Antes de iniciar el receso invernal los senadores nacionales recibieron una buena noticia. A partir de agosto pasarán a cobrar casi $12 millones en bruto, lo que abrirá un nuevo debate frente a la caída generalizada de los salarios y una tasa de desocupación que se mantiene cerca del 8 %.

Este aumento es consecuencia del acuerdo paritario que la vicepresidenta Victoria Villarruel, como titular del Senado, y Martín Menem, como presidente de Diputados, acordaron con los gremios legislativos. Se trata de un incremento acumulativo del 6,7 % que impacta en las dietas de los senadores gracias a la llamada ley de enganche que los legisladores aprobaron a mano alzada en 2024.

La mejora se aplicará en los sueldos de los legisladores en tres tandas: un retroactivo correspondiente a junio de 2,4%, al que se suma otro de 2,2% de julio y un 1,9% en agosto. La suba se aplicará al menos de que los senadores renuncien o donen el aumento como lo hicieron este año los representantes de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y algunos bloques provinciales.

Este año, los senadores habían conseguido a principios del período ordinario un aumento acumulativo del 12,5%, que se completó en mayo llevando los sueldos de los senadores a más de $11 millones bruto, sin los descuentos por ganancias y otros items. Con los nuevos incrementos llegarán a un 19% de aumento en agosto. Según estimaciones, estarían unos puntos por encima de la inflación proyectada. En total, solo 8 gremios le ganaron a la inflación en el primer semestre del año según un informe oficial. En esa lista aparecen encargados de edificios, camioneros y bancarios.

La dieta de los senadores quedó atada a la paritaria legislativa, en la que la Asociación de Empleados Legislativos (APL) junto a UPCN y ATE negocian con las autoridades del Congreso el valor del módulo, que es la unidad de medida de los salarios.

A partir de la ley aprobada en el recinto, la dieta de los senadores se calcula en base a 2.500 módulos, más un adicional de 1000 módulos por gastos de representación y otros 500 módulos de adicional por desarraigo. De esta manera, el sueldo de los senadores será de unos $11.877.000 millones bruto, sin los descuentos por obra social, jubilación y ganancias.

Con esta suba, los senadores recibieron entre enero y agosto un aumento de $ 1,2 millones y las mejoras superan la inflación acumulada del primer semestre que a junio se ubicó en 16,8%, según datos del INDEC.

A diferencia del Senado, en la Cámara baja no se aplica el enganche paritario y un diputado nacional actualmente cobra $ 6.072.000 en bruto y le quedan $ 4.322.307 en mano. Prácticamente la mitad que el sueldo de un senador, una situación que genera tensiones y malestar con el titular del cuerpo Martín Menem, quien suele sortear su salario por redes sociales.

Más allá del impacto que este incremento tendrá en las dietas de los senadores y la situación de los diputados, el sueldo más alto de un empleado legislativo, la categoría 1, pasará de un haber de $ 2.352.866 de mayo a $2,462.339 en julio y $ 2.509.123 en agosto. Pero la categoría promedio, la 6, pasará de $ 1.119.351 de mayo a $ 1.171.428 de julio y $1.193.538 de agosto.

El acuerdo paritario fue firmado por el prosecretario y secretario administrativo del Senado, Lucas Clark y Alejandro Fitzgerald, respectivamente; y la secretaria administrativa y prosecretaria parlamentaria de Diputados, Laura Oriolo y Mercedes Piscitello; junto a. Alejandro Santa en representación de la Biblioteca del Congreso. Por los gremios estuvieron Norberto Di Próspero, por APL; Claudio Britos, por ATE, y Martín Roig, por UPCN.

La Justicia recibió un informe técnico que detectó «inconsistencias» en la evolución patrimonial de Manuel Adorni y su pareja, Bettina Angeletti, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El análisis fue realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) y ahora quedó bajo estudio del fiscal federal Gerardo Pollicita.

La reconstrucción solicitada por Pollicita buscó determinar cómo evolucionó el patrimonio de Adorni y Angeletti desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la actualidad, con un análisis tanto individual como consolidado del grupo familiar.

El informe revisó la composición y variación de bienes, inversiones, disponibilidades, créditos y deudas, además de los ingresos declarados y los movimientos financieros respaldados documentalmente.

Además, la DAFI comparó las distintas declaraciones juradas patrimoniales y sus rectificaciones, con el objetivo de identificar modificaciones en activos y pasivos, sus fundamentos y el impacto sobre la evolución económica del grupo familiar.

Otro de los aspectos que recibió especial atención fue la operatoria con criptomonedas, uno de los puntos sensibles de la investigación. El organismo debía analizar información de plataformas, cuentas y billeteras vinculadas con activos virtuales, incluyendo depósitos, retiros, compras, ventas, permutas y transferencias.

La revisión de los criptoactivos tomó relevancia luego de que Adorni afirmara haber invertido unos US$200.000 en Bitcoin, por lo que la fiscalía buscó contrastar esos movimientos con la documentación bancaria, fiscal y patrimonial incorporada al expediente.

Como conclusión, la DAFI debía elaborar una ecuación patrimonial anual y acumulada, comparando los ingresos lícitos y disponibilidades acreditadas con la incorporación de bienes, gastos, consumos y cancelación de obligaciones.

Con ese cruce, la Justicia busca determinar si existen operaciones que no puedan ser conciliadas con los ingresos declarados, presenten documentación incompleta o tengan explicaciones contradictorias.

Ahora será el fiscal Pollicita quien deberá definir qué puntos requieren aclaración y si corresponde avanzar con un pedido formal de explicaciones patrimoniales dentro de la causa que continúa en etapa de instrucción.