Desde este lunes, la empresa Acindar paralizará en un 80% su planta santafesina de Villa Constitución, lo que afecta directamente a unos 600 trabajadores. La medida implica una caída sustancial en la producción, nuevas suspensiones y señales de repliegue empresario que, para la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) remite al ocaso de Somisa en los años 90.
En ambos casos se trata de empresas emblemáticas de la industria siderometalúrgica nacional cuya crisis trasciende los márgenes de rentabilidad. Lo que expresan son síntomas estructurales de modelos económicos que promueven el retiro del Estado, paralizan la inversión productiva y reemplazan la lógica industrial por una de corte financiero. “Si en los 90 el discurso privatizador se impuso con la promesa de modernización, la narrativa libertaria actual acelera una apertura económica que vuelve a poner en jaque el entramado industrial, desprotegiendo al empleo, la producción y la soberanía”, apuntan desde el gremio.
La lectura va desde el titular de la UOM, Abel Furlán, hasta los delegados de base, y se repite una reflexión crítica desde Acindar: “En 2023 varios compañeros votaron a Milei” y, en recientes comicios, también “por candidatos locales de La Libertad Avanza”. La decepción y el cambio de ánimo recorre las asambleas obreras.
“Y a cada paso sientes otro deja vu”
La historia marca un paralelismo. Así como Somisa fue desguazada en el contexto de un Estado ausente y una economía diseñada al gusto de los mercados, Acindar transita hoy una dinámica de retracción: importaciones en alza, desplome de la obra pública, caída del consumo interno y un Gobierno que apuesta a sectores como la minería, desplazando a la industria tradicional. Según precisó el delegado metalúrgico Silvio Acosta, la planta pasó de producir 1.200.000 toneladas anuales a 600.000. La paralización afecta a los trabajadores directos y a todo el ecosistema económico de Villa Constitución: contratistas, cooperativas, comercios y talleres barriales. Acosta no obstante considera que Acindar no llegará a la “instancia Somisa”.
Los delegados denunciaron una combinación de factores críticos: caída del 60% en la obra pública, aumento de importaciones de acero desde Brasil, apertura comercial sin regulaciones y un régimen de suspensiones que ya lleva más de un año y medio.“Seguimos surfeando la ola con acuerdos de suspensiones”, reconoció Acosta. Los trabajadores aceptaron incluso adelantos de vacaciones para evitar despidos, pero la empresa no da señales de reactivación. “Parece que quieren que el costo lo paguemos los trabajadores”, advirtieron, y reclamaron la conformación urgente de un comité de crisis multisectorial.
La cooperativa Cooperar, que trabaja dentro de la planta, también se encuentra al límite, atravesando una conciliación obligatoria mientras aguarda definiciones que podrían afectar su continuidad. Si bien evaluaron medidas de fuerza, la UOM prioriza el diálogo, reconociendo que un paro sin producción perdería impacto real.
El conflicto de Acindar pone en evidencia una crisis más profunda: la del modelo productivo. La baja en la actividad, la fragilidad del empleo y el escepticismo sobre medidas como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) delinean un escenario incierto. Mientras tanto, los trabajadores resisten. Aseguran que no aceptarán despidos forzados y llaman a un esfuerzo colectivo: “Esto no lo resuelve solo la UOM ni solo Acindar. Se necesita un esfuerzo de todos”, afirman.
“Ecos de antes rebotando en la quietud”
Somisa cerró sus puertas y fue privatizada en 1992, en medio de una crisis inducida, con intervención estatal y una reducción significativa del personal. Fue vendida a un consorcio liderado por el Grupo Techint, que rebautizó la empresa como Siderar y luego Ternium Siderar, integrándola a un grupo industrial global. Aquel proceso incluyó promesas de eficiencia, modernización y competitividad que, sin embargo, se tradujeron en concentración empresaria y pérdida de soberanía.
