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Política

Hay dictamen: el Gobierno consiguió respaldos peronistas y avanza con la suspensión de las PASO

En la primera jornada de sesiones extraordinarias, el oficialismo alcanzó dictamen para la reforma electoral.

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La reforma electoral diseñada por Casa Rosada fue el primer tema de la agenda de Diputados, que retomó la actividad en sesiones extraordinarias con el debate de la eliminación de las elecciones primarias. El Gobierno confió en el acompañamiento de mandatarios provinciales y los encontró, pasadas las tres horas de debate, entre dialoguistas y peronistas.

La primera convocatoria del ciclo legislativo 2025 fue en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda, que discutió la “Ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral”, que además de la derogación de las PASO pretende limitar la gratuidad de la propaganda proselitista, incrementa exponencialmente el aporte que pueden realizar los privados (de un límite del 2% del total de fondos electorales, pasa al 35%) y dificulta las condiciones para convertirse en un partido nacional.

En estas últimas reformas, el oficialismo no tendría el respaldo de sus principales aliados (PRO, MID), que sí respaldaron la suspensión de las PASO, lo que afectaría exclusivamente al calendario electoral 2025. El radicalismo tuvo posturas divididas: Democracia para Siempre no presentó dictamen y la UCR no apoyó en su totalidad. Ámbito pudo saber que la Gobernación cordobesa sumaría su apoyo a la intención libertaria, a través de sus representantes en la bancada de Encuentro Federal.

Esa actitud tuvo cuatro réplicas entre los diputados peronistas de Santiago del Estero y Catamarca (Herreras, Daives, Ginocchio y Nóblega), que firmaron un dictamen de minoría que posibilitó que avance el proyecto de Casa Rosada.

El oficialismo necesitaba 58 firmas en el debate para hacer avanzar su propuesta: consiguió 53 a favor junto a 3 en disidencia (Nieri, Sánchez, Verasay), mientras que hubo otro dictamen con 5 firmas (de los provincialistas peronistas) que garantizó el número mínimo que se precisa en una comisión para elevar un proyecto a la sesión. Esta ocurrirá el próximo jueves e incluirá reformas de seguridad y justicia: reiterancia y juicio en ausencia.

Durante el debate, el diputado peronista Germán Martínez apuntó que La Libertad Avanza estaba dilatando la discusión porque «están haciendo un apriete infernal sobre distintos diputados y diputadas para juntar las firmas que necesitan«. Diputados libertarios negaron la acusación pero se reservaron el uso de la palabra e, inéditamente desde su bautismo parlamentario, tuvieron seis oradores consecutivos pasadas las tres horas de debate.

Suspensión de las PASO: debate en Diputados

En el inicio del plenario, el cordobés Gabriel Bornoroni (titular del bloque de La Libertad Avanza) anunció que ya estaba circulando el dictamen para reunir firmas. Su postura fue ratificada por su compañero de bancada, el santafesino Nicolás Mayoraz, quien argumentó que «hay una urgencia electoral para tratarlo lo antes posible para llevar certeza y transparencia al proceso electoral que vamos a tener este año».

A ellos les respondió el santafesino Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria, quien hizo hincapié en la falta de tratamiento del Presupuesto 2025 y analizó que la verdadera discusión de trasfondo es «si existe o no la vocación política, especialmente de los sectores que se perciben opositores, de validar y legitimar la agenda que el Presidente de la Nación propuso para estas sesiones extraordinarias«.

En ese marco, opinó que el verdadero objetivo del oficialismo es «garantizar la posibilidad de deglutir políticamente a los sectores opositores en el plano ideológico al Gobierno nacional y tratar de generar un proceso de división de los espacios opositores más alejados».

Cecilia Moreau y Germán Martínez, referencias parlamentarias del peronismo. 

Cecilia Moreau y Germán Martínez, referencias parlamentarias del peronismo.

A su turno, la porteña Silvana Giudici (PRO) -quien respalda la suspensión de las PASO- hizo una comparación del «costo» que tuvo los votos de cada partido, calculando el aporte estatal a cada agrupación con respecto al porcentaje de respaldo que tuvieron en los últimos comicios. «De ninguna manera se quiere proscribir, pero lo que no es necesario es que el electorado sea el que termina en este esquema», planteó y agregó: «Se trata de mejorar la calidad de vida de la gente, eficientizar los recursos del Estado y de poder discutir el resto de las normas que deben modificarse, tanto de financiamiento como de publicidad».

