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Política

Cerisola negó todas las acusaciones en el juicio por el uso de las regalías mineras

El ex rector declaró ante la justicia en lo que se trata el encubrimiento del robo del mega campus que debe construirse por ley en el cerro San Javier

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Juan Alberto Cerisola, el ex Rector de la Universidad Nacional de Tucumán rompió el silencio en el juicio por la malversación de fondos de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) que por Ley 14.771 debían destinarse a la construcción de la Ciudad Universitaria de San Javier.

Tras varios años en la mira de la justicia, quien fuera rector de la UNT entre 2006 2014, está acusado por violación a los deberes de funcionario público y administración fraudulenta de utilidades mineras, valuadas en $353 millones, recibidas entre 2006 y 2009. Comparte el banquillo de acusados junto a Luis Fernando Sacca -ex subsecretario administrativo-, Olga Graciela Cudmani -ex directora de Construcciones Universitarias- y Osvaldo Venturino -ex director de Inversiones y Contrataciones-.

Al comenzar la tercera jornada del debate oral que presiden los jueces Jorge Alejandro Basbús, Ana Carina Farías y Enrique Lilljedahl, Cerisola se sentó frente al estrado acompañado de un enorme cuaderno azul y analizó uno por uno los puntos de la causa.

 

La Ley Nº 14.771 establecía que las utilidades del yacimiento debían repartirse en un 60% para Catamarca y un 40% para la UNT, que debía destinarse a concluir la ciudad universitaria, que había sido iniciada a partir de 1948 en San Javier durante el rectorado de Horacio Descole. Una vez concluida, dice el artículo 18 de la norma, ese 40% de regalías debía dividirse en un 20% para las otras universidades del país y un 20% para la UNT, pero ya de libre disponibilidad.

Según la acusación fiscal, Cerisola habría dado por concluida la obra de la ciudad universitaria y por ende habría consentido que YMAD redujera el porcentaje de cuentas que recibía la Universidad de un 40% a un 20%.

Cerisola explicó que el 27 de diciembre de 2007 se realizó una reunión del Consejo Directivo y la empresa YMAD, donde estuvieron presentes los vocales de Catamarca y los de la UNT, Rodolfo Campero y Mario Marigliano, y que fueron estos últimos quienes aceptaron la disminución del porcentaje. “Los vocales actúan con independencia; si bien la Universidad los nombra, en ningún momento la ley dice que ellos tengan que seguir el mandato de la Universidad. En función de su autonomía es que decidieron que había que repartir el 20%”.

A raíz de esto, el imputado cuestionó la pesquisa del fiscal federal Carlos Brito. “Cuando el juez de la causa le preguntó al fiscal si ampliaría la tesis acusatoria con otras personas, Brito dijo que no porque no advertía delito en su accionar. ¿Entonces a Campero, que tomó la resolución de reducción no le advierte delito y a mí sí? No entiendo”, apuntó.

 

Dijo que en 2009 empezó “una feroz interna política dentro de la UNT y que “la oposición terminó desaprobando (el primer informe sobre el uso de los fondos mineros) a pesar de que los decanos que votaron en contra del reglamento unos días antes en un programa de TV, el 3 de marzo de 2010, declararon cosas como las de la ex decana de odontología, que ‘con las obras que se viene realizando se solucionarán las problemas de espacio de nuestra facultad’ ”. Dijo que después de las elecciones de medio tiempo la oposición en el Consejo Superior “se engolosina, hacían bromas antes de votar y más de una vez dijo la señora decana de la época de Odontología: ‘bueno vamos a aplicarle la crónica de una muerte anunciada’ ”. También englobó en la fuerte oposición a la ex decana de Derecho, Adela Seguí y al ex consejero por egresados, Ricardo Cisneros.

 

Cerisola realizó un repaso de las tareas de Descole y del ex rector Eugenio Flavio Virla. Dijo que en los años 60 ya se había desechado la idea de construir la ciudad universitaria en San Javier. “En 1973 Descole fue el precursor de que se creara un área protegida donde sería la ciudad universitaria. Gracias a él se creó el Parque Sierra San Javier, que hoy está protegida y es el pulmón de Yerba Buena. Esa es la ciudad universitaria de la que habla la ley”, señaló. Además, dijo, “no existían los planos aprobados de que habla la Ley 14.771”.

“Lo que puedo decir con mucho orgullo es que con esos $260 millones que nos entregó la empresa reconstruimos la ‘Ciudad Universitaria para el Siglo XXI’ en San Miguel de Tucumán. Se hicieron más de 100.000 metros cuadrados en dos años”. Describió que San Miguel de Tucumán, que alberga cuatro universidades, “es una ciudad universitaria”.