Hoy, con menos margen de maniobra, sin un Estado aliado ni un clima político favorable, la UOM enfrenta un nuevo ciclo de desindustrialización. En los 90, la resistencia gremial ante la privatización de Somisa fue intensa, aunque con fisuras internas. Hoy, el sindicato encabeza las gestiones para preservar empleos en Acindar, consciente de que se reedita un guión conocido, aunque en un escenario más hostil.
La sombra de Techint, actor clave del desenlace de Somisa, vuelve a proyectarse sobre el presente metalúrgico. La historia, advierten desde la UOM, “no se repite como calco, pero sí como advertencia”. / Bae Negocios
La inflación en CABA saltó al 2,9% en julio, con fuertes subas de servicios y efecto vacaciones de invierno
Mientras REM estimó un IPC del 2% para el mes pasado, el dato de la Ciudad abrió un signo de interrogación sobre el registro nacional, que publicará el INDEC la próxima semana.
La inflación se aceleró con fuerza en julio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). De acuerdo con la medición oficial, el índice de precios al consumidor porteño (IPCBA) saltó al 2,9%, impulsado por el incremento de los servicios y también por factores estacionales.
El dato, publicado este viernes por el Instituto de Estadística y Censos de la CABA, sorprendió a la city. Es que el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que difundió el Banco Central este jueves había arrojado una estimación promedio del 2% para la inflación de julio. Si bien esos pronósticos apuntan al IPC Nacional que elabora el INDEC (se conocerá la próxima semana), lo cierto es que no estaba en los papeles un dato como de hoy.
En concreto, el IPCBA se aceleró en 1,1 punto porcentual ya que en junio había marcado 1,8%. El 2,9% de julio exhibió una significativa disparidad entre los bienes y los servicios: los primero aumentaron 1,4% y los segundos, 3,8%. Como los servicios tienen un peso menor en la canasta que mide el INDEC (ante el bloqueo del nuevo IPC que realizó el Gobierno a comienzos de año), es de esperar que la medición nacional arroje un guarismo algo menor.
De esta manera, la inflación porteña acumuló 19,4% en lo que va de 2026. Por su parte, la medición interanual alcanzó el 33,2%.
En la aceleración de julio, hubo un impacto importante del salto que pegaron los precios estacionales (10,9%), principalmente por las alzas en las tarifas del alojamiento en hoteles por las vacaciones de invierno, al igual que en los precios de los paquetes vacacionales, de los pasajes aéreos y de las verduras.
Pero no fue lo único que sobresalió. Los precios regulados aumentaron 3%. En esta división se destacaron las subas en colegios privados, en las tarifas de luz y en las cuotas de las prepagas.
Finalmente, la agrupación Resto IPCBA -proxy de la inflación núcleo- promedió un incremento de 2,2%.
Inflación en CABA: cuáles fueron los rubros que más aumentaron
El rubro con mayor porcentaje de incremento fue el de Recreación y cultura, que se disparó 5,8%. Lo siguió Restaurantes y hoteles (5,3%). En tanto, Educación saltó 4,1%. Por fuera de las divisiones afectadas por el receso invernal, el cuarto mayor aumento correspondió a Equipamiento y mantenimiento del hogar (3,6%).
El rubro Transporte subió 3,1%. Pero dentro de esa división, el transporte de pasajeros saltó 6,1%. El mayor aumento fue el de los pasajes aéreos (21,7%).
En tanto, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 2,7%; Cuidado personal, protección social y otros productos, 2,6%; Salud y Servicios financieros, 2,4%; Información y comunicación, 2,1%; Bebidas alcohólicas y tabaco, 2%; Alimentos y bebidas no alcohólicas, 1,9%. Prendas de vestir y calzado, en tanto, registró una baja del 1,6%.
El porcentaje de suba de los alimentos estuvo influenciado por la estabilidad del precio de la Carne y derivados (+0,2%). En cambio, Verduras, tubérculos y legumbres subieron 9%.
