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Política

Con internas en la mayoría de los distritos, Juntos por el Cambio define sus liderazgos a futuro

Más de la mitad de las jurisdicciones del país deberán dirimir candidaturas por la pelea de fondo entre el radicalismo y el PRO o divisiones incluso en el interior de esos dos partidos.

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La alianza Juntos por el Cambio (JxC) se prepara para competir en más de la mitad de las jurisdicciones del país, con una pelea de fondo entre el radicalismo y el PRO por redefinir los términos de la coexistencia en esa coalición opositora, que en Córdoba y la provincia de Buenos Aires implicará tensión y la puja de estructuras de fuerte peso territorial.

En algunos casos se producirá una competencia abierta entre la UCR y el PRO (como en la provincia de Buenos Aires) y en otros habrá disputas hacia el interior de esos dos partidos -donde distintas líneas o bien «duros» y «moderados» pulsean por quién tomará el control de la fuerza que hasta hace poco lideraba el expresidente Mauricio Macri.

Así, Juntos por el Cambio pondrá en juego no solo bancas, sino los alineamientos de cara a la elección presidencial de 2023.

«Tenemos competencia en casi todas las provincias y candidatos realmente de calidad. Ha sido un trabajo de una arquitectura política compleja, pero estamos contentos de competir en estas elecciones y poder debatir con el Gobierno Nacional», definió en Twitter la propia titular del PRO, Patricia Bullrich.

Estos movimientos previos a la elección incluyeron en varios distritos cambios de nombre, como en suelo bonaerense, donde ahora serán simplemente «Es Juntos» o en la Ciudad, donde se bautizaron «Juntos Podemos Más».

La provincia de Buenos Aires será sin dudas el primer laboratorio para probar las ambiciones radicales, motorizadas por la dirigencia partidaria pero también por el senador nacional Martín Lousteau, que acumuló poder este año en busca de ser el candidato presidencial del partido, o por lo menos el próximo aspirante a Jefe de Gobierno porteño.

En suelo provincial bonaerense la lista que encabeza el hasta las últimas horas vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli (que acaba de renunciar a su cargo para la campaña) integró a sus socios de la Coalición Cívica (Juan Manuel López es el tercero en la nómina) y de Confianza Pública (Graciela Ocaña sigue a Santilli) pero también a sectores duros que responden a Bullrich y Macri, al incluir a los exfuncionarios Hernán Lombardi y Gerardo Millman.

En el proceso quedaron heridos que había rechazado la llegada de Santilli pero finalmente lo apoyarán, para no romper al PRO en el distrito, como el intendente de Vicente López, Jorge Macri, o el senador Esteban Bullrich.

«Es público mi desacuerdo con el enfoque elegido para el armado de las listas en la PBA. No apostar a la renovación ni darle lugar al interior de la provincia son dos errores que no deberían haberse cometido», publicó Bullrich en Twitter, aunque enseguida aclaró su apoyo a Santilli a pesar de sus diferencias.

Esa unidad no alcanzó para conformar a los radicales, que bajo el nombre «Dar el paso» postulan al neurocientífico Facundo Manes junto a la vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste provincial, Danya Tavela, cercana a Lousteau.

Esa lista también suma aliados e incluye en tercer lugar al peronista (exPRO) Emilio Monzó y cuarta a la líder del GEN, Margarita Stolbizer, además de varios referentes territoriales que apuntalan diferentes distritos.

En Capital Federal la lista que responde políticamente al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, será encabezada por la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien no pudo convertirse en la prenda de unidad.

Será seguida por el economista radical Martín Tetaz (cercano a Lousteau), Paula Oliveto, de la CC, y Fernando Iglesias, del PRO duro.

Pero la renuncia de Patricia Bullrich a postularse (declinó en favor de Vidal) pareció allanar el camino del exministro de Economía de la Alianza de 1999-2001, Ricardo López Murphy, que se postula por «Republicanos Unidos», acompañado por la científica del Conicet Sandra Pitta, en una lista que incluye al exfuncionario de Cambiemos Roberto García Moritán, hoy conocido públicamente por ser el marido de la modelo y conductora Carolina «Pampita» Ardohain.

Envalentonado por la irrupción de Manes, un sector de la UCR porteña enfrentado a Lousteau decidió competir contra la sociedad que encabezan el PRO y la UCR.

Esa lista, denominada «Adelante Ciudad», está encabezada por el exsecretario de Salud de Macri, Adolfo Rubinstein, con el apoyo de Ricardo Gil Lavedra, el actor Luis Brandoni, el exintendente porteño y diputado Facundo Suárez Lastra y el exministro y actual Auditor General de la Nación Jesús Rodríguez.

