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Política

El Gobierno designó a Santiago Castro Videla como el nuevo Procurador del Tesoro

El vocero presidencial Manuel Adorni comunicó en conferencia de prensa que el abogado de 43 años será el sucesor de Rodolfo Barra

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El gobierno nacional informó esta mañana que Santiago María Castro Videla es el elegido para ocupar el cargo de Procurador del Tesoro.

La noticia fue oficializada por el vocero presidencial Manuel Adorni, en la que fue su primera conferencia de prensa de 2025: “En primer lugar (quiero) contarles que el Presidente de la Nación ha decidido designar como procurador del Tesoro a Santiago María Castro Videla”.

De inmediato, el portavoz hizo un breve resumen de los antecedentes del flamante funcionario: “Es un abogado especializado en Derecho Administrativo y diplomado en Derecho Constitucional y Derecho Procesal”. También destacó que es profesor invitado desde hace 15 años en la Universidad Austral.

“Le deseamos todo el éxito en esta nueva función”, cerró Adorni esta especie de mini presentación, que concluyó con una protocolar despedida a Rodolfo Barra: “Agradecemos su aporte y le deseamos lo mejor en sus próximos desafíos profesionales”.

El nuevo Procurador del Tesoro es miembro en el estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla Abogados y trabaja en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación, por lo que ya tiene conocimiento del área.

A los 43 años, cuenta con una amplia trayectoria y forma parte de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional y la Asociación Argentina de Derecho Constitucional.

Es coautor, junto con Santiago Maqueda Fourcade, de “La delegación legislativa y el Estado regulatorio”; “Tratado de la regulación para el abastecimiento”; y “Estudio constitucional sobre los controles de precios y la producción”. Las tres obras fueron publicadas por Editorial Ábaco entre 2015 y 2018.

La llegada de Castro Videla al gobierno se produce luego de la abrupta salida de Rodolfo Barra, quien tuvo que dejar su cargo por pedido de Milei, que se molestó por un dictamen en contra de la administración nacional en un juicio que una agente le inició al Estado en un caso de incentivos.

Una vez que se conoció el malestar del Poder Ejecutivo con el jefe de los abogados del Estado, se puso el marcha el proceso para buscarle un reemplazante del funcionario saliente, que dimitió a través de una carta dirigida al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

“Por la presente hago llegar a Ud. en su carácter de responsable del ejercicio de la administración general del país, mi renuncia indeclinable a partir del día de la fecha al cargo de Procurador del Tesoro de la Nación, con el que fuera honrado por el Sr. Presidente de la Nación”, comienza la breve misiva de Barra, quien solicitó que se le haga llegar a Milei sus “votos por el éxito del Gobierno en esta tan especial etapa en la historia” de la Argentina.


“Igualmente deseo señalar que ha sido para mí una gran experiencia y honor haber colaborado con su gestión”
, concluyó el escrito.

En la rueda de prensa de esta mañana en Casa Rosada, Adorni fue consultado sobre los motivos de la salida de Barra y respondió: “En principio, el Procurador del Tesoro lo que debe hacer es defender los intereses de la Nación… Se van cumpliendo ciclos y uno fue el de Rodolfo Barra; el Presidente cree que hoy el mejor para ese lugar ya no es más Rodolfo Barra, sino que es Santiago María Castro Videla”.

“Es simplemente una decisión del Presidente que la tomó la semana pasada, y no hay mucho más para aclarar que eso; de hecho, el propio Barra le agradeció este tiempo compartido. No hay mucho más para decir», agregó el portavoz. “El Presidente cree que el nuevo Procurador puede defender mejor los intereses de lo público que Barra. Siempre dijimos lo mismo, cuando exista alguien mejor que algún funcionario, ese funcionario será reemplazado en virtud de la decisión del Presidente ”, concluyó. /Infobae

Política

Emergencia Hídrica y del transporte público serán tratados en la próxima sesión

La Comisión de Obras Públicas dio dictamen a proyectos que consolidan leyes de emergencia y de declaración de interés legislativo al Encuentro Nacional de Cooperativas

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La Comisión de Obras Públicas de la Legislatura de Tucumán emitió dictamen favorable a diversos proyectos de ley que formarán parte de la actualización del Digesto Jurídico Provincial correspondiente al presente año, además de un proyecto de resolución.

La reunión fue encabezada por el presidente de la comisión, legislador Tulio Caponio, y contó con la participación de los parlamentarios Carlos Gómez, Eduardo Verón Guerra y Alberto Olea.

Al finalizar el encuentro, Caponio destacó la importancia del trabajo realizado: “Lo más relevante de la jornada fue el tratamiento de la consolidación de cuatro leyes de emergencia de la provincia, en el marco de la actualización del Digesto Jurídico de este año. Se trata de las emergencias hídrica, del transporte público, energética —vinculada a la red troncal de energía— y de obras públicas”.

Asimismo, la comisión aprobó un proyecto de resolución que declara de interés legislativo el Encuentro Nacional de Cooperativas de Agua Potable de la República Argentina, que se llevará a cabo los días 6 y 7 de julio del corriente año en la localidad de San Pedro de Colalao.

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Política

El Gobierno ofreció un aumento de 24% a las universidades a cambio de retirar la demanda

Los rectores consideraron la propuesta del Gobierno razonable, pero no hubo acuerdo. La denuncia la debe resolver la Corte Suprema.