El ex rector contó que cuando asumió en 2006, la UNT se encontraba bajo una emergencia edilicia por lo que creó la Secretaría de Planeamiento para poder establecer un plan de obras. “La universidad necesitaba que se concretaran muchas obras. Fuimos haciendo un listado abierto, mientras tanto se bosquejaban y dibujaban los planos de las obras futuras”, dijo.

Una vez que las obras estuvieron diseñadas fueron presentadas y aprobadas por el Consejo Superior. “Los decanos exigían y exigían que hagamos las obras”, planteó.

Respecto de la imputación realizada por el Ministerio Público Fiscal de haber autorizado el pago de sobreprecios en las construcciones realizadas, afirmó que no era verdad. “Las 12 obras siguieron el sistema de licitación privada. Yo no autoricé ni precio ni sobreprecio de las obras”. Explicó que el régimen creado, que se apartaba de la ley nacional de obras públicas 13.064, se diferenciaba de esta en el alcance de los topes máximos en las licitaciones y que se hizo considerando que los fondos provenientes de YMAD eran privados y por ello no se regían por la norma federal, aunque se volvían públicos al ingresar a la UNT. Dijo que esto fue consentido en un dictamen del director de Asuntos Jurídicos, Augusto González Navarro.

Plazo fijo

Otra de las acusaciones que recibió Cerisola fue por haber llevado a cabo colocaciones financieras de los fondos provenientes de YMAD y de haberle generado un perjuicio económico a la UNT por intereses producidos que no fueron ingresados al patrimonio universitario. “Es una acusación absolutamente falsa porque hasta el último interés derivado de las colocaciones financieras ingresó a las arcas de la universidad”, sostuvo. Dijo que entre 2006 y 2009 recibieron 14 cheques por un total de $356 millones, pero aclaró que al comienzo fue de manera sorpresiva. Además indicó que YMAD no les enviaba el dinero de forma ordenada y sistemática, por lo que las autoridades no sabían qué mes recibirían el dinero.

“A ese dinero había que mantenerlo, que conservarlo hasta que comenzáramos las obras, por eso hicimos plazos fijos. Hubo un comité formado por las autoridades de la Casa y sus secretarías y autoridades administrativas correspondientes. Se consultó asesores externos y se decidió que la mejor inversión era realizar los plazos fijos, sobre todo sabiendo que la situación económica del país varía permanentemente”, argumentó.

Además dijo que tras un informe realizado por los contadores, “se demostró que habiendo colocado el dinero en plazo fijo en esa época se obtuvo una ganancia de $10 millones más que si hubiésemos comprado dólares”.

Preguntado por la querella sobre los integrantes de la comisión de contrataciones, dijo que estaba compuesta, entre otros, por un asesor llamado Parada Parejas y por un empleado de apellido Malla. –“¿Malla es su yerno?”, se le preguntó. –“Era mi yerno. Empleado de la más baja categoría en la Universidad”, respondió.

Ante una pregunta de su defensora sobre la Comisión investigadora del Consejo Superior para investigar el caso YMAD, dijo que jamás lo citaron para dar explicaciones. Y ante la pregunta de la querella sobre por qué se disolvió esa comisión a dos meses de iniciado su segundo mandato, contestó que porque “la citamos dos veces; no fueron nunca. ¿Cómo iba a ir a comparecer para investigar algo con semejante paliza que recibieron?”. Se refería a su triunfo en la reelección.

También su defensora le preguntó por su patrimonio. “Tengo un departamento en calle Salta 669. Tengo un auto Peugeot y un terreno que compré antes de ser rector. Todo está embargado por este juicio por una suma varias veces millonaria”. Y en cuanto a su jubilación, dijo que siendo docente “se me intentó hacer juicio académico” y por ello “preferí mandarme a mudar” y se jubiló como investigador categorizado.

Al finalizar su exposición, le agradeció al tribunal por brindarle el tiempo y el espacio para aclarar su situación, luego de “ser acusado por la justicia tucumana durante 14 años”.

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Política

El velatorio del Indio Solari no se realizará en el Congreso

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, descartó la realización de una despedida colectiva en el Palacio Legislativo por razones de seguridad, mientras miles de seguidores organizan viajes y despedidas espontáneas en distintos puntos del país

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La muerte de Carlos “Indio” Solari dejó, además del pesar por la pérdida de una figura señera del rock argentino, una cuestión práctica y simbólica abierta: cómo organizar la despedida pública de un ícono que convocó a generaciones enteras. Con la noticia circulando y una marea de homenajes en ascenso, las autoridades nacionales evaluaron distintas alternativas y finalmente descartaron realizar la ceremonia en el Congreso de la Nación por “cuestiones de seguridad”. La familia confirmó, no obstante, que habrá un homenaje el sábado, aunque sin precisar el lugar.