Inflación porteña: por qué el 2,9% no anticipa necesariamente un dato similar a nivel nacional
Aunque la inflación de la Ciudad sorprendió al ubicarse por encima de lo esperado, los analistas anticipan que no puede extrapolarse de manera directa al dato nacional. La principal explicación es metodológica: el IPC porteño otorga una mayor ponderación a los alquileres y a los rubros vinculados al turismo, que durante el receso invernal tuvieron un comportamiento muy distinto al del resto de los precios.
En ese sentido, la consultora PxQ sostiene que buena parte de la diferencia entre ambos índices responde al efecto estacional de las vacaciones de invierno, que impactó especialmente sobre hoteles, paquetes turísticos y transporte aéreo, categorías con una incidencia mayor en la medición de CABA que en la del INDEC.
De cara al dato que difundirá el INDEC la próxima semana, PxQ estima que la inflación nacional de julio se ubicará entre el 1,8% y el 2,1%, siempre que el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas registre una suba cercana al 1,3%.
La consultora remarca que esa división es la de mayor ponderación dentro de la canasta del IPC nacional, por lo que su comportamiento será determinante para el resultado final.
En cambio, si los alimentos aumentaran alrededor de 1,6%, la inflación podría acercarse al 2,3%, aunque seguiría por debajo del registro observado en la Ciudad, donde el índice estuvo impulsado por el fuerte impacto de los servicios turísticos durante las vacaciones de invierno. /Ámbito/
Abad advirtió que Tucumán atraviesa un «equilibrio precario» por la caída del consumo
El ministro de Economía reconoció que la recaudación provincial retrocede mes a mes ante la falta de reactivación económica y alertó sobre el fuerte endeudamiento de las familias en billeteras virtuales
El ministro de Economía de Tucumán, Daniel Abad, encendió las alarmas sobre la situación financiera de la provincia al reconocer que las cuentas públicas atraviesan un «equilibrio precario«, condicionado por una recaudación que cae en paralelo al estancamiento del consumo. El funcionario también se refirió al deterioro de las rutas nacionales, al riesgo de la llamada «usura digital» y a las herramientas con las que el Gobierno provincial busca sostener la actividad económica en la segunda mitad del año.
Abad explicó que tanto los ingresos por coparticipación federal como la recaudación propia de la provincia dependen de una actividad económica que no logra despegar. Sostuvo que, al no repuntar el consumo, la recaudación desciende de forma sostenida y que la gestión provincial debe ir ajustándose a ese escenario mes tras mes. El funcionario fue directo al calificar la situación financiera actual como un equilibrio precario, sujeto a la evolución de una economía que, según remarcó, todavía no muestra señales claras de recuperación.
Preocupación por el endeudamiento y la «usura digital»
Uno de los ejes que más preocupa a la cartera económica es el nivel de endeudamiento de las familias, potenciado por la falta de educación financiera y por la escasa regulación de ciertos sectores. En ese sentido, el ministro alertó sobre lo que definió como «usura digital», en referencia al fuerte endeudamiento que generan las billeteras virtuales a través de tasas que consideró prohibitivas. Precisó que el costo financiero total de esas plataformas puede volverse devastador para los usuarios, con tasas que —advirtió— llegan del 500% al 700% cuando la deuda entra en mora. Frente a ese panorama, indicó que desde el Gobierno provincial mantienen conversaciones con entidades como el Banco Macro y el Banco Nación con el objetivo de gestionar refinanciaciones razonables que alivien la carga de los trabajadores bancarizados.
Rutas nacionales: la provincia se despega de la responsabilidad
En materia de infraestructura, el ministro fue categórico al deslindar a la provincia de cualquier responsabilidad sobre el estado de las rutas nacionales. Recordó que es el Gobierno nacional el que percibe el impuesto a los combustibles, del cual un 28,5% debería destinarse específicamente al mantenimiento de esas vías a través de Vialidad Nacional. Cuestionó que, pese al pago de peaje, el mantenimiento de las rutas continúe siendo deficiente, algo que —dijo— cualquier automovilista puede comprobar apenas circula por ellas. Remarcó que las provincias no tienen responsabilidad ni facultades sobre las rutas nacionales, aunque igualmente deben afrontar las consecuencias de las tragedias viales derivadas de su estado de abandono.
