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Política

Alerta por la custodia de la urna que define la banca 19: Exigen a la Justicia el resguardo de pruebas clave

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La conformación final de la Cámara legislativa, en la relación con la sección perteneciente a San Miguel de Tucumán, para el próximo período, puso sobre la mesa un sinfín de irregularidades. Raúl Pellegrini, legislador del PJS – Juntos por el Cambio, ha expresado su profunda preocupación y exige que la Justicia se comprometa en resguardar las pruebas vitales que podrían definir el resultado de la banca 19.

Asimismo, insta a detener cualquier intento de quema de la urna, ya que esto violaría el Código Electoral Nacional que prohíbe destruir la documentación sujeta a reclamos formales.

Las declaraciones de Pellegrini, se dan en el marco de las presentaciones realizadas por su compañero de lista, el candidato a legislador en primer término, Enrique Pedicone ante la justicia. El exjuez ha denunciado una serie de irregularidades y adulteraciones en el acta de la mesa 1328, que favorecerían injustamente al partido Activar a la Lealtad en perjuicio de su propia lista.

Es por ello que se ha presentado un recurso de amparo y un pedido de cautelar para garantizar la conservación de la urna y toda la documentación relacionada con esta mesa.

La situación exige una respuesta urgente por parte de la Justicia. Es fundamental que se asuma la responsabilidad de resguardar todas las pruebas pertinentes y evitar cualquier daño o pérdida de información crucial para el esclarecimiento de los hechos.

Raúl Pellegrini enfatizó la importancia de que la Justicia no solo garantice la integridad de la urna, sino que también se comprometa a respetar el Código Electoral Nacional y preservar la documentación en disputa.

“El Código Electoral Nacional establece claramente que la documentación sujeta a reclamos formales no puede ser destruida, y es fundamental que se cumpla con esta disposición para garantizar la transparencia y el respeto por el voto ciudadano” expresó el parlamentario.

Además de su preocupación por la custodia de la urna, Pellegrini ha manifestado su intención de solicitar a la justicia el análisis del software utilizado en el centro de cómputos, a través del cual se procesan los resultados provisorios y definitivos de la elección. Su objetivo es garantizar la transparencia y la integridad del proceso electoral, asegurando que los resultados reflejen de manera precisa la voluntad popular.

“Como ciudadano, pero más aun siendo representante de la gente en mi rol de Legislador, no puedo permitir que se ponga en riesgo la voluntad popular expresada en las urnas. Es hora de que la Justicia tome medidas concretas, resguarde las pruebas y dé lugar a la cautelar solicitada. Solo así se podrá garantizar un proceso electoral justo y transparente, y se podrá restablecer la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático” cerró.

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Montaldo: «Este es un fenómeno global que tiene que ver con las redes»

La ministra de Educación indicó que se reforzaron los controles dentro de las escuelas, con especial atención en los momentos de recreo y en espacios comunes.

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La ministra de Educación, Susana Montaldo, se refirió a la situación que atraviesan las escuelas ante episodios que buscan generar impacto y visibilidad, y remarcó la necesidad de una respuesta articulada entre el Estado, las instituciones y las familias.

En ese marco, destacó las medidas impulsadas por el gobernador Osvaldo Jaldo para reforzar la seguridad en los establecimientos educativos.

“El Gobernador trata de poner orden y, más que nada, brindar protección. Las familias necesitan saber que la escuela es un lugar protegido”, sostuvo.
La titular de la cartera educativa indicó que se reforzaron los controles dentro de las escuelas, con especial atención en los momentos de recreo y en los espacios comunes. Y agregó: “Se ha pedido a los preceptores, profesores y directores acompañar a los chicos. Tenemos que estar atentos al cuidado de los baños en cada recreo”.

Montaldo explicó que estos comportamientos responden a una problemática que trasciende el ámbito local y se vincula con dinámicas globales atravesadas por el uso de redes sociales.

“Este es un fenómeno global que tiene que ver con las redes. Los chicos buscan llamar la atención, aparecer, ser protagonistas. Pero también debemos preguntarnos cuánto espacio de escucha tienen en la familia y en la escuela”, destacó la ministra.