Desde las cuentas oficiales vinculadas al artista se comunicó: “La despedida del Indio tendrá lugar mañana, sábado 6 de junio. Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, y también el lugar (que no será en Parque Leloir), se los haremos saber. Gracias por el amor y la paciencia”. Ese anuncio sostuvo la expectativa de miles de seguidores que aguardan indicaciones oficiales sobre el acto.

En las últimas horas cobró fuerza la posibilidad de utilizar las instalaciones del Congreso Nacional, impulsada por diputados que elevaron la solicitud al presidente de la Cámara baja, Martín Menem. Fuentes cercanas a las negociaciones admitieron que la idea fue inicialmente desechada, pero la magnitud de la repercusión social y la presión mediática y en redes motivaron una reapertura del debate. Finalmente, y tras evaluar riesgos logísticos y de seguridad, la opción quedó descartada.

 

La discusión pública que se abrió tras el deceso del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota pone en evidencia tensiones habituales en las despedidas colectivas de figuras populares: el deseo de la comunidad de participar y el deber del Estado de garantizar seguridad y orden. En los próximos días se conocerán detalles sobre el homenaje convocado por la familia y el modo en que se propondrá canalizar el duelo y los tributos de sus seguidores.

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Política

Otorgaron un subsidio de $ 19,5 millones para obras de puesta en valor de la Catedral

La asistencia económica fue otorgada con cargo de oportuna rendición de cuentas y será financiada con recursos del Tesoro General de la Provincia. A su vez, la Dirección de correspondiente orden de pago.

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El gobernador Osvaldo Jaldo autorizó la entrega de un subsidio de $19,5 millones a la Parroquia Nuestra Señora de la Encarnación – Catedral Metropolitana, con el objetivo de financiar trabajos de puesta en valor en el principal templo católico de la provincia.

La medida fue dispuesta mediante el Decreto N° 1.091/14 (MGyJ), firmado el 18 de mayo y publicado este jueves en el Boletín Oficial. Los fondos estarán destinados a la jerarquización del atrio, el frente y los laterales del edificio histórico ubicado en la esquina de Congreso y 24 de Septiembre, en pleno centro de San Miguel de Tucumán.

Según se consigna en los fundamentos de la norma, la solicitud fue presentada por el presbítero Omar del Valle Carranza, párroco de la Catedral Metropolitana, quien requirió asistencia económica para afrontar los gastos vinculados a las obras de acondicionamiento y mejora del templo.

El decreto destaca que la Iglesia Catedral constituye un sitio histórico de relevancia y la ubica entre los tres templos más antiguos del país. Asimismo, señala que la proximidad de tradicionales celebraciones religiosas y eventos que se desarrollan en ese espacio motivó la necesidad de concretar las tareas de puesta en valor.

La asistencia económica fue otorgada con cargo de oportuna rendición de cuentas y será financiada con recursos del Tesoro General de la Provincia. A su vez, la Dirección de correspondiente orden de pago.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la decisión se enmarca en la voluntad de acompañar la preservación de edificios de valor histórico, cultural y religioso, además de contribuir al mantenimiento de espacios que forman parte del patrimonio arquitectónico y de la identidad de Tucumán.

La Catedral Metropolitana es uno de los edificios más emblemáticos de la capital tucumana y constituye un punto de referencia para la vida religiosa, cultural y turística de la provincia, además de ser escenario de las principales celebraciones litúrgicas del calendario católico y escenario de oficios en fechas importantes, como el Día de la Independencia, el 9 de Julio.

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Política

Milei no firmaría la designación de Michelli como jueza pese a la aprobación del pliego en el Senado

El presidente ya había dado la orden de retirar la postulación, pero la oposición logró imponerla. El caso reavivó la interna entre el gobierno y Patricia Bullrich, que al final se abstuvo en la votación. Sin ese paso final, la magistrada no podrá asumir su cargo.

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En el Gobierno creen que Javier Milei no firmará la designación de María Verónica Michelli, la candidata a jueza del Tribunal Oral Federal 3 de La Plata que recibió acuerdo del Senado pese al rechazo de la Casa Rosada. Cerca de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del asesor Santiago Caputo dan por hecho que el Presidente mantendrá frenado el decreto de nombramiento y no completará el último paso del trámite.

