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Política

Cerisola negó todas las acusaciones en el juicio por el uso de las regalías mineras

El ex rector declaró ante la justicia en lo que se trata el encubrimiento del robo del mega campus que debe construirse por ley en el cerro San Javier

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Juan Alberto Cerisola, el ex Rector de la Universidad Nacional de Tucumán rompió el silencio en el juicio por la malversación de fondos de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) que por Ley 14.771 debían destinarse a la construcción de la Ciudad Universitaria de San Javier.

Tras varios años en la mira de la justicia, quien fuera rector de la UNT entre 2006 2014, está acusado por violación a los deberes de funcionario público y administración fraudulenta de utilidades mineras, valuadas en $353 millones, recibidas entre 2006 y 2009. Comparte el banquillo de acusados junto a Luis Fernando Sacca -ex subsecretario administrativo-, Olga Graciela Cudmani -ex directora de Construcciones Universitarias- y Osvaldo Venturino -ex director de Inversiones y Contrataciones-.

Al comenzar la tercera jornada del debate oral que presiden los jueces Jorge Alejandro Basbús, Ana Carina Farías y Enrique Lilljedahl, Cerisola se sentó frente al estrado acompañado de un enorme cuaderno azul y analizó uno por uno los puntos de la causa.

 

La Ley Nº 14.771 establecía que las utilidades del yacimiento debían repartirse en un 60% para Catamarca y un 40% para la UNT, que debía destinarse a concluir la ciudad universitaria, que había sido iniciada a partir de 1948 en San Javier durante el rectorado de Horacio Descole. Una vez concluida, dice el artículo 18 de la norma, ese 40% de regalías debía dividirse en un 20% para las otras universidades del país y un 20% para la UNT, pero ya de libre disponibilidad.

Según la acusación fiscal, Cerisola habría dado por concluida la obra de la ciudad universitaria y por ende habría consentido que YMAD redujera el porcentaje de cuentas que recibía la Universidad de un 40% a un 20%.

Cerisola explicó que el 27 de diciembre de 2007 se realizó una reunión del Consejo Directivo y la empresa YMAD, donde estuvieron presentes los vocales de Catamarca y los de la UNT, Rodolfo Campero y Mario Marigliano, y que fueron estos últimos quienes aceptaron la disminución del porcentaje. “Los vocales actúan con independencia; si bien la Universidad los nombra, en ningún momento la ley dice que ellos tengan que seguir el mandato de la Universidad. En función de su autonomía es que decidieron que había que repartir el 20%”.

A raíz de esto, el imputado cuestionó la pesquisa del fiscal federal Carlos Brito. “Cuando el juez de la causa le preguntó al fiscal si ampliaría la tesis acusatoria con otras personas, Brito dijo que no porque no advertía delito en su accionar. ¿Entonces a Campero, que tomó la resolución de reducción no le advierte delito y a mí sí? No entiendo”, apuntó.

 

Dijo que en 2009 empezó “una feroz interna política dentro de la UNT y que “la oposición terminó desaprobando (el primer informe sobre el uso de los fondos mineros) a pesar de que los decanos que votaron en contra del reglamento unos días antes en un programa de TV, el 3 de marzo de 2010, declararon cosas como las de la ex decana de odontología, que ‘con las obras que se viene realizando se solucionarán las problemas de espacio de nuestra facultad’ ”. Dijo que después de las elecciones de medio tiempo la oposición en el Consejo Superior “se engolosina, hacían bromas antes de votar y más de una vez dijo la señora decana de la época de Odontología: ‘bueno vamos a aplicarle la crónica de una muerte anunciada’ ”. También englobó en la fuerte oposición a la ex decana de Derecho, Adela Seguí y al ex consejero por egresados, Ricardo Cisneros.

 

Cerisola realizó un repaso de las tareas de Descole y del ex rector Eugenio Flavio Virla. Dijo que en los años 60 ya se había desechado la idea de construir la ciudad universitaria en San Javier. “En 1973 Descole fue el precursor de que se creara un área protegida donde sería la ciudad universitaria. Gracias a él se creó el Parque Sierra San Javier, que hoy está protegida y es el pulmón de Yerba Buena. Esa es la ciudad universitaria de la que habla la ley”, señaló. Además, dijo, “no existían los planos aprobados de que habla la Ley 14.771”.