Tampoco en Córdoba Juntos por el Cambio pudo lograr acuerdo y habrá cuatro listas. El presidente del interbloque de diputados nacionales de JxC, el radical Mario Negri, encabezará una de las nóminas para senadores (así dejará la presidencia del interbloque) acompañado por la diputada nacional Soher El Sukaría (PRO) y para diputados por el exministro de Turismo macrista Gustavo Santos (PRO) y la diputada nacional Soledad Carrizo (UCR).

Otra de las listas impulsa para senador al principal referente del Frente Cívico, Luis Juez, que para diputados postula al concejal capitalino y extitular de la Arsat Rodrigo de Loredo (referenciado en Lousteau) y a la actual senadora Laura Rodríguez Machado. En tanto el radicalismo alfonsinista promueve a la exdiputada nacional Griselda Baldata (CC-ARI) para el Senado y una cuarta lista propone para ese cargo a la exconcejala Laura Sesma (CC-ARI).

En Mendoza, donde gobierna la UCR, se llegó a un acuerdo con el PRO, con Alfredo Cornejo y Julio Cobos como cabezas de lista al Senado y Diputados, respectivamente. Sin embargo deberán competir en la interna contra «Republicanos Unidos», que presentó como su figura principal al empresario Rodolfo Vargas Arizu.

Como en Córdoba, en Santa Fe JxC llevará cuatro listas. Una encabezada por el exintendente de Santa Fe José Corral como primer candidato a senador y el concejal de Rosario Rodrigo López Molina (PRO) como primer diputado, seguido por la diputada nacional Lucila Lehmann (CC).

En la otra estará el diputado del riñón macrista Federico Angelini (PRO), seguido de la mediática diputada provincial (Vida) Amalia Granata.

Antecesor y padrino político de Corral en sus inicios, el exintendente santafesino Mario Barletta lo enfrentará ahora como candidato a diputado, acompañado por la periodista Carolina Losada para el Senado. Mientras, la cuarta lista estará integrada por el diputado provincial y exministro de Seguridad local, Maximiliano Pullaro.

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Política

Emergencia Hídrica y del transporte público serán tratados en la próxima sesión

La Comisión de Obras Públicas dio dictamen a proyectos que consolidan leyes de emergencia y de declaración de interés legislativo al Encuentro Nacional de Cooperativas

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La Comisión de Obras Públicas de la Legislatura de Tucumán emitió dictamen favorable a diversos proyectos de ley que formarán parte de la actualización del Digesto Jurídico Provincial correspondiente al presente año, además de un proyecto de resolución.

La reunión fue encabezada por el presidente de la comisión, legislador Tulio Caponio, y contó con la participación de los parlamentarios Carlos Gómez, Eduardo Verón Guerra y Alberto Olea.

Al finalizar el encuentro, Caponio destacó la importancia del trabajo realizado: “Lo más relevante de la jornada fue el tratamiento de la consolidación de cuatro leyes de emergencia de la provincia, en el marco de la actualización del Digesto Jurídico de este año. Se trata de las emergencias hídrica, del transporte público, energética —vinculada a la red troncal de energía— y de obras públicas”.

Asimismo, la comisión aprobó un proyecto de resolución que declara de interés legislativo el Encuentro Nacional de Cooperativas de Agua Potable de la República Argentina, que se llevará a cabo los días 6 y 7 de julio del corriente año en la localidad de San Pedro de Colalao.

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Política

El Gobierno ofreció un aumento de 24% a las universidades a cambio de retirar la demanda

Los rectores consideraron la propuesta del Gobierno razonable, pero no hubo acuerdo. La denuncia la debe resolver la Corte Suprema.

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En una reunión de bajo perfil celebrada este lunes, el Gobierno y las universidades llegaron a un principio de acuerdo para avanzar con un aumento salarial del 24%, entre otros puntos. Sin embargo, las negociaciones fracasaron por una condición inapelable del Ejecutivo: que las casas de estudio retiren la demanda judicial que aguarda el fallo de la Corte Suprema.

En un territorio neutral para no captar la atención mediática, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvo un encuentro con rectores en representación del Consejo Interuniversitario Nacional para intentar destrabar el conflicto presupuestario que motorizó la última Marcha Federal el mes pasado.

Según confirmaron a TN fuentes de ambos sectores, la propuesta del Ejecutivo consistió en una recomposición salarial del 24,3% que abarca la pérdida durante parte de 2024, todo 2025 y el desfasaje de 2026 hasta mayo. El incremento se pagaría en dos partes: un 21,3% en junio y el 3% restante en octubre.

