«Esto no está funcionando». Alberto Fernández se sinceró esta semana ante unos datos sanitarios que lo alarman. El peligro de colapso del sistema hospitalario, sobre todo en el conurbano, sigue latente. Axel Kicillof le mostró un estudio que proyecta en 15 días una ocupación del 91% de las camas de terapia intensiva si no se ralentizan los contagios de coronavirus.

El anuncio de la nueva etapa de cuarentena, que terminará al cumplirse casi cinco meses de encierro, se ofreció como un acto de resignación, con reproches a la sociedad por la falta de cuidados y sin otra respuesta para contener la escalada de casos que dejar «todo como está».

Hay una inquietud cercana a la desesperación en algunas áreas del Gobierno. La receta que mantuvo en niveles comparativamente bajos la cantidad de muertes empieza a revelarse ineficiente. Se suceden días con más de 100 decesos, el impacto económico se asume como devastador y renacen con fuerza flagelos de siempre, como la inseguridad urbana.

A un presidente habituado a postergar las decisiones incómodas se le acumulan las urgencias. La «última, última, última» oferta de canje de deuda terminó en otro fiasco -apenas un tercio de los bonistas aceptaron- y el ministro Martín Guzmán recibió la orden de hacer otra adaptación para evitar un default prolongado de acá a fin de mes. El plan de reconstrucción pospandemia sigue en gestación: se sabe el número de medidas -60-, pero queda la engorrosa tarea de resolver su contenido.

En línea con la tradición de Cristina, el Presidente exhibe dificultades para interpretar a las clases medias urbanas y rurales

Ese panorama oscuro no impidió que Fernández volviera a priorizar los ejercicios de equilibrio interno. La presentación de la reforma judicial marcó una cima de esa característica presidencial, con una puesta en escena que no maridaba bien con las palabras: el Salón Blanco de la Casa Rosada, reservado para las grandes ceremonias, albergaba el atril presidencial y 38 sillas situadas a distancia sanitaria. Todos los asistentes, hasta los granaderos de la puerta, llevaban barbijo. En ese ambiente distópico, el anuncio de un proyecto que responde a las obsesiones personales de Cristina Kirchner alarmó incluso a figuras relevantes del Frente de Todos, que perciben -en línea con lo que denuncia la oposición- una disociación entre la agenda política y las preocupaciones ciudadanas.

«El equilibrio que hace hacia adentro de la coalición, lo desequilibra hacia afuera», sintetiza un dirigente peronista que tiene diálogo habitual con Fernández.

Ya le había pasado con la expropiación fallida de Vicentin, a la que finalmente tuvo que renunciar el viernes con un decreto derogatorio del que dispuso intervenir la empresa. Aquella gesta la «soberanía alimentaria» en junio termina sin gloria dos meses más tarde, apenas matizada por el fastidio con una población a la que soñaba ver aplaudiendo (y no aporreando cacerolas).

En línea con la tradición de Cristina, el Presidente exhibe dificultades para interpretar a las clases medias urbanas y rurales. Se enreda a menudo también con la fascinación por justificar acciones pasadas para no mirar el presente ni proyectar un futuro. El ejercicio recurrente de discutir en público si la culpa del colapso económico es de la pandemia o de la cuarentena simboliza esa obsesión. «Se nota mucho lo que hacen los medios», dijo ayer, en un eco de las palabras de Kicillof del día anterior que había celebrado Cristina en Twitter.

Pero lo que en ella se interpreta como un atributo que refuerza su personalidad política (celebrada por su feligresía), en él termina por convertirse en un rasgo que debilita la autoridad presidencial. Se suponía a Fernández como un articulador político que tenía los sensores capaces de corregir esa falencia que históricamente puso un techo de aprobación social al kirchnerismo.

Se instala entonces una pregunta que anima las charlas políticas, tanto de oficialistas como de opositores. ¿Es Cristina la que le entorpece la gestión? ¿O la supuesta ambición insaciable de la vicepresidenta es una excusa perfecta para no asumir la responsabilidad de tomar las riendas del poder en una situación de extremo dramatismo?

Los gobernadores peronistas y muchos intendentes del conurbano todavía mastican su frustración por la ausencia de un llamado de la Casa Rosada a construir un núcleo de apoyo al Presidente. Esperaban que ocurriera en diciembre, pero entendieron la cautela inicial. Les cuesta mucho más concebir que se haya desperdiciado la oportunidad única que significó la lucha contra la pandemia, con el apoyo público fenomenal de los primeros días. Creen que aún hay tiempo.

