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Política

Legisladores tucumanos quieren prohibir el autoservicio de naftas

Legisladores de la oposición presentaron una iniciativa para que Tucumán sea la cuarta provincia del país en tener restringido el autodespacho de combustibles que habilitó la Nación por decreto.

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El Gobierno de la Nación que preside Javier Milei habilitó por Decreto (46/2025) y reglamentó hace casi cuatro meses (Resolución 147/2025) el autoservicio de combustibles líquidos, una práctica habitual en otros países que ahora comienza a aplicarse en Argentina. En Tucumán, desde hace pocos días, puede divisarse al menos dos surtidores para el autoabastecimiento de combustibles en la estación de servicio YPF de la avenida Mate de Luna y Ejército del Norte, pero aún no están habilitados.

Esta modalidad, sin embargo, fue puesta bajo la lupa por legisladores de la oposición, quienes proponen que -por seguridad- Tucumán se sume al grupo de provincias que tienen prohibido el autodespacho de naftas: Buenos Aires, Jujuy y La Pampa.

La semana pasada ingresó a la Cámara que preside el vicegobernador Miguel Acevedo un proyecto de ley para que se prohíba en la provincia “la aplicación de la modalidad de autodespacho, como también cualquier otra modalidad de carga que no sea realizada por personal capacitado para la ejecución, en cualquier horario”. La propuesta fue presentada por Claudio Viña (Compromiso Tucumán), con el acompañamiento de la radical Raquel Nievas (Trabajando por Tucumán), y busca restringir esta práctica en estaciones de servicios que expendan combustibles líquidos y/o gas natural comprimido (GNC).

“Esta iniciativa se sustenta en razones prioritarias de seguridad para las personas, el ambiente y el patrimonio material. La manipulación de hidrocarburos líquidos tales como naftas y gasoil conlleva riesgos inherentes de inflamabilidad, explosión, inhalación de vapores tóxicos y derrames, que deben ser controlados exclusivamente por personal capacitado, equipado y entrenado para tales fines”, se esgrimió en los fundamentos.

El legislador señaló también en la iniciativa que “en diversos antecedentes nacionales e internacionales se han registrado accidentes graves, incluso con víctimas fatales o daños materiales considerables, como consecuencia de errores humanos en la carga de combustibles sin supervisión”. Esto último, sin embargo, fue refutado por el presidente de la Cámara de Comerciantes Derivados del Petróleo, Gas y Afines (Capega), Sebastián Vargiu.

Mediante un comunicado, Viña mencionó que la decisión de habilitar el autoexpendio de combustibles va en detrimento de los puestos de trabajo en un contexto económico y social muy complicado del país. De todos modos, sus argumentos se centraron nuevamente en cuestiones de seguridad. “No es lo mismo autodespacharse una gaseosa o un paquete de papas de una máquina que manipular combustibles líquidos”, mencionó.

Precisó que las estaciones de servicio tienen un plan de acción preestablecido ante cualquier contingencia donde se detallan las tareas y responsabilidades del personal en caso de un incidente como un incendio. “Es evidente que todas estas funciones no podrían nunca llegar a ser realizadas por un cliente ocasional que llegue a abastecerse de combustible”, insistió. La propuesta fue girada para su análisis a las comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda y Transporte y a Seguridad y Justicia.

El autoabastecimiento de combustibles se encuentra prohibido en provincias como Buenos Aires, La Pampa y Jujuy. Sin embargo, esta restricción en los tres distritos se remonta a años anteriores. En el caso de la provincia que gobierna Axel Kicillof, la ley 13.623 data de 2007 y estipula que las estaciones deben estar atendidas por personal capacitado. Sanciona con clausura preventiva a los establecimientos que incumplan esta disposición. En el distrito que administra Sergio Ziliotto, el autoexpendio está prohibido desde 2008 por la Ley 2.054, mientras que en la provincia de Carlos Sadir, la Legislatura jujeña prohibió dicha práctica en 2019 mediante la Ley 6.135.

El Gobierno de la Nación explicó que la decisión que se tomó a través del Ministerio de Desregulación, que conduce Federico Sturzenegger, busca modernizar una normativa vigente desde 1983, que hasta ahora solamente permitía el autoservicio de manera excepcional y con autorizaciones especiales.

