El Gobierno denunció a Cristina Kirchner por cobrar el plus por vivir en zona austral mientras residía en CABA
El Ministerio de Capital Humano, a través de ANSES, acusa a la exmandataria de «estafa, defraudación a la Administración Pública y falsedad ideológica».
Tras anunciar anunciar que la quita de la jubilación de privilegio, el Gobierno denunció a la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunta “estafa” al sostener que percibía una bonificación por declarar que vivía en zona austral mientras residía en la Ciudad de Buenos Aires.
El Ministerio de Capital Humano, a través de ANSES, que solicitó ser parte querellante en la causa, presentó una denuncia penal por presuntos delitos de “estafa, defraudación a la Administración Pública y falsedad ideológica” contra la ex vicepresidenta a la que acusan de “haber declarado un domicilio en zona austral, presuntamente falso”.
Los denunciantes Ignacio Javier Uresandi, director de la Oficina de Integridad de la ANSES, y Maximiliano Raúl Rima, coordinador de Asuntos Penales, detallaron en la denuncia que la bonificación de zona Austral solo pueden ser percibida por quienes tengan “residencia efectiva o radicación real” en las zonas o provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Carmen de Patagones de la Provincia de Buenos Aires».
“En el caso de la Sra. Fernández de Kirchner, es de público y notorio conocimiento, que su residencia estuvo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el período de cobro de ambas asignaciones, mientras se desempeñaba, primero como senadora por la Provincia de Buenos Aires (10/12/2017 – 10/12/2019) y luego como vicepresidente de la Nación (10/12/2019 – 10/12/2023)”, especificaron.
En la misma línea, aseguraron que el cobro de dicho beneficio constituyó “una conducta penalmente reprochable, con perjuicio para la ANSES y el erario público, que deberá ser determinado a partir de las tareas investigativas solicitadas”.
X de Ministerio de Capital Humano
Como viuda del exmandatario Néstor Kirchner y por sus propias asignaciones, Cristina Kirchner percibía un total en bruto de $35.255.297,73, lo que desde el Gobierno aclararon que equivale a casi 136 jubilaciones mínimas. En mano, la cifra llegaba a $21.827.624,65.
El titular de ANSES, Mariano De Los Héros, anunció el 17 de noviembre denunció que la exfuncionaria presentó un certificado de domicilio de Río Gallegos, por lo que percibía un suplemento de zona austral que suma 6.354.523 de pesos mientras vivía en Buenos Aires.
En sintonía, a través de la Resolución 1092/2024 publicada en el Boletín Oficial el Poder Ejecutivo estableció que las asignaciones “devienen jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública”.
Señalamientos por “falsas” declaraciones juradas
En el escrito al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas acusan a la ex vicepresidenta de “haber presentado (usado) declaraciones juradas con datos falsos, para percibir adicionales por zona austral en los beneficios N° 40-5-8085213-0 (derivada de la asignación mensual vitalicia Ley N° 24.018 por viudez del ex – presidente Néstor Carlos Kirchner) y N° 40-5-8085268-0 (asignación mensual vitalicia Ley N° 24.018 por su carácter de ex presidente)».
También la culpan de “haber insertado o hecho insertar en instrumentos públicos declaraciones falsas; haber presentado (usado) ante el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL esas declaraciones juradas con datos falsos”.
En el documento de 18 páginas aclaran que además el beneficio fue cobrado de manera mensual desde enero del año 2016 hasta noviembre de 2011, y que la percepción de las bonificaciones «habría sido posible mediante la presentación de declaraciones juradas con datos falsos, lo que configuraría el delito de falsedad ideológica”.
Para ANSES, la exvice constituyó “actos de corrupción”
La ANSES calificó el accionar de la dos veces mandataria como “un acto de corrupción” amparados por los Convenios Internaciones como la Convención Interamericana contra la Corrupción –CICC- de la OEA, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción -CNUCC-, adoptada en el año 2003.
Ante eso, solicitan que el juez constante:
Las asistencias de la titular del Senado para verificar su asistencia durante el período 10/12/2017 -10/12/2023.
Que el Banco Central de la República Argentina informe la radicación de los movimientos de cuenta de Cristina Kirchner durante el período 10/12/2017 -10/12/2023.
Que el Ente Nacional de Comunicaciones informe la radicación de las llamadas de la línea telefónica titular de la exmandataria.
Pericias caligráfica para constatar la solicitud de los documentos presentados ante el Ministerio de Desarrollo Social para percibir la bonificación.
Pericial Contable para determinar el monto del perjuicio económico a la ANSES
Aseguran que Karina analiza exiliar a Adorni y le busca un consulado para evitar la interpelación en el Senado
El consulado de Miami pica en punta. También hablan de mandarlo de embajador en comisión. Los nombres que suenan para reemplazar a Quirno si va a la jefatura de gabinete.
Karina Milei le está buscando un consulado a Manuel Adorni para que se exilie sin necesidad de tener el acuerdo en el Senado.
