que los otros tres fueron derivados al Centro de Admisión y Derivación.
 
Los informes profesionales incorporados al expediente señalaron que ninguno de los adolescentes tenía antecedentes penales ni evidencias de adicciones. También se indicó que, salvo uno de ellos, los demás viven con sus familias, estudian y colaboran económicamente en sus hogares. Fuentes judiciales calificaron el caso como atípico por el perfil de los involucrados.
Durante las entrevistas, los jóvenes no brindaron mayores detalles sobre lo ocurrido dentro de la vivienda. Sí se confirmó que, tras el hecho, abordaron un vehículo de una aplicación de viajes y se dirigieron hacia Los Pocitos llevando consigo el televisor luego hallado en el canal. El conductor ratificó esa circunstancia.
Vecinos consultados por la Policía describieron a Barboza como una persona solitaria y señalaron que en algunas oportunidades habían visto ingresar y salir de la casa a jóvenes desconocidos.
En la audiencia realizada el domingo por la noche, la auxiliar fiscal Ana Brito Ledesma, por instrucciones del fiscal Gallo, imputó a los adolescentes por homicidio en ocasión de robo. Allí también surgieron posibles líneas de investigación vinculadas al móvil del crimen.
Los investigadores no descartan que los jóvenes hubieran sido convocados por la víctima para mantener una reunión a cambio de parte del dinero obtenido con el préstamo. En ese marco, trascendió que uno de los acusados habría manifestado que Barboza lo habría abusado sexualmente cuando tenía 11 años. Según se indicó, esa supuesta situación nunca había sido denunciada ni comunicada anteriormente.
También se analiza una lesión que habría presentado el menor de 15 años. Peritos deberán establecer su origen, aunque no se descarta que se trate de heridas defensivas.
Durante la audiencia, una sobrina de la víctima pidió justicia por su tío y rechazó las versiones que, según sostuvo, intentan dañar su memoria y justificar el crimen.
Por su parte, Julieta Jorrat, defensora de uno de los imputados, sostuvo que todas las partes coinciden en la necesidad de profundizar la investigación para determinar con precisión qué ocurrió aquella noche. Además, remarcó la importancia de la asistencia profesional para que los adolescentes puedan procesar lo vivido y aportar detalles sobre la mecánica del hecho.

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Acusan a una mujer de usar el home banking de su ex suegro para obtener $4,6 millones

El MPF también imputó a una amiga por encubrimiento, quien habría recibido dinero en su cuenta sabiendo que provenía de un ilícito.

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Este jueves 10 de septiembre se realizó una audiencia en la que el auxiliar de fiscal Rogelio Rodríguez del Busto, de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, dirigida por Diego López Ávila, formuló cargos contra Andrea Natalia Gómez Gallo (32) y Carla Agostina Montenegro (30), en el marco de una investigación por una maniobra que habría provocado un perjuicio patrimonial de $4.656.600.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Fiscal, Gómez Gallo habría utilizado, sin autorización, las credenciales de acceso al home banking de su ex suegro, aprovechando que conocía su usuario y contraseña porque anteriormente lo había asistido en la creación y utilización del canal bancario. Según la teoría del caso, desde la cuenta sueldo de la víctima gestionó distintos créditos y posteriormente transfirió los fondos obtenidos hacia cuentas vinculadas a ella y a Montenegro.

Créditos y transferencias desde la cuenta de la víctima

La maniobra se habría desarrollado entre el 19 de noviembre de 2024 y el 25 de septiembre de 2025. El primer hecho atribuido ocurrió el 19 de noviembre de 2024, cuando Gómez Gallo habría gestionado un crédito por $650.000 desde la cuenta de la víctima y transferido ese importe a una cuenta vinculada a su persona.

Posteriormente, el 3 de febrero de 2025, habría realizado tres transferencias por $300.000, $50.000 y $40.000, también hacia una cuenta vinculada a ella. El 21 de abril de 2025 gestionó un nuevo crédito por $1.200.000. Una vez acreditado el dinero, realizó dos transferencias, por $500.000 y $700.000, hacia una cuenta vinculada a Montenegro.

La investigación sostiene que la maniobra continuó durante los meses siguientes. El 12 de junio de 2025, Gómez Gallo habría transferido $326.600 hacia una cuenta vinculada a su persona. Luego, el 24 de julio, gestionó otro crédito por $1.510.000 y transfirió $1.500.000 a una cuenta de su titularidad. Asimismo, el 8 de agosto habría efectuado una transferencia de $290.000 y, finalmente, el 25 de septiembre de 2025 gestionó un nuevo crédito por $300.000, transfiriendo ese mismo día la totalidad del importe hacia una cuenta de su propiedad.

Como consecuencia de estas operaciones, la Fiscalía estimó que el perjuicio patrimonial ocasionado a la víctima ascendió a $4.656.600.