Hasta el mes pasado, la medida de autoabastecimiento de combustibles estaba siendo probada en tres estaciones de servicio del país: una en Ciudad de Buenos Aires (Figueroa Alcorta y Echeverría), otra en Rosario (27 de Febrero y Ovidio Lagos) y una de la empresa Shell en CABA (avenida Córdoba 3710).

El Sindicato de Empleados de Estaciones de Servicio (Soesgype), que encabeza Carlos Acuña, expresó su preocupación por el autoservicio y analiza tomar medidas de fuerza si avanza la medida. Según el dirigente, la implementación de esta modalidad podría provocar la pérdida de hasta 70.000 puestos de trabajo en todo el país. “Lo que quieren vender como un avance tecnológico, y no es ningún avance. Solo generará desocupación y mayor rentabilidad para las petroleras”, mencionó el dirigente al portal infogremiales.com.ar. /La Gaceta

Política

Milei anunciará este jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El mensaje estará centrado en el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa que, bajo la mirada presidencial, busca poner fin a “91 años de estafa”.

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El presidente Javier Milei se dirigirá al país este jueves a las 20, en su segunda aparición por cadena nacional en lo que va del año. En esta ocasión, el mensaje estará centrado en el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa que, bajo la mirada presidencial, busca poner fin a “91 años de estafa”.

El mandatario redactó el discurso tras regresar de su viaje a Perú por la asunción de Keiko Fujimori, según él mismo relató. Aunque varios puntos del proyecto ya trascendieron en intervenciones públicas y documentos que circularon en despachos oficiales, la transmisión de esta noche estará dedicada a explicar por qué es importante para el Gobierno modificar el estatuto del BCRA y el impacto que esta medida tendría en la vida cotidiana de los argentinos.

 

El proyecto que el Ejecutivo enviará al Congreso tiene como foco restringir la posibilidad del Banco Central de financiar a los gobiernos, fortalecer su autonomía y restablecer la misión exclusiva de “preservar el valor de la moneda”.

Dentro de los cambios previstos, el Gobierno busca eliminar por completo el financiamiento monetario al Tesoro. Para lograrlo, plantea suprimir el artículo 21, que autoriza los adelantos transitorios del Banco Central al Tesoro, un recurso utilizado durante años para cubrir el déficit fiscal a través de la emisión de dinero.

La iniciativa también prevé derogar la transferencia de utilidades contables desde el BCRA al Tesoro, mecanismo que este año ya fue aplicado por la actual administración. Este procedimiento permite que las ganancias derivadas de la devaluación se transfieran al Tesoro como dividendos en pesos provenientes de activos en dólares.

 

Con esto se pretende dar marcha atrás a los cambios que se introdujeron en 2012, bajo la gestión de Mercedes Marcó del Pont, en donde se fijó que la entidad tiene por finalidad “promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”.

Durante una disertación en Perú, el jefe de Estado argentino mencionó un artículo que publicó, titulado “12 trillones”, donde expuso que, desde 1935, la inflación acumulada en la Argentina ronda esa cifra. Milei destacó que, tras el abandono de la Convertibilidad y la adopción de criterios de prudencia y eficiencia en la gestión del BCRA, el país acumuló un 168.000% de inflación. El Ejecutivo atribuyó esa dinámica al uso de la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal y la consideró una práctica responsable de la inestabilidad económica.

A su vez, de aprobarse el proyecto, el blindaje institucional se elevará, ya que para remover al presidente y el directorio del BCRA se requerirán dos tercios de los votos en Diputados y en el Senado. “Va a estar armado con el poder suficiente como para resistir cualquier embate político”, anticipó el mandatario libertario. Al mismo tiempo, el proyecto contempla la restricción del giro de dividendos del Central al Tesoro, entre otras modificaciones.

Sin definir

Este tema abre un interrogante: aún no está definido si, junto con el envío del proyecto, el Gobierno insistirá en que el Senado apruebe la designación de Santiago Bausili como presidente del BCRA. Según fuentes con acceso al proyecto, existe la posibilidad de que el oficialismo avance con ese nombramiento, aunque todavía no se tomó una decisión final.

¿Por qué es tan importante que el Senado apruebe la designación de Bausili, o de otro presidente del BCRA, durante este gobierno? Porque, según la carta orgánica del BCRA, el mandato del titular del Central dura 6 años. En este caso, Bausili tendría mandato hasta 2028. Es decir, independientemente de que suceda en las elecciones presidenciales de 2027, si Milei es reelecto o no, se garantizaría la continuidad del actual jefe de la autoridad monetaria.