El acuerdo también incluía la conformación de una comisión técnica para trabajar en el periodo adeudado de 2024 y garantizar hacia adelante negociaciones paritarias cada tres meses.

La propuesta del Gobierno a las universidades y el punto que trabó las negociaciones

Además, el Gobierno ofreció un 50% de aumento para las becas Manuel Belgrano, un 20% de incremento para gastos de funcionamiento de las universidades y un fondo adicional de $50 mil millones para gastos de hospitales universitarios.

En paralelo, las universidades aguardan la convocatoria del Gobierno para acordar el nuevo criterio de distribución de la partida de más de $79 mil millones destinada a dichos hospitales, cuyo congelamiento había generado protestas y una advertencia de que podía peligrar la atención en los establecimientos por falta de presupuesto.

En diálogo con este medio, fuentes de la comunidad universitaria al tanto de las conversaciones consideraron que la propuesta del Ejecutivo es “razonable”. Sin embargo, la negociación se frustró con el pedido del Gobierno para que las casas de estudio retiren la demanda judicial que exige la ejecución de la Ley de Financiamiento sancionada por el Congreso.

La ley exige el cumplimiento de los aumentos en materia de salarios y becas dispuestos en la Ley de Financiamiento de acuerdo al IPC: una cifra que ronda los 2,5 billones de pesos y que, según el Ejecutivo, atenta contra el superávit fiscal.

La negativa de los rectores a retirar la demanda judicial

“Eso no va a suceder de ninguna manera. No estamos dispuestos a hacerlo y no es modificable esa situación. Condiciones para avanzar hay, pero la pelota está del lado del Gobierno”, insistieron en diálogo con TN los rectores universitarios.

Para las casas de estudio, la demanda opera como un resguardo que no están dispuestas a perder. A su vez, sostienen que no existe consenso en la comunidad universitaria para eso. En su lugar, ponen el énfasis en que la propuesta demuestra que el Gobierno cuenta con los recursos para solucionar el conflicto.

“Si hay voluntad de acordar, es bastante insólito que no lo hagamos. Hay condiciones para que eso ocurra”, subrayaron, con la expectativa de que el conflicto se resuelva esta semana.

Desde el Gobierno replicaron a TN que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) conducido por Franco Bartolacci no está dispuesto a ceder en el terreno judicial para no comprometer el apoyo de la comunidad y cuestionaron que eso “lleve a todos a un conflicto sin solución”. De ambos sectores insisten en que, para llegar a un acuerdo, el otro tendrá que dar el brazo a torcer.

FUENTE: TN

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Política

El Senado debatirá un proyecto para reorganizar la Cámara Federal de Tucumán

La iniciativa propone reorganizar la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán mediante la creación de dos salas.

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El Senado de la Nación tiene previsto tratar este jueves un proyecto que propone reorganizar la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán mediante la creación de dos salas, una iniciativa que busca optimizar el funcionamiento de la Justicia Federal en la provincia y en el norte argentino.

La senadora nacional Beatriz Ávila informó que la propuesta fue incorporada al temario de la sesión y cuenta con dictamen favorable de comisión, además del acompañamiento de distintos sectores políticos.

El texto que llegará al recinto surge de la unificación de proyectos presentados por Ávila y por la senadora Sandra Mendoza. La iniciativa contempla dividir la actual Cámara Federal en dos salas y habilitar la posibilidad de ampliar la integración del tribunal, incorporando un sexto magistrado a los cinco jueces que actualmente lo conforman.

Según se explicó, la eventual designación de un nuevo juez estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria y tendría como objetivo reforzar la estructura judicial encargada de revisar en segunda instancia las causas de competencia federal que se tramitan en la jurisdicción.

Durante la reunión de Labor Parlamentaria realizada este miércoles, la legisladora tucumana solicitó la inclusión del proyecto en el orden del día junto con el tratamiento de distintos pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en el ámbito de la Justicia Federal.

El debate se desarrolla en un contexto marcado por las discusiones en torno a la cobertura de cargos judiciales y la necesidad de fortalecer el funcionamiento de los tribunales federales. Desde los impulsores de la iniciativa sostienen que la creación de salas permitirá agilizar el tratamiento de expedientes y mejorar la respuesta del sistema judicial ante el incremento de causas que llegan a la segunda instancia.

De obtener la aprobación de la Cámara alta, el proyecto representará un paso importante en la reestructuración de la Justicia Federal con asiento en Tucumán y podría generar cambios en la organización interna del tribunal en los próximos años.

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