En el Senado, lejos de querer facilitarle una salida diplomática a Adorni, están contando los votos para removerlo con una moción de censura, una votación que no tiene antecedentes desde que se creó el cargo con la reforma constitucional de 1994.
El canciller Pablo Quirno quiere ser jefe de gabinete y tiene el apoyo de Karina, por eso mandó a confeccionar una lista de consulados o embajadas a las que pueda recalar Adorni en comisión, para evitar del mismo modo el acuerdo en el Senado.
El listado lo encabezan Italia, que está libre desde la partida de Marcelo Giusto; Chile, que le serviría a Milei para limpiar a Jorge Faurie, ex canciller de Macri y México. En el gobierno adelantaron a LPO que Adorni no está muy convencido pero dijo que «lo hablará con su familia».
La opción del consulado de Miami ganó fuerza en el piso 13 de Cancillería a lo largo del fin de semana. Para ser cónsul, sólo se necesita un decreto de Milei, nombrando a Adorni y despidiendo a Marcelo Gilardoni, en un solo acto administrativo con las firmas de Milei y de Quirno.
Entre los diplomáticos ya se empiezan a disputar la Cancillería, en el caso en que Quirno vaya a la Rosada. Para el cargo compiten los actuales embajadores en Washington, Alec Oxenford y París, Ian Sielecki.
Fernando Iglesias también quiere volverse de Bruselas porque no soporta estar fuera de la agenda mediática, pero Quirno no lo quiere como reemplazante porque considera que no está preparado para ser canciller». «Una cosa es una embajada, otra es ser ministro de Relaciones Exteriores, eso son las ligas mayores», dijeron a LPO fuentes de Cancillería. /LPO
Denunciaron que diputados del peronismo y la izquierda fueron retenidos cuando intentaban ingresar a Bolivia
Se trata de una delegación paralamentaria que cumple con una Misión Humanitaria que viajó a Bolivia para registrar presuntas violaciones a los derechos humanos por parte del Gobierno.
Legisladores argentinos del peronismo y la izquierda, que integran una Misión Humanitaria que viajó a Bolivia para registrar presuntas violaciones a los derechos humanos por parte del Gobierno, denunciaron que fueron retenidos en el aeropuerto de La Paz y en algunos casos deportados, a pesar de ya haber realizado los trámites migratorios correspondientes.
Uno de ellos es el diputado nacional Juan Marino, integrante de Unión por la Patria en la cámara baja, cuyo presidente de bloque, Germán Martínez, denunció en redes sociales que Marino «está retenido en el aeropuerto de La Paz cuando ya había ingresado al país y hecho trámites migratorios en Santa Cruz».
En ese sentido, exigió a las autoridades bolivianas «que nuestro compañero pueda realizar las tareas para las que fue invitado» y pidió también a las autoridades del consulado argentino «a garantizar su libertad e integridad física».
En la misma línea, la diputada Paula Penacca exigió a las autoridades bolivianas que lo liberen y solicitó «que las autoridades consulares de nuestro país intervengan para garantizar su libertad y la integridad física».
Por el momento, el diputado Marino no se ha expresado a través de sus propias redes sociales, a diferencia de un grupo de referentes del Frente de Izquierda, que pudieron compartir videos denunciando el maltrato por parte de las autoridades bolivianas.
Alejandrina Barry, hija de desaparecidos y legisladora porteña, primero compartió un video desde el avión, ya aterrizado en Bolivia, donde denuncia que «nos quieren hacer firmar una cosa falsa para justificar lo que están haciendo, que es una cosa absolutamente ilegal salvo que en Bolivia se haya declarado una dictadura».
En el video, ella muestra el papel, que no se llega a distinguir qué dice pero sí se ve que tiene una foto de su cara en una esquina. Barry no es la única haciendo el reclamo, de fondo se ven y escuchan otras personas en la misma situación.
«No vamos a firmar nada de esto. Seguimos en el avión, en Santa Cruz. Estamos de denunciando que es un secuestro», continuó y marcó: «Yo he participado de muchas misiones internacionales. El trato que estamos recibiendo es un secuestro, no quieren que denunciemos lo que pasa en Bolivia, las violaciones a los derechos humanos del pueblo».
E insistió: «Nos quieren hacer firmar cosas falsas para acusarnos de cosas inventadas. No lo vamos a hacer».
Momentos más tarde, hay un nuevo video, donde ya están en el aeropuerto pero no les permiten acceder a la ciudad. Allí, se puede ver a Vanina Biasi, legisladora porteña, hablando a cámara y luego forcejeando con las autoridades bolivianas.
«El gobierno de Rodrigo Paz impidió el trabajo de una misión humanitaria internacional que viajó a Bolivia para relevar las denuncias de represión contra trabajadores y sectores populares que luchan contra el ajuste», denunció Biasi por escrito en X.
