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Política

El Concejo aprobó la regularización de aplicaciones de transporte

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán trató en sesión este jueves, un paquete de proyectos de ordenanza sobre transporte.

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El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán sancionó por unanimidad una ordenanza que establece un nuevo régimen integral para el sistema de taxis, simplificando y saneando el régimen anterior implementado en 2006. El debate del dictamen insumió cuatro horas y media.

En la sesión, encabezada por el presidente, Fernando Juri, los concejales expusieron y defendieron los cambios impuestos al nuevo régimen, que pasará de denominarse Sistema Único Transporte Público de Pasajeros en Automóvil (SUTRAPPA) a Sistema Único de Transporte de Pasajeros en Automóvil (SUTRAPA).

El presidente de la comisión de Transporte, José María Franco, explicó que nueva normativa, con más de 70 artículos, simplifica y sanea el régimen de taxis. La normativa fue trabajada durante meses en reuniones ampliadas de la comisión de Transporte de la que participaron concejales que impulsaban distintas propuestas de regulación y legalización de los sistemas de traslados por aplicaciones, incluidos en uno de los capítulos de la normativa sancionada.

La normativa incluye también un marco regulatorio para las aplicaciones de transporte (Uber, Cabify, Didi, entre otros), que podrán operar en la ciudad a partir de un registro municipal en el que deben inscribirse las aplicaciones. Estas empresas deberán tributar el Tributo Económico Municipal (TEM), como toda actividad económica en la ciudad.

El SUTRAPA comprenderá dos regímenes diferenciados:

a) Régimen de Transporte Público de Pasajeros en Automóvil (Servicio de Taxis) prestado mediante licencias otorgadas por la Municipalidad y sujeto a tarifa regulada.

b) Régimen de Transporte Privado de Pasajeros mediante Plataformas Digitales de Intermediación, definido como actividad privada de interés público, prestada bajo las condiciones que establece la presente ordenanza», reza uno de sus artículos.

«La decisión que se tomó no es sencilla, se definió modificar el sistema de transporte de pasajeros teniendo en cuenta el pedido de los vecinos. Los vecinos de la ciudad son los grandes usuario de estas aplicacinoes de intermediación, los vecinos de la ciudad son la gran mayoria de trabajdores del volante a traves de este sistema privado de transporte. Nunca tenemos que dejar de ver que argentina esta en una situación de crisis, muchos vecinos trabajan de manera particular para que el mes no se termine económica el 20. Esta realidad fue analizada por el Concejo, por la Intendencia, por los sectores que nuclean a los taxistas y nos llevó a peleas internas, discusiones, acalorados debates, proyectos de concejales, de particulares. Este proyecto de ordenanza, este dictamen, es uno de los mas trabajados y discutidos, con al menos 12 borradores en carpeta», expuso Franco.

«Tras todas las discusiones y planteos, llegamos a la conclusión de que lo mejor decisión era mantener un sistema único para el control de dos modalidades de transporte en el municipio. Uno es un servicio privado licenciatado y el otro es un trabajo de privados en sus vehiculos con la participacion de una aplicacion de intermediacion de viajes de las mas conocidas cabify didi y uber. La existencia de las aplicaciones es una realidad que debemos acoger y no dejar que se desbande para no permitir que se repita lo que ocurrio con los remises en la ciudad. La comisiòn de Transporte trabajò con todos los concejales que deseaban participar, trabajando de manera constante y con discusiones constantes. Por eso quiero agradecer a Gustavo Cobos, a Facundo Vargas Aignasse, a Leandro Argañaraz, a Federico Romano Norri… a cada uno de los concejales», defendió Franco.

Y agregó: «por eso definimos simplificar el régimen de transporte en sus dos modalidades, sosteniendo requisitos indispensables, simplificando el trámite para quienes son taxistas y garantizando el derecho a viajar bien a los usuario de aplicaciones. Buscamos que el sistema funcione bien para los vecinos de la ciudad».

