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Política

«La Justicia Federal santafesina es raquítica comparada con otras provincias»

La senadora santafesina María de los Angeles Sacnun defendió el proyecto oficial de reforma judicial. Proyectó beneficios de esa ley para la provincia y Rosario

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«La Justicia Federal santafesina es raquítica comparada con otras provincias»

Desde la presidencia de la estratégica comisión Asuntos Constitucionales de la Cámara alta y convertida en una de las principales voces del oficialismo sobre la reforma de la Justicia Federal, la senadora santafesina María de los Ángeles Sacnun remarcó que el proyecto establece que las causas que están en trámite seguirán estando en manos de los jueces naturales y que el planteo sobre la búsqueda de impunidad “es una construcción que genera la oposición”.

Entrevistada por La Capital, Sacnun aseguró que los cambios favorecen a Rosario y la provincia, sostuvo que la oposición está en una actitud de “permanente obstaculización y bloqueo permanente” y calificó a Cristina Fernández de Kirchner _con quien mantiene una relación política estrecha_ como “una estadista”.

_La oposición y un sector de los abogados constitucionalistas siguen sosteniendo que la reforma judicial es parte parte de un plan para garantizar impunidad, ¿Cuál es la respuesta a esa acusación?

_En primer lugar, el propio proyecto plantea que las causas que fueron radicadas y están en trámite en este momento van a seguir estando tramitadas por los jueces naturales. No se le va quitar las causas a ningún juez. Eso es irrefutable, y no es una concesión: es una manda constitucional. El planteo de que se busca impunidad es una construcción que genera la oposición y que busca confundir a la ciudadanía.

_Se ha discutido sobre la composición de la comisión asesora, ¿Que participe el abogado de Cristina no puede alimentar sospechas?

_Hay que separar el proyecto que tuvo dictamen del consejo consultivo al que llamó el presidente. En esta reforma no estamos tratando ninguna modificación respecto de la Corte, la ley de Ministerio Público Fiscal ni el Consejo de la Magistratura. Aquí lo que estamos tratando es la organización y competencia de la Justicia Federal en el ámbito de la República Argentina. Respecto al consejo consultivo, es una comisión que tiene expertos y expertas, no sólo pluralidad de voces sino paridad de género, y que va a determinar pero de manera no vinculante. Dicho esto, (Carlos) Beraldi es un abogado y, al igual que otros integrantes del consejo consultivo, tiene múltiples clientes. Eso forma parte de su oficio. El doctor Beraldi tiene un prestigio desde el punto de vista académico que es inobjetable.

__¿Qué implica la reforma para Rosario y la provincia?

_Se fortalece mucho la Justicia Federal: se agregan además de juzgados en lo penal en Rosario juzgados en lo penal en la ciudades de Santa Fe, Reconquista y Venado Tuerto. Además, se crea un nuevo juzgado con un defensor y un fiscal en San Lorenzo. A su vez, estamos creando en el ámbito de la justicia rosarina _es una propuesta que hice yo concretamente_ una secretaría especializada en medio ambiente, derechos colectivos y defensa de los consumidores, vinculada a la afectación que está viviendo la comunidad con las quemas en las islas y que afecta la salud de la población de la zona. Además, se crean dos nuevas salas de la Cámara de Apelaciones en Rosario y en Santa Fe. Hay una deuda pendiente con la Justicia Federal santafesina porque era raquítica en comparación con otras provincias, como Córdoba. Con esto robustecemos la Justicia Federal provincial y acompañamos la política criminal que está llevando el gobierno provincial a través del Ministerio de Seguridad de la provincia.

_El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dijo en estos días que “no hay apuro” para tratar la reforma judicial y que hay temas más importantes, ¿Cómo interpreta esas declaraciones?

_La Cámara de Diputados tendrá que evaluar el acompañamiento que pueda tener este proyecto. Sería bueno que los diputados nacionales de Santa Fe acompañen este proyecto, porque favorece a la provincia. La cuestión de la Justicia Federal es muy importante: los rosarinos y las rosarinas saben perfectamente que tenemos un problema muy fuerte de inseguridad. Esto no es toda la solución pero es una parte, junto con las distintas situaciones que se están dando a nivel provincial, con la convicción de ir a fondo y que no haya impunidad en la provincia de Santa Fe.

_El diputado Mario Negri dijo que después de las protestas del lunes hay “olor a 125”, ¿Cómo analiza la actitud de la oposición en este contexto?

_Es de permanente obstaculización y bloqueo permanente, de no permitir que se gobierne. Decían que el Congreso estaba cerrado y sólo en agosto hemos tenido más sesiones y reuniones de comisiones que en todo el año pasado, cuando tuvimos un apagón parlamentario. Hemos sacado leyes importantísimas, como la de alquileres, en la que se retiraron, al igual que en la ampliación del presupuesto. Además, hay libertad de expresión pero no se puede pretender gobernar a través de marchas, que tienen el derecho de hacerlas, pero que ponen en riesgo la salud de la población.