“Lo que puedo decir con mucho orgullo es que con esos $260 millones que nos entregó la empresa reconstruimos la ‘Ciudad Universitaria para el Siglo XXI’ en San Miguel de Tucumán. Se hicieron más de 100.000 metros cuadrados en dos años”. Describió que San Miguel de Tucumán, que alberga cuatro universidades, “es una ciudad universitaria”.

El ex rector contó que cuando asumió en 2006, la UNT se encontraba bajo una emergencia edilicia por lo que creó la Secretaría de Planeamiento para poder establecer un plan de obras. “La universidad necesitaba que se concretaran muchas obras. Fuimos haciendo un listado abierto, mientras tanto se bosquejaban y dibujaban los planos de las obras futuras”, dijo.

Una vez que las obras estuvieron diseñadas fueron presentadas y aprobadas por el Consejo Superior. “Los decanos exigían y exigían que hagamos las obras”, planteó.

Respecto de la imputación realizada por el Ministerio Público Fiscal de haber autorizado el pago de sobreprecios en las construcciones realizadas, afirmó que no era verdad. “Las 12 obras siguieron el sistema de licitación privada. Yo no autoricé ni precio ni sobreprecio de las obras”. Explicó que el régimen creado, que se apartaba de la ley nacional de obras públicas 13.064, se diferenciaba de esta en el alcance de los topes máximos en las licitaciones y que se hizo considerando que los fondos provenientes de YMAD eran privados y por ello no se regían por la norma federal, aunque se volvían públicos al ingresar a la UNT. Dijo que esto fue consentido en un dictamen del director de Asuntos Jurídicos, Augusto González Navarro.

Plazo fijo

Otra de las acusaciones que recibió Cerisola fue por haber llevado a cabo colocaciones financieras de los fondos provenientes de YMAD y de haberle generado un perjuicio económico a la UNT por intereses producidos que no fueron ingresados al patrimonio universitario. “Es una acusación absolutamente falsa porque hasta el último interés derivado de las colocaciones financieras ingresó a las arcas de la universidad”, sostuvo. Dijo que entre 2006 y 2009 recibieron 14 cheques por un total de $356 millones, pero aclaró que al comienzo fue de manera sorpresiva. Además indicó que YMAD no les enviaba el dinero de forma ordenada y sistemática, por lo que las autoridades no sabían qué mes recibirían el dinero.

“A ese dinero había que mantenerlo, que conservarlo hasta que comenzáramos las obras, por eso hicimos plazos fijos. Hubo un comité formado por las autoridades de la Casa y sus secretarías y autoridades administrativas correspondientes. Se consultó asesores externos y se decidió que la mejor inversión era realizar los plazos fijos, sobre todo sabiendo que la situación económica del país varía permanentemente”, argumentó.

Además dijo que tras un informe realizado por los contadores, “se demostró que habiendo colocado el dinero en plazo fijo en esa época se obtuvo una ganancia de $10 millones más que si hubiésemos comprado dólares”.

Preguntado por la querella sobre los integrantes de la comisión de contrataciones, dijo que estaba compuesta, entre otros, por un asesor llamado Parada Parejas y por un empleado de apellido Malla. –“¿Malla es su yerno?”, se le preguntó. –“Era mi yerno. Empleado de la más baja categoría en la Universidad”, respondió.

Ante una pregunta de su defensora sobre la Comisión investigadora del Consejo Superior para investigar el caso YMAD, dijo que jamás lo citaron para dar explicaciones. Y ante la pregunta de la querella sobre por qué se disolvió esa comisión a dos meses de iniciado su segundo mandato, contestó que porque “la citamos dos veces; no fueron nunca. ¿Cómo iba a ir a comparecer para investigar algo con semejante paliza que recibieron?”. Se refería a su triunfo en la reelección.

También su defensora le preguntó por su patrimonio. “Tengo un departamento en calle Salta 669. Tengo un auto Peugeot y un terreno que compré antes de ser rector. Todo está embargado por este juicio por una suma varias veces millonaria”. Y en cuanto a su jubilación, dijo que siendo docente “se me intentó hacer juicio académico” y por ello “preferí mandarme a mudar” y se jubiló como investigador categorizado.