Uno a uno, plantearon sus puntos de vista y defendieron la iniciativa los concejales Gustavo Cobos, Eduardo Molina, Carlos Ale, Federico Romano Norri, Emiliano Vargas Aignasse, Ana González, Gonzalo Carrillo Leito, José María Canelada, Alfredo Terán, Gastón Gómez, Carlos Arnedo, Leandro Argañaraz y Facundo Vargas Aignasse. «Los algoritmos no pueden mandar, debe mandar el estado», finalizó Cobos para defender el dictamen.

Aplicaciones de transporte

En el Capítulo IV de la norma, se establece que se considera «El transporte privado de pasajeros mediante Plataformas Digitales de Intermediación constituye una actividad privada de interés público, prestada mediante vehículos particulares y conductores habilitados por la plataforma correspondiente, conforme a las disposiciones del presente».

En distintos artículos, se establece que el servicio sólo podrá iniciarse mediante una solicitud previa realizada por la aplicación y que no podrá captarse pasajeros en la vía pública. Las aplicaciones deberán inscribirse en el «Registro Municipal de Plataformas Digitales para Transporte», acreditando:

a) Razón social y representante legal ante el municipio.

b) Funcionamiento del sistema de geolocalización y trazabilidad.

c) Mecanismos de verificación de identidad de conductores y usuarios.

d) Canales de atención y respuesta al usuario.

e) Políticas de seguridad y protocolos de emergencia.

f) Cumplimiento de las normativas municipales vigentes, incluyendo las obligaciones tributarias municipales y la aceptación del régimen sancionatorio municipal. La falta de inscripción impedirá operar a la Plataforma Digital en el ámbito del municipio.

Las plataformas, además, deberán:

a) Exhibir al usuario, antes de confirmar el viaje, los datos del conductor y del vehículo.

b) Informar el costo final del viaje previo a la aceptación.

c) Registrar digitalmente el recorrido y conservarlo de manera segura.

d) Disponer de herramientas de emergencia accesibles al usuario.

e) Bloquear preventivamente conductores, vehículos y/o usuarios ante requerimiento fundado de la Autoridad de Aplicación.

f) Cumplir con la normativa de protección de datos personales.

Las plataformas digitales deberán remitir a la Autoridad de Aplicación, con la periodicidad que establezca la reglamentación y en formato digital estandarizado, el listado actualizado de conductores habilitados para operar dentro de la aplicación, indicando:

a) Nombre y apellido.

b) Documento Nacional de Identidad.

c) Domicilio declarado en la aplicación.

d) Licencia de conducir vigente y categoría.

e) Patente y características del vehículo utilizado.

f) Acreditación del seguro obligatorio con cobertura al pasajero.

g) Fecha de alta y baja dentro del sistema. La falta de presentación del listado, o su presentación incompleta o inexacta, será considerada infracción de la plataforma y será sancionada.

En el artículo 50, la norma establece que las plataformas deberán verificar, antes de habilitar a una persona para operar como conductor dentro de la aplicación:

a) La vigencia de su licencia de conducir profesional.

b) La existencia de seguro con cobertura al pasajero.

c) Los antecedentes penales actualizados.

d) Que el conductor no se encuentre incorporado al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, conforme a la legislación nacional vigente.

La verificación deberá mantenerse actualizada, siendo la plataforma única responsable del cumplimiento de estas exigencias.La tarifa será establecida por las aplicaciones y los prestatarios tendrán la obligación de contratar una póliza de seguros. La antigüedad de los autos de plataformas no pueden superar los 13 años de antigüedad, al igual que el requisito establecido para los taxis.

Régimen de Motos

Los concejales sancionaron también por ordenanza un régimen que habilita el transporte por aplicaciones a bordo de motocicletas. El artículo 1 establece la creación del «Régimen de Transporte Privado de Pasajeros en Motocicleta mediante Plataformas Digitales de Intermediación, destinado a establecer las condiciones de funcionamiento, seguridad, registro, fiscalización y operación de esta modalidad, en el marco del sistema de movilidad urbana», al igual que lo establecido con el régimen de aplicaciones para autos.