¿Se atreverá el peronismo a consumir horas de debate público en pleno shock de la pandemia con un plan que buena parte de la sociedad considera un salvataje a Cristina por sus causas de corrupción?

El riesgo que asume el Presidente es enfrentar sin un grupo de respaldo propio la crisis económica más profunda de la historia argentina, que hará eclosión justo en un año electoral.

Diálogo cerrado

El dialoguismo albertista se diluye en las formas. Se habla mucho más y con más respeto con los ajenos que en la encarnación anterior del kirchnerismo, pero sin que eso se traduzca en acciones políticas concretas.

En el Gobierno se descartó avanzar en una convocatoria amplia a la oposición, como alguna vez se había sugerido. La reforma judicial era una oportunidad: no hay grandes diferencias entre la refundación de Comodoro Py que promueve Fernández y la que pretendía la gestión macrista en 2018. Pero el timming y la simultaneidad con otras jugadas de potencial impacto en la situación procesal de Cristina Kirchner impidieron cualquier intento de un acuerdo virtuoso.

Si hubo alguna posibilidad de consenso se terminó de dinamitar a partir de la designación del abogado de la vicepresidenta Carlos Beraldi en la comisión para reformar la Corte.

Hay unanimidad en Juntos por el Cambio respecto del rechazo a la reforma, a pesar de todas las diferencias que mantienen en tensión a la alianza opositora. Todo hace prever que el proyecto tendrá los votos en las dos cámaras, pero los dirigentes cambiemitas ponen la mira fuera del Congreso, en la opinión pública. ¿Se atreverá el peronismo a consumir horas de debate público en pleno shock de la pandemia con un plan que buena parte de la sociedad considera un salvataje a Cristina por sus causas de corrupción? Los banderazos de ayer pueden ser una señal. Un espejo posible del caso Vicentin.

En las últimas horas se esboza también una diferencia con Horacio Rodríguez Larreta, que pone en riesgo el pacto del Covid. El Presidente cuestionó fuerte que mantuviera la reapertura de comercios en avenidas a partir de mañana, que se sale de la promesa de «dejar todo igual». Es posible que ese distanciamiento se potencie a lo largo de agosto.

Tampoco arrancó nunca el diálogo tan anticipado con los sectores productivos. Los empresarios y gremialistas directamente empezaron a reunirse entre ellos a buscar las soluciones que el Estado no promueve (más allá del reparto de subsidios). En ambos lados del mostrador ven un gabinete sin volumen político -hay quien lo compara con el de Mauricio Macri– y hacen apuestas sobre posibles cambios. El juego libre de los sindicatos en momentos en que hay un peronista en el gobierno es todo un síntoma.

El Frente de Todos articula poder fuera de la Casa Rosada, con el eje Máximo Kirchner-Sergio Massa. Y está plagado de jugadores independientes que erosionan al gobierno. Hay casos anecdóticos, como el de la embajadora designada Alicia Castro, que despotrica contra el canciller por la osadía de considerar «autoritario» a Nicolás Maduro. Pero otros más tóxicos para la autoridad presidencial, como la estrategia de Sergio Berni para enfrentar el problema creciente de los delitos violentos en el conurbano. El ministro de Seguridad bonaerense actúa como un comentarista público de la inseguridad, que moldea el discurso de modo que la responsabilidad recaiga en el gobierno nacional.

Berni es una pieza delicada, en palabras de un miembro del gabinete: «Molesta su conducta, pero tocarlo hoy sería un error». Al conurbano le esperan días muy delicados, entre la suba de contagios que pone una presión agobiante en el sistema hospitalario y las consecuencias del fin de la veda delictiva. No se pueden permitir una crisis en el manejo de la seguridad, argumentan.

Las urgencias mandan. El Presidente termina una semana en la que cumplió con expectativas internas y prorrogó el estado de anormalidad cotidiana impuesto por la pandemia. En la calle la crisis sacude con sus coletazos variados. La receta del aislamiento sin final a la vista se topa con sus límites para detener el virus y moderar sus consecuencias, casi hasta resumirse en una confesión de impotencia. Es cruzar los dedos y esperar.