El deterioro de las prestaciones y las denuncias por vaciamiento del PAMI tienen hoy una explicación financiera que, según fuentes con acceso a los números finos del organismo, refleja un agujero de 1,2 billones de pesos. Ese déficit aparece como factor central en la crisis que atraviesa la obra social de los jubilados.
Origen del desfinanciamiento: la eliminación del Impuesto País
A fines de 2024, el presidente Javier Milei derogó el Impuesto País, tributo cuyo mayor componente de recaudación se destinaba al PAMI. En ese momento, desde el Ejecutivo se aseguró que el Tesoro cubriría la pérdida de ingresos. Sin embargo, la compensación prometida no se materializó en su totalidad.
Según las fuentes consultadas, del estimado de 2,8 billones de pesos que hubieran ingresado al organismo en 2026 vía el Impuesto País, la compensación prevista por presupuesto por parte del equipo económico a cargo de Toto Caputo alcanza a 1,6 billones. La ejecución efectiva de la asistencia financiera del Tesoro al PAMI, de acuerdo con el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso, fue de 0,9 billones hasta julio, lo que representa una caída del 28,7% en términos reales respecto del mismo período de 2025. Solo en julio la asistencia fue de 0,1 billones, una reducción real del 16,8%.
Impacto operativo y señales de alarma
El desfinanciamiento ya enciende alarmas en cuadros técnicos del PAMI y del Ministerio de Salud, que califican la crisis como inédita y advierten sobre un futuro incierto para las prestaciones. La merma de recursos se traduce en demora en pagos a prestadores, cierre de instituciones y faltantes de medicamentos.
Ejemplos concretos: el Sanatorio Concordia, en la provincia de Entre Ríos, anunció la suspensión de servicios, afectando a cerca de 15 mil beneficiarios. Situaciones similares se reportan en la Patagonia y en la provincia de Buenos Aires. La titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos, Silvia D’Agostino, reconoció que con la eliminación del Impuesto País el PAMI perdió “una fuente importante de financiamiento” y advirtió que la reducción presupuestaria impidió actualizar adecuadamente los aranceles: según su diagnóstico, se necesitaría “una suba superior al 100 %” para que el sector recupere viabilidad.
Reacciones internas y división en el gobierno
En el seno del Ejecutivo hay discrepancias sobre la respuesta a la crisis. Fuentes indican que el ministro de Salud, Mario Lugones, adoptó una postura de no intervención frente al problema: ante reclamos por la situación del PAMI habría respondido —en declaraciones recogidas por allegados— que “si se tiene que romper el sistema, que se rompa”, y que los prestadores están “librados a su suerte”. Ese enfoque contrasta con la preocupación de otros sectores del oficialismo, que advierten que el descalabro podría erosionar el apoyo de los jubilados —tradicional electorado del PRO— y poner en riesgo votos para 2027, muchos de los cuales respaldaron a Milei en 2023.
Medidas paliativas insuficientes
En junio, Toto Caputo recurrió al pago a proveedores con bonos, una medida que, según informes periodísticos, no logró restablecer la liquidez necesaria y no impidió cierres de clínicas ni faltantes de insumos. En Neuquén, diputados provinciales del peronismo, Darío Martínez y Darío Peralta, denunciaron una deuda de 1.500 millones de pesos con clínicas locales y presentaron un proyecto para garantizar la continuidad y calidad de las prestaciones del PAMI en la provincia.
Renuncias en la conducción y señales de tensión institucional
La crisis económica y los reclamos de afiliados también se reflejan en la conducción del organismo. Esta semana renunciaron la síndico Florencia Zicavo y el coordinador ejecutivo Juan Cruz Montero, quienes habían asumido en 2026. La versión oficial atribuye las bajas a motivos personales. Zicavo, vinculada a Santiago Caputo, fue anteriormente jefa de asesores del exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, mientras que Montero, también proveniente del Ministerio de Justicia, se aleja del cargo tras la salida de aquel funcionario y, según comentarios oficiales, pretende dedicarse a la candidatura en el club Vélez Sarsfield.
Montero será reemplazado por la abogada Verónica Pérez, ex directora de la UGL VIII del PAMI en San Martín, quien cuenta con el apoyo del entorno de Santiago Caputo. En la conducción del organismo —bajo la figura de Esteban Leguizamo y el referente Carlos Zamparolo— circulan versiones sobre cortocircuitos y tensiones que ilustran una gestión en transición y sin resolución clara frente al desfinanciamiento.