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Política

Milei avanza con la eliminación de Vialidad Nacional

La administración de Javier Milei planea reducir la estructura de Vialidad de 1500 cargos jerárquicos a solo 170 en el marco de una fuerte reestructuración estatal.

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En secreto y con pocas filtraciones, la administración del presidente Javier Milei prepara un decreto para modificar algunos organigramas dentro del Poder Ejecutivo. Uno de los puntos que tratará esa norma es la desaparición de Vialidad Nacional, así como también de la empresa estatal Corredores Viales y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Todo ese esquema pasará a conformar una agencia que tendrá injerencia sobre todas las rutas nacionales.

En el Gobierno de Javier Milei sostienen que hay mucha duplicidad de tareas entre los tres organismos. Se trata claro de una de las iniciativas que tiene origen en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que maneja Federico Sturzenegger.

En los pasillos de Vialidad, de la empresa pública y de la agencia descuentan que esto sucederá. De hecho, hay un número que se escucha y que aterra los jerarcas viales. Dicen que de más de mil jerárquicos que tiene el organismo quedarán 170. En las oficinas de la Casa Rosada y del ministerio que conduce Sturzenegger nadie quiere soltar prenda sobre los alcances de aquel decreto. “Está encuarentenado”, ilustró una alta fuente oficial que conoce el asunto.

El punto es que esa norma no sólo aplicará la “motosierra” en Vialidad, sino que abarcará decenas de áreas del Estado. “Falta; faltan un par de semanas, al menos”, explico una voz oficial al diario La Nación. Según cuentan algunas voces oficiosas, será una de las grandes medidas que coronará la gestión de Federico Sturzenegger antes de que a mediados de año, se terminen sus facultades extraordinarias.

¿Cómo será la fusión vial? En principio, lo más simple es el cambio de nombre. Vialidad desaparecerá y empezará a tener funciones una agencia, algo similar a lo que pasó con la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, un ente autárquico del Ministerio de Economía que fue creado el 6 de enero pasado. Entonces, se suprimió la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y se dispuso la disolución y posterior liquidación de Administración General de Puertos Sociedad Unipersonal. En este caso, son dos organismos y una sociedad, el camino será similar.

Actualmente, Vialidad es, por lejos, el hermano mayor de la fusión. Actualmente tiene 5304 empleados de los cuales más de 1500 son jerárquicos. La administración de Milei puso la lupa en ese mundo. Cuando el Presidente llegó a la Casa Rosada, ese organismo tenía 5703 trabajadores en su nómina, es decir, 400 más.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial cuenta con un plantel de 717 dependientes (eran 1049 en diciembre de 2023) y Corredores Viales, 3622, una plantilla que se redijo desde los 4136 que habían cuando terminó el mandato de Alberto Fernández. En total, se trata de alrededor de 10.000 empleados públicos cuyo destino empieza a ser una incógnita.

Privatizaciones

En estos días, el Gobierno nacional empezó con un proceso de privatización de la única ruta por peaje que está bajo la jurisdicción de Vialidad. Se trata del corredor mesopotámico que conforman las rutas 12, 14 y 172 y que une la zona de Zárate y Campana con Paso de los Libres, uno de los principales caminos del Mercosur. La concesión de la ruta se termina el 9 de abril y, según lo que trascendió, pasarán a manos del Estado hasta que se concrete el proceso de concesión que aún está lejos de terminar.

De acuerdo a cómo se ha planteado el tema, cuando terminen los días de Caminos del Río Uruguay (Crusa), la firma que desde los 90 está a cargo de los peajes y del mantenimiento de la vía troncal que es el principal corredor del Mercosur, quedarán despedidos 500 trabajadores quedarán. La sociedad que los emplea, la concesionaria, está en concurso de acreedores y todo indica que ese proceso terminará en quiebra. Por ahora, la ruta la va a operar el Estado a través de Vialidad, o del organismo se la suceda cuando se fusione con Corredores y con la Agencia.

