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Política

Aceptan a “amicus curiae” en la causa por presunto espionaje a familiares de víctimas del ARA San Juan

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El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el jurista Alberto Binder podrán aportar sus experiencias, conocimientos y especializaciones para un mejor fallo de la Cámara de Casación.

El submarino ARA San Juan.
El submarino ARA San Juan.

La Cámara Federal de Casación Penal aceptó al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y al jurista Alberto Binder como “amicus curiae” en la causa en la que se investigan el supuesto espionaje ilegal a familiares de víctimas del ARA San Juan.

En ese expediente la Casación debe revisar el sobreseimiento del ex presidente Mauricio Macri y de las máximas autoridades de la AFI durante su gobierno.

Los camaristas Ángela Ledesma y Mariano Borinsky admitieron en esa calidad de “amigos del tribunal” a Paula Litvachky, por sí misma y como directora ejecutiva del CELS, y a Binder, un reconocido jurista que además es presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y docente universitario e investigador.

Ambos –sostiene la resolución- “brindaron consideraciones acerca del objeto procesal de las presentes actuaciones, como también, del interés sobre la cuestión debatida, aportando argumentos jurídicos sobre el asunto que se debate”.

“Toda vez que los presentantes han aportado argumentos jurídicos acerca de la cuestión que se examina en las presentes actuaciones, expresando su competencia en la materia que es objeto del recurso de casación que viene a estudio en esta instancia, corresponde tenerlos por presentados en el carácter de amicus curiae”, coincidieron los camaristas.

El tercer integrante del tribunal, Guillermo Yacobucci, se pronunció en contra.

El ex presidente Macri había sido procesado en primera instancia por el juez federal subrogante de Dolores Martín Bava por actividades de inteligencia ilegal sobre familiares de víctimas del submarino en reuniones, misas de recordación y manifestaciones en reclamo de justicia.

Pero la Cámara Federal porteña revocó esa medida y sobreseyó al ex jefe del Estado entendiendo que las actividades que se reputaban como ilegales eran, en realidad, medidas de seguridad propias de su investidura presidencial.

Las querellas apelaron ese fallo.

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Política

El Gobierno presentó un per saltum y pidió a la Corte Suprema frenar la cautelar sobre la reforma laboral

La Procuración del Tesoro solicitó la intervención directa del máximo tribunal y cuestionó el fallo que suspendió artículos clave de la Ley 27.802. También apuntó contra la legitimidad de la CGT.

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La Procuración del Tesoro presentó este jueves un recurso extraordinario de per saltum ante la Corte Suprema para que intervenga sin pasar por instancias previas y revierta la suspensión de artículos de la reforma laboral. La ofensiva busca dejar sin efecto la cautelar dictada por la Justicia laboral.

Además, pidió que el máximo tribunal revoque la sentencia al considerar que fue dictada por un juez incompetente y que no existe un caso judicial válido ni legitimación activa colectiva.

El conflicto se originó a partir de una acción presentada por la CGT, que solicitó la inconstitucionalidad y la suspensión cautelar de varios artículos de la norma. Según la central obrera, los cambios introducidos afectan derechos como la protección del trabajo, la progresividad de los derechos sociales, la libertad sindical y el acceso a la Justicia.

El juez Raúl Horacio Ojeda hizo lugar a ese pedido y dispuso la suspensión con alcance general de los artículos cuestionados.

Los argumentos del Gobierno

Frente a esto, la Procuración sostuvo que la CGT no acreditó un caso concreto ni un perjuicio específico, sino que basó su planteo en argumentos abstractos y generales. También afirmó que la central carece de legitimación suficiente para representar a todos los trabajadores del país y que el juez omitió analizar la representación sindical conforme a la normativa vigente.

El organismo remarcó que se trata de una causa de competencia federal, ya que el Estado Nacional es parte y la resolución tiene efectos en todo el país. En ese sentido, recordó que se planteó una inhibitoria ante el fuero Contencioso Administrativo Federal.

El 10 de abril, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 aceptó ese planteo y reclamó el expediente, aunque hasta el momento no se dictó una resolución que revierta la suspensión dispuesta por el juzgado laboral.

En su presentación, la Procuración calificó la situación como de “gravedad institucional”, al advertir que la suspensión de una ley nacional por parte de un tribunal inferior implica un avance sobre las atribuciones del Congreso y pone en riesgo la división de poderes.

El escrito también invocó precedentes de la Corte Suprema para sostener que ningún juez puede suspender una ley con efectos erga omnes, es decir, con alcance general para toda la sociedad.

Según el organismo, la medida genera un “perjuicio irreparable” al introducir incertidumbre sobre la vigencia de la norma, afectando la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria para empleadores y trabajadores. Incluso advirtió que, de consolidarse este criterio, cualquier juez podría frenar leyes nacionales, con impacto en el sistema normativo.

Entre las objeciones, la Procuración cuestionó la falta de análisis concreto sobre los artículos suspendidos, señaló que la cautelar coincide con el objeto principal del proceso —lo que estaría prohibido— y sostuvo que el juez excedió el pedido original de la CGT al incluir artículos no reclamados.

Finalmente, concluyó que la única vía eficaz para revertir la situación es la intervención urgente de la Corte Suprema mediante el per saltum. Por eso, solicitó que se suspendan los efectos del fallo cuestionado y se restituya la plena vigencia de la Ley 27.802 mientras se tramita el recurso extraordinario.

