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Política

“A 50 años del Operativo Independencia, el comienzo del genocidio en Tucumán”

Organismos de Derechos Humanos preparan una serie de actividades en Famaillá, Santa Lucía, Tafí Viejo y San Miguel de Tucumán para conmemorar el inicio del plan sistemático de secuestros, torturas, desaparición y asesinatos ordenados a través del decreto 261.

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Organismos de Derechos Humanos preparan una serie de actividades en Famaillá, Santa Lucía, Tafí Viejo y San Miguel de Tucumán para conmemorar el inicio del plan sistemático de secuestros, torturas, desaparición y asesinatos ordenados a través del decreto 261 firmado por la presidenta María Estela Martínez de Perón el 5 de febrero de 1975, un año antes del golpe militar. ¿Las consecuencias? Más de 800 víctimas y 80 centros clandestinos de detención. 

“Lo dijeron las víctimas. Fue sentencia de la justicia. Es historia. Operativo independencia, el comienzo del genocidio”. Bajo esta consigna familiares y víctimas del Terrorismo de Estado, organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales, políticas y culturales con el apoyo de la Universidad Nacional de Tucumán, el Municipio de Tafí Viejo, la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno de Tucumán y la Legislatura de Tucumán impulsan una serie de actividades para conmemorar los 50 años del inicio del Operativo Independencia. 

El 5 de febrero de 1975, la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón firmó el decreto N° 261 que ordenaba la ocupación militar de Tucumán con el objetivo de “aniquilar” el accionar de los “elementos subversivos”. Días después, llegaron a la provincia alrededor de 5.000 efectivos del Ejército, Gendarmería y Policía Federal que militarizaron la provincia y pusieron en marcha una política sistemática de desaparición de personas.

El Operativo Independencia se publicitó como  una iniciativa contra la guerrilla rural del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) pero fue mucho más que eso: representó el inicio de un plan genocida dirigido contra militantes y simpatizantes de organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y religiosas de distintas orientaciones ideológicas y con diferentes horizontes de cambio. En particular, se atacó de forma sistemática a los trabajadores azucareros y sus representaciones gremiales, hecho que permitió profundizar una serie de transformaciones económicas, productivas, laborales y sociales cuyas consecuencias llegan hasta hoy.

Durante ese período, se registraron en Tucumán aproximadamente 80 espacios de detención clandestina, incluidos grandes centros como la Escuelita de Famaillá y las Bases Militares en el Ingenio La Fronterita, Ex Ingenio Lules y Ex Ingenio Santa Lucía y otros más pequeños. En estos sitios, más de 800 personas fueron secuestradas, torturadas y sometidas a violencia extrema. Cabe destacar que, al inicio de la dictadura, la provincia ya había sufrido el secuestro de la mitad de las víctimas registradas entre 1975 y 1983.

El Operativo Independencia marcó un hito en la historia argentina porque dio inicio a la implementación sistemática de la desaparición forzada de personas y a la instalación de un sistema de centros clandestinos de detención. Tucumán se convirtió en un lugar de entrenamiento para las Fuerzas Armadas de las políticas que aplicarían en todo el país tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

 

El reconocimiento histórico y social de estos hechos ha sido respaldado por los juicios por delitos de lesa humanidad llevados a cabo en la provincia, como las causas Operativo Independencia I y II, desarrolladas entre 2016 y 2020, que evidencian el alcance y la gravedad de los crímenes cometidos durante este período.

En un contexto en el que el negacionismo es política de Estado, en el que se desarmaron y desarticularon políticas de memoria y derechos humanos y en el que el oficialismo impulsa un nuevo relato de la historia que reivindica los peores crímenes del Terrorismo de Estado, conmemorar el Operativo Independencia es seguir construyendo memoria y una historia crítica de nuestro pasado reciente.

ACTIVIDADES

La conmemoración del OI incluirá actividades en distintas localidades. El miércoles 5 de febrero, aniversario del decreto que dio inicio al Operativo, se realizará un acto público en la Escuelita de Famaillá, sitio donde funcionó el primer Centro Clandestino de Detención de la Argentina. La actividad incluirá música, muestras fotográficas y la palabra de familiares y sobrevivientes.

 

El viernes 7 de febrero la sede será Tafí Viejo, donde la represión apuntó principalmente contra trabajadores de los Talleres Ferroviarios. El sábado 8  de febrero el epicentro será en la localidad de Santa Lucía donde el Ejército estableció una de sus bases de operaciones en el ex ingenio Santa Lucía, que había cerrado durante la dictadura de Onganía en 1966. 

