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Argentina

La Justicia ordenó retrotraer las cuotas de prepagas a la inflación

La decisión dictada por la Sala II de la Cámara Civil y Comercial Federal es sobre un caso en particular pero es el primer precedente donde se empieza a aplicar la fórmula.

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La Sala II de la Cámara Civil y Comercial Federal acaba de dictar una resolución en la que hace lugar a un amparo, revoca una sentencia anterior e instaura que el aumento de las prepagas debe ajustarse a la fórmula de suba de la inflación. La decisión es sobre un caso en particular pero representa un precedente que podría extenderse a otras presentaciones en las que se aplique el mismo criterio por parte del tribunal de apelaciones. Existía un criterio judicial que buscaba homogeneizar una fórmula que avale los reclamos desde antes de que el Gobierno Nacional ordenara a través de la Secretaría de Comercio retrotraer los aumentos. Hasta ahora, solo había un precedente de primera instancia en un amparo colectivo en el juzgado federal de Concepcion del Uruguay que había propuesto su aplicación. De este modo, la Cámara ratifica la orden emanada del Gobierno pero en formato de fallo judicial. El caso es en base a la Causa n° 1998/2024 BARBAROSSA, SILVIA ELENA c/ OSDE s/AMPARO DE SALUD en la que Alfredo Gusman, Eduardo Gottardi y Florencia Nallar se expidieron por revocar un fallo de primera instancia. Pero además, decidieron “decretar una medida cautelar, ordenando a la demandada limitar los aumentos ya dispuestos, derivados del D.N.U. n°70/23, en la forma indicada en el considerando VII”. Allí se expresaba que la suba debía ser consecuente con el aumento del IPC. Gottardi y Nallar hicieron lugar a la apelación, mientras que para Gusman con la sola existencia de la actuación administrativa alcanzaba para que se adoptara el nuevo criterio y tornaba inoficiosa la intervención judicial. El considerando en cuestión sostuvo que “corresponde reconocer la tutela precautoria solicitada bajo determinados parámetros que provean cierta previsibilidad a las partes y que no impliquen –en el actual contexto económico de alta inflación– una afectación a los derechos de los particulares como así los de la empresa demandada y las condiciones de sustentabilidad en las que se asienta su servicio”. De esta forma, ordenó “dejar sin efecto los aumentos dispuestos en la cuota de la actora para los meses de enero, febrero, marzo y abril del corriente año”. Y aclaró: “Si bien el tribunal considera que no es función propia de los jueces establecer los precios de cosas o servicios, no escapa a su consideración que dadas las particularidades de la cuestión bajo análisis deviene imperioso fijar una pauta objetiva a los fines de regular la relación entre las partes durante la vigencia de la medida cautelar que aquí se decreta. De tal modo, en el actual contexto inflacionario –que constituye un hecho público y notorio– se impone emplear un índice de adecuación de valores que tenga en cuenta la singularidad del vínculo entre las partes y la preservación de los derechos involucrados. Así, el tribunal juzga que, como pauta general objetiva y adecuada, similar a la que adoptó la autoridad administrativa en su medida preventiva, cabe utilizar el Índice de Precios al Consumidor que elabora mensualmente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para disponer que las cuotas por el servicio médico prepago que se fijen no deben superar los porcentuales que arroje dicho índice, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos (conf. Sala I, causa 423/24 del 16.4.24). En caso de que la actora hubiera abonado las facturas correspondientes a las cuotas de enero, febrero, marzo y abril de este año con los aumentos que este pronunciamiento deja sin efecto, la diferencia resultante de la aplicación de la modalidad de reajuste que aquí se dispone deberá ser acreditada en favor de la amparista en la/s próxima/s cuota/s a facturarse”. Es decir, instruye que la diferencia que ya fue abonada sea dejada a crédito.

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La justicia de EEUU embargó u$s210 millones a la Argentina

La justicia de EEUU embargó u$s210 millones a la Argentina en un caso por bonos que entraron en default. La decisión se ejecutará mañana.

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La jueza Loretta Preska autorizó el embargo de u$s210 millones correspondientes al colateral de los Bonos Brady. Además, ordenó la congelación de otros u$s100 millones hasta que Attestor Master y Bainbridge Fund, dos grupos de acreedores de deuda en default, resuelvan su disputa sobre esos fondos.

Esta medida se suma a la reciente ejecución de una garantía por u$s325 millones en el caso del Cupón PBI en Londres, aumentando la presión sobre Argentina en los tribunales internacionales.

El trasfondo de la medida

Los acreedores, conocidos por su posición de holdouts desde el default de 2001, han logrado obtener fallos favorables para embargar activos de Argentina, debido a que no recibieron pagos en los procesos de reestructuración de deuda. En este caso, Attestor Master tiene derecho sobre u$s460 millones, y Bainbridge Fund, sobre u$s100 millones. La Corte Suprema de EEUU rechazó en enero la apelación presentada por Argentina, lo que dejó en pie la orden de embargo de la jueza Preska.

El conflicto involucra los activos argentinos ligados al colateral de los bonos Brady, los cuales habían sido entregados como garantía para el pago de la deuda reestructurada en los años 90. En 2023, Argentina culminó el pago de sus obligaciones, lo que liberó ciertos activos. Sin embargo, la reciente disputa ha resultado en nuevos embargos, sumando más presión sobre el país.

A pesar de que otros fondos, como Bainbridge Fund, intentaron ampliar el embargo, la jueza Preska solo autorizó la congelación de u$s100 millones. En cuanto a los fondos involucrados, como Attestor Master, Trinity Investments, y Bison Bee LLC, se trata de tenedores de deuda argentina que no participaron en los canjes realizados por el país en 2005, 2010 y 2016, y que ahora buscan recuperar su inversión mediante el embargo de activos del Estado argentino.