Minutos después, el bonaerense Juan Manuel López (Coalición Cívica) remarcó que respaldarán el proyecto oficialista de suspensión de las PASO por el 2025 visto «el escenario de reseteo del esquema político argentino y la evidente inutilidad que va a tener», y pidió que «no se toque todos los demás aspectos que había propuesto el Ejecutivo, de financiamiento y publicidad».

A su turno, el bonaerense Fabio Quetglas (UCR) consideró que la reforma electoral no tiene carácter urgente y fue explícito de la división de posturas del radicalismo al manifestar que no avalará la redacción oficialista: «Entiendo que es una modificación lógica para el Ejecutivo porque le facilita mucho las cosas a los espacios políticos que tienen un liderazgo político y excluyente, y le dificulta las cosas a los espacios que están en un proceso de deliberación». «Es una ventaja coyuntural y en dos años pueden no tener esta herramienta que les resultaría un problema», añadió.

En sintonía, la bonaerense Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) también transparentó la división en su bancada al proponer «que volvamos esto hacia atrás para conseguir un acuerdo»: «Someter este tema a debate por el tiempo que el debate deba durar, llamemos a los tienen que venir a opinar. No fuercen un dictamen el día de hoy para ir en 48 horas al recinto a sacar un mamarracho».

Una vez consumado el triunfo libertario, el correntino Lisandro Almirón (La Libertad Avanza) reconoció que «hoy hemos vuelto a discutir política, no estamos discutiendo la manera de hacer más perfectible el sistema democrático«.

Política

La Armada pasó a disponibilidad a nueve oficiales e investiga desvíos de haberes por casi $1.000 millones

El almirante Juan Carlos Romay apartó a ocho capitanes de corbeta y a un suboficial tras una auditoría interna que detectó 645 liquidaciones irregulares entre 2022 y 2026. El fraude se canalizaba mediante modificaciones manuales en los lotes enviados al Banco Nación y podría escalar hasta los $1.600 millones.

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El jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, resolvió relevar de sus funciones y pasar a situación de disponibilidad a ocho capitanes de corbeta y a un suboficial, luego de que una investigación interna comprobara el cobro indebido de haberes y asignaciones suplementarias sin respaldo reglamentario. La medida administrativa, encuadrada en la Ley de Personal Militar, deja a los nueve efectivos sin destino asignado por un lapso máximo de un año mientras se sustancian los sumarios disciplinarios de rigor, en los que no se descarta la sanción de destitución.

 

 

En paralelo a las actuaciones castrenses, el caso escaló al fuero penal a partir de una denuncia formulada por el director general de Administración Financiera de la fuerza, Carlos Alberto Castro Maggio. El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N° 2, donde se investiga una maniobra sistemática que involucra al menos 645 transferencias indebidas por un monto histórico de $981.148.567,88, ejecutadas entre julio de 2022 y enero de 2026. La pesquisa judicial advierte que la cifra original abarca a 23 oficiales sospechosos, aunque la proyección pericial preliminar estima que el desvío global podría extenderse a más involucrados y alcanzar un quebranto final de entre $1.300 y $1.600 millones.

 

 

El mecanismo para burlar controles en el Banco Nación

Las anomalías fueron detectadas en febrero último tras auditarse liquidaciones de suplementos no justificados a cinco agentes. La posterior reconstrucción informática permitió determinar que las transferencias irregulares se camuflaban de manera premeditada dentro del lote mensual de liquidaciones legítimas de más de 24.000 efectivos que componen la fuerza naval.

 

 

Para eludir las auditorías automáticas, los responsables alteraban manualmente los registros y archivos una vez concluidos los controles ordinarios de liquidación y justo antes de transferir los soportes informáticos al Banco Nación. Inmediatamente después del envío bancario, los valores del sistema interno se restituían a sus parámetros originales, evitando así que los importes adicionales aparecieran impresos en los recibos oficiales de sueldo del personal.