La reforma de la carta orgánica del BCRA forma parte de un conjunto más amplio de modificaciones económicas y normativas que impulsa el Gobierno. El plan oficial contempla reglas fiscales basadas en los principios de “déficit cero” y “shutdown”, una nueva ley para el Mercado de Capitales y la desregulación del sector asegurador. Según el presidente, estas medidas apuntan a “poner fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad y decadencia”.

Desde la óptica presidencial, el financiamiento al fisco por parte del BCRA es una “estafa”. Por eso mismo adelantó que en el proyecto, se considerará como una asociación ilícita. “Van a ir presos el presidente del Banco Central y el directorio, el Poder Ejecutivo y diputados y senadores que aprueben presupuestos que impliquen déficit fiscal financiado con emisión monetaria”, afirmó en Perú, con el detalle de que será delito no excarcelable.

La cadena nacional de esta noche contará con la presencia de los máximos funcionarios de la política económica. Según indicaron fuentes oficiales, el ministro de Economía, Luis Caputo, y Santiago Bausili, acompañarán a Javier Milei en el anuncio y en la explicación pública del proyecto. / Infobae

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CTERA confirmó un paro docente para el lunes 3 de agosto

La central docente oficializó la convocatoria a un paro nacional para el próximo lunes 3 de agosto, luego de la «permanente negativa» del Gobierno para entablar diálogo

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La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) oficializó la convocatoria a un paro nacional para el próximo lunes 3 de agosto, luego de la «permanente negativa» que presenta el Gobierno para entablar una mesa de diálogo y encarar una nueva negociación salarial.

Esta medida será, en principio, por 24 horas y coincidirá con la vuelta a clases que tenían previsto la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, aunque impactará en todo el país y en los tres niveles: inicial, primaria y secundaria.

Según el comunicado de CTERA y otros sindicatos como la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), el paro persigue otros reclamos como el retorno «inmediato» del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y mayor presupuesto para los establecimientos y programas escolares.

«Mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación, y avanzan iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación», expresaron desde CTERA.

El reclamo de esta recomposición salarial y financiamiento «urgente» se debe al «deterioro» de los sueldos por debajo de la inflación y a la falta de fondos para escuelas y comedores. Asimismo, solicitaron la sanción de una nueva Ley de Financiamiento y rechazaron el proyecto de Ley de Libertad Educativa y las eventuales reformas jubilatorias, en «defensa del sistema previsional público, solidario y de reparto».

Si bien el paro afectará a los establecimientos estatales, algunas escuelas privadas se adherirán, de acuerdo a lo que decida cada una de las instituciones o lo que disponga el cuerpo docente y los gremios sectoriales, como el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).

En la Provincia de Buenos Aires, agrupaciones disidentes como la Multicolor del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) o la Asociación de Maestros y Maestras bonaerenses plantearon extender las medidas en jornadas de protesta de hasta 48 horas, y comprendería el lunes 3 y el martes 4 de agosto.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), también llamó a un paro nacional para la misma fecha, por lo que el normal funcionamiento de diversas dependencias públicas provinciales y nacionales estará limitado.

FUENTE: NA

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Con la reforma del digesto jurídico sobre la mesa, la Legislatura sesiona este jueves

El temario que se tratará en el recinto legislativo, se refieren a proyectos vinculados al Digesto Jurídico, monitoreo de leyes y gestión del riesgo hídrico.

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Según se dispuso en la reunión de Labor Parlamentaria se acordó convocar a una sesión para este jueves 30 de julio, a las 9.

La convocatoria se realiza en el marco del período de sesiones extraordinarias previsto entre el 1 de julio y el 31 de agosto. Durante el encuentro también se definió el orden del día, integrado por iniciativas que ya cuentan con dictamen de comisión.

Entre los principales asuntos que serán tratados en el recinto se encuentran el proyecto de actualización del Digesto Jurídico de la Provincia, que consolida la normativa vigente; la creación del Sistema de Monitoreo Post Legislativo, destinado a evaluar la implementación e impacto de las leyes sancionadas; la aprobación del convenio suscripto entre el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para la ejecución de obras de desagües pluviales; y el proyecto de creación del Sistema Provincial de Alerta Temprana y Gestión Integral del Riesgo, elaborado por la Comisión Especial de Emergencia Hídrica. Asimismo, el temario contempla distintas declaraciones de interés legislativo.

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