Este nuevo embargo a los activos argentinos resalta la persistencia de los holdouts en su lucha por cobrar deuda impaga desde el default de 2001. La decisión de la jueza Preska, sumada al rechazo de la apelación de Argentina por parte de la Corte Suprema de EE. UU., refuerza la presión sobre el país en un contexto económico complicado.

A pesar de los esfuerzos por liberar los colaterales de los bonos Brady, los acreedores continúan avanzando en sus reclamos, lo que demuestra que las consecuencias del default aún persisten más de dos décadas después. Este escenario plantea nuevos desafíos para Argentina, que deberá enfrentar una disputa legal prolongada mientras busca estabilizar su economía.

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El oficialismo logró darle media sanción a la suspensión de las PASO

La iniciativa obtuvo 162 votos con acompañamiento hasta del kirchnerismo. El resto de las bancadas también se partió y acompañó.

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En una sesión marcada por divisiones internas y acuerdos inesperados, la Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al proyecto que suspende las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el proceso electoral de 2025. La propuesta original del Ejecutivo nacional buscaba la eliminación definitiva de las PASO, pero ante la falta de consenso suficiente, se optó por avanzar con una suspensión temporal, lo que permitió obtener el apoyo de diversos bloques, incluido el de Unión por la Patria (UxP).

Con 244 diputados presentes y 13 ausentes -6 de UxP- el resultado de la votación reflejó la complejidad del debate: 162 afirmativos, 55 negativos y 28 abstenciones. Entre quienes respaldaron la suspensión se encontraron legisladores de bloques como el PRO, la UCR, Democracia y Libertad Avanza (LLA), además de algunos integrantes de UxP. Sin embargo, las posiciones dentro de este último bloque estuvieron lejos de ser homogéneas, con votos divididos en las tres opciones disponibles. Salvo el bloque de la izquierda que votó en unidad en contra de la suspensión, el resto de los sectores dejaron ver las diversas presiones políticas, tanto internas como externas, provenientes de las provincias y de los líderes partidarios.

El debate en el recinto comenzó con la intervención de Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y miembro de Libertad Avanza, quien defendió el dictamen de mayoría. Mayoraz recordó que la intención inicial del oficialismo era eliminar las PASO, pero que se optó por la suspensión como una medida intermedia para garantizar el consenso necesario. En su discurso, destacó que esta decisión responde a una promesa del presidente de “achicar el costo de la política y poner a los políticos en su lugar”.

Por otro lado, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, calificó el debate como una maniobra para desviar la atención de temas más relevantes, como el tratamiento del Presupuesto 2025. Martínez criticó al Gobierno por lo que consideró un manejo arbitrario de los recursos públicos y evitó referirse directamente a las PASO en su intervención, según consignó Infobae.

Desde el bloque de Encuentro Federal, su presidente, Miguel Ángel Pichetto, argumentó que las PASO han generado inestabilidad tanto en el ámbito institucional como en el económico. Pichetto afirmó que la suspensión de estas elecciones refleja el cansancio de la sociedad frente a la proliferación de procesos electorales y sugirió que el Congreso debería avanzar hacia una reforma constitucional que alinee los mandatos legislativos con el presidencial.

La falta de una postura unificada dentro de Unión por la Patria quedó en evidencia durante la votación. Los legisladores del Frente Renovador, que forma parte del bloque kirchnerista, nunca estuvieron a favor de las PASO, mientras que otros se vieron presionados por sus referentes provinciales para apoyar la suspensión. Sin embargo, un tercer grupo optó por abstenerse, aunque están de acuerdo con la suspensión lo hicieron en esa línea para evitar una alineación directa con La Libertad Avanza.

En varias ocasiones, miembros de UxP cuestionaron el argumento del ahorro económico utilizado para justificar la suspensión. Los diputados Tomás Ledesma y Daniel Arroyo señalaron que, aunque se mencionaron cifras sobre el costo de las PASO, no se ha especificado cómo se utilizarán los recursos que se ahorrarían al no realizar estas elecciones. “Hasta ahora dijeron varios números, no importa cuánto, pero no dicen qué van a hacer con lo que se ahorran”, expresaron ambos legisladores.

La decisión de suspender las PASO para 2025 plantea interrogantes sobre el impacto que esta medida tendrá en el sistema electoral y en la dinámica política del país. La medida refleja un intento de responder al descontento social con el sistema político, pero también evidencia las tensiones internas en los principales bloques legislativos.

Mientras tanto, el debate sobre la necesidad de una reforma más amplia, que incluya cambios en la duración de los mandatos legislativos, sigue ganando fuerza en algunos sectores del Congreso. Legisladores como Pichetto han planteado que esta reforma podría contribuir a una mayor estabilidad institucional y a una mejor articulación entre los poderes del Estado.

Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto deberá ser tratado ahora en el Senado, donde se espera que las discusiones sean igualmente intensas. La suspensión de las PASO, aunque temporal, podría marcar un precedente significativo en el panorama electoral argentino, con implicancias que aún están por definirse.

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El Paso de San Francisco estará habilitado de lunes a domingos

Desde hoy, el Paso de San Francisco estará habilitado de lunes a domingos, así lo informó Vialidad Nacional.

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«El Paso Internacional de San Francisco, que comunica Catamarca con la Tercera Región de Chiles, se habilitará de lunes a domingos. El horario del corredor internacional será de 9 a 19, aunque se permitirá el paso del último vehículo por el puesto de control migratorio del país de origen hasta las 17.30«.

 

Por último, recomendaron iniciar el viaje con antelación y prever el reabastecimiento de combustible.

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