Economía
El PAMI perdió la mitad de sus recursos y pone en jaque la cobertura a los jubilados
Si el Gobierno no hubiera eliminado el Impuesto País, habría recaudado 2,8 billones de pesos, mientras que la compensación prevista en el presupuesto alcanza únicamente 1,6 billones, dejando un faltante fiscal de 1,2 billones que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad y las medidas alternativas adoptadas.
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El deterioro de las prestaciones y las denuncias por vaciamiento del PAMI tienen hoy una explicación financiera que, según fuentes con acceso a los números finos del organismo, refleja un agujero de 1,2 billones de pesos. Ese déficit aparece como factor central en la crisis que atraviesa la obra social de los jubilados.
A fines de 2024, el presidente Javier Milei derogó el Impuesto País, tributo cuyo mayor componente de recaudación se destinaba al PAMI. En ese momento, desde el Ejecutivo se aseguró que el Tesoro cubriría la pérdida de ingresos. Sin embargo, la compensación prometida no se materializó en su totalidad.
Según las fuentes consultadas, del estimado de 2,8 billones de pesos que hubieran ingresado al organismo en 2026 vía el Impuesto País, la compensación prevista por presupuesto por parte del equipo económico a cargo de Toto Caputo alcanza a 1,6 billones. La ejecución efectiva de la asistencia financiera del Tesoro al PAMI, de acuerdo con el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso, fue de 0,9 billones hasta julio, lo que representa una caída del 28,7% en términos reales respecto del mismo período de 2025. Solo en julio la asistencia fue de 0,1 billones, una reducción real del 16,8%.
Impacto operativo y señales de alarma
El desfinanciamiento ya enciende alarmas en cuadros técnicos del PAMI y del Ministerio de Salud, que califican la crisis como inédita y advierten sobre un futuro incierto para las prestaciones. La merma de recursos se traduce en demora en pagos a prestadores, cierre de instituciones y faltantes de medicamentos.
Ejemplos concretos: el Sanatorio Concordia, en la provincia de Entre Ríos, anunció la suspensión de servicios, afectando a cerca de 15 mil beneficiarios. Situaciones similares se reportan en la Patagonia y en la provincia de Buenos Aires. La titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos, Silvia D’Agostino, reconoció que con la eliminación del Impuesto País el PAMI perdió “una fuente importante de financiamiento” y advirtió que la reducción presupuestaria impidió actualizar adecuadamente los aranceles: según su diagnóstico, se necesitaría “una suba superior al 100 %” para que el sector recupere viabilidad.
En el seno del Ejecutivo hay discrepancias sobre la respuesta a la crisis. Fuentes indican que el ministro de Salud, Mario Lugones, adoptó una postura de no intervención frente al problema: ante reclamos por la situación del PAMI habría respondido —en declaraciones recogidas por allegados— que “si se tiene que romper el sistema, que se rompa”, y que los prestadores están “librados a su suerte”. Ese enfoque contrasta con la preocupación de otros sectores del oficialismo, que advierten que el descalabro podría erosionar el apoyo de los jubilados —tradicional electorado del PRO— y poner en riesgo votos para 2027, muchos de los cuales respaldaron a Milei en 2023.
Medidas paliativas insuficientes
En junio, Toto Caputo recurrió al pago a proveedores con bonos, una medida que, según informes periodísticos, no logró restablecer la liquidez necesaria y no impidió cierres de clínicas ni faltantes de insumos. En Neuquén, diputados provinciales del peronismo, Darío Martínez y Darío Peralta, denunciaron una deuda de 1.500 millones de pesos con clínicas locales y presentaron un proyecto para garantizar la continuidad y calidad de las prestaciones del PAMI en la provincia.
Renuncias en la conducción y señales de tensión institucional
La crisis económica y los reclamos de afiliados también se reflejan en la conducción del organismo. Esta semana renunciaron la síndico Florencia Zicavo y el coordinador ejecutivo Juan Cruz Montero, quienes habían asumido en 2026. La versión oficial atribuye las bajas a motivos personales. Zicavo, vinculada a Santiago Caputo, fue anteriormente jefa de asesores del exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, mientras que Montero, también proveniente del Ministerio de Justicia, se aleja del cargo tras la salida de aquel funcionario y, según comentarios oficiales, pretende dedicarse a la candidatura en el club Vélez Sarsfield.
