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Política

El Gobierno dio de baja más de 900 servicios que prestaba el INTI y Sturzenegger dio detalles

Los empleados estatales denuncian que la intención es “desmantelar” el organismo para justificar más de 700 despidos.

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El Gobierno dio de baja esta semana más de 900 servicios que prestaba el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en el marco de los recortes que se vienen aplicando al organismo desde 2024. La medida fue formalizada por la Resolución 42/2026, publicada en el Boletín Oficial, y según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, responde a una “baja demanda”.

La resolución suprimió casi 1000 prestaciones vinculadas, principalmente, a ensayos microbiológicos fundamentales para la seguridad alimentaria (detección de Salmonella, E. coli, Listeria) y al control de contaminantes como micotoxinas; al análisis de calidad de agua y efluentes (potabilidad, metales, compuestos orgánicos); a servicios de metrología y calibración de instrumentos (termómetros, prensas, equipos electrónicos); y a ensayos para la industria en áreas como materiales de construcción, seguridad eléctrica y electrónicacontrol de combustibles (naftas, gasoil) y pruebas sobre componentes de seguridad en transporte (ascensores, automotriz).

Desde el INTI señalaron que estos ensayos dados de baja eran capacidades que además se empleaban en procesos más complejos, como la asistencia técnica, el desarrollo de productos y la ayuda para que empresas accedan a mercados externos.

La versión preliminar de la resolución que circuló antes de su publicación oficial generó fuerte rechazo sindical y movilizaciones en los alrededores del predio del INTI en Villa Martelli. Los gremios y trabajadores expresaron su malestar y advirtieron sobre el impacto laboral y técnico de la medida.

El texto oficial argumenta que “una gran cantidad de servicios desarrollados no tuvieron demanda efectiva, o poseen oferta privada”, lo que implicaría un uso subóptimo de recursos estatales al mantener prestaciones que no son requeridas o que pueden proveer empresas privadas.

Empleados del INTI, en diálogo con La Nación, sostienen que desde la asunción del presidente Javier Milei hay una intención de reducir y redefinir el rol del organismo —que califican como un desmantelamiento— lo que podría justificar despidos y retiros voluntarios dentro de una política de reducción del Estado. Según esas fuentes, la resolución podría implicar más de 700 despidos.

La explicación de Sturzenegger

Horas después de la publicación, Sturzenegger defendió la medida afirmando que muchos de los servicios “no tenían suficiente demanda” y que eran prestaciones que puede ofrecer el sector privado. Según el ministro, varios servicios no revestían la condición de bienes públicos ni tenían especificidad técnica particular; describió ejemplos como pruebas de durabilidad de productos que, en su visión, podrían realizar empresas del mercado.

Sturzenegger sostuvo que el INTI ofrecía algunos servicios a precios muy bajos, lo que implicaba un subsidio indirecto de los contribuyentes a ciertas empresas. Como ejemplo mencionó el control de expendio de surtidores de combustibles, donde dijo que “un 12% de la planta del instituto hacía ese test” y que los costos asociados (viáticos, transporte) convertían a ese servicio en un beneficio para las petroleras financiado por el Estado.

El ministro argumentó que la medida libera actividad para el sector privado y evita que clientes queden “atrapados” en el INTI por falta de alternativas privadas, situación que, según él, limitaba el desarrollo del mercado.

Recortes

El INTI cuenta actualmente con aproximadamente 2300 empleados y más de 250 reparticiones, frente a los 3100 trabajadores que tenía en 2023. El Gobierno señaló que cerca del 20% de los departamentos del organismo cumplen funciones que califica como “puramente administrativas” y por esa razón impulsó recortes.

En 2025 la administración intentó transformar al INTI en una dirección dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, lo que habría implicado la pérdida de su autonomía y autarquía financiera, así como la disminución del carácter federal del organismo. Esa iniciativa fue revertida por la Justicia.

Ante la medida vigente, se convocó a una conferencia de prensa de trabajadores del INTI, con la participación de personalidades del ámbito de la ciencia, la educación y representantes políticos y sindicales, prevista para el martes 21 de abril a las 10.

