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Política

Fuerte rechazo a la censura a la prensa para la Asamblea Legislativa

Los periodistas acreditados en el Congreso reclamaron a las autoridades de ambas cámaras rever la medida que fue ordenada desde Casa Rosada. Referentes de todos los bloques, menos LLA, expresaron su apoyo a los trabajadores.

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El Círculo de Periodistas Parlamentarios (CPP) emitió este miércoles un comunicado por el cual “deplora y rechaza la decisión de los presidentes de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y del Senado, Victoria Villarruel, de impedir el acceso de los periodistas acreditados en el Congreso de la Nación a los palcos que históricamente estuvieron asignados a los medios de comunicación durante la Asamblea Legislativa del próximo sábado”.

Según comunicaron este martes autoridades de las direcciones de Prensa de ambas cámaras del Congreso a los periodistas acreditados de manera permanente, para el acto del 1ro. de marzo no se permitirá que los trabajadores de prensa se ubiquen en los palcos que siempre ocupan, ubicados en el primer piso por arriba del estrado.

La decisión es similar a la que se adoptó el pasado 15 de septiembre, cuando el presidente Javier Milei asistió a presentar el Presupuesto 2025 y los periodistas fueron -sin aviso previo- desplazados a balcones de la primera galería ubicada en el segundo piso, donde el desarrollo de sus tareas se vio afectado.

En un primer momento, desde el Gobierno había bajado la orden de no permitir el ingreso al recinto de reporteros gráficos de medios nacionales e internacionales. Pero, según se conoció horas después, mediante el instructivo para las acreditaciones dispuesto por el Senado (cámara a cargo de la organización de la Asamblea junto al Poder Ejecutivo), ingresarán aquellos cuya acreditación sea aprobada y también estarán en los “palcos de la primera galería del recinto, en el segundo piso” como la prensa acreditada de manera permanente.

En el comunicado del CPP se resalta que “se trata de una decisión inconsulta, sin antecedentes en más de un siglo de tarea periodística en el Parlamento, y sin una explicación de las causas por las que se pone esta traba innecesaria a la tarea de informar sobre uno de los acontecimientos más importantes del año legislativo, como es el discurso sobre el estado de la Nación que el presidente ofrece todos los 1ro. de marzo para dar inicio al período de sesiones ordinarias”.

“Todos los invitados tienen habitualmente palcos designados para el acto y no se entiende la razón por la que a los periodistas se los discrimina de esta manera absolutamente irracional y sin ningún sentido práctico”, enfatizaron los trabajadores de prensa.

Asimismo, subrayaron que “lo más lamentable es que las autoridades de ambas Cámaras hayan tomado esta medida sin ninguna necesidad, ya que la prensa acreditada ha ocupado esos palcos de manera histórica sin que se registrara un incidente que justifique una decisión de estas características”.

“El Círculo de Periodistas Parlamentarios lamenta que otro poder del Estado, como es el Congreso, claudique ante las órdenes del Poder Ejecutivo, y pide por este medio a los titulares de ambas cámaras legislativas que revean esta medida”, concluyeron.

La noticia sobre la restricción a la prensa fue rechazada por legisladores de la oposición, desde los sectores más duros hasta los bloques dialoguistas cercanos al oficialismo. Una de las primeras voces que se escuchó fue la del diputado socialista Estaban Paulón, quien calificó la decisión como “un ataque a la libertad de expresión y el ejercicio periodístico”.

Con el correr de las horas, este miércoles tomó fuerza un reclamo a Villarruel y Menem, a través de una nota que cuenta con las adhesiones de los diputados Germán Martínez, Cecilia Moreau (UP); Cristian Ritondo, Silvana Giudici (Pro); Karina Banfi, Soledad Carrizo (UCR); Miguel Ángel Pichetto, Oscar Agost Carreño (EF); Pablo Juliano, Marcela Coli (DpS); Agustín Domingo (IF); Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López (CC); Oscar Zago (MID); Sergio Acevedo (Por Santa Cruz); Osvaldo Llancafilo (MPN) y Mario Barletta (Unidos). También se espera que sume apoyo de bloques del Senado.

En la misiva, los legisladores resaltaron que “el Congreso de la Nación es la casa de la democracia y no puede convertirse en un ámbito donde se restrinja el ejercicio libre del periodismo”.

“El presidente de la Nación, conforme al artículo 99 inciso 8 de la Constitución Nacional, concurre al Congreso en calidad de invitado para rendir cuentas sobre el estado de la Nación. No se trata de un acto partidario ni de una prerrogativa personal, sino de una obligación institucional que debe realizarse con la máxima transparencia y publicidad posibles”, expresaron.

Por todo lo expuesto, los legisladores solicitan, con carácter de urgente, “la inmediata revisión de estas restricciones, garantizando que los periodistas acreditados y reporteros gráficos puedan desempeñar su labor con plena libertad, tal como ha ocurrido históricamente en este ámbito. Limitar el acceso de la prensa no solo implica un retroceso en términos democráticos, sino que sienta un mal precedente para la relación entre los poderes del Estado y el ejercicio de los derechos fundamentales en nuestro país”. Fuente: Parlamentario.