Montero será reemplazado por la abogada Verónica Pérez, ex directora de la UGL VIII del PAMI en San Martín, quien cuenta con el apoyo del entorno de Santiago Caputo. En la conducción del organismo —bajo la figura de Esteban Leguizamo y el referente Carlos Zamparolo— circulan versiones sobre cortocircuitos y tensiones que ilustran una gestión en transición y sin resolución clara frente al desfinanciamiento.
Economía
Cadenas de electrodomésticos liquidarán televisores, computadoras y celulares con 50% de descuento
Llega una nueva edición del Electro Fans, donde las cadenas de electrodomésticos también ofrecerán hasta 12 cuotas sin interés y envíos a todo el país, a partir del lunes 7.
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4 septiembre, 2026
Durante esos días, las principales cadenas del sector ofrecerán descuentos de hasta 50% y financiación de hasta 12 cuotas sin interés en distintas categorías: se trata de una oportunidad para quienes necesiten equipar su hogar o renovar determinados productos de tecnología.
Cadenas de electro liquidan televisores, celulares y notebooks
Según se informó oficialmente, la iniciativa incluirá ofertas especiales en televisores, celulares, notebooks, gaming, pequeños y grandes electrodomésticos, productos de cuidado personal, colchones, herramientas, artículos para bebés y bazar, entre otras categorías.
También detallaron que los beneficios estarán vigentes en todo el país, con envíos a todas las provincias y opciones de retiro en tienda, para que cada consumidor pueda elegir la modalidad de compra que mejor se adapte a sus necesidades.
Un sector golpeado por la caída del consumo y la morosidad
El Electro Fans llega en un contexto complejo para el consumo en general, y para las tiendas de electrodomésticos en particular.
Distintos relevamientos dan cuenta de un consumo que no despega. Según un informe elaborado por la consultora NielsenIQ, en los primeros cinco meses del año las ventas del sector cayeron un 3% frente al mismo período del 2025.
La morosidad es otro factor que impacta en el sector. Informes de las consultoras Analytica y 1816 en base a datos del BCRA revelaron que la morosidad en las cadenas de electrodomésticos alcanzó el 50%, muy por encima de las cifras de los bancos tradicionales o las Fintech.
La mayoría de los casos corresponde a clientes que sacaron sus créditos en las mismas cadenas, con tasas que se ubican muy por encima de otros tipos de financiación.
Este escenario propició, en el último tiempo, la caída de gigantes del sector. Por caso, se dio la quiebra de Garbarino y en los últimos días se conoció que Musimundo cerró 20 locales en distintas provincias del país.
Los números lo confirman. Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), durante el primer semestre de 2026, las ventas online crecieron un 28% interanual. Alcanzaron una facturación de $19.533.815 millones.
Se realizaron 181,5 millones de órdenes de compra, un aumento del 21% respecto al año anterior. Se vendieron 248 millones de productos, un 22% más que en el mismo período.
Musimundo cerró 20 sucursales en el nordeste argentino
La decisión tomó por sorpresa a los empleados. Muchos se enteraron de manera informal y ahora reclaman el pago de salarios adeudados. También exigen las indemnizaciones que les corresponden por ley.
La deuda millonaria que arrastra Musimundo y su segundo concurso preventivo
No es la primera vez que la compañía apela a esta herramienta judicial: en junio de 2018 ya había pedido un concurso de acreedores con una deuda declarada de $900 millones.
Los números actuales son mucho más preocupantes. Según el central de deudores del Banco Central, a fines de mayo de 2026 la firma registraba pasivos con entidades bancarias por aproximadamente $3.060 millones.
El principal acreedor es el Banco Nación. La deuda con esa entidad asciende a $1.549 millones. Le sigue el Nuevo Banco del Chaco con otros $300 millones en préstamos impagos.
Pero hay más. La deuda concursal total alcanza los $63.500 millones. Una cifra que incluye obligaciones con proveedores, acreedores comerciales y otros pasivos acumulados.
Fuentes cercanas a la empresa aseguraron que el concurso preventivo no responde a un incumplimiento bancario urgente. El objetivo, según explicaron, es ordenar y reestructurar el conjunto de pasivos de la compañía para poder seguir operando. /iProfesional
Economía
Granja Tres Arroyos desvinculó a 1.000 trabajadores en dos días
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4 septiembre, 2026
Granja Tres Arroyos, avícola en crisis que supo liderar el mercado pero que ahora atraviesa una fuerte crisis financiera y productiva, despidió entre este miércoles y el jueves a 1.000 empleados de tres plantas ubicadas en la provincia de Buenos Aires. La noticia fue confirmada a Clarín por directivos de la empresa.