Se establece también que el servicio regulado en la presente ordenanza «posee carácter de actividad privada de interés público y con fines de lucro, en la cual las Plataformas Digitales de Intermediación conectan, a través de aplicaciones móviles y tecnologías de geolocalización, a usuarios que requieren un traslado con conductores particulares que ofrecen dicho servicio. El servicio se prestará exclusivamente mediante solicitud previa digital realizada por el usuario a través de la plataforma.

Se prohíbe la captación de pasajeros en “ocasión de oportunidad”, entendida como la detención espontánea de la motocicleta ante la señal o requerimiento directo de un pasajero en la vía pública. Solo será válido recoger pasajeros cuando exista viaje previamente confirmado en la aplicación.

En cuanto a la documentación del conductor, deberá portar:

a) Licencia de conducir vigente y correspondiente a la categoría habilitante.

b) Documento Nacional de Identidad vigente.

c) Seguro obligatorio vigente.

Todo conductor deberá:

a) Cumplir estrictamente la normativa de tránsito vigente en el ámbito municipal, provincial y nacional, incluyendo:– límite máximo de dos (2) ocupantes,– uso obligatorio de casco para conductor y pasajero.

b) Mantener un trato respetuoso, seguro y no discriminatorio hacia los usuarios.

c) Prestar el servicio en condiciones adecuadas de seguridad y aptitud psicofísica.

d) Abstenerse de consumir alcohol, tabaco o sustancias psicoactivas durante la prestación delservicio.

e) Exhibir, cuando le sea requerido, la identificación y documentación exigida por la Autoridad de Aplicación.

Art. 7º.- Documentación obligatoria de la motocicleta. Toda motocicleta deberá contar con:

a) Cédula identificatoria vigente.

b) Seguro de responsabilidad civil con cobertura al pasajero transportado.

c) Verificación Técnica Vehicular (VTV) o equivalente vigente. La cilindrada establecida como requisito será establecida por la Municipalidad cuando realice la reglamentación.

Política

El Estado debe pagarles 10 millones de dólares a los abogados de Cristina Kirchner

La Dirección Nacional de Vialidad había iniciado la demanda en 2018, durante la administración de Mauricio Macri, y reclamaba entonces $22.300 millones a la expresidenta y a otros involucrados pero el expediente quedó paralizado.

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Una grave omisión de las autoridades de Vialidad Nacional durante el gobierno de Javier Milei dejó al Estado al borde de tener que pagar casi US$10 millones en honorarios a los abogados de Cristina Kirchner y de los demás acusados en la causa Vialidad.

El desembolso todavía no está firme porque deberá ser revisado por la Corte Suprema. Sin embargo, se originó después de que el organismo estatal no impulsara dentro de los plazos correspondientes una demanda civil destinada a recuperar fondos públicos.

La inactividad del Estado había comenzado durante la presidencia de Alberto Fernández, pero la caducidad se terminó de consumar entre el 17 de marzo y el 7 de abril de 2025, cuando Javier Milei ya llevaba más de un año en el poder.

Durante ese período, las autoridades designadas para conducir Vialidad Nacional no realizaron las actuaciones necesarias para mantener vigente el reclamo. La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal consideró entonces que se había producido la “caducidad de la instancia” y dio por terminado el juicio.

El resultado de esa falla administrativa puede convertirse en un golpe millonario para las arcas públicas: los honorarios regulados a favor de doce abogados ascienden a $13.614 millones, equivalentes a casi US$10 millones con IVA incluido.

Es decir, mientras el Estado todavía intenta ejecutar el decomiso dispuesto contra Cristina Kirchner por su condena penal, una negligencia procesal de sus propios funcionarios podría obligar a todos los contribuyentes a pagar una cifra multimillonaria a las defensas.

La Dirección Nacional de Vialidad había iniciado la demanda en 2018, durante la administración de Mauricio Macri, y reclamaba entonces $22.300 millones a la expresidenta y a otros involucrados. El objetivo era obtener una reparación económica por las presuntas irregularidades investigadas en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz.