En ese sentido, la legisladora de izquierda indicó que la comisión «ingresó legalmente al país en Santa Cruz de la Sierra»; sin embargo; «pese a que Migraciones había autorizado nuestro ingreso, las autoridades en La Paz retuvieron nuestra documentación de manera arbitraria y avanzaron con un operativo de hostigamiento y deportación contra integrantes de la misión».
En el video también se ve cómo se llevan a Cesar, otro de los integrantes de la comisión: «Fue separado de la delegación y retenido por las fuerzas de seguridad bolivianas, en un hecho gravísimo que expone los métodos intimidatorios del gobierno. Horas después pudo reencontrarse con la delegación».
Según informó La Izquierda Diario, los integrantes de la comisión fueron deportados, debido a que habrían sido mal «perfilados» a su ingreso como si fueran «turistas», aunque los miembros de la delegación señalaron que esto es falso, ya que en todos los formularios que presentaron declararon que el motivo de su visita era el de una misión humanitaria.
Sin embargo, las autoridades migratorias los obligaron a subir a un avión de regreso a Santa Cruz, donde finalmente les entregaron una carta donde hacen alusión al Artículo 26 de la Ley N° 370 de Migración para deportarlos bajo el argumento de no haber presentado «itinerario y hospedaje». /Clarín
Patrimonio de Adorni: el fiscal Pollicita ordenó nuevas medidas de prueba
Entre ella, pidió a ARCA que informe si Adorni y su esposa presentaron declaraciones juradas originales o rectificativas de los períodos fiscales 2023/24/25.
El fiscal federal Gerardo Pollicita dispuso una nueva batería de medidas de prueba en la investigación que analiza la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras las rectificaciones realizadas en sus declaraciones juradas y las explicaciones públicas que brindó sobre parte de sus bienes.
Entre las principales decisiones, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que informe en un plazo de 72 horas si Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, presentaron declaraciones juradas originales o rectificativas correspondientes a los períodos fiscales 2023, 2024 y 2025. En caso afirmativo, requirió que sean remitidas de manera urgente a la fiscalía.
Además, pidió que las declaraciones juradas patrimoniales integrales de carácter público correspondientes a esos ejercicios sean incorporadas al análisis patrimonial que viene realizando la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).
La investigación también puso el foco en las inversiones en criptomonedas declaradas por el funcionario. En ese sentido, Pollicita ordenó a la DAFI elaborar un informe técnico sobre la evolución histórica de la cotización del Bitcoin desde 2013 hasta la actualidad, con el objetivo de contar con parámetros para evaluar la evolución de los activos digitales que aparecen mencionados en la documentación analizada.
Otra de las medidas apunta a reconstruir los ingresos formales de Adorni y de su esposa durante los últimos años. Para ello, el fiscal solicitó a la ANSES que remita la historia laboral completa de ambos desde 2012 hasta la actualidad, incluyendo empleadores registrados, altas y bajas laborales, remuneraciones declaradas, aportes previsionales, actividades autónomas o monotributistas y cualquier otro dato que permita reconstruir sus ingresos.
Asimismo, requirió información vinculada a la sucesión del padre del jefe de Gabinete, Jorge Adorni, luego de que el funcionario mencionara públicamente una herencia familiar al explicar parte de su patrimonio.
El pedido fue dirigido al Juzgado Civil y Comercial N°18 de La Plata, donde tramita el expediente sucesorio. La fiscalía solicitó detalles sobre los bienes denunciados, la eventual existencia de dinero en efectivo, moneda extranjera, cuentas bancarias, títulos, activos virtuales u otros bienes incorporados al proceso, además de información sobre posibles cesiones de derechos hereditarios o transferencias patrimoniales.
En paralelo, Pollicita encomendó a la División Antifraude de la Policía Federal la realización de un relevamiento exhaustivo de fuentes abiertas desde 2013 hasta la actualidad para identificar declaraciones públicas de Adorni y de su esposa relacionadas con criptomonedas, billeteras virtuales, Bitcoin, inversiones financieras, patrimonio y trayectoria laboral.
La medida alcanza publicaciones en redes sociales, entrevistas televisivas y radiales, podcasts, notas periodísticas, videos y cualquier otra fuente pública que permita contrastar las manifestaciones realizadas a lo largo de los años con la información patrimonial incorporada al expediente.
Por último, el fiscal avanzó sobre la información aportada por la plataforma de activos digitales Lemon Cash. A partir de documentación ya incorporada a la causa, que registra la apertura de una cuenta a nombre de Adorni en diciembre de 2020, solicitó ampliar el alcance temporal de los requerimientos de información hasta ese año.
Según planteó en su presentación, el objetivo es obtener nuevos datos que permitan reconstruir con mayor precisión la evolución patrimonial, económica y financiera del jefe de Gabinete y de su esposa.
Las medidas fueron adoptadas en el marco de la investigación que busca determinar la consistencia entre los bienes declarados por el funcionario, las rectificaciones posteriores realizadas ante organismos de control y las explicaciones públicas brindadas sobre el origen de su patrimonio.