La eliminación de servicios por parte del Estado plantea un debate sobre la definición de funciones estatales estratégicas frente a la provisión privada de determinados ensayos y calibraciones. En ese marco, la resolución y las reacciones que generó ponen en evidencia las tensiones entre eficiencia administrativa, protección del empleo y mantenimiento de capacidades técnicas en organismos públicos con impacto sobre salud pública, producción y comercio.

Política

La Legislatura acompañó la presentación de un trayecto de formación en estrategias de prevención del suicidio

La propuesta impulsada junto con la Facultad de Psicología de la UNT y la Fundación Manos Unidas por la Paz, tiene el objetivo de fortalecer las herramientas de profesionales, docentes y agentes que intervienen ante situaciones de riesgo.

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En la Presidencia de la Legislatura de Tucumán se presentó el Trayecto de Formación en Estrategias de Prevención del Suicidio, una propuesta impulsada por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), junto a la Fundación Manos Unidas por la Paz, que contará con el acompañamiento de la Legislatura.

El encuentro contó con la presencia del vicegobernador y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo; el presidente subrogante de la Cámara, Sergio Mansilla; la ministra de Educación, Susana Montaldo; la decana de la Facultad de Psicología de la UNT, Silvia López de Martín; la secretaria de Extensión de esa unidad académica, María Julia López García; y la licenciada en Psicología Agueda Duarte.

La iniciativa propone generar espacios de formación y reflexión destinados a fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias para la prevención del suicidio, promoviendo herramientas de detección temprana, prácticas de cuidado y trabajo articulado en red. Está dirigida especialmente a profesionales y agentes vinculados a las áreas de salud, educación, seguridad y comunicación, considerados actores relevantes para la identificación y el abordaje temprano de situaciones de riesgo.

El trayecto contempla instancias presenciales tanto en la Facultad de Psicología de la UNT como en la ciudad de Aguilares, con el objetivo de descentralizar las acciones formativas y fortalecer las estrategias de prevención en el territorio.

El primer módulo se desarrollará los días 18 y 19 de septiembre. En la Facultad de Psicología se dictará la conferencia “Prevención del Suicidio”, a cargo del licenciado Ernesto Páez, y la clase-taller “Estrategias de Promoción y Prevención Comunitaria”, dictada por el licenciado Martín Alejandro Álvarez. En Aguilares, ambos profesionales estarán a cargo de una clase-taller sobre prevención del suicidio el sábado 19.

La ministra de Educación, Susana Montaldo, destacó la importancia de la propuesta y su articulación con las políticas de salud socioemocional que lleva adelante la cartera educativa.

Estamos viviendo situaciones complejas en la sociedad y por eso nosotros desde el inicio de la gestión trabajamos con la Facultad de Psicología en una línea que es fundamental en nuestro proyecto de política educativa, que es la línea de salud socioemocional. Todo esto hace a la salud emocional de los chicos, que puedan resolver sus conflictos en forma pacífica. Formamos mediadores porque los chicos, cuando no encuentran un canal de comunicación, pueden llegar a estas situaciones que no queremos que se den”.

Montaldo agradeció el trabajo conjunto entre las instituciones que participan de la iniciativa y anunció que se dispondrán 50 lugares gratuitos para docentes, tanto para la formación en Capital como en Aguilares.

Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer tanto a la Legislatura como a la Facultad de Psicología, en la persona de su decana, por haber abierto en esta formación que va a comenzar próximamente tanto en Capital como en Aguilares, 50 lugares que en forma gratuita se van a conceder a nuestros docentes, cerró.

Por su parte, la decana de la Facultad de Psicología, Silvia López de Martín, explicó que la propuesta aborda una problemática de relevancia social: “Es abordar una temática que es prevalente en este momento en nuestra sociedad. Es un trayecto de formación en prevención del suicidio, autolesiones y conductas de riesgo”.

La decana precisó que la capacitación está destinada especialmente a profesionales y agentes de distintas áreas del Estado: “Está destinada sobre todo a profesionales y agentes que trabajan en el Ministerio de Salud, en el área de Educación, en el área de Seguridad y de Comunicación”.

