La paralización de obras financiadas por la Nación continúa impactando en Tucumán. Ahora, el proyecto de intervención urbana previsto para un tramo del Canal Sur, entre las avenidas Roca e Independencia, quedó oficialmente encaminado hacia su cancelación definitiva luego de que el Tribunal de Cuentas avalara los trámites para rescindir el contrato por falta de financiamiento federal.

La decisión quedó plasmada en el acuerdo N° 1.969 del Tribunal de Cuentas, emitido la semana pasada, que otorgó conformidad al proceso administrativo iniciado para dejar sin efecto la ejecución de una obra incluida originalmente en el programa nacional “Argentina Hace II”, impulsado durante la presidencia de Alberto Fernández con el objetivo de generar empleo y dinamizar las economías locales mediante inversiones en infraestructura.

Aunque el proyecto dependía de la Dirección Nacional de Gestión de Obras, mediante un convenio específico se había autorizado la participación del Ente de Infraestructura Comunitaria (EIC) de Tucumán, organismo que suscribió el contrato con la empresa Cedro Construcciones SRL para llevar adelante los trabajos.

Las tareas comenzaron en julio de 2021 y avanzaron durante los primeros meses. Sin embargo, con el paso del tiempo la ejecución perdió ritmo hasta quedar completamente detenida. Fuentes de la Casa de Gobierno indicaron que la interrupción estuvo directamente vinculada a la ausencia de recursos provenientes de la Nación.

El emprendimiento tenía originalmente un plazo de ejecución de seis meses, aunque posteriormente recibió diversas prórrogas. No obstante, incluso antes de la finalización de la gestión nacional anterior, los trabajos ya se encontraban paralizados.

Según estimaciones oficiales, el presupuesto inicial rondaba los $ 26 millones, aunque fuentes del Gobierno provincial calculan que, actualizada a valores actuales, la inversión necesaria para completar el proyecto podría acercarse a los $ 300 millones.

De acuerdo con la descripción oficial incluida en el Mapa de Inversiones en Obras Públicas de la Nación, la intervención buscaba transformar un sector urbano donde el Canal Sur funciona como límite entre dos áreas con características ambientales diferentes. El proyecto contemplaba tareas de limpieza y acondicionamiento del terreno, movimientos de suelo, colocación de césped, construcción de veredas perimetrales, instalación de alumbrado público con farolas, ejecución de puestos de medición y encendido eléctrico, señalización, cartelería y trabajos de parquización.

Además, se proyectaba incorporar equipamiento urbano destinado al uso comunitario, entre ellos una pista de salud, bancos, mesas y cestos de residuos para mejorar la gestión ambiental y el aprovechamiento del espacio público.

Por el momento, el Gobierno provincial no prevé asumir con recursos propios la continuidad de la obra. Desde la administración tucumana explicaron que las inversiones que actualmente se realizan en el Canal Sur, a través de la Dirección Provincial del Agua, están enfocadas exclusivamente en obras estructurales vinculadas a la reparación de la losa y de las paredes del conducto. En consecuencia, la intervención urbana quedará inconclusa por tiempo indeterminado.

La situación se suma a otros proyectos estratégicos que también permanecen paralizados por la falta de financiamiento nacional, pese al diálogo institucional que mantienen el gobernador Osvaldo Jaldo y la administración del presidente Javier Milei.

La preocupación por el futuro de estas obras llegó incluso al Congreso Nacional. Los diputados tucumanos del bloque Independencia, Gladys Medina, Elia Fernández y Javier Noguera, presentaron iniciativas reclamando la reactivación de distintos emprendimientos actualmente detenidos, entre ellos la obra del Acceso Sur a San Miguel de Tucumán, cuya contratista, Conorvial SA, negocia la rescisión contractual con la Dirección Nacional de Vialidad, y las plantas depuradoras de líquidos cloacales de Concepción y Aguilares.

Sin embargo, hasta el momento no existen novedades concretas respecto de la continuidad de esos proyectos. En la Casa de Gobierno admiten que la preocupación crece ante la posibilidad de que algunas de estas inversiones sean canceladas definitivamente, especialmente el Acceso Sur a la Capital, considerado uno de los corredores más importantes y transitados de la Ruta Nacional 9 en territorio tucumano.