Finalmente, el 17 de febrero la sede de la conmemoración será la puerta del Tribunal Oral Federal (TOF) de San Miguel de Tucumán, donde los organismos de derechos humanos y los sobrevivientes y familiares de desaparecidos exigirán además que se fije fecha para el inicio de juicio contra los exdirectivos del Ingenio La Fronterita acusados por la responsabilidad que tuvieron en delitos de lesa humanidad que se cometieron en esa fábrica. “Los sobrevivientes y familiares de víctimas se están muriendo sin justicia y los empresarios mueren impunes. Rechazamos este punto final biológico y exigimos que se realice el juicio”, reclaman los organismos.

Política

Intendentes presionarán para que les coparticipen el impuesto a los combustibles

El encuentro nucleó a intendentes de 18 provincias y finalizó con un duro documento contra el Gobierno. Reclamaron por fondos y advirtieron por la paz social.

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Intendentes de todo el país se reunieron en Rosario y renovaron reclamos a Nación por fondos, con eje en el impuesto a los combustibles y en la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), al tiempo que hablaron del «resguardo de la paz social». «No tenemos seguidores virtuales; tenemos ciudadanos de carne y hueso que demandan respuestas hoy», plantearon en un documento crítico.

La cumbre se dio en el marco del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN) y tuvo como anfitrión a Pablo Javkin. Participaron, además, jefes comunales de los cuatro puntos cardinales de la Argentina. Entre ellos, Daniel Passerini (Córdoba), Ulpiano Suárez (Mendoza), Rosario Romero (Paraná), Othar Macharashvili (Comodoro Rivadavia), Rossana Chahla (San Miguel de Tucumán) y Federico Achaval (Pilar) y Juan Pablo Poletti (Santa Fe).

Durante el encuentro, los dirigentes revalidaron el tono crítico que venían ensayando en mítines anteriores. El más reciente había sido a fines de marzo en Paraná y cerró con un crudo escrito en el que denunciaban «asfixia financiera crítica» por parte de la administración de Javier Milei. Fue, además, un llamado de atención para los gobernadores.

Duro pronunciamiento de intendentes

En esa línea, el COFEIN volvió a plantar bandera y puso el acento sobre el recorte a los fondos, en especial en el impuesto a los combustibles y ATN. Asimismo, repartieron quejas por la poda en educación, salud y discapacidad.

«Mientras el poder central se refugia en la frialdad de las métricas macroeconómicas, nosotros gestionamos la urgencia diaria. No somos observadores de la crisis: somos quienes garantizamos que el transporte circule, que los hospitales atiendan y que el tejido social no se termine de quebrar», marcaron en el escrito.

Por otra parte, los intendentes aseguraron compartir la meta del equilibrio fiscal, aunque advirtieron que es «ilegal e inmoral» financiarla con el «despojo a las provincias y a los municipios». A la par, sostuvieron que la retención de fondos para salud, educación y discapacidad «no es ahorro» sino «un incumplimiento de la ley que castiga a quienes producen». «No pedimos asistencia: exigimos la restitución de los recursos que nuestras comunidades generan y que el Ejecutivo Nacional retiene de forma arbitraria», agregaron.

Recordaron, también, que durante el primer cuatrimestre del año 2026,el único impuesto que superó la inflación –es más la duplicó- fue «el Impuesto sobre los Combustibles que recauda el Gobierno Nacional de todos los ciudadanos de la República Argentina y no son destinados ni a financiar el transporte público del interior del país y menos aún para el mantenimiento de las rutas nacionales».

Además de cargar las tintas sobre el Gobierno, los intendentes también sumaron presión al Congreso, al pedir una agenda legislativa que incluya «el tratamiento de los proyectos que garantizan la coparticipación a Municipios del Impuesto a los Combustibles que en el primer cuatrimestre del 2026 alcanzan los 2 billones de pesos y de los fondos sin distribuir de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) que al primer cuatrimestre del 2026 suman 1,3 billones de pesos».

«Cuando la realidad golpea al pueblo, la responsabilidad debe estar por encima de cualquier bandera partidaria. No hay República posible sin ciudades de pie», finaliza el documento.