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«No vamos a seguir tolerando este tipo de acciones de los estudiantes»

El gobernador también planteó un abordaje integral de la situación: “Los padres tienen que hacerse cargo, los docentes acompañar y el Gobierno poner límites”.

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El gobernador Osvaldo Jaldo, advirtió que ante la proliferación de amenazas de tiroteos en escuelas de la provincia «se aplicará en un 100% el Decreto que firmó esta semana, reclamó medidas firmes pero planteó un abordaje integral de la situación.

En diálogo con La Gaceta, el jefe de Estado provincial manifestó: “No vamos a seguir tolerando este tipo de acciones de parte de los estudiantes; hay que ponerles límites a los chicos y eso es aplicar el 100% del decreto del Poder Ejecutivo”, afirmó Jaldo ante la andanada de amenazas de tiroteos mediante pintadas en establecimientos escolares de la provincia.

«Es un delito»

En ese sentido el titular del PE aseguró: “Lo que están haciendo los chicos es un delito: decir que puede haber tiros es una amenaza, y eso es un delito. Y a los delitos les tiene que caer todo el peso de la ley”, sostuvo, al tiempo que remarcó que la normativa recientemente firmada refuerza ese criterio.

Recordemos que el Gobernador firmó el miércoles el Decreto N° 772/7 del Ministerio de Seguridad, que instruye a la cartera que conduce Eugenio Agüero Gamboa y a la Policía a intensificar acciones preventivas, de disuasión e intervención dentro y fuera de las escuelas.

La normativa también contempla la expulsión y aprehensión de alumnos involucrados en estos hechos, con eventual traslado al Instituto Padre Brochero, en Benjamín Paz. Además, establece la responsabilidad de padres y tutores por la conducta de los menores y advierte que las instituciones podrían perder subsidios si no garantizan el cuidado de los estudiantes.

“Lo que no se puede permitir es que los chicos sigan haciendo amenazas y generen preocupación en los padres y complicaciones en la vida educativa”

Jaldo planteó un abordaje integral: “Los padres tienen que hacerse cargo, los docentes acompañar y el Gobierno poner límites”. Y agregó: “No se puede seguir haciendo la vista gorda a la problemática que están viviendo los establecimientos educativos en Tucumán”, sostuvo.

Si bien consideró válido el trabajo de los gabinetes pedagógicos interdisciplinarios, fue crítico sobre su efectividad: “Todas las medidas de contención son importantes, pero hay que ver cómo se venía trabajando. Claramente no está funcionando”.

15 denuncias

Según precisó Jaldo, hasta el momento se registraron al menos 15 denuncias en diferentes instituciones de la provincia con pintadas amenazantes en los baños de dichos establecimientos.

“Los responsables tienen que ser juzgados por la Justicia y llevados a Cura Brochero. Y los docentes, si no denuncian, se convierten en cómplices. Tenemos que darle un corte a todo esto”, enfatizó el titular del Poder Ejecutivo.

Jaldo insistió en que el problema excede a la provincia, pero subrayó la responsabilidad local. “Lo que estamos viviendo en los establecimientos educativos excede los límites de Tucumán, pero como autoridades provinciales nos tenemos que preocupar por lo que pasa aquí”, afirmó.

Sanciones disciplinarias

El gobernador también se refirió a un caso reciente en Yerba Buena, donde un alumno de 13 años confesó haber realizado una amenaza. “A pesar de que es menor de edad y aunque tenga problemas, el colegio tiene que evaluar la expulsión. De nada sirve que produzcan semejante revuelo y que todo quede en nada”, indicó.

Mayor presencia policial

Al concluir la entrevista, el Primer Mandatario adelantó que se reforzará la presencia policial en las escuelas donde se detectaron amenazas, especialmente en aquellas consideradas de mayor riesgo. Incluso, señaló que los uniformados podrían recorrer los establecimientos junto a las autoridades educativas para prevenir nuevos episodios.

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Jaldo, Acevedo y Chahla dialogaron sobre el desarrollo de obras comunitarias

Analizaron la concreción de obras comunitarias de acuerdo al trabajo mancomunado entre la provincia y la ciudad para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

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El gobernador, Osvaldo Jaldo, se reunió en Casa de Gobierno con el vicegobernador, Miguel Acevedo y la intendente de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla.

Durante el encuentro, las autoridades provinciales y municipales dialogaron sobre el desarrollo de obras para mejorar la calidad de vida de los vecinos capitalinos, entre las que se destacó el próximo inicio de obras de un sistema de desagües para el Barrio 360 Viviendas, entre otras infraestructuras que posibilitarán asegurar el normal escurrimiento de las aguas.

A la vez, valoraron como positivas las gestiones impulsadas por la provincia ante Nación que posibilitaron la adjudicación de obras de agua potable por una inversión de $180.000 millones para la concreción del nuevo acueducto de Vipos que abastecerá a 250.000 tucumanos de San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo, Villa Carmela, entre otras localidades.

Asimismo, analizaron la concreción de otras obras comunitarias de acuerdo al trabajo mancomunado entre la provincia y la ciudad.

FUENTE: Comunicación Tucumán

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