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El niño que cayó en una boca de tormenta en Villa Luján sigue internado y temen que sufra neumonía

El episodio ocurrió el viernes 31 de julio, alrededor de las 18.40, en inmediaciones del pasaje Miguel Cané y Saavedra.

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Un niño de tres años permanece internado en el Hospital del Niño Jesús después de caer en una boca de tormenta sin tapa y quedar sumergido en líquidos cloacales, en Villa Luján. Su familia advirtió que existe riesgo de que desarrolle una neumonía y reclamó respuestas a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) y a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

El episodio ocurrió el viernes 31 de julio, alrededor de las 18.40, en inmediaciones del pasaje Miguel Cané y Saavedra. El pequeño, cuya identidad se preserva por tratarse de un menor de edad, caminaba junto con su madre, una tía, su hermano de 10 años y una bebé de 10 meses rumbo a la plaza del barrio.

Según relató Micaela, tía del niño, la familia eligió transitar por Miguel Cané porque también había desbordes cloacales sobre la avenida Ejército del Norte. Al acercarse a Saavedra, el pequeño, que iba tomado de su mano, pisó una superficie cubierta de barro y cayó dentro del pozo.

La mujer explicó que el niño se hundió por completo y se soltó de su mano. Intentó retirarlo, pero el líquido volvió a arrastrarlo hacia el interior hasta que finalmente consiguió rescatarlo.

Una vez afuera, la familia le quitó la ropa para interrumpir el contacto con los efluentes. Micaela utilizó sus propias prendas para limpiarlo, mientras la madre corrió con él hasta su casa, situada a una cuadra y media, para bañarlo.

La tía también quedó cubierta por el líquido contaminado. Ante la emergencia, el hermano mayor tuvo que llevar a la bebé hasta la vivienda y el cochecito quedó abandonado en el lugar.

Micaela aclaró que ningún vecino presenció la caída ni participó del rescate, aunque algunos ofrecieron ayuda al día siguiente. También destacó la rápida intervención del Sistema de Emergencias 107 y del 911, contactados inmediatamente después del incidente.

El niño fue trasladado al Hospital del Niño Jesús y continúa internado. Aunque en un primer momento la familia recibió información alentadora sobre su evolución, este lunes surgieron nuevas señales de preocupación.

De acuerdo con el relato de su tía, los médicos detectaron el ingreso de líquido al organismo y la presencia de mucosidad, por lo que vigilan la posible aparición de una neumonía. El paciente deberá permanecer hospitalizado durante los próximos días. “No está fuera de peligro”, sostuvo Micaela.

La experiencia también afectó emocionalmente a los dos hermanos. Según la mujer, el niño de 10 años, que observó el accidente, no pudo comer durante dos días, llora y se encuentra angustiado. El pequeño hospitalizado recuerda reiteradamente la caída y tiene pesadillas.

La familia atribuyó las consecuencias físicas y psicológicas del episodio a la falta de mantenimiento y control por parte de la SAT y del municipio.

Al día siguiente, Micaela regresó al lugar para medir la profundidad del pozo y encontró a operarios de la empresa de agua trabajando en el sector. La abertura fue reparada, sellada y posteriormente señalizada.

Durante esa visita se encontró con Marcelo Caponio, titular de la SAT. Según la mujer, el funcionario le pidió disculpas y le explicó que la empresa enfrenta reiterados robos de tapas, situaciones que —afirmó— muchas veces no son denunciadas por los vecinos.

Micaela aseguró que le solicitó a Caponio que visitara a la madre del niño en el hospital, pero señaló que ese encuentro no se concretó.

La familia sostuvo que su reclamo no persigue una compensación económica. “No pedimos dinero; pedimos justicia por lo que vivió un niño de tres años y por el dolor innecesario que continúa atravesando”, expresó la tía.

También exigió que los organismos responsables reparen la infraestructura urbana y se comuniquen con la madre del pequeño para ofrecerle una explicación y disculpas. Remarcó que el episodio pudo haber terminado con consecuencias aún más graves.

