La discusión parlamentaria por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada llegó esta semana a un punto de inflexión marcado por la resistencia de gobernadores provinciales y la maniobra del oficialismo para asegurar la convocatoria a sesión en el Senado. El debate se centró, en particular, en el capítulo referido a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros, cuyo destino condicionó el cálculo de los votos necesarios para la sanción.
Posición de Tucumán y su impacto político
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, descartó la posibilidad de facilitar mayorías para el oficialismo en la Cámara alta. Según afirmó, había conversado “con las dos senadoras nacionales, Beatriz Ávila y Sandra Mendoza (representantes por Tucumán) y ha visto que las dos se están oponiendo a la aprobación de la ley y son personas que no cambian de posición”. La negativa provincial complica la estrategia oficial para conquistar los 37 votos necesarios.
Adhesiones y rechazos en otras provincias
En paralelo, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, expresó que la provincia ratifica una posición de rechazo a la extranjerización de la tierra: “No estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra y no vamos a acompañar iniciativas que avancen en ese sentido en el ámbito nacional”, señaló, vinculando la postura con políticas previas enviadas a la Legislatura provincial.
La señal de Tucumán podría sumar a otras provincias con legisladores reticentes, como Salta, cuyo vínculo con la cuestión rural se canaliza a través de la senadora Flavia Royón. Ese conjunto de rechazos territoriales tensionó el armado político del oficialismo en Buenos Aires.
El ajuste del oficialismo y la cumbre previa a la sesión
Ante la dificultad para garantizar los votos, el Gobierno optó por sacar el capítulo controvertido sobre la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. La decisión se tomó tras una cumbre que reunió a sectores aliados con la senadora Patricia Bullrich, con el objetivo de que la sesión prevista para el jueves pudiera celebrarse.
La normativa impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, necesitaba un respaldo que en la mañana del miércoles aparecía incierto, luego de los anuncios públicos de gobernadores como Jaldo y Figueroa en contra del capítulo en cuestión.
Alcance del artículo retirado y sus contradicciones
El inciso que generó la disputa proponía, en principio, prohibir la adquisición de tierras rurales por parte de “los Estados extranjeros”. No obstante, el texto admitía excepciones significativas: permitía la compra por parte de personas jurídicas —sin distinción de naturaleza— y de agrupaciones asociativas con participación estatal extranjera, siempre que mediara “autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”.
Ese mecanismo de autorizaciones provinciales y nacionales fue uno de los puntos más cuestionados por gobernadores y legisladores que interpretaron que, en la práctica, la norma podía abrir puertas a la inversión extranjera en el suelo rural argentino, contraria a la intención declarada de preservación territorial.