Al finalizar su exposición, le agradeció al tribunal por brindarle el tiempo y el espacio para aclarar su situación, luego de “ser acusado por la justicia tucumana durante 14 años”.

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Política

Jaldo se refirió a la demanda de la oposición: “El primer testigo que vamos a llamar es Juan Manzur»

«Manzur va a volver a declarar en la provincia de Tucumán. Y capaz que no solo volver sino también devolver. Así que él va a venir a la provincia de Tucumán”, remarcó Jaldo.

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Durante una conferencia de prensa en la que rechazó la demanda de la oposición contra el artículo 90 de la Constitución de Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo también dirigió críticas al senador Juan Manzur y a otros dirigentes opositores. El mandatario sostuvo que la presentación judicial busca apartarlo de la competencia electoral de 2027 y afirmó que Manzur será convocado como testigo en el proceso.

Jaldo calificó la acción judicial como una maniobra política “para sacar de la cancha” a quien, según dijo, ganará las próximas elecciones. Al cerrar la conferencia, planteó: “En este juicio al primer testigo que vamos a llamar es a Juan Manzur”.

Las críticas a la Convención Constituyente

Durante su exposición sobre la acción declarativa de inconstitucionalidad, el gobernador cuestionó al senador, aunque en un primer momento no lo mencionó por su nombre. Lo acusó de objetar “a través de bambalinas” una disposición que, según Jaldo, Manzur había redactado en 2006, cuando presidió la Convención Constituyente que elaboró la actual Constitución provincial.

 

También se refirió al intento de Manzur de postularse como vicegobernador en 2023, después de haber cumplido dos períodos como gobernador y dos como vicegobernador. Jaldo sostuvo que esa candidatura habría buscado abrir paso a un nuevo mandato y afirmó: “Ha querido buscar un quinto mandato y la Constitución de Tucumán es muy clara: no se puede tener un quinto mandato en la provincia de Tucumán. Al Cañito se lo hicieron a él”.

El gobernador respondió a los cuestionamientos opositores

Al ser consultado sobre las objeciones planteadas por el presidente de La Libertad Avanza, Lisandro Catalán; el diputado Mariano Campero, de Cambia Tucumán; otros sectores de la oposición y el propio Manzur, Jaldo distinguió entre las declaraciones públicas y la presentación judicial.

Sobre Catalán, expresó: “Lo escuché al candidato de LLA y lo he visto un poquito más ubicado que los que hicieron este tipo de presentación, ya que hacía referencia a que para impugnar a alguien hacía falta que concrete la candidatura. Eso se va a concretar el 9 de abril. Antes es imposible, es abstracto”.

Luego se refirió a Manzur, quien, según Jaldo, manifestó en afiches su intención de competir por la gobernación en 2027, aunque no lo hizo verbalmente. “En el caso del candidato Manzur, que no escuché que haya lanzado una candidatura, creo que apenas pega afiches, nada más. La verdad que en este juicio al primer testigo que vamos a llamar es a Juan Manzur”, dijo.

El gobernador argumentó que Manzur ejerció dos mandatos al frente de la provincia: el primero, tras ser elegido por primera vez, y el segundo, luego de la reelección prevista en el artículo 90. “Manzur tuvo dos mandatos de gobernador, que es lo que hoy se le quiere prohibir al gobernador Osvaldo Jaldo. Aspiro a una reelección, como la aspiró Manzur y llegó a ser gobernador por cuatro años más”, sostuvo.

Jaldo agregó que el senador será convocado cuando la Provincia sea notificada en el expediente. También recordó que Manzur presidió la Convención Constituyente y cuestionó su posición actual: “Es decir que él la hizo y ahora va en contra de lo que hizo. Bueno, estamos acostumbrados: nunca hizo las cosas bien. Pero también hay que aclarar: Manzur va a volver a declarar en la provincia de Tucumán. Y capaz que no solo volver sino también devolver. Así que él va a venir a la provincia de Tucumán”.

El cruce entre Jaldo y Manzur

La semana anterior, durante un acto por el Día de la Lealtad en Villa Luján, Manzur le había dicho al gobernador: “Jaldo, no te tengo miedo”. En esa ocasión, también respondió a una declaración previa de Jaldo, quien había afirmado que lo esperaba a él y a sus seguidores “el 9 de mayo de 2027 en las urnas”.