Política

Montaldo: «Este es un fenómeno global que tiene que ver con las redes»

La ministra de Educación indicó que se reforzaron los controles dentro de las escuelas, con especial atención en los momentos de recreo y en espacios comunes.

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La ministra de Educación, Susana Montaldo, se refirió a la situación que atraviesan las escuelas ante episodios que buscan generar impacto y visibilidad, y remarcó la necesidad de una respuesta articulada entre el Estado, las instituciones y las familias.

En ese marco, destacó las medidas impulsadas por el gobernador Osvaldo Jaldo para reforzar la seguridad en los establecimientos educativos.

“El Gobernador trata de poner orden y, más que nada, brindar protección. Las familias necesitan saber que la escuela es un lugar protegido”, sostuvo.
La titular de la cartera educativa indicó que se reforzaron los controles dentro de las escuelas, con especial atención en los momentos de recreo y en los espacios comunes. Y agregó: “Se ha pedido a los preceptores, profesores y directores acompañar a los chicos. Tenemos que estar atentos al cuidado de los baños en cada recreo”.

Montaldo explicó que estos comportamientos responden a una problemática que trasciende el ámbito local y se vincula con dinámicas globales atravesadas por el uso de redes sociales.

“Este es un fenómeno global que tiene que ver con las redes. Los chicos buscan llamar la atención, aparecer, ser protagonistas. Pero también debemos preguntarnos cuánto espacio de escucha tienen en la familia y en la escuela”, destacó la ministra.

Frente a este escenario, sostuvo que es fundamental abordar la situación desde una perspectiva formativa, que incluya diálogo, contención y límites claros. Y explicó: “Educar es mostrar el camino y saber que hay límites que no se pueden cruzar. Y si se cruzan, hay consecuencias”.

En relación a las sanciones, aclaró que las acciones que ponen en riesgo a otros no pueden quedar sin respuesta, aunque deben ir acompañadas por instancias de reflexión y acompañamiento.

“Tiene que quedar claro que cada acto tiene sus consecuencias. Pero eso no significa dejar de acompañar al estudiante, entender qué pasó y trabajar con la familia”, explicó la funcionaria.

Además, señaló que se implementó un protocolo preventivo que incluye la presencia policial en los accesos a las escuelas, con el objetivo de actuar rápidamente ante cualquier situación.

“La policía está para colaborar, para estar disponible si la institución necesita apoyo ante algún hecho”, dijo.

Finalmente, convocó a toda la comunidad educativa a asumir un compromiso activo en la construcción de entornos seguros y respetuosos.

“Todos somos responsables del clima que se vive en una escuela. Este es el momento para educar, poner límites y también escuchar a nuestros chicos”, sostuvo Montaldo.

Como parte de este abordaje integral, la ministra adelantó la realización de un congreso enfocado en la salud emocional de los estudiantes, con participación de las familias.

FUENTE: Comunicación Tucumán

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Política

El Gobierno presentó un per saltum y pidió a la Corte Suprema frenar la cautelar sobre la reforma laboral

La Procuración del Tesoro solicitó la intervención directa del máximo tribunal y cuestionó el fallo que suspendió artículos clave de la Ley 27.802. También apuntó contra la legitimidad de la CGT.

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La Procuración del Tesoro presentó este jueves un recurso extraordinario de per saltum ante la Corte Suprema para que intervenga sin pasar por instancias previas y revierta la suspensión de artículos de la reforma laboral. La ofensiva busca dejar sin efecto la cautelar dictada por la Justicia laboral.

Además, pidió que el máximo tribunal revoque la sentencia al considerar que fue dictada por un juez incompetente y que no existe un caso judicial válido ni legitimación activa colectiva.

El conflicto se originó a partir de una acción presentada por la CGT, que solicitó la inconstitucionalidad y la suspensión cautelar de varios artículos de la norma. Según la central obrera, los cambios introducidos afectan derechos como la protección del trabajo, la progresividad de los derechos sociales, la libertad sindical y el acceso a la Justicia.

El juez Raúl Horacio Ojeda hizo lugar a ese pedido y dispuso la suspensión con alcance general de los artículos cuestionados.

Los argumentos del Gobierno

Frente a esto, la Procuración sostuvo que la CGT no acreditó un caso concreto ni un perjuicio específico, sino que basó su planteo en argumentos abstractos y generales. También afirmó que la central carece de legitimación suficiente para representar a todos los trabajadores del país y que el juez omitió analizar la representación sindical conforme a la normativa vigente.

El organismo remarcó que se trata de una causa de competencia federal, ya que el Estado Nacional es parte y la resolución tiene efectos en todo el país. En ese sentido, recordó que se planteó una inhibitoria ante el fuero Contencioso Administrativo Federal.

El 10 de abril, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 aceptó ese planteo y reclamó el expediente, aunque hasta el momento no se dictó una resolución que revierta la suspensión dispuesta por el juzgado laboral.