A pesar del escenario de incertidumbre, el tema continúa formando parte de la agenda política. Según trascendió, la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación invitó al ministro de Obras Públicas de Tucumán, Marcelo Nazur, a participar de una reunión prevista para el próximo 9 de junio a las 11. La convocatoria, impulsada por legisladores alineados con el oficialismo provincial, permitirá al funcionario exponer el estado de las obras paralizadas en Tucumán y plantear la problemática generada por la interrupción de los fondos federales.

Hay dos distritos en Tucumán donde el índice de pobreza multidimensional extrema llega a 45,8% de los hogares. Se trata de Graneros y Burruyacú, dos departamentos del sur y el norte profundo de la provincia, respectivamente, que el informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina para la Fundación La Nación coloca en el tope de la vulnerabilidad tucumana.

Ese número -45,8 sobre una escala de 100- no habla de cuánto dinero tiene una familia para comprar comida. Habla de la calidad constructiva del techo bajo el que duerme, del baño que no tiene, del agua que no llega, del chico que no va a la escuela, del jefe de hogar que no tiene trabajo.

El estudio, realizado en exclusiva para La Nación y basado en una combinación inédita de datos del Censo 2022 y la Encuesta de la Deuda Social Argentina de 2023, construye un índice de 11 variables para radiografiar la pobreza estructural en cada departamento del país. El resultado para Tucumán es contundente: con 505.542 hogares relevados y un índice provincial de 38,1, la provincia supera ampliamente al AMBA (29,9), a la región pampeana (30,0) y a la Patagonia (29,6). Solo el NOA en su conjunto, con 39,5, y el NEA, con 38,1, se ubican en un rango por encima del tucumano. En el norte, el mapa de la desigualdad tiñe sistemáticamente de naranja oscuro.

El índice calculado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA combina once indicadores censales vinculados a la vivienda, servicios básicos, educación, empleo y la vulnerabilidad asociada a la infancia. Se expresa en una escala de 0 a 100, donde a mayor número, mayor vulnerabilidad socioeconómica.

Detrás de Graneros y Burruyacú, empatados en 45,8, viene Trancas con 45,2, Simoca con 44,9 y La Cocha con 44,4. Cruz Alta, que con sus 61.872 hogares es el departamento más poblado del interior tucumano, marca 43,7. Famaillá llega a 43,0 y Leales a 42,4. Tafí del Valle, que en el imaginario colectivo aparece asociado al turismo y a las clases medias que escapan del calor capitalino, no escapa a la lógica regional: su índice es de 41,9 sobre 7.092 hogares, muchos de ellos comunidades de altura sin acceso a servicios básicos. Río Chico registra 41,6; Lules, 40,7; Chicligasta, 40,6; Alberdi, 40,9. Monteros cierra este bloque crítico con 39,8.

La ruptura se produce recién al llegar a Tafí Viejo, con 39,0 sobre 47.933 hogares, y se profundiza en los dos únicos departamentos que quedan por debajo del promedio nacional de 32: Capital, con 33,2 y la mayor base de hogares de toda la provincia -185.937-, y Yerba Buena, con 32,1 y 29.624 hogares. Son los dos departamentos del Gran San Miguel de Tucumán donde se concentra la clase media urbana, los servicios, la infraestructura consolidada. Su peso demográfico arrastra hacia abajo el promedio provincial, pero no alcanza para compensar la magnitud del problema en los trece departamentos que superan el 40.

La relevancia política de este tipo de medición es inseparable de su metodología. El gobierno nacional de Javier Milei exhibe con orgullo una baja en la pobreza medida por ingresos: del 41,7% al inicio de su gestión a un 28% actual, según datos del Indec. Pero ese índice solo contempla zonas urbanas y mide la capacidad de los hogares para cubrir la canasta básica con dinero en el bolsillo. No llega a los parajes rurales. No registra si un chico va o no a la escuela, ni si la casa en la que vive tiene techo firme, ni si el agua que toma tiene arsénico. Como señaló en el informe la especialista Ianina Tuñón, responsable del Barómetro de la Deuda Social de la UCA, «no ir a la escuela deja una marca en el desarrollo infantil que es más difícil de revertir». /Tendencia de Noticias