Por su parte, fuentes del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de Buenos Aires (STIA) realizaron el relevamiento de telegramas – que todavía continúa – y los presentaron ante el Ministerio de Trabajo de Buenos Aires.
Según puntualizaron desde el gremio, 500 corresponden a la planta de Capitán Sarmiento, poco menos de 450 a la planta WADE 2 (ex Cresta Roja) en El Jagüel, Esteban Echeverría; y 50 en la planta de Pinazo, en Pilar.
Fuentes de la cartera laboral ratificaron que estas fueron las presentaciones que realizó el STIA en el Ministerio.
Este viernes se llevará a cabo una audiencia en La Plata entre el sindicato, la empresa y autoridades de la cartera laboral para buscar una solución al conflicto.
Los argumentos esgrimidos por la empresa en esta nueva ola de desvinculaciones son los mismos que los que se utilizaron cuando se llevaron a cabo los despidos en la planta de Concepción del Uruguay a principios de agosto.
Entre las “circunstancias extraordinarias”, la empresa nombra la gripe aviar y el consecuente cierre de exportaciones, una sobreoferta en el mercado interno, caída del precio de comercialización y suba de costos, que derivaron “en un profundo deterioro de la situación económica, financiera y productiva de la empresa”.
A esto se sumaron “sucesivas contingencias operativas y conflictos colectivos que afectaron el normal desarrollo de la actividad, profundizando la disminución de la producción y de los niveles de faena, con el consecuente agravamiento del desequilibrio económico existente”.
La empresa sostuvo que intentó tomar medidas para “preservar la continuidad de la explotación y la mayor cantidad de fuentes de trabajo”, pero que las mismas “resultaron insuficientes, tornando indispensable la reestructuración parcial de su organización y la adecuación de su dotación de personal”.
Granja Tres Arroyos fue fundada formalmente en 1965, aunque su historia se remonta a 1930, cuando el inmigrante italiano, Gaspar de Grazia y su hermano, vendían pollos vivos en el barrio porteño de Caballito.
La firma llegó a procesar 760.000 pollos por día en Argentina, 40.000 en Uruguay, emplear 6.500 personas distribuidas en 8 plantas y ser líder indiscutido del mercado.
Pero a pesar de que hoy el sector avícola vive un buen momento, con récord de consumo de carne de pollo y huevos y un crecimiento sostenido en la producción, la irrupción de la gripe aviar y el cierre de las exportaciones, especialmente a China, golpearon de lleno a la firma, que ya atravesó un proceso preventivo de crisis, pedidos de quiebra, embargos y una deuda que alcanza los US$ 360 millones.
Según comentaron desde el sector, fueron los sucesivos brotes de influenza aviar que se dieron en el país desde 2023, los que impactaron en el equilibrio de la empresa. «El cierre de exportaciones a China los golpeó mucho. Ellos habían apostado a eso», comentó una fuente del mercado.
«Cuando sucede eso, hay que acordarse que Granja Tres Arroyos tenía un par de empresas recuperadas, como AVEX en Río Cuarto y la ex Cresta Roja, que tenían muchísimas deudas y no pudieron afrontarlas. Acumularon atrasos con los proveedores, perdieron la red de abastecimiento, cayó mucho la capacidad instalada, le subieron los costos… Se hicieron pomada», resumió un experto en el tema.
Hoy casi todas sus plantas tienen problemas: están cerradas (La China, de Concepción del Uruguay); paralizadas (Capitán Sarmiento); o funcionando a media máquina (Ezeiza), con su personal despedidos, suspendido o con vacaciones forzadas.
Reclamo a Granja Tres Arroyos
Por otro lado, la intendenta de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino, envió una carta pública al CEO de Granja Tres Arroyos, Joaquín de Grazia, pidiendo explicaciones por “los telegramas que comenzaron a recibir trabajadores y la situación de profunda incertidumbre que esto genera en numerosas familias de nuestra ciudad”.
“Como Intendente, no puedo permanecer indiferente frente a una decisión que afecta de manera directa a tantos vecinos de Capitán Sarmiento. Ante la gravedad de esta situación, exijo la participación activa de Granja Tres Arroyos, junto con el Ministerio de Trabajo, en una mesa de diálogo y concertación, con el propósito de conocer de primera mano el estado real de la situación y coordinar acciones inmediatas que protejan las fuentes de empleo de nuestros vecinos”, indicó Astorino en la misiva.