El caso reactivó un reclamo que los vecinos de Villa Luján aseguran haber formulado durante años. Habitantes de la zona afirmaron que habían advertido reiteradamente sobre el deterioro de la boca de tormenta situada en Miguel Cané y Saavedra mediante fotografías y presentaciones.

Según sus testimonios, el pozo llevaba aproximadamente cuatro años en malas condiciones. Las reparaciones y la señalización fueron realizadas después de la caída del niño.

Los residentes advirtieron, además, que el problema no se limita a esa abertura. Denunciaron desbordes cloacales frecuentes, pérdidas de agua, acumulación de barro contaminado y hundimientos en las veredas provocados por filtraciones.

“Venían, destrancaban y a los dos días estaba de nuevo”, describieron sobre las intervenciones anteriores. Celia, una vecina que vive a mitad de cuadra, aseguró que el olor llegaba hasta su vivienda y que, durante las jornadas calurosas, resultaba difícil permanecer al aire libre.

Para los habitantes del barrio, la caída pudo evitarse si los reclamos previos hubieran recibido una solución definitiva. Ahora piden que las tareas no se concentren únicamente en el lugar del accidente y que se ejecute una intervención integral sobre las redes y la infraestructura deteriorada de Villa Luján.

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Peritos desmintieron supuestos problemas mentales de “El Militar” Sosa

La querella encabezada por Carlos Garmendia denunció que la postura de los defensores busca dilatar el proceso.

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Las audiencias por el crimen de Érika Antonella Álvarez atraviesan jornadas de creciente rispidez en los tribunales tucumanos. En las últimas sesiones, el debate se centró en el estado de salud mental del principal imputado, Felipe “El Militar” Sosa, luego de que sus abogados defensores, Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, solicitaran la revisión médica de su asistido argumentando que no se encontraba en condiciones psíquicas de continuar en el proceso a causa del desgaste del encierro y presuntas amenazas recibidas.

Frente al planteo, el tribunal dispuso la realización de un examen médico inmediato con presencia de un perito de parte. Sin embargo, los resultados de la evaluación fueron categóricos al certificar que Sosa está ubicado en tiempo y espacio y cuenta con plena capacidad para comprender la criminalidad de sus actos, descartando de plano cualquier cuadro de inimputabilidad o motivo de suspensión del debate según el Código Procesal Penal.

Cuestionamientos de la querella y estrategia defensiva

La resolución médica encendió el malestar de la querella representada por Carlos Garmendia, quien no dudó en calificar las maniobras de la defensa como un intento por instalar un relato exculpatorio. De acuerdo con la hipótesis planteada por los defensores Cosiansi y Flores, el hecho habría ocurrido de manera accidental y el acusado habría intentado deshacerse del cuerpo por temor a represalias de la expareja de la víctima.

“Pretendieron hacer creer que tiene problemas para estar en el juicio. El informe de los médicos que lo atendieron es categórico: no tiene ningún problema. Fin de la discusión”, aseveró Garmendia al evaluar los dictámenes técnicos incorporados al expediente. Durante las últimas audiencias, lejos de mostrarse desorientado, a Sosa se lo observó siguiendo atentamente las declaraciones testimoniales y manteniendo permanente diálogo con sus letrados y con Jorge “Chicho” Díaz, su excolaborador imputado por encubrimiento.

El encuadre legal y las pericias en el proceso

El marco procesal vigente establece causales estrictas para la suspensión de un juicio oral: la acreditación fehaciente de un trastorno mental que impida la comprensión de los actos procesales mediante junta médica y la consecuente declaración judicial de incapacidad. Al no haberse verificado ninguna de estas circunstancias, los magistrados ordenaron la continuidad del debate.

En el fuero penal local se señaló además que el Ministerio Público suele requerir la intervención de profesionales del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) ante este tipo de incidencias, los cuales coincidieron en ratificar la aptitud de “El Militar” Sosa para continuar respondiendo por el femicidio de la joven tucumana. /Los Primeros

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Murió un motociclista de 43 años tras colisionar con un auto en avenida Siria y Bolivia

Jorge Mauricio Machado, de 43 años, murió este martes alrededor de las 18.45 luego de protagonizar un choque entre su moto y un Toyota Etios en la esquina de las avenidas Siria y Bolivia, en San Miguel de Tucumán.