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En una reunión de bajo perfil celebrada este lunes, el Gobierno y las universidades llegaron a un principio de acuerdo para avanzar con un aumento salarial del 24%, entre otros puntos. Sin embargo, las negociaciones fracasaron por una condición inapelable del Ejecutivo: que las casas de estudio retiren la demanda judicial que aguarda el fallo de la Corte Suprema.

En un territorio neutral para no captar la atención mediática, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvo un encuentro con rectores en representación del Consejo Interuniversitario Nacional para intentar destrabar el conflicto presupuestario que motorizó la última Marcha Federal el mes pasado.

Según confirmaron a TN fuentes de ambos sectores, la propuesta del Ejecutivo consistió en una recomposición salarial del 24,3% que abarca la pérdida durante parte de 2024, todo 2025 y el desfasaje de 2026 hasta mayo. El incremento se pagaría en dos partes: un 21,3% en junio y el 3% restante en octubre.

El acuerdo también incluía la conformación de una comisión técnica para trabajar en el periodo adeudado de 2024 y garantizar hacia adelante negociaciones paritarias cada tres meses.

La propuesta del Gobierno a las universidades y el punto que trabó las negociaciones

Además, el Gobierno ofreció un 50% de aumento para las becas Manuel Belgrano, un 20% de incremento para gastos de funcionamiento de las universidades y un fondo adicional de $50 mil millones para gastos de hospitales universitarios.

En paralelo, las universidades aguardan la convocatoria del Gobierno para acordar el nuevo criterio de distribución de la partida de más de $79 mil millones destinada a dichos hospitales, cuyo congelamiento había generado protestas y una advertencia de que podía peligrar la atención en los establecimientos por falta de presupuesto.

En diálogo con este medio, fuentes de la comunidad universitaria al tanto de las conversaciones consideraron que la propuesta del Ejecutivo es “razonable”. Sin embargo, la negociación se frustró con el pedido del Gobierno para que las casas de estudio retiren la demanda judicial que exige la ejecución de la Ley de Financiamiento sancionada por el Congreso.

La ley exige el cumplimiento de los aumentos en materia de salarios y becas dispuestos en la Ley de Financiamiento de acuerdo al IPC: una cifra que ronda los 2,5 billones de pesos y que, según el Ejecutivo, atenta contra el superávit fiscal.

La negativa de los rectores a retirar la demanda judicial

“Eso no va a suceder de ninguna manera. No estamos dispuestos a hacerlo y no es modificable esa situación. Condiciones para avanzar hay, pero la pelota está del lado del Gobierno”, insistieron en diálogo con TN los rectores universitarios.

Para las casas de estudio, la demanda opera como un resguardo que no están dispuestas a perder. A su vez, sostienen que no existe consenso en la comunidad universitaria para eso. En su lugar, ponen el énfasis en que la propuesta demuestra que el Gobierno cuenta con los recursos para solucionar el conflicto.

“Si hay voluntad de acordar, es bastante insólito que no lo hagamos. Hay condiciones para que eso ocurra”, subrayaron, con la expectativa de que el conflicto se resuelva esta semana.

Desde el Gobierno replicaron a TN que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) conducido por Franco Bartolacci no está dispuesto a ceder en el terreno judicial para no comprometer el apoyo de la comunidad y cuestionaron que eso “lleve a todos a un conflicto sin solución”. De ambos sectores insisten en que, para llegar a un acuerdo, el otro tendrá que dar el brazo a torcer.

FUENTE: TN

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El Senado debatirá un proyecto para reorganizar la Cámara Federal de Tucumán

La iniciativa propone reorganizar la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán mediante la creación de dos salas.

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El Senado de la Nación tiene previsto tratar este jueves un proyecto que propone reorganizar la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán mediante la creación de dos salas, una iniciativa que busca optimizar el funcionamiento de la Justicia Federal en la provincia y en el norte argentino.

La senadora nacional Beatriz Ávila informó que la propuesta fue incorporada al temario de la sesión y cuenta con dictamen favorable de comisión, además del acompañamiento de distintos sectores políticos.

El texto que llegará al recinto surge de la unificación de proyectos presentados por Ávila y por la senadora Sandra Mendoza. La iniciativa contempla dividir la actual Cámara Federal en dos salas y habilitar la posibilidad de ampliar la integración del tribunal, incorporando un sexto magistrado a los cinco jueces que actualmente lo conforman.

Según se explicó, la eventual designación de un nuevo juez estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria y tendría como objetivo reforzar la estructura judicial encargada de revisar en segunda instancia las causas de competencia federal que se tramitan en la jurisdicción.

Durante la reunión de Labor Parlamentaria realizada este miércoles, la legisladora tucumana solicitó la inclusión del proyecto en el orden del día junto con el tratamiento de distintos pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en el ámbito de la Justicia Federal.

El debate se desarrolla en un contexto marcado por las discusiones en torno a la cobertura de cargos judiciales y la necesidad de fortalecer el funcionamiento de los tribunales federales. Desde los impulsores de la iniciativa sostienen que la creación de salas permitirá agilizar el tratamiento de expedientes y mejorar la respuesta del sistema judicial ante el incremento de causas que llegan a la segunda instancia.

De obtener la aprobación de la Cámara alta, el proyecto representará un paso importante en la reestructuración de la Justicia Federal con asiento en Tucumán y podría generar cambios en la organización interna del tribunal en los próximos años.

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