La lectura que hacen en Balcarce 50 es que el acuerdo del Senado no obliga políticamente a Milei a firmar de inmediato la designación. El procedimiento constitucional para cubrir una vacante judicial requiere propuesta del Poder Ejecutivo, acuerdo de la Cámara Alta y posterior decreto presidencial de nombramiento. Ese último acto quedó ahora en manos del Presidente, que había pedido retirar el pliego de Michelli antes de que la oposición forzara su tratamiento y aprobación.

En despachos oficiales ponen como antecedente el caso de Juan Manuel Yalj, ocurrido durante el gobierno de Cristina Kirchner. En 2011, el Senado había aprobado su pliego para asumir como camarista federal en San Martín, pero el decreto de designación nunca fue firmado después del malestar que generó su actuación en la causa contra el dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero. Yalj terminó renunciando a su postulación ante el Poder Ejecutivo.

 

Ese antecedente aparece ahora como referencia interna para explicar la estrategia oficial. En el Gobierno creen que, si Milei demora la firma y mantiene abierta la situación, Michelli podría terminar dando un paso al costado para evitar que su postulación quede atrapada en una disputa política prolongada. En Balcarce 50 también apuntan a un dato administrativo: el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata fue creado por ley, pero todavía no está plenamente integrado ni en funcionamiento ordinario. Su puesta en marcha requiere cubrir vocalías, habilitación operativa, estructura de personal, equipamiento y definición de recursos por parte del Poder Judicial.

 

El pliego de Michelli fue aprobado este jueves por 44 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones. La mayoría del oficialismo votó en contra, mientras que Patricia Bullrich se abstuvo tras haber anticipado que no acompañaría la decisión del Ejecutivo de retirar la candidatura. La votación dejó expuesta la tensión interna en La Libertad Avanza y también el límite que encontró la Casa Rosada para ordenar a sus aliados en el Senado.

El retiro del pliego de María Verónica Michelli

El caso se convirtió en un revés político para el Gobierno porque la postulación había sido enviada originalmente por el propio oficialismo. La objeción posterior surgió cuando en Balcarce 50 repararon en el parentesco de Michelli con el periodista Hugo Alconada Mon. El Ejecutivo intentó retirar el pliego, pero la oposición y bloques dialoguistas empujaron su tratamiento sobre tablas y consiguieron los dos tercios necesarios para aprobarlo.

En la Casa Rosada aseguran que Milei siguió de cerca todo el tratamiento de los pliegos judiciales. Según fuentes oficiales, fue el propio Presidente quien dio la orden de incluir la totalidad de los pliegos que estaban en condiciones de ser tratados, después de que inicialmente se había trabajado sobre una lista de 50. Esa instrucción derivó en la incorporación de 23 pliegos adicionales y, por pedido de la oposición, también terminó abriendo la puerta al tratamiento de Michelli.

La explicación que dan en Balcarce 50 es que la primera selección de 50 candidatos no respondía a un criterio institucional claro. “La elección había sido sin un criterio particular”, sostienen en el Ejecutivo. Por eso, cuando el oficialismo revisó el listado, avanzó con la idea de sumar al resto de los postulantes con dictamen y evitar una diferenciación entre candidatos que estaban en condiciones similares.

La maniobra, sin embargo, desordenó la sesión. El cambio de criterio en la cantidad de pliegos provocó la reacción del kirchnerismo y de sectores dialoguistas, que denunciaron incumplimientos respecto de lo conversado en la Labor Parlamentaria. El oficialismo debió pedir un cuarto intermedio y, al regreso, aceptó votar los 73 pliegos con dictamen más el de Michelli, que había sido retenido hasta último momento en la Comisión de Acuerdos.

El resultado fue una sesión de doble lectura para la Casa Rosada. Por un lado, el Gobierno celebró la aprobación de pliegos judiciales y la presentó como un avance en la cobertura de vacantes del Poder Judicial. Por otro, quedó obligado a convivir con el acuerdo otorgado a una candidata que el propio Milei había decidido frenar. Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, evitaron mencionar a Michelli en los mensajes públicos posteriores a la votación.

La Casa Rosada buscará ahora recuperar la iniciativa con el envío de una nueva tanda de pliegos judiciales. En el Ejecutivo anticipan que la semana que viene remitirán al Senado otros 30 expedientes, vinculados principalmente a cargos civiles, comerciales y de familia, en línea con los envíos anteriores. El objetivo oficial es sostener el ritmo de cobertura de vacantes y reforzar el mensaje de que la política judicial sigue activa pese al conflicto.

En el Gobierno, por ahora, dan por descontado que el decreto no saldrá y apuestan a que la definición quede demorada. En Balcarce 50 creen que las trabas administrativas para que el tribunal funcione le dan margen a Milei para no firmar de inmediato la designación, aun después del acuerdo del Senado.

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