Respecto de las otras rutas por peajes están dentro de Corredores Viales. De hecho, los planes que había en la sociedad del Estado para iniciar un proceso de privatización de todos los tramos se frenó hace tiempo cuando se supo que todo ese proceso sería encabezado por Vialidad. Desde entonces, todos los proyectos se quedaron en un cajón, a la espera de que suceda el traspaso de las rutas al organismo vial. Eso es lo que sucederá ahora con el decreto que se prepara.

Otro de los grandes interrogantes es quién ganará la pulseada para dirigir la nueva agencia. Las oficinas de Diagonal Sur, donde funciona Vialidad, tienen un jefe formal: Marcelo Jorge Campoy. Sin embargo, el verdadero número uno informal del lugar es Eduardo “Lule” Menem, uno de los hombres de poder más cercanos a la hermana del Presidente y secretaria general, Karina Milei. Seguramente de esas mesas saldrá la decisión respecto de quién será el responsable de semejante estructura.

FUENTE: diario panorama

Política

Emergencia Hídrica y del transporte público serán tratados en la próxima sesión

La Comisión de Obras Públicas dio dictamen a proyectos que consolidan leyes de emergencia y de declaración de interés legislativo al Encuentro Nacional de Cooperativas

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La Comisión de Obras Públicas de la Legislatura de Tucumán emitió dictamen favorable a diversos proyectos de ley que formarán parte de la actualización del Digesto Jurídico Provincial correspondiente al presente año, además de un proyecto de resolución.

La reunión fue encabezada por el presidente de la comisión, legislador Tulio Caponio, y contó con la participación de los parlamentarios Carlos Gómez, Eduardo Verón Guerra y Alberto Olea.

Al finalizar el encuentro, Caponio destacó la importancia del trabajo realizado: “Lo más relevante de la jornada fue el tratamiento de la consolidación de cuatro leyes de emergencia de la provincia, en el marco de la actualización del Digesto Jurídico de este año. Se trata de las emergencias hídrica, del transporte público, energética —vinculada a la red troncal de energía— y de obras públicas”.

Asimismo, la comisión aprobó un proyecto de resolución que declara de interés legislativo el Encuentro Nacional de Cooperativas de Agua Potable de la República Argentina, que se llevará a cabo los días 6 y 7 de julio del corriente año en la localidad de San Pedro de Colalao.

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Política

El Gobierno ofreció un aumento de 24% a las universidades a cambio de retirar la demanda

Los rectores consideraron la propuesta del Gobierno razonable, pero no hubo acuerdo. La denuncia la debe resolver la Corte Suprema.

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En una reunión de bajo perfil celebrada este lunes, el Gobierno y las universidades llegaron a un principio de acuerdo para avanzar con un aumento salarial del 24%, entre otros puntos. Sin embargo, las negociaciones fracasaron por una condición inapelable del Ejecutivo: que las casas de estudio retiren la demanda judicial que aguarda el fallo de la Corte Suprema.

En un territorio neutral para no captar la atención mediática, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvo un encuentro con rectores en representación del Consejo Interuniversitario Nacional para intentar destrabar el conflicto presupuestario que motorizó la última Marcha Federal el mes pasado.

Según confirmaron a TN fuentes de ambos sectores, la propuesta del Ejecutivo consistió en una recomposición salarial del 24,3% que abarca la pérdida durante parte de 2024, todo 2025 y el desfasaje de 2026 hasta mayo. El incremento se pagaría en dos partes: un 21,3% en junio y el 3% restante en octubre.

El acuerdo también incluía la conformación de una comisión técnica para trabajar en el periodo adeudado de 2024 y garantizar hacia adelante negociaciones paritarias cada tres meses.

La propuesta del Gobierno a las universidades y el punto que trabó las negociaciones

Además, el Gobierno ofreció un 50% de aumento para las becas Manuel Belgrano, un 20% de incremento para gastos de funcionamiento de las universidades y un fondo adicional de $50 mil millones para gastos de hospitales universitarios.