 

 

Confesión interna, cobros a civiles y causas en curso

La auditoría acreditó además que el 44,25% de los fondos desviados ($434.200.718,04 distribuidos en 184 operaciones) terminó en cuentas de cuatro personas sin vínculo alguno con la Armada. En esa nómina aparece María del Carmen Prieto, cónyuge del entonces jefe del Departamento Revista, Ariel Baltasar Atanasoff. La mujer percibió de forma ilícita más de $152 millones. En el marco de las actuaciones administrativas previas a su relevo preventivo, el propio Atanasoff reconoció que efectuaba las cargas manuales de manera directa y discrecional para favorecer económicamente a su entorno, asegurando que actuaba sin intervención de terceros.

 

 

El peritaje contable también detectó incompatibilidades graves entre el personal en servicio: el oficial Roberto Eduardo Castro figuraba percibiendo simultáneamente sueldos en el exterior y en el país pese a estar inhabilitado por sistema para cobrar el tramo local, mientras que su pareja, Luana Magalí Piedigrossi, cobró acreditaciones mientras usufructuaba una licencia sin goce de haberes. Hasta el momento de la presentación en tribunales se logró la restitución de $42.574.267,63, quedando pendiente un perjuicio no resarcido superior a los $938 millones, al tiempo que la conducción naval reforzó la segregación de funciones entre los equipos de liquidación, pago y conciliación bancaria.

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Política

El proyecto de ley de Biocombustibles se debatirá este jueves en el Senado

La iniciativa impulsada por el oficialismo sufrió modificaciones en el biodiesel y se debatirá en el recinto en una sesión que comenzará a las 11 horas.

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Tras el dictamen favorable de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, el proyecto de ley de Biocombustibles impulsado por el oficialismo llegará este jueves al recinto del Senado. La sesión comenzará a las 11, aunque la iniciativa será uno de los últimos temas incluidos en el orden del día.

La definición se dio este miércoles, luego de la reunión de Labor Parlamentaria en la que los jefes de bloque determinaron el temario de la sesión prevista para este jueves, donde según pudo saber Clarín Rural, realizaron «cambios mínimos» al dictamen firmado en las comisiones. Cabe recordar que la semana pasada, el oficialismo no había logrado reunir los acuerdos necesarios para convocar a una sesión.

Las conversaciones impulsadas por los senadores Patricia Bullrich, Pablo Cervi y Flavia Royón buscaban ampliar el respaldo al proyecto antes de su llegada al recinto. “Están buscando acuerdo con la mayor cantidad de sectores, alguno va a tener que ceder un poco”, señalaron fuentes consultadas sobre las negociaciones que se mantienen durante estos días, principalmente con senadores de las provincias de Santa Fe, La Pampa y San Luis.

Las entidades industriales del Norte Grande elevaron una carta a los senadores nacionales de las provincias de la región para reclamar la aprobación de la iniciativa. La UNINOR, Uniones Industriales del Norte Grande, sostuvo que el proyecto permitirá fortalecer la producción nacional, sustituir importaciones, generar empleo y avanzar hacia una política energética “moderna, federal y sustentable”.

Las entidades remarcaron especialmente la posibilidad de agregar valor en origen a materias primas como la caña de azúcar, el maíz, la soja y la madera. Según plantearon, su transformación en energía permite reducir el impacto del costo de la distancia sobre las producciones regionales y, al mismo tiempo, generar actividad económica, sustituir combustibles y aditivos importados y ampliar el uso de combustibles renovables.

El principal cambio para destrabar el conflicto está concentrado en el biodiésel, puntualmente en el artículo 38. La iniciativa modifica el esquema vigente de cortes obligatorios y de participación de las empresas en el mercado interno, especialmente en el caso de las compañías no integradas, las pymes, que actualmente cuentan con el cupo del 7,5%, mientras que las empresas integradas no participan de ese segmento.

El dictamen establece que el gasoil deberá contener inicialmente un 7,5% de biodiésel, porcentaje que subirá al 10% a partir de los 12 meses de la sanción de la ley. Durante la primera etapa, las empresas no integradas mantendrán asignado el total del mercado correspondiente al corte obligatorio. Cuando el corte alcance el 10%, su participación será del 6,5%, mientras que el 3,5% restante quedará dentro de un segmento de negociación libre.

El cronograma contempla luego una reducción progresiva de la participación de las empresas no integradas: será del 5,5% en 2029, del 5% en 2030 y del 4% en 2031, siendo este último porcentaje el cambio que introduce el nuevo dictamen en lugar del 3% que contemplaba la versión previa.