Frente a este escenario, sostuvo que es fundamental abordar la situación desde una perspectiva formativa, que incluya diálogo, contención y límites claros. Y explicó: “Educar es mostrar el camino y saber que hay límites que no se pueden cruzar. Y si se cruzan, hay consecuencias”.

En relación a las sanciones, aclaró que las acciones que ponen en riesgo a otros no pueden quedar sin respuesta, aunque deben ir acompañadas por instancias de reflexión y acompañamiento.

“Tiene que quedar claro que cada acto tiene sus consecuencias. Pero eso no significa dejar de acompañar al estudiante, entender qué pasó y trabajar con la familia”, explicó la funcionaria.

Además, señaló que se implementó un protocolo preventivo que incluye la presencia policial en los accesos a las escuelas, con el objetivo de actuar rápidamente ante cualquier situación.

“La policía está para colaborar, para estar disponible si la institución necesita apoyo ante algún hecho”, dijo.

Finalmente, convocó a toda la comunidad educativa a asumir un compromiso activo en la construcción de entornos seguros y respetuosos.

“Todos somos responsables del clima que se vive en una escuela. Este es el momento para educar, poner límites y también escuchar a nuestros chicos”, sostuvo Montaldo.

Como parte de este abordaje integral, la ministra adelantó la realización de un congreso enfocado en la salud emocional de los estudiantes, con participación de las familias.

FUENTE: Comunicación Tucumán

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Política

El Gobierno presentó un per saltum y pidió a la Corte Suprema frenar la cautelar sobre la reforma laboral

La Procuración del Tesoro solicitó la intervención directa del máximo tribunal y cuestionó el fallo que suspendió artículos clave de la Ley 27.802. También apuntó contra la legitimidad de la CGT.

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La Procuración del Tesoro presentó este jueves un recurso extraordinario de per saltum ante la Corte Suprema para que intervenga sin pasar por instancias previas y revierta la suspensión de artículos de la reforma laboral. La ofensiva busca dejar sin efecto la cautelar dictada por la Justicia laboral.

Además, pidió que el máximo tribunal revoque la sentencia al considerar que fue dictada por un juez incompetente y que no existe un caso judicial válido ni legitimación activa colectiva.

El conflicto se originó a partir de una acción presentada por la CGT, que solicitó la inconstitucionalidad y la suspensión cautelar de varios artículos de la norma. Según la central obrera, los cambios introducidos afectan derechos como la protección del trabajo, la progresividad de los derechos sociales, la libertad sindical y el acceso a la Justicia.

El juez Raúl Horacio Ojeda hizo lugar a ese pedido y dispuso la suspensión con alcance general de los artículos cuestionados.

Los argumentos del Gobierno

Frente a esto, la Procuración sostuvo que la CGT no acreditó un caso concreto ni un perjuicio específico, sino que basó su planteo en argumentos abstractos y generales. También afirmó que la central carece de legitimación suficiente para representar a todos los trabajadores del país y que el juez omitió analizar la representación sindical conforme a la normativa vigente.

El organismo remarcó que se trata de una causa de competencia federal, ya que el Estado Nacional es parte y la resolución tiene efectos en todo el país. En ese sentido, recordó que se planteó una inhibitoria ante el fuero Contencioso Administrativo Federal.

El 10 de abril, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 aceptó ese planteo y reclamó el expediente, aunque hasta el momento no se dictó una resolución que revierta la suspensión dispuesta por el juzgado laboral.

En su presentación, la Procuración calificó la situación como de “gravedad institucional”, al advertir que la suspensión de una ley nacional por parte de un tribunal inferior implica un avance sobre las atribuciones del Congreso y pone en riesgo la división de poderes.

El escrito también invocó precedentes de la Corte Suprema para sostener que ningún juez puede suspender una ley con efectos erga omnes, es decir, con alcance general para toda la sociedad.

Según el organismo, la medida genera un “perjuicio irreparable” al introducir incertidumbre sobre la vigencia de la norma, afectando la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria para empleadores y trabajadores. Incluso advirtió que, de consolidarse este criterio, cualquier juez podría frenar leyes nacionales, con impacto en el sistema normativo.

Entre las objeciones, la Procuración cuestionó la falta de análisis concreto sobre los artículos suspendidos, señaló que la cautelar coincide con el objeto principal del proceso —lo que estaría prohibido— y sostuvo que el juez excedió el pedido original de la CGT al incluir artículos no reclamados.