Manzur, por su parte, había expresado: “No me invite Jaldo a un lugar que no sabe si va a estar usted. Yo voy hasta el final y vamos a recuperar el peronismo para Tucumán”.

La respuesta a Campero

Jaldo también contestó a Campero, quien había afirmado que el gobernador “está flojo de papeles”. El mandatario rechazó esa caracterización y respondió: “Con mucho respeto le digo que ellos no están flojos de papeles, sino que están cortos de papeles y muy blanditos de cuerpo porque saben muy bien que en Tucumán, el 9 de mayo, el gobernador que hoy gobierna va a seguir gobernando la provincia”.

Para concluir, sostuvo que la presentación judicial, a su entender, ratifica el resultado electoral que espera para 2027: “Esta presentación no hace más que reconocer y corroborar los resultados de las elecciones del 9 de mayo”.

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Política

Reelección de Jaldo: «se quiere sacar de la cancha a un candidato” denunció el mandatario tras la demanda de la oposición

El gobernador se refirió al pedido de inconstitucionalidad promovido por sectores opositores sobre la reelección de autoridades provinciales. Ratificó que respetará el fallo judicial y aseguró que la norma es clara y vigente desde 2006.

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El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, respondió con dureza a la demanda presentada por cuatro partidos opositores ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para cuestionar su eventual reelección. El mandatario defendió la vigencia de la Constitución provincial, rechazó los argumentos sobre una posible permanencia indefinida en el poder y desafió a sus adversarios de cara a las próximas elecciones.

Durante una conferencia de prensa realizada en la Casa de Gobierno, Jaldo sostuvo que el artículo 90 de la Constitución tucumana establece con claridad las condiciones para acceder a los cargos de gobernador y vicegobernador.

El mandatario recordó que la Carta Magna provincial tiene casi dos décadas de vigencia y que, durante ese período, los tres poderes del Estado desarrollaron sus funciones respetando sus disposiciones.

En ese sentido, aseguró que el artículo cuestionado está redactado “con total claridad” y “con total contundencia”, por lo que consideró que no admite interpretaciones diferentes.

Jaldo defendió el artículo 90 de la Constitución provincial

El gobernador sostuvo que las limitaciones de los mandatos se aplican a todos los cargos electivos de la provincia y negó que exista algún privilegio especial para el Poder Ejecutivo.

“Si nosotros nos ponemos en los diferentes cargos institucionales de la provincia, hoy con toda contundencia un comisionado comunal tiene derecho a un mandato y reelección. Si vamos a los intendentes, tienen el derecho a un mandato y a una reelección. Si vamos a los concejales y a los legisladores provinciales, también”, expresó.

Y agregó: “Acá no hay coronita para nadie ni privilegios absolutamente para nadie”.

La demanda opositora sostiene que el artículo 90 permitiría una continuidad prolongada en el poder mediante la alternancia entre los cargos de gobernador y vicegobernador.

Según ese planteo, una misma persona podría permanecer hasta 16 años consecutivos en los principales cargos del Poder Ejecutivo provincial.

Sin embargo, Jaldo rechazó esa interpretación y argumentó que se trata de funciones institucionales distintas.

“Hablan de 16 años y toman ocho años del vicegobernador y ocho años del gobernador. No sé con qué intención lo hacen cuando son diferentes cargos”, cuestionó.

El mandatario insistió en que las responsabilidades de ambos puestos no son equivalentes y apeló a una explicación sobre la división de poderes.

“Y esto es de instrucción cívica de un colegio secundario de segundo o tercer año: el Poder Legislativo es uno y el Poder Ejecutivo es otro. Por eso nunca pueden existir 16 años de mandato de nadie”, afirmó.

Fuertes críticas contra Mariano Campero y la oposición

Más allá de los argumentos constitucionales, Jaldo trasladó la discusión al terreno electoral y apuntó directamente contra el diputado nacional Mariano Campero, uno de los principales impulsores de la presentación judicial.

El gobernador sostuvo que la oposición busca impedir su candidatura porque considera que no tiene posibilidades de derrotarlo en las urnas.

“Con mucho respeto le digo que ellos no están flojos de papeles. Ellos están cortos de papeles y muy blanditos de cuerpo. Saben muy bien que en Tucumán, el 9 de mayo, el gobernador que hoy gobierna va a seguir gobernando”, disparó.