En paralelo, las universidades aguardan la convocatoria del Gobierno para acordar el nuevo criterio de distribución de la partida de más de $79 mil millones destinada a dichos hospitales, cuyo congelamiento había generado protestas y una advertencia de que podía peligrar la atención en los establecimientos por falta de presupuesto.

En diálogo con este medio, fuentes de la comunidad universitaria al tanto de las conversaciones consideraron que la propuesta del Ejecutivo es “razonable”. Sin embargo, la negociación se frustró con el pedido del Gobierno para que las casas de estudio retiren la demanda judicial que exige la ejecución de la Ley de Financiamiento sancionada por el Congreso.

La ley exige el cumplimiento de los aumentos en materia de salarios y becas dispuestos en la Ley de Financiamiento de acuerdo al IPC: una cifra que ronda los 2,5 billones de pesos y que, según el Ejecutivo, atenta contra el superávit fiscal.

La negativa de los rectores a retirar la demanda judicial

“Eso no va a suceder de ninguna manera. No estamos dispuestos a hacerlo y no es modificable esa situación. Condiciones para avanzar hay, pero la pelota está del lado del Gobierno”, insistieron en diálogo con TN los rectores universitarios.

Para las casas de estudio, la demanda opera como un resguardo que no están dispuestas a perder. A su vez, sostienen que no existe consenso en la comunidad universitaria para eso. En su lugar, ponen el énfasis en que la propuesta demuestra que el Gobierno cuenta con los recursos para solucionar el conflicto.

“Si hay voluntad de acordar, es bastante insólito que no lo hagamos. Hay condiciones para que eso ocurra”, subrayaron, con la expectativa de que el conflicto se resuelva esta semana.

Desde el Gobierno replicaron a TN que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) conducido por Franco Bartolacci no está dispuesto a ceder en el terreno judicial para no comprometer el apoyo de la comunidad y cuestionaron que eso “lleve a todos a un conflicto sin solución”. De ambos sectores insisten en que, para llegar a un acuerdo, el otro tendrá que dar el brazo a torcer.

FUENTE: TN

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Política

El Senado debatirá un proyecto para reorganizar la Cámara Federal de Tucumán

La iniciativa propone reorganizar la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán mediante la creación de dos salas.

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El Senado de la Nación tiene previsto tratar este jueves un proyecto que propone reorganizar la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán mediante la creación de dos salas, una iniciativa que busca optimizar el funcionamiento de la Justicia Federal en la provincia y en el norte argentino.

La senadora nacional Beatriz Ávila informó que la propuesta fue incorporada al temario de la sesión y cuenta con dictamen favorable de comisión, además del acompañamiento de distintos sectores políticos.

El texto que llegará al recinto surge de la unificación de proyectos presentados por Ávila y por la senadora Sandra Mendoza. La iniciativa contempla dividir la actual Cámara Federal en dos salas y habilitar la posibilidad de ampliar la integración del tribunal, incorporando un sexto magistrado a los cinco jueces que actualmente lo conforman.

Según se explicó, la eventual designación de un nuevo juez estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria y tendría como objetivo reforzar la estructura judicial encargada de revisar en segunda instancia las causas de competencia federal que se tramitan en la jurisdicción.

Durante la reunión de Labor Parlamentaria realizada este miércoles, la legisladora tucumana solicitó la inclusión del proyecto en el orden del día junto con el tratamiento de distintos pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en el ámbito de la Justicia Federal.

El debate se desarrolla en un contexto marcado por las discusiones en torno a la cobertura de cargos judiciales y la necesidad de fortalecer el funcionamiento de los tribunales federales. Desde los impulsores de la iniciativa sostienen que la creación de salas permitirá agilizar el tratamiento de expedientes y mejorar la respuesta del sistema judicial ante el incremento de causas que llegan a la segunda instancia.

De obtener la aprobación de la Cámara alta, el proyecto representará un paso importante en la reestructuración de la Justicia Federal con asiento en Tucumán y podría generar cambios en la organización interna del tribunal en los próximos años.

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