La convocatoria para la mañana de este viernes de la comisión de Transporte del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán no prosperó y se suspendió la reunión que busca definir mayores certezas respecto a la futura suba del precio del boleto de colectivo.
De los cinco integrantes de la comisión, sólo estuvieron presentes dos: José Luis Coronel (presidente de la comisión) y Ernesto Nagle.
«Estamos esperando el informe del municipio (estudio de costos) y no ha llegado aún y hemos pedido una reunión de comisión para el lunes», explicó Nagle.
Consultado respecto a la prolongación en la decisión de avanzar con un incremento en el boleto, el edil capitalino señaló que «son los tiempos que tienen que tomarse. Son temas que requieren una gran responsabilidad de decisión. Hoy faltaría esto nada más, que el Departamento Ejecutivo haga este aporte para tomar una decisión».
El Gobierno dio de baja esta semana más de 900 servicios que prestaba elInstituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en el marco de los recortes que se vienen aplicando al organismo desde 2024. La medida fue formalizada por la Resolución 42/2026, publicada en el Boletín Oficial, y según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, responde a una “baja demanda”.
La resolución suprimió casi 1000 prestaciones vinculadas, principalmente, a ensayos microbiológicos fundamentales para la seguridad alimentaria (detección de Salmonella, E. coli, Listeria) y al control de contaminantes como micotoxinas; al análisis de calidad de agua y efluentes (potabilidad, metales, compuestos orgánicos); a servicios de metrología y calibración de instrumentos (termómetros, prensas, equipos electrónicos); y a ensayos para la industria en áreas como materiales de construcción, seguridad eléctrica y electrónica, control de combustibles (naftas, gasoil) y pruebas sobre componentes de seguridad en transporte (ascensores, automotriz).
Desde el INTI señalaron que estos ensayos dados de baja eran capacidades que además se empleaban en procesos más complejos, como la asistencia técnica, el desarrollo de productos y la ayuda para que empresas accedan a mercados externos.
La versión preliminar de la resolución que circuló antes de su publicación oficial generó fuerte rechazo sindical y movilizaciones en los alrededores del predio del INTI en Villa Martelli. Los gremios y trabajadores expresaron su malestar y advirtieron sobre el impacto laboral y técnico de la medida.
El texto oficial argumenta que “una gran cantidad de servicios desarrollados no tuvieron demanda efectiva, o poseen oferta privada”, lo que implicaría un uso subóptimo de recursos estatales al mantener prestaciones que no son requeridas o que pueden proveer empresas privadas.
Empleados del INTI, en diálogo con La Nación, sostienen que desde la asunción del presidente Javier Milei hay una intención de reducir y redefinir el rol del organismo —que califican como un desmantelamiento— lo que podría justificar despidos y retiros voluntarios dentro de una política de reducción del Estado. Según esas fuentes, la resolución podría implicar más de 700 despidos.
La explicación de Sturzenegger
Horas después de la publicación, Sturzenegger defendió la medida afirmando que muchos de los servicios “no tenían suficiente demanda” y que eran prestaciones que puede ofrecer el sector privado. Según el ministro, varios servicios no revestían la condición de bienes públicos ni tenían especificidad técnica particular; describió ejemplos como pruebas de durabilidad de productos que, en su visión, podrían realizar empresas del mercado.
Sturzenegger sostuvo que el INTI ofrecía algunos servicios a precios muy bajos, lo que implicaba un subsidio indirecto de los contribuyentes a ciertas empresas. Como ejemplo mencionó el control de expendio de surtidores de combustibles, donde dijo que “un 12% de la planta del instituto hacía ese test” y que los costos asociados (viáticos, transporte) convertían a ese servicio en un beneficio para las petroleras financiado por el Estado.
El ministro argumentó que la medida libera actividad para el sector privado y evita que clientes queden “atrapados” en el INTI por falta de alternativas privadas, situación que, según él, limitaba el desarrollo del mercado.
Recortes
El INTI cuenta actualmente con aproximadamente 2300 empleados y más de 250 reparticiones, frente a los 3100 trabajadores que tenía en 2023. El Gobierno señaló que cerca del 20% de los departamentos del organismo cumplen funciones que califica como “puramente administrativas” y por esa razón impulsó recortes.
En 2025 la administración intentó transformar al INTI en una dirección dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, lo que habría implicado la pérdida de su autonomía y autarquía financiera, así como la disminución del carácter federal del organismo. Esa iniciativa fue revertida por la Justicia.
Ante la medida vigente, se convocó a una conferencia de prensa de trabajadores del INTI, con la participación de personalidades del ámbito de la ciencia, la educación y representantes políticos y sindicales, prevista para el martes 21 de abril a las 10.
La eliminación de servicios por parte del Estado plantea un debate sobre la definición de funciones estatales estratégicas frente a la provisión privada de determinados ensayos y calibraciones. En ese marco, la resolución y las reacciones que generó ponen en evidencia las tensiones entre eficiencia administrativa, protección del empleo y mantenimiento de capacidades técnicas en organismos públicos con impacto sobre salud pública, producción y comercio.
