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Política

Liberaron a Grabois tras haber sido detenido por la toma del Instituto Perón

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró el accionar policial por haber actuado “con firmeza y eficacia”, y calificó al desalojo como un éxito.

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Después de haber permanecido detenido por unas doce horas aproximadamente, el dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, fue liberado durante la madrugada del domingo. El dirigente había ocupado junto a un grupo de activistas y diputados el edificio del Instituto Juan Domingo Perón, un centro de investigaciones históricas y de divulgación que el Gobierno anunció su cierre esta semana.

“Le agradezco mucho a Patricia Bullrich la posibilidad de esta experiencia de lo que pasa en una alcaldía. La forma en la que trabaja el personal de seguridad es inhumana. Trabajan en oficinas vetustas, sin calefacción, llenas de ratas. Estoy hablando de personal policial, no de los internos, que no los vi. No tienen sistema, es todo manual, computadoras del año 84. Son algunas de las cosas que cuando sea presidente voy a poder cambiar. Ayudar a que el personal no esté en los lugares denigrantes», expresó el dirigente social a la salida.

Además, Grabois aclaró: “No tengo una imputación específica. Hay una imputación genérica que le hacen a un número indeterminado de personas por la intrusión de un lugar, que lo que sucedió fue la permanencia pacífica de un conjunto de manifestantes que estábamos reclamando el derecho a la memoria histórica y que se deje de avsallar con la actitud dictatorial del gobierno de Milei, particularmente Pabtrica Bullrich que es una mujer muy perversa».

Durante el tiempo que estuvo detenido el referente de Argentina Humana, una multitud se acumuló en la puerta de la sede de la Superintendencia de Investigaciones Federales, en la calle Madariaga 6900, en Villa Riachuelo, para exigir su inmediata liberación.

Entre las personas reunidas estuvieron presentes los diputados Horacio PietragallaItai Hagman Natalia Zaracho; el senador bonaerense Federico Fagioli; los legisladores Federico Mochi, Juan Modarelli, Juan Manuel Valdez, y Leandro Santoro; y los dirigentes de La Campora, Leo Grosso, Daniel Catalano, y Lu Campora. También se sumaron los periodistas Alejandro Bercovich y Ángela Lerena.

Todo comenzó el sábado alrededor de las 14 horas, cuando un aproximado de 50 personas ingresaron en la sede del Instituto Juan Domingo Perón, ubicado en Austria 2601, en el barrio de Recoleta. Se trató de una toma organizada por Grabois, Hagman, Zaracho, Fagioli y la diputada provincia Lucía King, integrante del Frente Patria Grande, para reclamar por el cierre del edificio público anunciado por el Gobierno.

Según indicaron fuentes de la policía porteña a este medio, los militantes ingresaron a través del local gastronómico “Un café con Perón”, desde donde accedieron a una puerta interna que conectaría el bar con el centro de estudios. En el interior había al menos dos agentes de la Policía Federal (PFA) para custodiar esas dependencias, quienes habrían forcejado con ellos, y tuvieron que salir ante la protesta.

Desde los balcones, los militantes colgaron una bandera con las consignas “Si no podés elegir, no hay democracia” y “Defendamos nuestra historia”. Una vez concretada la toma, el dirigente anunció en redes sociales: “Hace minutos la juventud del movimiento nacional recuperó del odio gorila la antigua residencia de Perón y Evita donde funcionaba el instituto de estudios Juan Domingo Perón disuelto ilegalmente por el régimen de Milei”.

“Aquí los antecesores de este gobierno tiraron sus bombas asesinas hace 70 años y el gobierno estafador destruyó las estatuas de nuestros próceres hace 7 días”, agregó. No obstante, en un diálogo previo con Infobae explicó que se trataba de “un acto de presencia pacífica y de reafirmación del derecho de nuestro pueblo a su memoria histórica, no solamente de los peronistas, de los hijos de peronistas y de los nietos de peronistas, sino de cualquier ciudadano argentino o extranjero que quiera conocer su historia”.

“Acá había un museo, un lugar de homenaje permanente, como dicen las placas que todavía no sacaron. Varias ya las sacaron. Hicieron una cosa muy fea: pusieron una bolsa mortuoria en la estatua de Perón y Evita. Este era un lugar de referencia para gente de todas las ideologías y venían muchas personas de afuera” del país, finalizó.

Sin embargo, cerca de las 17, los agentes de infantería de la PFA avanzaron con el desalojo del edificio, mientras que un cuerpo de la Policía de la Ciudad estableció un perímetro en la zona. Durante el operativo, los uniformados federales lanzaron gas pimienta y, entre golpes y empujones, detuvieron a Juan Grabois, cuando se encontraba en la vereda.

“Meteme preso Milei, pero la bandera argentina no me la sacás”, compartió Grabois desde su cuenta personal en X (antes Twitter), en donde adjunto una fotografía suya mientras era trasladado en un camión de las fuerzas de seguridad.

