Un amplio operativo conjunto encabezado por Gendarmería Nacional permitió desarticular una red interprovincial dedicada a la distribución y venta al menudeo de estupefacientes que operaba entre las provincias de Salta y Santiago del Estero. La investigación, dirigida por el fiscal federal Eduardo Villalba, culminó con la captura del presunto cabecilla de la organización tras un exhaustivo trabajo de inteligencia que incluyó intervenciones telefónicas, cruces de datos, análisis de cámaras de seguridad y una audaz maniobra de infiltración encubierta.
El principal investigado, identificado bajo las siglas A.N., mantenía un riguroso perfil bajo para eludir a las fuerzas de seguridad. A lo largo del período investigado, el sospechoso concretó al menos cinco mudanzas sucesivas en distintas localidades, fijando su último refugio en una propiedad rural situada en San José de Metán, a unos 130 kilómetros al sur de la capital salteña.
La ruta de la cocaína: el nexo desde Orán hacia Santiago del Estero
Las pesquisas judiciales lograron reconstruir el circuito logístico implementado por la banda para abastecer los centros de venta en la región del NOA. De acuerdo con la causa, la sustancia ilícita era provista por un ciudadano de nacionalidad peruana conocido bajo el alias de «El Chino», quien operaba radicado en la ciudad norteña de San Ramón de la Nueva Orán.
Una vez recepcionados los cargamentos en la zona de frontera, la estructura criminal coordinaba el traslado de la cocaína hacia Salta Capital, desde donde se diagramaba la redistribución y el posterior envío de partidas fraccionadas hacia diferentes puntos de consumo y venta minorista en la provincia de Santiago del Estero.
El ardid clave: peones rurales que resultaron ser gendarmes
Pese a las estrictas medidas de seguridad que adoptaba para no dejar rastros, la caída del líder se precipitó a raíz de un insólito error de cálculo en su último escondite. En su afán por acondicionar la vivienda recién adquirida en la zona rural de Metán, A.N. decidió contratar a dos trabajadores rurales para desmalezar el terreno y abrir una vía de acceso hacia la propiedad.
Sin embargo, los hombres contratados eran en realidad efectivos de Gendarmería Nacional abocados a tareas de campo encubiertas. Al confirmar la presencia y ubicación exacta del prófugo en el predio, el fiscal Villalba libró de inmediato las órdenes de allanamiento. La fuerza de seguridad federal desplegó irrupciones simultáneas en cuatro domicilios vinculados a la organización, logrando la detención del sospechoso y el secuestro de documentación de vital importancia para la causa.