Desplegaron a 2.500 policías en escuelas y colegios de Tucumán por las amenazas de tiroteo
Girvau confirmó que están afectadas todas las unidades regionales de la provincia. “Esto es innecesario porque podríamos estar en otros lugares, pero los estudiantes están cometiendo un delito”, sostuvo.
El jefe de Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, confirmó que se desplegaron 2.500 efectivos en establecimientos educativos de toda la provincia tras las amenazas de tiroteos registradas en distintos colegios, en un contexto que también se replicó en otras provincias y que estaría vinculado a un supuesto reto viral en redes sociales.
Según explicó el funcionario, participan del operativo las cinco unidades regionales, con personal de Infantería, el Grupo Cero y la división motorizada. “Estamos reforzando los controles en los establecimientos educativos. Queremos llevarle tranquilidad al alumnado y que se terminen las amenazas. Que sepan que están cometiendo un delito y que es algo serio”, señaló en declaraciones al informativo La mañana empieza aquí, de LG Play.
Girvau advirtió que las amenazas constituyen un delito y aseguró que la Policía continuará recorriendo escuelas y colegios si es necesario. “El alumno tiene que ir a estudiar y el que haga amenazas terminará detenido”, afirmó, y agregó que los padres deben hacerse responsables por la conducta de sus hijos.
Por su parte, el gobernador Osvaldo Jaldo manifestó su preocupación por los episodios registrados durante la semana y confirmó que hasta la noche del jueves se contabilizaban al menos 15 denuncias en distintas instituciones educativas. “Decir que puede haber tiros es una amenaza, y eso es un delito. Y a los delitos les tiene que caer todo el peso de la ley”, sostuvo en declaraciones a La Gaceta.
El mandatario también señaló que los padres deben asumir responsabilidades, que los docentes deben acompañar y que el Gobierno debe “poner límites” frente a la situación que atraviesan los establecimientos educativos.
En ese marco, el miércoles Jaldo firmó el Decreto N° 772/7 del Ministerio de Seguridad, que instruye a la cartera que conduce Eugenio Agüero Gamboa y a la Policía a intensificar acciones preventivas, de disuasión e intervención dentro y fuera de las escuelas.
La normativa contempla además la expulsión y aprehensión de alumnos involucrados, con eventual traslado al Instituto Padre Brochero, en Benjamín Paz. También establece la responsabilidad de padres y tutores por la conducta de los menores y advierte que las instituciones podrían perder subsidios si no garantizan el cuidado de los estudiantes.
Trasladaron a 21 detenidos al penal de Villa Urquiza
Los internos, todos con sentencia definitiva, estaban alojados en dependencias de la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos
El operativo de traslado desde la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos hacia el Penal de Villa Urquiza se realizó con el objetivo de garantizar que internos con condena firme continúen cumpliendo su pena y reciban el tratamiento penitenciario correspondiente.
Los internos, todos con sentencia definitiva, estaban alojados en dependencias de la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos y fueron trasladados al Penal de Villa Urquiza, donde continuarán cumpliendo sus condenas y accediendo a los programas y tratamientos previstos por la normativa aplicable.
Participación de los organismos y personal a cargo
El operativo estuvo a cargo del personal de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Capital, bajo la conducción de su director, el comisario inspector Diego Bernachi, acompañado por efectivos del Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones (CERO). A su arribo al penal, los internos fueron recibidos por el director del complejo, subalcaide Alfredo Medina, junto con la guardia del establecimiento.
Objetivos institucionales y declaraciones
El subalcaide Alfredo Medina señaló que el traslado se enmarca en una continuidad de movimientos hacia distintos penales de la provincia, dispuestos por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa. En sus palabras: “Recibimos a 21 internos que son de alcaidías de Investigaciones y comisarías con la finalidad de cumplir con la Ley 24.660, son internos penados y procedemos, desde el momento que ingresan acá, con el tratamiento y de esa manera descongestionar las distintas dependencias policiales”.
Por su parte, el comisario inspector Diego Bernachi explicó que el operativo fue supervisado por su dirección y se desarrolló conforme a las directivas de la Jefatura de Policía y del Ministerio de Seguridad: “Siguiendo las directivas de Jefatura de Policía y el Ministerio de Seguridad continuamos con el traslado de detenidos, en este caso, de la Dirección de Investigaciones y de las comisarías. Este operativo está diagramado con el resguardo que corresponde por parte del CERO que los escoltan hasta el penal”.
Impacto y finalidad
La medida busca, además de asegurar el cumplimiento de penas conforme a la Ley 24.660, aliviar la ocupación en alcaidías y comisarías, permitiendo que las fuerzas policiales concentren sus recursos en tareas operativas y administrativas. El traslado implica la continuidad de los procesos de tratamiento para los internos desde su ingreso al penal.