Poco después de que el abogado del dirigente pudiera tomar contacto con él, informó que los militantes: “Están bien de salud, los pudimos ver. Lo que pasó fue que estuvieron muchísimo tiempo adentro del camión, con condiciones de detención complejas”.

«Es casi una privación ilegítima de la libertad. No hay ninguna prueba de lo que dice la ministra Patricia Bullrich, no privado de la libertad a ningún policía, había muchos compañeros y periodistas que lo vieron”, denunció el letrado, al sentenciar: “Hay una vocación política de atacar a Juan Grabois”.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró el accionar policial por haber actuado “con firmeza y eficacia”, y calificó al desalojo como un éxito. “Recuperamos un edificio tomado por militantes que se creían dueños del Estado. Se terminó el vale todo. Estamos haciendo lo que ningún gobierno hizo: detener al piquetero que promueve y ejecuta las usurpaciones”, reafirmó.

Para las 19.30, el jefe de la Policía Federal, comisario general Luis Alejandro Rolle, brindó una conferencia de prensa, en donde informó que “hay daños y lesiones a cuatro funcionarios policiales”. En concreto, indicó que el grupo “violentó una puerta” para ingresar al edificio y que retuvieron a los agentes “contra su voluntad”.

Política

Jaldo recordó que fue víctima de otros episodios vinculados al uso indebido de su identidad

Consultado sobre si alguien accedió a la información del teléfono, respondió: “No tuvo tiempo. La policía actuó rápido. Lo que me preocupa son los temas institucionales que tratamos con gobernadores y funcionarios nacionales, que requieren cierto nivel de reserva”.

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El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió, este viernes, al incidente ocurrido en La Cocha cuando le robaron el celular, luego de que lo saludara una mujer.

“Esto está en manos de la Justicia. Yo camino entre la gente, abrazo y me saco fotos. Claro que estamos expuestos”, afirmó, al referirse al momento del robo. Sin embargo, agregó: “No hay que descartar que esto esté inducido. Hemos tocado muchos intereses con decisiones que antes nadie se animó a tomar”.

Jaldo recordó que ya ha sido víctima de otros episodios vinculados al uso indebido de su identidad: “Me robaron la línea, me hackearon el celular, usaron mi nombre para importar mercadería. Incluso recibí amenazas de muerte”.

En cuanto al avance del Gobierno contra el delito, destacó: “Tenemos casi 30 condenados por narcomenudeo en un año y ocho meses. Este año ya secuestramos droga por el equivalente de todo 2024. Estamos tocando intereses».

El Mandatario dejó en claro que no piensa dar marcha atrás: “A este gobernador no lo van a hacer cambiar de rumbo. Le he ordenado al ministro de Seguridad y al jefe de Policía que profundicen todos los operativos”.

Sobre la mujer que robo el celular dijo que «se presentó con la policía para devolverme el teléfono. Dijo que lo encontró, que alguien se lo dio, y negó haberlo robado. Pero tenemos pruebas de que fue ella y creemos que no actuó sola”, afirmó Jaldo.

Jaldo fue enfático al reafirmar su estilo de gestión: “Voy a seguir recorriendo la provincia, como lo hice ayer en Tafí del Valle y en Trancas. La gente necesita un Estado presente, no gobernantes que solo se expresan por redes sociales. Con Twitter no se consigue trabajo ni se soluciona la vida de nadie”.

Finalmente, pidió dejar la investigación en manos de la Justicia. “La verdad va a salir a la luz. Si hay alguien detrás de este hecho, se va a saber. Yo no me voy a esconder ni a retroceder. A mí no me van a asustar”.

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Política

La fiscal Doz Costa cerró su alegato detallando sobreprecios y anticipos ilegales de corrupción en la UNT

Profundizó este jueves los alegatos del Ministerio Público, revelando lo que describió como una maniobra institucional planificada para desviar fondos públicos en perjuicio de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

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En una nueva jornada del juicio oral por las presuntas irregularidades en el uso de los fondos provenientes de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), la fiscal auxiliar Lucía Doz Costa profundizó este jueves los alegatos del Ministerio Público, revelando lo que describió como una maniobra institucional planificada para desviar fondos públicos en perjuicio de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

La acusación sostiene que los imputados —el ex rector Juan Alberto Cerisola, la ex directora de Construcciones Universitarias Olga Cudmani, el ex director de Inversiones y Contrataciones Osvaldo Venturino, y el ex subsecretario administrativo Luis Fernando Sacca— integraron un sistema estructurado de corrupción que generó un perjuicio económico millonario a la casa de altos estudios.

Según la fiscalía, el régimen implementado por Cerisola desde su asunción en 2006 no solo eludió los mecanismos de control establecidos por la Ley de Administración Financiera N.º 24.156, sino que se diseñó desde el inicio con el objetivo de facilitar la defraudación. «No estamos ante errores administrativos: esto fue deliberado», remarcó Doz Costa, que integra el equipo junto a los fiscales Pablo Camuña y Agustín Chit.