Además, el artículo 39, además, mantiene límites específicos para la asignación de ese volumen: cada empresa no integrada no podrá superar el 10% del biodiesel comercializado anualmente, con un tope de 50.000 toneladas, mientras que un grupo económico relacionado tampoco podrá superar el 10%. También se establece que el volumen asignado no podrá exceder la capacidad instalada registrada de cada planta.

Mientras que en el bioetanol hubo acuerdo entre el sector de la caña de azúcar y del maíz, con un corte obligatorio en las naftas del 12% (50% para cada actividad) y un 3% de libre competencia, alcanzando el corte al 15%.

FUENTE: Clarín

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Política

Santilli recibió a Jaldo y otros gobernadores del Norte

En declaraciones a la prensa, Jaldo sostuvo: “Hemos tenido una buena reunión, que ya la teníamos prevista, sobre todo por cuestiones institucionales que tienen que ver con el gobierno nacional y las provincias que representábamos”

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Hablamos de la ley de zonas frías y zonas calientes para la compensación del gas en el sur y de la energía eléctrica en el norte, es decir, acompañamos todo lo que tiene que ver con la eliminación parcial de las compensaciones“, comentó el mandatario provincial.

En declaraciones a la prensa, Jaldo sostuvo: “Hemos tenido una buena reunión, que ya la teníamos prevista, sobre todo por cuestiones institucionales que tienen que ver con el gobierno nacional y las provincias que representábamos”.

Tan solo unas horas después de que el Gobierno enviará el proyecto de Presupuesto 2027, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, inició una ronda de reuniones con gobernadores -en la que participó el mandatario tucumano, Osvaldo Jaldo- con el objetivo de sumar respaldo político para esta iniciativa.

Además de Jaldo, participaron por Catamarca, Raúl Jalil; por Corrientes, Juan Pablo Valdés; y por Salta el gobernador Gustavo Sáenz.

El Gobernador también contó que junto a Sáenz, por ejemplo, le reclamaron a Santilli “fundamentalmente todo lo que tiene que ver con las obras para las rutas“ que le corresponden a la Nación.

Hablamos también de la ley de zonas frías y zonas calientes para la compensación del gas en el sur y de la energía eléctrica en el norte, es decir, acompañamos todo lo que tiene que ver con la eliminación parcial de las compensaciones“, marcó.

Ustedes saben que en el verano lo que es Tucumán, Santiago, Catamarca, Salta, son zonas de altas temperatura y donde se usa mucho la energía eléctrica, como en el sur el gas natural, por eso yo lo que creo que esto es una forma y una decisión de darle el mismo tratamiento al norte del país como al sur“, agregó Jaldo.

Por otra parte, Jaldo reconoció que el presidente Javier Milei “debe tener un Presupuesto aprobado”, pero sostuvo que el mismo “de alguna manera tiene que tener un carácter federal«.

“Recién lo estamos empezando a conocer porque entró ayer y no lleva ni 48 horas en el Congreso, es decir que nuestro senadores nacionales en las respectivas comisiones van a estudiar el texto. Vamos a ver artículo por artículo. Vamos a ver asignaciones de partida a cada una de las áreas que correspondan y recién ahí vamos a poder tener una opinión para ver cómo y de qué manera acompañamos».

A pesar de que también está en agenda, no se conversó sobre la reforma electoral, que tiene como principal propuesta la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que todavía no tiene el respaldo de los aliados.

En ese sentido Jaldo dijo: “Concretamente de la reforma política electoral, no se ha tocado absolutamente nada en esta reunión y nada cambió” con respecto a antes del encuentro.

“Hay que ver cuál es la mejor propuesta, porque hay proyectos para eliminar las primarias (PASO), pero también otros para modificarlas. Se tiene que llegar al mejor instrumento democrático”, cerró.

El encuentro comenzó un poco pasadas las 15:00, luego de que llegaran los invitados, convocados la noche anterior, quienes se dirigieron directamente a las oficinas del extinto Ministerio del Interior.

Durante más de dos horas, en el que el funcionario les explicó a los dirigentes del norte los detalles del rumbo de la economía y las proyecciones que hizo la administración libertaria para el año que viene. También escuchó los reclamos de las provincias.

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