En el marco de un fuerte plan de seguridad preventiva orientada a erradicar las carreras clandestinas de motocicletas, la Policía de Tucumán desplegó un masivo procedimiento en la ciudad de Famaillá que culminó con el secuestro de decenas de vehículos y múltiples personas sancionadas.

Durante los controles, las fuerzas de seguridad lograron interceptar e identificar a los participantes de estas maniobras peligrosas, por lo cual se retuvieron preventivamente 22 motocicletas y 2 automóviles por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito y 22 personas fueron identificadas e infraccionadas bajo las disposiciones del Código Procesal Penal de Tucumán.

«Este tipo de acciones buscan reafirmar el compromiso de la fuerza con la prevención, el orden público y la seguridad vial de todos los tucumanos», destacaron desde la cúpula policial.

A casi 20 años del asesinato de la docente Ángela Beatriz «Betty» Argañaraz, una de las causas criminales más conmocionantes de la historia de Tucumán volvió a cobrar impulso tras una impactante revelación de su hermana, Liliana Argañaraz, quien aseguró haber recibido información sobre el posible lugar donde estarían los restos de la maestra, desaparecida desde el 31 de julio de 2006.

Aunque en 2009 la Justicia condenó a Susana Acosta y Nélida Fernández a 20 años de prisión por el homicidio de Betty Argañaraz, el cuerpo de la docente nunca fue encontrado. Esa ausencia convirtió al expediente en uno de los primeros casos de la provincia con condena firme por homicidio sin la aparición del cadáver, pero para la familia la búsqueda nunca terminó.

En una extensa entrevista, Liliana Argañaraz sostuvo que durante estos años logró acceder a una información que considera de enorme importancia para esclarecer definitivamente el caso. Según relató, una persona le aseguró conocer dónde se encuentran los restos de su hermana, aunque el miedo le impide declarar formalmente ante la Justicia.

«Mi hermana está en algún lugar dentro del Colegio San Francisco«, afirmó Liliana, al revelar que esa versión le fue transmitida por un testigo que teme por su vida y que, por esa razón, se niega a brindar una declaración judicial.

La hermana de Betty explicó que incluso llegó a reunirse personalmente con esa persona para escuchar su relato. Describió ese encuentro como uno de los momentos de mayor tensión que vivió desde el crimen de la docente y aseguró que comprendió el temor del informante al percibir el nivel de miedo con el que hablaba del caso.

Pese a considerar que se trata de una pista concreta, lamentó que no haya encontrado respuestas por parte de las autoridades judiciales para profundizar esa línea de investigación. Según afirmó, durante los últimos años intentó comunicarse con integrantes del Ministerio Público Fiscal para transmitir la información y solicitar que se designara una fiscalía que continuara la búsqueda de los restos, pero aseguró que sus pedidos nunca prosperaron.

Liliana expresó que la familia siente que, una vez obtenidas las condenas en 2009, la investigación quedó prácticamente paralizada.

«Para la Justicia este caso sentó jurisprudencia porque hubo condena sin cuerpo, pero para nosotros Betty sigue desaparecida. Nosotros todavía no pudimos recuperarla», manifestó al explicar que el principal objetivo de la familia continúa siendo encontrar los restos para darle una sepultura.

La mujer también cuestionó el funcionamiento del sistema judicial y sostuvo que actualmente no existe una investigación activa destinada exclusivamente a localizar el cuerpo de la docente. En ese sentido, dijo sentir miedo e impotencia al no tener un ámbito institucional donde aportar nuevos datos.

Además, volvió a insistir con una hipótesis que mantiene desde hace años: que Susana Acosta y Nélida Fernández no actuaron solas.

A criterio de Liliana, resulta imposible que dos personas hayan logrado ocultar durante dos décadas el cuerpo de Betty sin recibir ayuda de terceros. Por ello, reiteró su convencimiento de que existieron cómplices que colaboraron en el encubrimiento del crimen y que todavía permanecen en silencio.

También expresó sus sospechas sobre la existencia de personas con influencia dentro de ámbitos institucionales y eclesiásticos que, según considera, nunca aportaron toda la información que conocían sobre lo ocurrido.

Para la familia, la falta de hallazgo de los restos representa la herida más profunda que dejó el crimen. Liliana afirmó que no busca revancha ni nuevas condenas, sino únicamente conocer toda la verdad y recuperar el cuerpo de su hermana para poder cerrar un duelo que lleva abierto dos décadas.

«Lo único que necesitamos como familia es recuperar sus restos, darle una cristiana sepultura y terminar con esta herida que sigue abierta desde hace 20 años», sostuvo.

Finalmente, renovó el pedido a la comunidad tucumana para que cualquier persona que posea información se anime a romper el silencio. Aseguró que todavía hay personas que conocen lo ocurrido y que el temor o los pactos de silencio han impedido avanzar en el esclarecimiento total del caso.