También destacó que el trayecto contempla puntaje docente y que sus disertantes cuentan con una amplia trayectoria en la temática. “Nos parece que poder trabajar y abordar estas temáticas que son fundamentales y es un deber de la universidad pública”, agregó.

Finalmente, destacó el trabajo conjunto entre la Universidad Nacional de Tucumán, la Legislatura, los ministerios de Educación y Salud y las organizaciones que acompañan la iniciativa. “El esfuerzo mancomunado entre la institución, la Universidad Nacional de Tucumán, en este caso la Facultad de Psicología, la Legislatura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Rotary, que ha puesto mucho empeño también en que este proyecto sea posible, hace que los proyectos puedan concretarse, sustanciarse y realmente beneficiar a toda la sociedad”, concluyó.

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Política

Los tres poderes del Estado articulan acciones ante la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil

Representantes del Legislativo, Ejecutivo y Judicial analizaron la próxima entrada en vigencia de la Ley Nacional N° 27.801 y avanzaron en una agenda de trabajo conjunta para su aplicación en Tucumán.

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El vicegobernador y presidente de la Legislatura de Tucumán, Miguel Acevedo, junto al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva, encabezaron esta mañana una reunión interinstitucional entre representantes de los tres poderes del Estado, en la que se abordó la próxima entrada en vigencia de la Ley Nacional N° 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil.

Durante el encuentro se analizaron los distintos aspectos vinculados con la implementación de la normativa, que entrará en vigencia el próximo 5 de septiembre, y las responsabilidades que corresponderán a cada una de las áreas involucradas. El objetivo fue establecer criterios comunes y sostener una agenda de trabajo coordinada para garantizar su aplicación en Tucumán.

Participaron el vocal decano de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Estofán; los vocales Daniel Posse y Eleonora Rodríguez Campos; el ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez; el ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro; jueces penales y defensores de Niñez y del fuero penal.

Por el Poder Ejecutivo estuvieron presentes la ministra de Educación, Susana Montaldo; el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso; y autoridades de distintas áreas. La Legislatura estuvo representada por miembros de las comisiones de Asuntos Constitucionales e Institucionales y de Legislación General, entre ellos Carolina Vargas Aignasse, Luis Ocaranza, Gerónimo Vargas Aignasse, Walter Berarducci, José Macome y Christian Rodríguez.

Fue una reunión muy positiva. Respetando la independencia de poderes, en Tucumán venimos trabajando de manera coordinada y es necesario arbitrar las medidas para la implementación de esta ley. Tenemos una mirada que no se limita a penalizar, sino que también busca cuidar, recuperar y acompañar a nuestros adolescentes”, sostuvo Acevedo.

El vicegobernador señaló además que la Legislatura continuará trabajando desde la escucha y el consenso para alcanzar una norma que responda a las necesidades de la provincia. “Quiero destacar la colaboración y el compromiso de los otros dos poderes para lograr una ley que pueda aplicarse de la mejor manera”, agregó.

Por su parte, el ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez, remarcó la importancia de la participación conjunta de todas las áreas involucradas. “Esta reunión es fundamental porque todos los poderes son partícipes de la ejecución de la norma nacional. Es esencial que cada uno aporte su mirada desde el lugar que le corresponde. Se trata de una ley muy importante porque involucra a menores y exige ser muy cuidadosos”, afirmó.

La ministra de Educación, Susana Montaldo, puso el foco en el trabajo preventivo y de acompañamiento que se desarrolla desde el sistema educativo. “Es muy importante que los tres poderes del Estado podamos reunirnos porque se trata del bienestar de nuestros jóvenes y de nuestra sociedad. Desde el inicio de la gestión venimos trabajando una línea de salud socioemocional con alumnos y familias”, expresó.

Montaldo explicó que la Provincia impulsa además experiencias de mediación escolar en el nivel primario y que ese trabajo se está extendiendo a las escuelas secundarias, con el objetivo de que los jóvenes incorporen herramientas para resolver los conflictos de manera pacífica.

