Desde este lunes, la empresa Acindar paralizará en un 80% su planta santafesina de Villa Constitución, lo que afecta directamente a unos 600 trabajadores. La medida implica una caída sustancial en la producción, nuevas suspensiones y señales de repliegue empresario que, para la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) remite al ocaso de Somisa en los años 90.
En ambos casos se trata de empresas emblemáticas de la industria siderometalúrgica nacional cuya crisis trasciende los márgenes de rentabilidad. Lo que expresan son síntomas estructurales de modelos económicos que promueven el retiro del Estado, paralizan la inversión productiva y reemplazan la lógica industrial por una de corte financiero. “Si en los 90 el discurso privatizador se impuso con la promesa de modernización, la narrativa libertaria actual acelera una apertura económica que vuelve a poner en jaque el entramado industrial, desprotegiendo al empleo, la producción y la soberanía”, apuntan desde el gremio.
La lectura va desde el titular de la UOM, Abel Furlán, hasta los delegados de base, y se repite una reflexión crítica desde Acindar: “En 2023 varios compañeros votaron a Milei” y, en recientes comicios, también “por candidatos locales de La Libertad Avanza”. La decepción y el cambio de ánimo recorre las asambleas obreras.
“Y a cada paso sientes otro deja vu”
La historia marca un paralelismo. Así como Somisa fue desguazada en el contexto de un Estado ausente y una economía diseñada al gusto de los mercados, Acindar transita hoy una dinámica de retracción: importaciones en alza, desplome de la obra pública, caída del consumo interno y un Gobierno que apuesta a sectores como la minería, desplazando a la industria tradicional. Según precisó el delegado metalúrgico Silvio Acosta, la planta pasó de producir 1.200.000 toneladas anuales a 600.000. La paralización afecta a los trabajadores directos y a todo el ecosistema económico de Villa Constitución: contratistas, cooperativas, comercios y talleres barriales. Acosta no obstante considera que Acindar no llegará a la “instancia Somisa”.
Los delegados denunciaron una combinación de factores críticos: caída del 60% en la obra pública, aumento de importaciones de acero desde Brasil, apertura comercial sin regulaciones y un régimen de suspensiones que ya lleva más de un año y medio.“Seguimos surfeando la ola con acuerdos de suspensiones”, reconoció Acosta. Los trabajadores aceptaron incluso adelantos de vacaciones para evitar despidos, pero la empresa no da señales de reactivación. “Parece que quieren que el costo lo paguemos los trabajadores”, advirtieron, y reclamaron la conformación urgente de un comité de crisis multisectorial.
La cooperativa Cooperar, que trabaja dentro de la planta, también se encuentra al límite, atravesando una conciliación obligatoria mientras aguarda definiciones que podrían afectar su continuidad. Si bien evaluaron medidas de fuerza, la UOM prioriza el diálogo, reconociendo que un paro sin producción perdería impacto real.
El conflicto de Acindar pone en evidencia una crisis más profunda: la del modelo productivo. La baja en la actividad, la fragilidad del empleo y el escepticismo sobre medidas como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) delinean un escenario incierto. Mientras tanto, los trabajadores resisten. Aseguran que no aceptarán despidos forzados y llaman a un esfuerzo colectivo: “Esto no lo resuelve solo la UOM ni solo Acindar. Se necesita un esfuerzo de todos”, afirman.
“Ecos de antes rebotando en la quietud”
Somisa cerró sus puertas y fue privatizada en 1992, en medio de una crisis inducida, con intervención estatal y una reducción significativa del personal. Fue vendida a un consorcio liderado por el Grupo Techint, que rebautizó la empresa como Siderar y luego Ternium Siderar, integrándola a un grupo industrial global. Aquel proceso incluyó promesas de eficiencia, modernización y competitividad que, sin embargo, se tradujeron en concentración empresaria y pérdida de soberanía.