La jefa comunal sostuvo que la firma “conoce perfectamente la importancia que tiene su actividad para Capitán Sarmiento y la cantidad de familias que dependen de estos puestos de trabajo. Por eso resulta difícil comprender que se haya avanzado de esta manera, sin contemplar adecuadamente las consecuencias para quienes durante años formaron parte de la empresa”
“Por todo ello, solicito que brinde explicaciones claras respecto de la decisión adoptada, las circunstancias que llevaron al envío de estos telegramas y, fundamentalmente, cuáles serán las respuestas concretas de la empresa frente a las obligaciones que aún mantiene con sus trabajadores. Espero una respuesta clara y urgente”, concluyó. / Clarín
Economía
Dictamen favorable en el Senado al proyecto para subir los cortes de biocombustibles y el bioetanol a las naftas
La iniciativa incorporó modificaciones planteadas por representantes de provincias productoras como Jujuy, Salta y Tucumán. Uno de los principales cambios establece que el corte obligatorio de bioetanol pasará del 12% al 15%.
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3 septiembre, 2026
El Senado dio un paso clave para modificar el régimen de biocombustibles. Con respaldo de distintos bloques y de las provincias, el proyecto que reforma la Ley 27.640 obtuvo dictamen y quedó en condiciones de ser tratado en el recinto durante este mes.
La iniciativa, impulsada por La Libertad Avanza, incorporó modificaciones planteadas por representantes de provincias productoras como Jujuy, Salta y Tucumán. Uno de los principales cambios establece que el corte obligatorio de bioetanol pasará del 12% al 15%.
Dentro de ese porcentaje, el proyecto contempla un esquema de distribución: 6% para el bioetanol de caña, 6% para el de maíz y el 3% restante quedará sujeto a competencia.
Además, se establece que ninguna empresa podrá concentrar más del 20% del mercado, con el objetivo de garantizar condiciones de participación.
El biodiésel, el punto de mayor conflicto
La discusión más compleja estuvo vinculada al biodiésel, debido a las diferencias entre las grandes empresas integradas y las pymes industriales del sector.
Finalmente, el proyecto propone elevar el corte del 5% al 10% y dividir el mercado entre compañías integradas y no integradas.
Las empresas no integradas tendrán un cupo del 5% del mercado total, mientras que hasta 2036 se establece un cupo del 3% para ese segmento. Además, ninguna compañía podrá superar el 10% de participación.
Ese punto todavía genera resistencia entre algunos sectores provinciales, que consideran insuficiente el espacio otorgado a las pymes.
“Ya nos estiramos lo suficiente para alcanzar consenso”, planteó un senador de La Libertad Avanza, mientras que Flavia Royón reconoció que el texto todavía podría sufrir modificaciones cuando llegue al recinto.
Cambios en precios y posibilidad de ampliar los cortes
El proyecto también elimina para ambos sectores el precio máximo y establece como referencia el valor exportable.
A su vez, delimita las situaciones en las que podrán ampliarse los porcentajes de corte y habilita a las provincias a incrementar esos niveles.
“Nadie terminó contento del todo con la redacción que quedó, así que debe ser una buena ley”, sostuvo una de las representantes provinciales que participó de las negociaciones.
La misma dirigente consideró que el debate en comisiones ya está agotado y reclamó que la iniciativa sea aprobada en la próxima sesión.
Las pymes reclaman mayor participación
El sector que todavía mantiene reparos es el de las pymes productoras de biodiésel, concentradas principalmente en San Luis, La Pampa, Buenos Aires y Entre Ríos.
El senador puntano Fernando Salino presentó un dictamen de minoría para incorporar ese reclamo y cuestionó que el esquema se divida entre empresas integradas y no integradas.
“Necesitamos una mirada que contemple las regiones y no que contemple empresas integradas o no integradas”, sostuvo.
Sin embargo, aclaró que el bloque acompañaría el aumento de los cortes.
“Cualquier voluntad que haya en elevar el corte nos parece adecuada y la vamos a acompañar”, afirmó.
Con el dictamen aprobado, el próximo paso será llevar la iniciativa al recinto. El oficialismo buscará convertir en ley una reforma que eleva el uso obligatorio de biocombustibles y redefine la participación de los distintos actores de la cadena, en medio de una negociación que todavía no está completamente cerrada.
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