La acusación hizo hincapié en que los expedientes vinculados a 13 obras universitarias presentaban “red flags”, es decir, indicadores típicos de corrupción, según el perito de la Corte Suprema Francisco Guzmán. Entre las irregularidades detectadas se incluyeron: expedientes sin acto de inicio, pliegos incompletos, falta de planos técnicos y foliatura caótica que impedía reconstruir los procesos administrativos.

El perjuicio económico fue desglosado con cifras concretas. En la obra 545, correspondiente al Laboratorio Industrial de Ciencias Exactas, la UNT pagó casi $ 4,7 millones cuando, según peritajes de Gendarmería y del ingeniero Guzmán, el valor real era de apenas $ 1,5 millones. En total, el Ministerio Público estimó sobreprecios de hasta el 209% en algunos casos, y un daño económico acumulado de más de $28 millones de la época.

También se cuestionó el otorgamiento de anticipos financieros del 30% en todas las obras, una decisión atribuida exclusivamente a Cudmani, sin respaldo documental y violando la normativa aplicable. “No solo se infringió la ley de Obra Pública, sino también el propio régimen interno de la UNT”, sostuvo Doz Costa.

En esta audiencia se sumó formalmente al alegato la acusación contra Osvaldo Venturino, por su rol en la obra 533 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. La fiscalía lo señaló como responsable junto a Cudmani por sobreprecios del 47% en la obra original y 33% en los adicionales, además de autorizar dos anticipos financieros sin respaldo normativo. Según Doz Costa, ambos “incurrieron en una maniobra defraudatoria en perjuicio de la administración pública al incumplir deliberadamente sus deberes funcionales”.

Doz Costa advirtió que esta red de irregularidades no solo causó daños económicos, sino que se gestó bajo una “lógica institucional deformada”, en la que los controles fueron deliberadamente desactivados. Mencionó también que Cerisola se arrogó facultades normativas y operativas para eludir supervisión, transfiriendo competencias a jerarquías inferiores mediante instrumentos “sin forma ni competencia legal”.

La fiscal ya había apuntado contra José Hugo Saab, actual secretario general de la UNT, y contra el entonces director de Asuntos Jurídicos, Augusto González Navarro, por su participación en la construcción del régimen paralelo de contrataciones. Si bien no están imputados en este juicio, la fiscalía dejó abierta la posibilidad de futuras responsabilidades.

El alegato continuará el próximo lunes con la exposición final del fiscal Agustín Chit, que se espera se extienda hasta el martes. Luego será el turno de la querella, representada por Patricio Esperguín, y posteriormente alegarán las defensas. El veredicto se conocería recién en agosto, tras la feria judicial.

El caso, que comenzó con la denuncia por el uso irregular de fondos mineros destinados a la construcción de la Ciudad Universitaria, se ha transformado en uno de los procesos judiciales más trascendentes para el ámbito universitario del país, y pone en el centro del debate la transparencia en la gestión de recursos públicos por parte de instituciones educativas.

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Política

Coparticipación: Jaldo se reunirá el próximo lunes con 23 gobernadores en Buenos Aires

El Gobernador pidió a la Nación «tener un diálogo más profundo con las provincias».

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El gobernador, Osvaldo Jaldo, anunció que el lunes se reunirá con 23 gobernadores en Buenos Aires para plantear la situación fiscal de los distritos, debido a la disminución de la coparticipación nacional, la baja en el consumo y la caída de las actividades comerciales e industriales.

“Vamos a llevar casos concretos de actividades productivas, industriales y comerciales que se van cerrando, que van dejando a gente sin trabajo o adelantando vacaciones”, dijo y adelantó que viajará el domingo por la noche. “Vamos a hablar no solo del Estado provincial, sino también de la actividad privada. Al paso que vamos va a haber un costo social muy importante en la República Argentina si el Gobierno nacional no reacciona en tiempo y en forma”, aseveró Jaldo.

En esa línea, remarcó que “la Nación tiene que tener un diálogo más profundo con las provincias y lo dice alguien que ha sido calificado como un gobernador dialoguista desde el primer momento”. Sin embargo, aseguró: “Ahora, yo puedo ser dialoguista, pero yo dialogo a favor de la provincia de Tucumán. Cuando nos tocan lo que nos corresponde a los tucumanos vamos a dialogar más fuerte”.

“A la Nación tiene que irle bien, pero con las provincias incluidas. Que no pretenda el presidente (Javier Milei) que le vaya bien al gobierno nacional y a los 23, 24 distritos del interior nos vayan mal. Eso no existe en ninguna posibilidad. O nos va bien a todos o nos va mal a todos. El Presidente lo tiene que tener claro y no va a poder gobernar si no gobierna con los gobernadores. Que no se equivoque”, sostuvo Jaldo. 

Por último, el Gobernador advirtió: “El gobierno nacional tiene que entender que solo no va a poder gobernar. Necesita el acompañamiento de las provincias. De la misma manera nosotros necesitamos el acompañamiento de la Nación”.

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