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Un motociclista identificado como Jorge Mauricio Machado, de 43 años, falleció este martes, alrededor de las 18.45, tras un choque en la intersección de las avenidas Siria y Bolivia, en la zona norte de San Miguel de Tucumán.

Los vehículos involucrados

La víctima circulaba en una motocicleta Honda GLH 150 y colisionó con un Toyota Etios que conducía una mujer. Como consecuencia del impacto, Machado perdió la vida.

Por el momento no se difundieron más detalles sobre la mecánica del choque.

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Imputaron a un tractorista por un trágico siniestro vial en la Ruta 308

Un hombre perdió la vida en el lugar y otros dos conductores resultaron con lesiones tras un choque en cadena provocado por carros agrícolas que circulaban sin luces ni elementos refractarios.

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Un tractorista fue imputado por el Ministerio Fiscal por un trágico siniestro vial registrado en la Ruta Provincial 308, en el que falleció William Leandro Graneros y resultaron lesionados Rubén Leonardo Exequiel Herrera y Alexis Nahuel Nieva. El hecho ocurrió en las primeras horas de la mañana del pasado 2 de septiembre, en una zona rural sin iluminación artificial.

Por requerimiento de la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción, subrogada por Carlos Sale, se llevó a cabo la audiencia de formalización de la investigación, formulación de cargos y solicitud de medidas cautelares. En representación del MPF intervino la auxiliar de fiscal Gabriela Ghilardi.

De acuerdo con la acusación fiscal, el pasado 2 de septiembre, alrededor de las 07:00 horas, el acusado, identificado como Carlos Enrique Oyola, conducía un tractor Massey Ferguson rojo por el carril sur de la Ruta Provincial 308, de oeste a este, a la altura del kilómetro 30, en el paraje Campo Bello (jurisdicción de la Comisaría de Juan Bautista Alberdi).

El vehículo traccionaba tres carros playos color naranja oxidado, sin marca ni dominio, que circulaban sin el sistema de iluminación reglamentario en sus partes anterior, lateral y posterior, así como también sin luces ni cintas retro reflectivas. Estas condiciones, sumadas a la falta de alumbrado público y la visibilidad reducida de la zona, impidieron que el conductor de un furgón Mercedes Benz Sprinter que circulaba por detrás y en el mismo sentido pudiera divisar la formación a tiempo.

El furgón, al mando de Rubén Leonardo Exequiel Herrera y acompañado por Alexis Nahuel Nieva, colisionó de lleno contra la parte posterior del último carro. Producto del fuerte impacto, el furgón invadió el carril contrario (norte) e impactó de frente contra una camioneta Fiat Strada Adventure negra que circulaba de este a oeste, conducida por William Leandro Graneros.

En tanto, Oyola continuó la marcha con el tractor y los tres carros hasta detenerse en un camino alternativo sobre el margen sur de la ruta. Como consecuencia del siniestro, Graneros falleció en el lugar producto de un traumatismo encéfalocraneano (TEC) grave con politraumatismos severos.

Por su parte, Nieva sufrió una fractura mediodiafisaria desplazada de fémur derecho que requirió intervención quirúrgica con osteosíntesis (con un tiempo de curación e inutilidad laborativa superior a los 30 días), mientras que Herrera resultó con traumatismo cerrado de tórax y policontusiones (con un tiempo estimado de curación de 28 días y 14 de inutilidad laborativa).

Imputación y medidas cautelares

La Fiscalía atribuyó a Carlos Enrique Oyola la calificación jurídica de autor del delito de homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor, en concurso ideal con lesiones culposas.
Para garantizar la sujeción del imputado al proceso y el correcto avance de la investigación, la representante del Ministerio Fiscal solicitó la imposición de medidas de menor intensidad, consistentes en reglas de conducta, fijar domicilio y someterse al proceso.

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