Pero el expediente quedó paralizado. Aunque la falta de actividad se arrastraba desde la gestión anterior, el plazo decisivo venció bajo la administración libertaria sin que las autoridades de Vialidad consiguieran evitarlo.

Después de perder el juicio, el organismo presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema. El máximo tribunal deberá resolver si confirma la caducidad o si permite reabrir la demanda y evita que el Estado deba afrontar los honorarios.

Por ahora, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal suspendió el trámite de regulación y cobro hasta que se conozca la decisión de la Corte. Por esa razón, los casi US$10 millones todavía no fueron pagados ni pueden considerarse una obligación definitivamente firme.

Los abogados de Cristina Kirchner, Luis Goldín y Fernando Muriel, acudieron directamente al máximo tribunal para intentar destrabar el cobro. Denunciaron una supuesta “privación de justicia” y solicitaron que se anule la resolución que mantiene congeladas las regulaciones.

Del total cercano a US$10 millones, los representantes de la expresidenta tienen regulados aproximadamente US$575.764: unos US$359.354 para Goldín y US$216.410 para Muriel. El resto corresponde a los abogados de los otros acusados y absueltos alcanzados por el juicio.

El profesional con la regulación más elevada es Miguel Ángel Arce Aggeo, defensor de Juan Carlos Villafañe y José Raúl Santibáñez, quien podría percibir alrededor de US$2,4 millones. Mariano Fragueiro Frías y Mario Fernando Ganora tienen asignados cerca de US$1,2 millones cada uno.

Otros letrados cuentan con honorarios calculados entre aproximadamente US$433.000 y US$867.000, según las personas a las que representaron y las tareas desarrolladas dentro del expediente.

La regulación fue realizada el 9 de abril de 2026. Los abogados la consideraron insuficiente, mientras que Vialidad sostuvo que los montos eran excesivos. Posteriormente, el 14 de julio, los camaristas Florencia Nallar y Juan Perozziello Vizier resolvieron frenar el procedimiento hasta que se pronuncie la Corte.

El caso expone una contradicción difícil de explicar: el Estado buscaba recuperar una suma multimillonaria, dejó vencer el juicio por falta de impulso y ahora corre el riesgo de terminar pagando casi US$10 millones a las defensas.

La responsabilidad administrativa atraviesa dos gobiernos, pero el momento determinante ocurrió durante la presidencia de Milei. Las autoridades de Vialidad que estaban en funciones no evitaron la caducidad y dejaron abierta una factura que, si la Corte confirma el fallo, será afrontada con recursos públicos.

Ahora el máximo tribunal tiene en sus manos dos discusiones económicas vinculadas con Cristina Kirchner: por un lado, el recurso de Vialidad para intentar revivir la demanda civil; por otro, la presentación de los abogados que pretenden avanzar con el cobro de sus honorarios.

Hasta que la Corte se expida, el pago permanece suspendido. Pero la falla ya dejó al Estado expuesto a perder definitivamente el reclamo y cargar sobre los contribuyentes una obligación cercana a los US$10 millones.

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Política

Villarruel apuntó nuevamente contra el modelo económico de Milei

Victoria Villarruel encabezó un acto en Chivilcoy donde volvió a criticar el plan económico de Javier Milei y a reclamar de manera explícita «mejorar salarios».

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Victoria Villarruel encabezó un acto junto a productores agropecuarios en Chivilcoy donde volvió a criticar el plan económico de Javier Milei y a reclamar de manera explícita «mejorar salarios» además de medidas concretas para revertir la caída del consumo.

La vicepresidenta comenzó a moverse en modo candidata y, tras su gira por la provincia de San Juan, donde fue recibida por el gobernador Marcelo Orrego, continúa desplegando una agenda propia de cara a 2027 que incluyó también visitas a Bariloche y al municipio bonaerense de Ituzaingó. «Argentina necesita una reforma impositiva que premie el esfuerzo y una política productiva que mire mucho más al territorio y permita ahorrar a las familias», fue el reclamo a viva voz de Villarruel este sábado durante la apertura de la 74° Exposición Rural de Chivilcoy.