Finalmente, el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, presidente de la Comisión de Legislación General, explicó que la Cámara ya analiza tres proyectos con estado parlamentario vinculados a la adecuación provincial. “Buscamos que Tucumán cuente con un régimen penal juvenil que permita aplicar la ley nacional y los tratados internacionales sobre derechos de niños y adolescentes, con una mirada orientada también a la recuperación y la reinserción”, señaló.

El legislador indicó que uno de los objetivos centrales será alcanzar un dictamen con amplio consenso. “Es un desafío enorme y una de las leyes más importantes en las que vamos a trabajar. Queremos llevar al recinto un texto con el mayor acuerdo posible, con la menor cantidad de fisuras y que realmente pueda aplicarse como corresponde”, concluyó.

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Política

Desde enero los senadores cobrarán una dieta de más de 13 millones de pesos

El aumento acumulado será de casi 7% y se aplicará en cuatro tramos. El incremento surge del acuerdo paritario de los empleados del Congreso.

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Los senadores nacionales cobrarán $13.115.760 brutos desde enero de 2027, cuando perciban la dieta correspondiente a diciembre. El nuevo monto surge del aumento acordado entre los gremios legislativos y las autoridades del Congreso.

La paritaria contempla una suba acumulada de 6,98% y replica el esquema acordado para los empleados de la administración pública nacional. El incremento se aplicará en cuatro tramos: 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre.

Con la última cuota, el valor del módulo que determina las dietas llegará a $3.278,94. Como los senadores cobran 4.000 módulos, el cálculo arroja el nuevo ingreso bruto de $13.115.760.

Cuánto cobran los senadores

El aumento representará casi $1 millón más de ingresos brutos para los integrantes de la Cámara alta. Actualmente, sus ingresos alcanzan unos $12.260.000.

El sistema que determina las dietas surgió de una resolución aprobada por los propios senadores en abril de 2024. Desde entonces, sus ingresos quedaron vinculados a la evolución de los salarios de los trabajadores del Congreso.

La resolución 8/24 estableció que la dieta de los legisladores se compone de 2.500 módulos, a los que se suman 1.000 módulos en concepto de gastos de representación y otros 500 módulos por desarraigo.

Además, aquella decisión incorporó una dieta número 13 para compensar el aguinaldo, una medida que generó cuestionamientos porque los ingresos de los senadores tienen carácter de dieta y no de salario.

El nuevo incremento fue firmado por los gremios con representación en el Congreso y las autoridades de ambas cámaras. En el acuerdo participaron, entre otros, los secretarios administrativos del Senado y Diputados, Alejandro Fitzgerald y Laura Oriolo, y los representantes sindicales Norberto Di Próspero, de APL, y Martín Roig, de UPC.

El mecanismo genera una actualización automática de las dietas cada vez que se modifica la escala salarial de los empleados legislativos. El aumento de los senadores no surge de una nueva votación del pleno, sino del esquema de módulos aprobado en 2024.

Qué harán los bloques con el aumento

Como ocurrió con acuerdos anteriores, algunos bloques ya anticiparon que buscarán desmarcarse del incremento mediante donaciones.

La Libertad Avanza informó que sus integrantes de la Cámara alta optarían por donar el aumento a entidades benéficas o instituciones públicas provinciales, aunque no precisó el monto ni el destino concreto de los fondos.

El radicalismo también suele tomar distancia de las subas, aunque sin pronunciamientos públicos. En cambio, el kirchnerismo decidió aceptar los aumentos en su totalidad desde el año pasado.

La situación presenta además algunas excepciones dentro de la Cámara alta. Los senadores de la Ciudad de Buenos Aires Mariano Recalde, Patricia Bullrich y Agustín Monteverde no perciben el adicional correspondiente al desarraigo.

A su vez, Alicia Kirchner es la única senadora que no cobra dieta. La legisladora por Santa Cruz decidió percibir su jubilación como exgobernadora en lugar del ingreso correspondiente a su banca.

FUENTE: BAE Negocios

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