Al respecto, el cordobés Daniel Passerini afirmó que el Gobierno «no está viendo lo que pasa» y remarcó que «cada vez son más» los jefes comunales que participan de las reuniones del COFEIN. Acto seguido, afirmó que las economías de sus ciudades «se desmoronan». «Fábricas y comercios que cierran y vecinos que pierden su trabajo. Eso también se refleja en nuestras cuentas municipales, porque caen los ingresos mientras aumenta la demanda de servicios”, señaló. Passerini, además, se convirtió en el nuevo presidente del espacio.

A su turno, el rosarino Pablo Javkin mencionó: «No se pueden seguir municipalizando las responsabilidades mientras se centralizan los recursos a nivel nacional. Argentina no se puede seguir diciéndose federal y no incluir a las ciudades en un esquema de coparticipación. La Argentina va a ser federal desde las ciudades».

Más allá de la reunión formal, los alcaldes participaron el miércoles de «La Noche de los Intendentes», un encuentro anual organizado por la Red de Innovación Local (RIL), que reunió a más de 300 jefes comunales de todo el país junto a gobernadores, legisladores, empresarios y referentes de organizaciones civiles. Participaron, también, los mandatarios Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

En ese marco, el anfitrión Pullaro dejó un guiño a los intendentes, a quienes definió como «la principal trinchera que tiene la sociedad» y afirmó que los jefes provinciales sienten que la gente «no llega a fin de mes».

Durante los últimos meses, los jefes comunales ganaron protagonismo en la oposición a Javier Milei. Además del COFEIN, también hubo actividad en la Federación Argentina de Municipios (FAM), un sello que comanda el matancero Fernando Espinoza y que nuclea a líderes de todo el país, en su mayoría peronistas. Las penurias por la actualidad son compartidas por ambos espacios.

La siguiente movida de los intendentes será un desembarco en el Congreso durante la primera semana de junio, para participar de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados. Allí esperan acelerar con el proyecto para redistribuir el impuesto a los combustibles.

FUENTE: Ámbito

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Política

Milei defendió al diputado del Tesla Cybertruck y tildó como «argumento comunista» a las críticas

El Presidente argumentó que el legislador Manuel Quintar puede gastarse la plata «en lo que se le canta el culo».

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En medio de la polémica por la aparición del diputado libertario jujeño Manuel Quintar con una Tesla Cybertruck en las inmediaciones del Congreso y de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni, el presidente Javier Milei salió en defensa del legislador y volvió a cargar contra el periodismo.

“Ojalá yo pudiera comprarme uno, ¿cuál es el problema?”, sostuvo Milei durante una entrevista en el streaming oficialista Carajo, en referencia al vehículo valuado en alrededor de 250 mil dólares. El mandatario calificó como un “argumento comunista” las críticas dirigidas hacia Quintar por exhibir el lujoso automóvil.

Además, desmintió versiones sobre un supuesto enojo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con el legislador jujeño. “Lo llamé a Martín porque si había dicho eso me la iba a agarrar con él”, relató Milei. Según contó, Menem le respondió: “Ni en pedo, si el flaco se la compró con la propia, qué me importa”.

“Si el tipo se ganó honestamente la plata, que se la gaste en lo que quiera”, insistió el Presidente al respaldar al diputado libertario.

Durante la entrevista, Milei también reclamó que los periodistas sean considerados “personas políticamente expuestas” y estén obligados a presentar declaraciones patrimoniales. “Me gustaría que los periodistas presenten su patrimonio. A ver si están tan limpios”, lanzó.

El mandatario sostuvo que muchos comunicadores “mienten con políticos de fondo” y cuestionó el rol del periodismo en las denuncias públicas. “¿De qué sirve la disculpa si cuando llega es muy tarde? ¿Cómo reparás si le cagás la vida a un tipo?”, afirmó.

En otro tramo de la entrevista, Milei apuntó directamente contra distintos periodistas y mencionó especialmente a Débora Plager, a quien acusó de ser “cómplice de genocidio” por haber defendido la legalización del aborto durante el debate parlamentario.

“Ella y todos los pañuelitos verdes son cómplices de todos los muertos que hay por abortos”, expresó el jefe de Estado al recordar el caso de los fetos hallados en una clínica de Villa Ballester.

Antes de participar del streaming Carajo, Milei había brindado otra extensa entrevista en Neura. En ambas apariciones estuvo acompañado por figuras afines al oficialismo, entre ellos Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”, y el asesor económico Felipe Núñez.

El Presidente también cuestionó a sectores universitarios y a la izquierda por la reciente marcha universitaria. Según relató, durante la entrevista le comentaron que algunos rectores cobran “tres o cuatro veces” más que el propio mandatario.