Crítica al modelo de Javier Milei

La compañera de fórmula de Milei se mostró junto a productores, representantes del sector agropecuario, industrial, autoridades y vecinos. «Quiero reafirmar mi compromiso con quienes producen, invierten y generan trabajo. Detrás de cada productor hay familias, trabajadores, empresas, comercios y comunidades enteras», destacó la titular del Senado en una queja abierta frente al modelo de apertura indiscriminada de importaciones de La Libertad Avanza en medio de la cierre de Pymes y de empresas en crisis como Granja Tres Arroyos, Fate o La Perla, entre otras.

«Por eso necesitamos mejores caminos rurales, puentes, desagües, conectividad, energía y rutas. Tenemos que construir un sistema que incentive a quien produce más, agrega valor y genera empleo. Producir más significa ser competitivos, exportar, generar divisas, incorporar tecnología y mejorar los salarios. Estoy convencida de que la Argentina que queremos se construye con producción, salario, trabajo y familia», agregó Villarruel ante los aplausos del auditorio de la exposición rural de Chivilcoy.

Las críticas de la vicepresidenta al modelo económico de Milei se suman a una serie de cuestionamiento internos que también ensayaron Patricia Bullrich en público, y hasta el Ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, en privado. A través de un posteo en redes sociales, llamó ex Ministra de Seguridad había afirmado que «el rumbo es el correcto» pero a continuación advirtió: «Lo que necesitamos es más velocidad en los resultados para lograr que el cambio se sienta en la vida cotidiana». Su mensaje concluyó con un duro cuestionamiento a la falta de soluciones en la microeconomía del modelo económico de Javier Milei al insistir en la necesidad de que el resultado «llegue a las familias. Que llegue a las empresas. Que llegue a cada argentino».

Nuevas ofensiva de Victoria Vilarruel

El posteo de Bullrich hizo tanto ruido en Casa Rosada que tuvo que se editado por la jefa del bloque de senadores nacionales de LLA para suavizar su contenido y no dejar expuesto Caputo, quien días después debio salir a anunciar una linea de créditos hipotecarios financiados con fondos de la ANSES. En este contexto, Villarruel sumó nuevos cuestionamientos en un momento de debilidad de la gestión libertaria que obligó incluso al Presidente a una giro narrativo en torno a la cuestión Malvinas con una cadena nacional donde intentó ensayar la estrategia del «enemigo común» con una batería de anuncios pare recuperar el control de la agenda frente a la crisis de la morosidad de la familias y empresas.

El Presidente rarificó este viernes en un discurso en ante el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) que no modiricará su plan económico y reiteró que «al populismo no se la gana con más populismo», en alusión a las voces internas, y externas, de su gobierno que le reclaman cambios en el modelo de gestión. Villarruel pareció responderle directamente al Presidente desde Chivilcoy al afirmar: «Estoy convencida de que la Argentina que queremos se construye con producción, salario, trabajo y familia».

La vicepresidenta, que no descarta ser candidata en 2027, fue recibida por el intendente local, Guillermo Britos, un excomisario que suena como posible postulante a gobernador boaerense en el marco de una armado político propio de Villaruruel. El jefe comunal le ofreció además a la Asociación Rural local administrar el 70% de la tasa vial para la construcción de caminos y rutas en medio de la denuncia contra el gobierno de Mile pr el desvío de los fondos del impuesto a los combustibles destinados a infraestructura vial.

Rival de La Libertad Avanza

“Estamos en uno de los territorios productivos más importantes de la provincia de Buenos Aires, un partido donde conviven la agricultura, la ganadería, la industria, los servicios y una gran cantidad de pymes. Necesitamos una política productiva que mire mucho más al territorio. El Estado no puede desatenderse de las condiciones necesarias para producir”, afirmó Villarruel.