Jaldo interpretó que el planteo ante la Corte Suprema responde a una estrategia política destinada a excluirlo de la próxima competencia electoral.

“Con seis meses de anticipación, estos sectores de la oposición ya saben qué espacio político va a ganar el 9 de mayo. No hay otra explicación para este tipo de presentación”, aseguró.

En esa misma línea, afirmó que la demanda representa un reconocimiento anticipado de la fortaleza electoral del oficialismo.

“Esta presentación no hace más que reconocer y corroborar los resultados de las elecciones. Se quiere sacar de la cancha a un candidato, a quien tiene mayores posibilidades y va a ganar, que se llama Osvaldo Francisco Jaldo”, sostuvo.

La Provincia defenderá su posición ante la Corte Suprema

Durante la conferencia, el gobernador estuvo acompañado por la fiscal de Estado de Tucumán, Gilda Pedicone, quien confirmó que la Provincia fue notificada sobre la presentación judicial.

La demanda fue registrada bajo la carátula “Cambia Tucumán contra Superior Gobierno de la Provincia” y cuestiona la constitucionalidad del régimen de mandatos establecido en el artículo 90.

Pedicone adelantó que el Estado provincial responderá formalmente al planteo y defenderá la autonomía de Tucumán frente al máximo tribunal nacional.

“Defender esta causa no es una opción, es una obligación. Como fiscal de Estado tengo que ponerme en este rol para defender la autonomía provincial”, manifestó.

La funcionaria coincidió con Jaldo en que los cargos de gobernador y vicegobernador tienen atribuciones diferentes y deben analizarse de manera independiente.

En ese sentido, señaló que ambos puestos “son independientes uno de otro, con mandatos que corresponden cada uno a un plazo”.

La interpretación oficial sobre la candidatura de Jaldo

La fiscal de Estado también defendió la posibilidad de que Jaldo vuelva a presentarse como candidato a gobernador y aseguró que esa alternativa está contemplada expresamente en la Constitución provincial.

“El último párrafo del artículo 90 autoriza que quien haya sido vicegobernador puede postularse a ser gobernador, y de hecho el gobernador ejerce esa conducta”, explicó.

Y concluyó con una frase contundente: “Más claro, echale agua”.

De esta manera, el Gobierno tucumano dejó en claro que sostendrá la validez del artículo 90 y defenderá judicialmente la eventual candidatura de Jaldo.

La controversia quedará ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mientras el oficialismo y la oposición profundizan sus diferencias de cara a las próximas elecciones provinciales.

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Política

Campero llevó a la Corte su impugnación contra la reelección de Jaldo: “Está flojo de papeles”, dijo

El diputado consideró que existen antecedentes judiciales en otras provincias que podrían respaldar el planteo y volvió a cuestionar la situación institucional de Tucumán

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El diputado nacional por Cambia Tucumán, Mariano Campero, presentó este lunes ante la Corte Suprema de Justicia una impugnación contra el artículo 90 de la Constitución provincial, que regula las posibilidades de reelección para los cargos de gobernador y vicegobernador. El planteo apunta a cuestionar la norma en el marco de la discusión sobre una eventual continuidad de Osvaldo Jaldo al frente del Poder Ejecutivo.

“Vamos a objetar esa norma porque entendemos que es violenta y atenta y posterga a nuestra provincia”, sostuvo Campero al referirse a la presentación, que fue trabajada junto con un equipo de abogados encabezado por el legislador Manuel Courel y representantes de distintos espacios políticos.

La oposición abre una batalla judicial contra la reelección de Jaldo

Campero sostuvo que la discusión excede la situación particular del gobernador y planteó que la seguridad jurídica es una condición necesaria para el desarrollo provincial. “Tucumán es una provincia con mucha inseguridad jurídica, en donde siempre estamos acostumbrados a que se haga lo que se quiera”, expresó.

Mariano Campero cuestionó la posibilidad de reelección de Osvaldo Jaldo y llevó el planteo ante la Corte de Tucumán.

“Todo esos problemas son virtud de un gobierno que viene hace muchos años dedicado exclusivamente al armado político y a ver cómo se perpetúan en el poder saltando de vicegobernador a gobernador”, cuestionó. /La Gaceta/

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