Hoy, con menos margen de maniobra, sin un Estado aliado ni un clima político favorable, la UOM enfrenta un nuevo ciclo de desindustrialización. En los 90, la resistencia gremial ante la privatización de Somisa fue intensa, aunque con fisuras internas. Hoy, el sindicato encabeza las gestiones para preservar empleos en Acindar, consciente de que se reedita un guión conocido, aunque en un escenario más hostil.
La sombra de Techint, actor clave del desenlace de Somisa, vuelve a proyectarse sobre el presente metalúrgico. La historia, advierten desde la UOM, “no se repite como calco, pero sí como advertencia”. / Bae Negocios
CAME le solicitó a Caputo que ARCA suspenda embargos y no les aplique multas a las pymes
CAME requirió que, en los casos en que el contribuyente regularice la obligación intimada dentro de los 15 días posteriores a la finalización de dicho período de espera, la multa aplicable se reduzca en un 50%.
A partir del anuncio del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, sobre el envío de un proyecto que modifique la actual Ley de Inocencia Fiscal, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) le pidió que, durante el período de espera establecido en la normativa, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no le aplique multas a las pequeñas y medianas empresas.
Asimismo, CAME requirió que, en los casos en que el contribuyente regularice la obligación intimada dentro de los 15 días posteriores a la finalización de dicho período de espera, la multa aplicable se reduzca en un 50%. Solo una vez vencido este último plazo sin que se hubiera cumplido con la obligación debería aplicarse la sanción en su totalidad, acorde a los montos establecidos por la ley.
Por otra parte, la entidad solicitó que, en atención a que el proyecto sería de origen fiscal, se disponga la suspensión de las ejecuciones fiscales y de los embargos aplicables al sector pyme. “Pedimos la implementación de un régimen especial de facilidades de pago que contemple hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses devengados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación. A su vez, dicho régimen debería comprender las deudas vencidas al 31 de mayo del presente año, así como también los planes de facilidades de pago vigentes y aquellos que hubieran caducado”, dijo el coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo.
En un contexto de consumo deprimido, sumado a la propuesta realizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre una reforma tributaria, la entidad representativa de las pequeñas y medianas empresas argentinas considera importante atender el planteo elevado al ministro, a los fines de promover condiciones que contribuyan a preservar el entramado productivo, fortalecer la competitividad de las pymes y acompañar su desarrollo sostenible.
El ajuste tarifario, dispuesto por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE), impacta en usuarios de diversas regiones y responden a la readecuación de costos en el marco de la emergencia energética vigente, extendida hasta el 31 de diciembre de 2027.
El Gobierno aprobó los nuevos cuadros tarifarios para las principales distribuidoras de gas natural y propano indiluido del país, mediante una serie de resoluciones, publicadas este jueves en el Boletín Oficial.
El ajuste tarifario, dispuesto por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE), impacta en usuarios de diversas regiones y responden a la readecuación de costos en el marco de la emergencia energética vigente, extendida hasta el 31 de diciembre de 2027.
Las normativas formalizan la actualización del valor del gas propano indiluido por redes. Siguiendo instrucciones de la Secretaría de Energía, el ENREGE dispuso que el valor de este insumo se fije en un 60% del precio calculado según los procedimientos técnicos vigentes.
Esta medida busca estandarizar los costos para aquellas localidades que no cuentan con acceso al gas natural convencional y dependen de este sistema de abastecimiento, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.
El nuevo esquema mantiene la obligatoriedad de reflejar en las facturas las bonificaciones correspondientes al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), para asegurar que los sectores vulnerables mantengan el beneficio de la asistencia estatal.
Los nuevos cuadros tarifarios entran en vigencia a partir de su publicación oficial, pero las distribuidoras tienen la obligación de publicarlos en diarios de gran circulación dentro de sus áreas licenciadas durante al menos tres días, garantizando así el derecho a la información de los usuarios.