Finalmente, concluyó que la única vía eficaz para revertir la situación es la intervención urgente de la Corte Suprema mediante el per saltum. Por eso, solicitó que se suspendan los efectos del fallo cuestionado y se restituya la plena vigencia de la Ley 27.802 mientras se tramita el recurso extraordinario.

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«No vamos a seguir tolerando este tipo de acciones de los estudiantes»

El gobernador también planteó un abordaje integral de la situación: “Los padres tienen que hacerse cargo, los docentes acompañar y el Gobierno poner límites”.

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El gobernador Osvaldo Jaldo, advirtió que ante la proliferación de amenazas de tiroteos en escuelas de la provincia «se aplicará en un 100% el Decreto que firmó esta semana, reclamó medidas firmes pero planteó un abordaje integral de la situación.

En diálogo con La Gaceta, el jefe de Estado provincial manifestó: “No vamos a seguir tolerando este tipo de acciones de parte de los estudiantes; hay que ponerles límites a los chicos y eso es aplicar el 100% del decreto del Poder Ejecutivo”, afirmó Jaldo ante la andanada de amenazas de tiroteos mediante pintadas en establecimientos escolares de la provincia.

«Es un delito»

En ese sentido el titular del PE aseguró: “Lo que están haciendo los chicos es un delito: decir que puede haber tiros es una amenaza, y eso es un delito. Y a los delitos les tiene que caer todo el peso de la ley”, sostuvo, al tiempo que remarcó que la normativa recientemente firmada refuerza ese criterio.

Recordemos que el Gobernador firmó el miércoles el Decreto N° 772/7 del Ministerio de Seguridad, que instruye a la cartera que conduce Eugenio Agüero Gamboa y a la Policía a intensificar acciones preventivas, de disuasión e intervención dentro y fuera de las escuelas.

La normativa también contempla la expulsión y aprehensión de alumnos involucrados en estos hechos, con eventual traslado al Instituto Padre Brochero, en Benjamín Paz. Además, establece la responsabilidad de padres y tutores por la conducta de los menores y advierte que las instituciones podrían perder subsidios si no garantizan el cuidado de los estudiantes.

“Lo que no se puede permitir es que los chicos sigan haciendo amenazas y generen preocupación en los padres y complicaciones en la vida educativa”

Jaldo planteó un abordaje integral: “Los padres tienen que hacerse cargo, los docentes acompañar y el Gobierno poner límites”. Y agregó: “No se puede seguir haciendo la vista gorda a la problemática que están viviendo los establecimientos educativos en Tucumán”, sostuvo.

Si bien consideró válido el trabajo de los gabinetes pedagógicos interdisciplinarios, fue crítico sobre su efectividad: “Todas las medidas de contención son importantes, pero hay que ver cómo se venía trabajando. Claramente no está funcionando”.

15 denuncias

Según precisó Jaldo, hasta el momento se registraron al menos 15 denuncias en diferentes instituciones de la provincia con pintadas amenazantes en los baños de dichos establecimientos.

“Los responsables tienen que ser juzgados por la Justicia y llevados a Cura Brochero. Y los docentes, si no denuncian, se convierten en cómplices. Tenemos que darle un corte a todo esto”, enfatizó el titular del Poder Ejecutivo.

Jaldo insistió en que el problema excede a la provincia, pero subrayó la responsabilidad local. “Lo que estamos viviendo en los establecimientos educativos excede los límites de Tucumán, pero como autoridades provinciales nos tenemos que preocupar por lo que pasa aquí”, afirmó.

Sanciones disciplinarias

El gobernador también se refirió a un caso reciente en Yerba Buena, donde un alumno de 13 años confesó haber realizado una amenaza. “A pesar de que es menor de edad y aunque tenga problemas, el colegio tiene que evaluar la expulsión. De nada sirve que produzcan semejante revuelo y que todo quede en nada”, indicó.

Mayor presencia policial

Al concluir la entrevista, el Primer Mandatario adelantó que se reforzará la presencia policial en las escuelas donde se detectaron amenazas, especialmente en aquellas consideradas de mayor riesgo. Incluso, señaló que los uniformados podrían recorrer los establecimientos junto a las autoridades educativas para prevenir nuevos episodios.

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