Además, volvió a responsabilizar al kirchnerismo por la situación económica y previsional del país. “Nosotros consideramos que las jubilaciones tienen que ser más altas, pero el problema es que no tenemos la plata porque se la afanaron”, sostuvo.

Por último, Milei reveló que en una conversación con Elon Musk le pidió un vehículo Tesla para utilizar como auto presidencial, aunque el empresario no accedió. “No me dio pelota. Sabés lo que sería si lo pintamos de negro y andamos con eso. Ojalá yo pudiera comprarme uno”, bromeó.

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Política

ANMAT rechazó un producto contra la “mufa” en el Mundial y Sturzenegger cuestionó esa prohibición

Un producto de limpieza fue rechazado por la ANMAT y Sturzenegger cuestionó la decisión en redes.

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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) volvió a quedar en el centro de la polémica luego de rechazar la autorización de un producto de limpieza que prometía combatir la “mufa”, una idea popular muy instalada en la cultura futbolera argentina.

El caso se volvió viral tras la intervención del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien cuestionó duramente el accionar del organismo y encendió el debate en redes sociales.

Qué pasó con el producto “anti-mufa”

La ANMAT decidió no aprobar el lanzamiento de un desodorante de ambiente de la marca Poett, que buscaba comercializarse como edición especial para el Mundial 2026 bajo el nombre “Anti-Mufa”.

Según el organismo, la empresa responsable no presentó evidencia científica que demostrara que el producto pudiera “espantar la mala suerte”, una propiedad que formaba parte central de su estrategia de marketing.

El producto estaba pensado como una edición limitada para aprovechar el clima mundialista y el vínculo cultural con las cábalas y supersticiones en torno a la Selección Argentina.

La reacción de Sturzenegger en redes sociales

El episodio se conoció públicamente a través de una publicación de Federico Sturzenegger en la red social X (ex Twitter), donde criticó con dureza la intervención del organismo regulador.
El funcionario calificó la situación como un ejemplo de exceso burocrático y apuntó contra lo que considera regulaciones innecesarias dentro del Estado.

 

Su mensaje rápidamente se viralizó y generó una fuerte discusión entre usuarios, con opiniones divididas entre quienes defendieron el rol de control sanitario de la ANMAT y quienes respaldaron la postura del ministro.
Según explicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado en su cuenta de X, el organismo emitió un informe desaconsejando la aprobación de un producto llamado Poett Anti-Mufa, al considerar que la empresa no presentó evidencia científica que demostrara sus supuestas propiedades para “espantar la mala suerte”.

El aerosol iba a formar parte de una campaña publicitaria vinculada al clima futbolero de cara a la próxima Copa del Mundo.

El descargo de Federico Sturzenegger contra ANMAT

La reacción de Sturzenegger no tardó en generar repercusión en redes sociales. “EL ESTADO ES EL MAL EN ESTADO PURO II”, escribió el funcionario al compartir el episodio, cuestionando que empleados del organismo hayan destinado tiempo a evaluar si un producto podía combatir efectivamente la “mufa”.

Desde el entorno del ministro sostuvieron que el caso refleja una “sobrerregulación” burocrática alejada de los problemas sanitarios prioritarios.

La situación volvió a colocar bajo debate el funcionamiento de la ANMAT, organismo que ya había sido cuestionado previamente por el Gobierno nacional. Durante 2025, el propio Sturzenegger celebró la eliminación de decenas de trámites administrativos dentro del ente regulador y aseguró que muchas exigencias resultaban insólitas. “Para tener mejor salud necesitamos reducir los costos burocráticos del sistema”, había afirmado.

Por qué la ANMAT rechazó el producto

Desde el organismo explicaron que todo producto de limpieza o desinfección debe respaldar con pruebas técnicas y científicas las afirmaciones que figuran en su etiquetado o publicidad.

En este caso, la denominación “anti-mufa” fue considerada una promesa sin sustento verificable, por lo que no cumplía con los criterios exigidos para su aprobación.
Actualmente, la conducción de la ANMAT está a cargo de Luis Fontana, quien asumió en enero de 2026 tras la salida de Agustina Bisio. Su designación fue oficializada mediante un decreto firmado por Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones.

La marca Poett pertenece al Grupo Ayudín, empresa que en 2024 adquirió las operaciones de The Clorox Company en Argentina, Uruguay y Paraguay. La compañía fabrica sus aerosoles en una planta ubicada en Chimbas, desde donde abastece tanto al mercado local como a distintos países de América Latina y Asia-Pacífico.   /Radio Mitre

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