Nuevos valores
Región Pampeana y Sur: en localidades bonaerenses, los usuarios residenciales de bajo consumo (R1) bajo la órbita de Camuzzi Gas Pampeana enfrentarán un cargo fijo de $13.034,97 y un valor por metro cúbico de $361,63. En el sur del país, la actualización alcanza a Chubut, Santa Cruz y Neuquén a través de Camuzzi Gas del Sur y sus asociadas como HIDENESA y Distrigas S.A.
Litoral y Cuyo: en Santa Fe, los clientes de Litoral Gas verán cargos fijos desde los $11.085,09 para la categoría R1. Por su parte, en Mendoza, Distribuidora de Gas Cuyana fijó el cargo por metro cúbico en $399,97 para residentes, con cargos fijos que ascienden a $17.890,82 para la categoría inicial.
Noreste Argentino (NEA): la empresa Gas Nea S.A. aplicará tarifas plenas con variaciones por provincia: desde $452,63 en Corrientes hasta un máximo de $502,93 en Formosa por cada metro cúbico consumido.
Se confirmó la venta de 894 estaciones de servicio Shell en el país
Después de una larga negociación, se confirmó hoy la venta de las estaciones de servicio Shell en Argentina. El comprador, es el fondo suizo Mercuria Energy Group.
Después de una larga negociación, se confirmó hoy la venta de las estaciones de servicio Shell en argentina. El comprador, según se informó oficialmente, es el fondo suizo Mercuria Energy Group.
En negocio estaban en manos del Grupo Raízen, un joint venture propiedad al 50% de la propia petrolera anglo-holandesa Shell y del conglomerado brasileño Cosan, e involucra a todo el negocio de downstream en Argentina: la red de 894 estaciones de servicio, que representan un 18% del mercado de venta de combustible, la refinería de Dock Sud (PBA), una planta de lubricantes en CABA, dos aeroplantas en Ezeiza y Aeroparque y dos terminales de combustibles en Arroyo Seco y Santa Fé.
Shell dividió sus negocios hace varios años en el país: mientras sigue operando el upstream, o la producción de petróleo en Vaca Muerta, había dejado el negocio de venta de combustible en manos de Raízen.
“El valor económico total estimado de la transacción asciende a USD 1.420.000.000 (mil cuatrocientos veinte millones de dólares), sujeto a los ajustes habituales de precio de compra para este tipo de operaciones -incluyendo capital de trabajo, caja, endeudamiento y gastos de la operación”, dijo Raízen a la bolsa en Brasil.
“Esta transacción se encuentra alineada con la estrategia del grupo Raízen de optimizar su portafolio de activos, simplificar su estructura operativa y promover una asignación disciplinada de capital, con foco en mercados y geografías prioritarias. Los fondos netos obtenidos serán destinados a la gestión de la estructura de capital del grupo Raízen”, agregó.
Se espera que el cierre de la transacción ocurra dentro del presente año fiscal y estará sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes habituales para este tipo de operaciones, incluyendo, entre otras, la obtención de las aprobaciones regulatorias y judiciales correspondientes.
Mercuria se define como uno de los principales grupos independientes de energía y trading de materias primas del mundo. Nació en Ginebra, Suiza, en 2004, opera en más de 50 países y genera ingresos superiores a los USD 140.000 millones.
“Participa en toda la cadena de valor de la energía, incluyendo petróleo crudo, productos refinados, gas natural, gas natural licuado (LNG), energía eléctrica, energías renovables y metales”, destacó la empresa.
Tiene negocios en México, Panamá, Argentina y otros países de la región. “La empresa produce, almacena y suministra hidrocarburos y otros productos energéticos en toda la región, operando activos logísticos en Argentina, Panamá y el Caribe”, explicaron.
Mercuria, además, es socio mayoritario junto a Integra Capital, el grupo inversor que preside José Luis Manzano, en la petrolera Phoenix Global Resources.
Manzano, por otra parte, es uno de los dueños, junto Daniel Vila y Mauricio Filiberti, de Edenor, la distribuidora de energía eléctrica más grande del país. En el sector aseguran que el ex ministro del Interior como nexo para este negocio que quedó en manos de sus socios.