En su presentación, la Procuración calificó la situación como de “gravedad institucional”, al advertir que la suspensión de una ley nacional por parte de un tribunal inferior implica un avance sobre las atribuciones del Congreso y pone en riesgo la división de poderes.

El escrito también invocó precedentes de la Corte Suprema para sostener que ningún juez puede suspender una ley con efectos erga omnes, es decir, con alcance general para toda la sociedad.

Según el organismo, la medida genera un “perjuicio irreparable” al introducir incertidumbre sobre la vigencia de la norma, afectando la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria para empleadores y trabajadores. Incluso advirtió que, de consolidarse este criterio, cualquier juez podría frenar leyes nacionales, con impacto en el sistema normativo.

Entre las objeciones, la Procuración cuestionó la falta de análisis concreto sobre los artículos suspendidos, señaló que la cautelar coincide con el objeto principal del proceso —lo que estaría prohibido— y sostuvo que el juez excedió el pedido original de la CGT al incluir artículos no reclamados.

Finalmente, concluyó que la única vía eficaz para revertir la situación es la intervención urgente de la Corte Suprema mediante el per saltum. Por eso, solicitó que se suspendan los efectos del fallo cuestionado y se restituya la plena vigencia de la Ley 27.802 mientras se tramita el recurso extraordinario.

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«No vamos a seguir tolerando este tipo de acciones de los estudiantes»

El gobernador también planteó un abordaje integral de la situación: “Los padres tienen que hacerse cargo, los docentes acompañar y el Gobierno poner límites”.

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El gobernador Osvaldo Jaldo, advirtió que ante la proliferación de amenazas de tiroteos en escuelas de la provincia «se aplicará en un 100% el Decreto que firmó esta semana, reclamó medidas firmes pero planteó un abordaje integral de la situación.

En diálogo con La Gaceta, el jefe de Estado provincial manifestó: “No vamos a seguir tolerando este tipo de acciones de parte de los estudiantes; hay que ponerles límites a los chicos y eso es aplicar el 100% del decreto del Poder Ejecutivo”, afirmó Jaldo ante la andanada de amenazas de tiroteos mediante pintadas en establecimientos escolares de la provincia.

«Es un delito»

En ese sentido el titular del PE aseguró: “Lo que están haciendo los chicos es un delito: decir que puede haber tiros es una amenaza, y eso es un delito. Y a los delitos les tiene que caer todo el peso de la ley”, sostuvo, al tiempo que remarcó que la normativa recientemente firmada refuerza ese criterio.

Recordemos que el Gobernador firmó el miércoles el Decreto N° 772/7 del Ministerio de Seguridad, que instruye a la cartera que conduce Eugenio Agüero Gamboa y a la Policía a intensificar acciones preventivas, de disuasión e intervención dentro y fuera de las escuelas.

La normativa también contempla la expulsión y aprehensión de alumnos involucrados en estos hechos, con eventual traslado al Instituto Padre Brochero, en Benjamín Paz. Además, establece la responsabilidad de padres y tutores por la conducta de los menores y advierte que las instituciones podrían perder subsidios si no garantizan el cuidado de los estudiantes.

“Lo que no se puede permitir es que los chicos sigan haciendo amenazas y generen preocupación en los padres y complicaciones en la vida educativa”

Jaldo planteó un abordaje integral: “Los padres tienen que hacerse cargo, los docentes acompañar y el Gobierno poner límites”. Y agregó: “No se puede seguir haciendo la vista gorda a la problemática que están viviendo los establecimientos educativos en Tucumán”, sostuvo.

Si bien consideró válido el trabajo de los gabinetes pedagógicos interdisciplinarios, fue crítico sobre su efectividad: “Todas las medidas de contención son importantes, pero hay que ver cómo se venía trabajando. Claramente no está funcionando”.

15 denuncias

Según precisó Jaldo, hasta el momento se registraron al menos 15 denuncias en diferentes instituciones de la provincia con pintadas amenazantes en los baños de dichos establecimientos.

“Los responsables tienen que ser juzgados por la Justicia y llevados a Cura Brochero. Y los docentes, si no denuncian, se convierten en cómplices. Tenemos que darle un corte a todo esto”, enfatizó el titular del Poder Ejecutivo.

Jaldo insistió en que el problema excede a la provincia, pero subrayó la responsabilidad local. “Lo que estamos viviendo en los establecimientos educativos excede los límites de Tucumán, pero como autoridades provinciales nos tenemos que preocupar por lo que pasa aquí”, afirmó.

Sanciones disciplinarias

El gobernador también se refirió a un caso reciente en Yerba Buena, donde un alumno de 13 años confesó haber realizado una amenaza. “A pesar de que es menor de edad y aunque tenga problemas, el colegio tiene que evaluar la expulsión. De nada sirve que produzcan semejante revuelo y que todo quede en nada”, indicó.

Mayor presencia policial

Al concluir la entrevista, el Primer Mandatario adelantó que se reforzará la presencia policial en las escuelas donde se detectaron amenazas, especialmente en aquellas consideradas de mayor riesgo. Incluso, señaló que los uniformados podrían recorrer los establecimientos junto a las autoridades educativas para prevenir nuevos episodios.

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