La vicepresidenta Victoria Villarruel encabezó además este viernes un homenaje a excombatientes de la guerra de Malvinas en el Senado, pero evitó referirse a los anuncios realizados un día antes por el presidente Javier Milei sobre la soberanía de las islas. La actividad se desarrolló en el Salón Azul y tuvo como eje la presentación del libro “Malvinas: epopeya nacional”, elaborado por la Dirección Gesta de Malvinas y la Dirección General de Publicaciones de la Cámara alta.

FUENTE: Ámbito

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Política

La Justicia archivó la causa por el crédito de U$S 57.000 millones que pidió Mauricio Macri al FMI

“Existen materias propias de los poderes del Estado que escapan al control judicial”, argumentaron los jueces.

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La Cámara Federal, con la flamante incorporación del juez Pablo Bertuzzi, archivó la causa en la que se investigaba al gobierno de Mauricio Macri por tomar un crédito de 57.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.

Los camaristas Bertuzzi y su colega Mariano Llorens entendieron que se trató de una decisión política y que la fiscalía a cargo de Franco Picardi no logró probar la existencia de delitos.

“Existen materias propias de los poderes del Estado que escapan al control judicial”, argumentaron los jueces.

La Procuración del Tesoro durante el gobierno de Javier Milei se retiró como querellante, por lo que solo puede ser apelada por la fiscalía.

En primera instancia, la decisión había sido de la jueza María Eugenia Capuchetti y ahora fue ratificada por la Cámara Federal.

El ministro Juan Bautista Mahiques, el camarista Pablo Bertuzzi y la ministra Alejandra Monteoliva

Los imputados, que ahora quedaron desvinculados de sospecha, son el propio Macri, el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne y los actuales Luis Caputo y Federico Sturzenegger, que eran autoridades del Banco Central y de la Secretaría de Finanzas.

Uno de los principales argumentos del tribunal es que en el préstamo del FMI de 2018 no aparecían “conductas penalmente relevantes”, a pesar de las objeciones de irregularidades administrativas que marcó la fiscalía.

El camarista Mariano Llorens en su despacho de Comodoro Py

El acuerdo era por US$ 50.000 millones y fue ampliado a US$ 57.100 millones. Para la Cámara, no quedó pendiente una investigación relevante capaz de modificar el desenlace.

El fiscal Picardi había objetado la falta de intervención del Congreso en la toma del préstamo y supuestas irregularidades en el procedimiento administrativo: la falta de un decreto presidencial que formalizara el acuerdo, la inexistencia de una intervención del jefe de Gabinete y la actuación del Ministerio de Hacienda en lugar del Ministerio de Finanzas.

También había mencionado la inexistencia de un dictamen del Banco Central previsto por la ley 24.156 y la apertura de expedientes administrativos una vez ya suscripto el entendimiento.

Se investigó la hipótesis de una administración fraudulenta, pues un informe de la SIGEN estimaba un perjuicio patrimonial para el Estado de 29.618 millones de dólares que para la Cámara no son suficientes para sostener una acusación.

Los camaristas entendieron que no hubo delito de abuso de autoridad, pues ese ilícito “exige que el funcionario dicte resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o las leyes, con dolo específico de violar la norma”.

Y agregaron que “no toda cuestión vinculada a las formas procedimentales de la administración pública configura un ilícito”.

“No es posible inferir que el proceder de los imputados haya estado guiado por el propósito de violar la ley”, afirmaron los camaristas.

Hablaron de un contexto de “urgencia financiera” durante la negociación del préstamo y señalaron que no hubo perjuicio patrimonial a sabiendas prejudicial o con sustracción de fondos.

“El deterioro patrimonial del Estado, por sí solo, no equivale a la acreditación del elemento subjetivo de la defraudación”, sostuvo y recordó que ese delito requiere que fondos públicos sean desviados de un destino fijado por leyes.

El tribunal dijo que la investigación duró cinco años, que el archivo no fue prematuro y sostuvo que “la fiscalía no logró articular una hipótesis delictiva que, sobre la base de la prueba reunida, permita afirmar con entidad suficiente la existencia de los delitos invocados”. /La Nación 

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