Inversión y perspectivas para lo que resta del año
En cuanto a las herramientas para reactivar la economía local, el ministro destacó la vigencia de las leyes 9911 y 9952 de fomento a la inversión, que garantizan estabilidad fiscal por diez años y contemplan exenciones progresivas en Ingresos Brutos y en la Tasa de Salud Pública. También confirmó la firma de convenios con la Nación que permitirán dar continuidad a obras en marcha mediante la compensación de deudas recíprocas entre ambos niveles de gobierno.
Pese a asegurar que la provincia tiene garantizado el pago de sueldos y la ejecución de obras hasta fin de año, el ministro cerró su análisis con una advertencia sobre la fragilidad del escenario actual: reconoció que, si bien hoy la situación se sostiene, existe preocupación de fondo, porque si la actividad económica continúa en baja, el panorama financiero de la provincia podría ensombrecerse. /Los Primeros/
La construcción sigue en picada: cayó 4,1% mensual en junio y anoto su cuarta baja en el año
Pese a caer por cuarta vez en el año, la construcción mantiene el tono positivo en el primer semestre (+2,8%) y rebota 4% frente a 2025. Las expectativas de las empresas para el próximo trimestre continúan siendo mayormente cautelosas.
La construcción continúa manteniendo su avance frente al año pasado, pero pierde fuerza. Cayó 4,1% en junio y marcó su cuarta baja mensual desestacionalizada en seis meses. Aunque como los rebotes de marzo y mayo fueron del 5% y 6,7%, respectivamente, el Indicador Sintético de la Actividad continúa mostrando una variación acumulada positiva, en el orden del 2,8%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) aumentó 4% respecto de junio de 2025, aunque las expectativas de las empresas para el próximo trimestre continúan siendo mayormente cautelosas.
El comportamiento de los insumos refleja un escenario heterogéneo. Entre las mayores subas interanuales sobresalieron el rubro «resto», que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para la construcción, con un salto de 30,8%; los artículos sanitarios de cerámica (10,7%),las placas de yeso (10,5%), los ladrillos huecos (7,1%), las cales (5,7%) y el hierro redondo y los aceros para la construcción (4,6%).
En contraste, el asfalto cayó 17,1%, los mosaicos graníticos y calcáreos retrocedieron 13,6%, mientras que también disminuyeron el consumo de pinturas, hormigón elaborado y cemento portland (-1,2%).
Empleo
Los indicadores vinculados al empleo muestran una recuperación mucho más moderada. En mayo, los puestos de trabajo registrados en la construcción crecieron apenas 0,8% interanual, hasta alcanzar 377.438 trabajadores. El acumulado de los primeros cinco meses del año también arroja una mejora de solo 0,8%, lejos del dinamismo que históricamente acompañó a los ciclos expansivos del sector.
En paralelo, la superficie autorizada para construir registró una baja de 6,1% interanual en mayo, aunque el acumulado de los primeros cinco meses todavía mantiene un crecimiento de 4,5%. El indicador suele funcionar como un anticipo de la actividad futura, por lo que el retroceso mensual agrega señales de desaceleración para los próximos meses.
Empresas sin expectativas de rebote
Entre las empresas dedicadas principalmente a obras privadas, el 71,1% considera que el nivel de actividad no cambiará entre julio y septiembre, mientras que un 16,8% espera una caída y apenas un 12,1%proyecta una mejora.
En el segmento de obra pública el panorama tampoco es optimista: el 52,8%prevé estabilidad, el 29,2% anticipa una disminución de la actividad y solo el 18% espera un aumento.
Entre quienes pronostican una baja de la actividad, las principales razones son la desaceleración de la economía y los elevados costos de construcción. A su vez, cuando se consulta qué políticas podrían incentivar al sector, las respuestas se concentran en una reducción de la carga fiscal y en una mayor disponibilidad de créditos para la construcción, tanto para obras privadas como públicas.