Al cumplirse dos décadas del asesinato de Betty Argañaraz, la familia insiste en que la condena de las responsables no alcanzó para hacer justicia mientras el cuerpo de la docente continúe desaparecido. Para Liliana, encontrar los restos es la única deuda pendiente de una causa que marcó para siempre la historia judicial de Tucumán y que, pese al paso del tiempo, sigue sin ofrecer una respuesta definitiva sobre el destino final de la maestra.

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Virginia Mercado comenzó a ser juzgada por el presunto encubrimiento relacionado con el crimen de Paulina Lebbos, ocurrido el 26 de febrero de 2006. La causa principal, que investiga quién mató a la joven, lleva más de veinte años sin una respuesta concluyente. El juicio que se inició se desprende de ese expediente mayor y cuestiona si la amiga de la víctima ocultó información que impidió el esclarecimiento del homicidio.

Según las declaraciones recabadas a lo largo de las investigaciones, Mercado fue quien compartió los últimos momentos conocidos con Paulina. Ambas habían estado en el boliche Gitana, en la zona de El Abasto, y luego tomaron un remise alrededor de las 6 desde la intersección de avenida Alem y pasaje Gutiérrez. La testigo describió el vehículo como de color bordó, sin poder precisar si se trató de un Fiat Duna o un Renault 9. Las dos mujeres se dirigieron al departamento de Mercado; ésta recuperó una mochila de Paulina, se la entregó y la vio partir. Paulina le dijo que iba a la casa de su pareja y padre de su hija, César Soto. Ese fue, en síntesis, el aporte más concreto que brindó Mercado a la causa durante los años.

Acusaciones y contradicciones

En 2019, ante contradicciones y omisiones en la declaración de Mercado, los jueces Carlos Caramutti, Rafael Macoritto y Dante Ibáñez ordenaron investigarla por falso testimonio y encubrimiento. En febrero de 2026 sus defensores alcanzaron un acuerdo con la fiscalía para un juicio abreviado en el que la acusada reconocería haber mentido y recibiría una pena de prisión condicional. Sin embargo, el juez Patricio Prado rechazó ese acuerdo. En su resolución, el magistrado cuestionó que la imputada admitiera culpabilidad sin poder recordar los hechos esenciales: “la imputada incurrió en respuestas evasivas y absoluta falta de precisión respecto de los extremos fácticos que constituyen el núcleo de la acusación”, señaló, y concluyó que la admisión de culpa era incompatible con la falta de recuerdo sobre las circunstancias del hecho. Por ese motivo se ordenó que el caso siguiera en un juicio oral.

En la audiencia inicial, presidida por el juez Eduardo Romero Lascano, dos decisiones procesales destacaron: se negó la posibilidad de que Alberto Lebbos, padre de la víctima, y su abogado, Juan Mussi, se constituyeran como querellantes porque el delito que se investiga es contra la administración pública y el Estado no asumió ese rol; y la imputada, amparándose en sus derechos, se negó a declarar y a responder preguntas.

Testificaron, presencialmente y por Zoom, quienes acompañaron a Paulina y a Virginia la madrugada del hecho: Gisella Remis, Diego Martín, Claudia Cequeira, Jimena Mercado (hermana de la acusada) y Alejandro Aramayo. Ninguno aportó datos que permitieran confirmar un encubrimiento o esclarecer qué ocurrió con la joven. Asimismo declaró el psicólogo Christian Raddi, quien expuso sobre los procesos de la memoria y las razones por las que las personas pueden olvidar o distorsionar recuerdos.

Finalizada la etapa de testimonios y de incorporación de pruebas, el juez dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes, cuando la fiscal Marta Jerez y el defensor Elías Abi Cheble presentarán los alegatos finales. Tras los alegatos, quedará en manos de Romero Lascano resolver el caso. Hasta el momento, no hay elementos que permitan prever una condena; de repetirse el desenlace de episodios anteriores, la causa podría culminar sin responsables por falta de pruebas, como ocurrió en otras etapas del expediente (por ejemplo, con la investigación contra Sergio Kaleñuk y con la absolución de César Soto).

Repercusiones humanas y dudas abiertas

Mercado admitió a principios de año no haber dicho la verdad, pero no explicó qué parte de sus declaraciones fue falsa ni a quién habría favorecido con ese ocultamiento. Sus allegados sostienen que buscó poner fin a un proceso que, según ella, le arruinó la vida y le generó problemas de salud. Por su parte, Alberto Lebbos mantiene la convicción de que existió un plan para ocultar la identidad del asesino y reclamó, de manera impugnada, que no se le permitió intervenir en la causa para aportar pruebas.

El lunes próximo el tribunal conocerá los alegatos y, con ello, se definirá si este juicio se suma a la larga lista de actos procesales que no condujeron al esclarecimiento definitivo del asesinato de Paulina Lebbos, o bien si aportará elementos suficientes para una decisión condenatoria. A 20 años y cinco meses del crimen, la pregunta que continúa sin respuesta es la misma: ¿quién es el asesino?