La calificación legal atribuida a Gómez Gallo es la de defraudación mediante manipulación informática, en calidad de autora. En cuanto a Montenegro, la Fiscalía le atribuyó haber recibido $1.200.000 con conocimiento de su origen ilícito, dinero que habría sido obtenido previamente mediante la maniobra de defraudación investigada. Por este hecho fue acusada por el delito de encubrimiento por receptación dolosa.

Medidas de coerción

Luego de formular los cargos, Rodríguez del Busto solicitó que, a los fines de resguardar la investigación, se impongan a ambas acusadas medidas cautelares de menor intensidad por el término de cuatro meses. La jueza interviniente analizó el planteo realizado por el MPF y resolvió hacer lugar a la totalidad de las medidas solicitadas, por lo que las acusadas deberán cumplir las reglas de conducta establecidas durante el plazo fijado.

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Choque de motos en Alderetes: una pasajera resultó herida y el conductor del otro rodado escapó del lugar

Las autoridades policiales tratan de identificar al motociclista que escapó del lugar del accidente, abandonando a la mujer que resultó herida.

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Una joven de 23 años sufrió politraumatismos al chocar dos motocicletas este miércoles, alrededor de las 20, en avenida Eva Perón y Azcuénaga, en Alderetes. La pasajera fue trasladada al Centro de Salud Zenón Santillán y se encuentra fuera de peligro. La Fiscalía ordenó buscar testigos y revisar cámaras para reconstruir el siniestro e identificar a uno de los motociclistas, que se retiró del lugar.

La causa quedó caratulada como lesiones culposas, con intervención de la Unidad Fiscal Criminal del Centro Judicial Capital. La mecánica del impacto todavía debe ser esclarecida y la primera reconstrucción surge de los testimonios recogidos por la Policía.

Según esas versiones, una Honda Wave, conducida por un trabajador de una aplicación de transporte que llevaba a la joven como pasajera, circulaba junto con una Honda New Titán negra por avenida Eva Perón, de sur a norte. Ambos vehículos giraron hacia Azcuénaga y, durante esa maniobra, el conductor de la Wave habría intentado sobrepasar al otro rodado.

Los testigos señalaron que se produjo un impacto en la parte trasera de la New Titán, tras el cual los dos ocupantes de la Wave cayeron al pavimento. Describieron al conductor de la otra motocicleta como un hombre de entre 50 y 60 años, aproximadamente, vestido de negro, que abandonó el sector después del choque.

Una ambulancia municipal trasladó a la pasajera al Centro de Salud Zenón Santillán. Allí fue atendida por el médico de guardia, quien diagnosticó politraumatismos y determinó que estaba fuera de peligro.

El conductor de la Wave manifestó que buscaría asistencia médica por sus propios medios. Sin embargo, las consultas posteriores realizadas en la Policlínica de Banda del Río Salí y en el Hospital del Este Eva Perón no permitieron constatar su ingreso a ninguno de esos establecimientos.

Efectivos de la Comisaría Martín Miguel de Güemes acudieron tras recibir el aviso del Cuerpo de Vigías de Alderetes. Cuando llegaron, encontraron a numerosas personas y a los agentes municipales resguardando la escena, pero los involucrados ya se habían retirado.

Con la información reunida, la Fiscalía dispuso relevar las cámaras de seguridad y localizar a otros posibles testigos. Esas medidas buscarán precisar cómo ocurrió la colisión y establecer la identidad del conductor de la New Titán.

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Denunciaron que el camión recolector que atropelló a un nene de dos años circulaba a una velocidad fuera de lo permitida

Testigos aseguraron que el camión circulaba rápidamente por el pasaje y afirmaron que no era la primera vez que ocurría.

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Vecinos del pasaje donde murió el bebé Liam cuestionaron la velocidad a la que, según sus testimonios, circulaba el camión recolector de residuos y aseguraron que ya habían existido reclamos por situaciones similares.

Una mujer que se encontraba en el lugar aseguró haber visto pasar al vehículo momentos antes del hecho. “Saqué el auto, lo dejé pasar al camión de la basura, que pasó a una velocidad que no tiene que pasar porque es un pasaje. Pasó muy rápido y no es la primera vez”, relató.

Otra vecina contó que había salido con una bolsa de residuos, pero no alcanzó al camión. “En lo que entré al fondo a dejar la bolsa, salí y sentí el griterío. Ya no estaba el camión”, señaló.

Los testimonios apuntan además a que las quejas por la forma en que circulaban los camiones recolectores no serían recientes.

“El camión de la basura siempre pasa así, con todo. Esto no es desde hace poquito, esto es desde hace muchísimo. Siempre hubo papás que reclamaron y los camioneros, ciegos. Esto se hubiese prevenido”, sostuvo una de las vecinas.

Las declaraciones reflejan la conmoción y el enojo de quienes viven en la zona tras la muerte de Liam. Las afirmaciones sobre la velocidad del vehículo corresponden a los testimonios de los vecinos y deberán ser contrastadas con la investigación del hecho.

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