_La llevo a la provincia, ¿Cómo analiza esta primera etapa de gestión de Omar Perotti?

_Ha sido una etapa compleja, lo mismo que pasó a nivel nacional sucedió en la provincia. Creo que se ha administrado correctamente la situación de la pandemia en Santa Fe y se están tomando definiciones muy importantes en materia de seguridad. Además, se están ordenando las finanzas de la provincia. Aspiro a que se sigan sentando las bases para llevar adelante un gobierno de desarrollo, con inclusión social.

_El año que viene se termina su mandato, ¿Apuesta a renovar su banca?

_Formo parte de un proyecto político, que es el que tendrá que definir los lugares de los hombres y las mujeres que lo integran. Mientras tanto, estoy ocupada en mi tarea parlamentaria. Siento este mandato generacionalmente, por amor a mi provincia, políticamente, pero también como mujer. Me ha tocado ocupar un lugar institucional importante gracias a la confianza del pueblo santafesino, al que no quiero fallarle.

_Usted es una dirigente cercana a Cristina Kirchner, ¿Cómo la ve en este rol de accionista mayoritaria de la coalición y presidenta del Senado?

_Estamos ante una estadista. Además de tener una mirada integral del Estado por el conocimiento que le ha dado su participación política durante casi toda su vida tiene un conocimiento muy profundo de la etapa, de la comunidad internacional, de las consecuencias de esta pandemia. Está viendo esta etapa con una enorme responsabilidad política e institucional, es una líder ineludible de la política argentina.

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Política

Jaldo y Juri analizaron la economía, el transporte y el desarrollo urbano

El encuentro permitió fortalecer el diálogo institucional y avanzar en una agenda común sobre temas que impactan directamente en la vida cotidiana de los vecinos de San Miguel de Tucumán y en el desarrollo de la provincia.

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El gobernador, Osvaldo Jaldo, recibió en su despacho al presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Fernando Juri, con quien mantuvo una reunión de carácter institucional en la que analizaron distintos temas de interés para la provincia y, particularmente, para la ciudad capital.

El encuentro estuvo centrado en una agenda de trabajo que incluyó aspectos de la situación económica, el transporte y el planeamiento urbano, además de otras cuestiones vinculadas al funcionamiento institucional y a las necesidades de San Miguel de Tucumán.

Durante la reunión, Jaldo y Juri intercambiaron opiniones sobre el escenario actual y la importancia de sostener espacios de diálogo y articulación entre el Gobierno provincial y las instituciones de la Capital.

En materia de transporte, se abordaron cuestiones relacionadas con la movilidad urbana y los desafíos que presenta el crecimiento de la ciudad, mientras que también se analizaron aspectos vinculados a la planificación y el desarrollo urbano.

La situación económica provincial formó parte asimismo de la agenda, en un contexto que requiere coordinación entre los distintos niveles institucionales para acompañar las demandas de la comunidad y avanzar en políticas que contribuyan al desarrollo de Tucumán.

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Rectores de universidades reclamarán por el cumplimiento de la ley de Financiamiento

El encuentro del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de 60 universidades, está previsto para las 14.30.

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Los rectores de las universidades nacionales trasladarán este miércoles su reunión mensual a Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, para reclamar que el Ejecutivo cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.

La decisión se tomó después de que el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el decreto con el que el Gobierno había frenado esa norma y ordenó su aplicación inmediata. El encuentro del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de 60 universidades, está previsto para las 14.30.

En un comunicado, los rectores anunciaron que la sesión en Plaza de Mayo busca “reiterar el reclamo por el cumplimiento pleno y efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada e insistida por el Congreso de la Nación y con fallo favorable de la justicia disponiendo su cumplimiento”.

La decisión de los rectores se conoció luego de la decisión de la Justicia que declaró inconstitucional el decreto del presidente Javier Milei que frenó la aplicación de la ley y ordenó su inmediata aplicación.

En concreto, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 invalidó la cláusula del decreto 759/2025 que supeditaba la ejecución de la ley a la definición de los recursos presupuestarios. La declaración de inconstitucionalidad alcanza la expresión “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N°24.629”.

Además, Cormick dispuso que el Poder Ejecutivo dicte las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para garantizar el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario”. Se trata de una sentencia de primera instancia.

El Gobierno había utilizado esa disposición para promulgar la norma, después de que el Congreso rechazara el veto presidencial, pero mantener suspendida su aplicación. Su argumento era que los legisladores debían establecer las fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes al presupuesto nacional.

Los reclamos por los salarios y las becas universitarias

El nuevo fallo se suma a las resoluciones que Cormick había dictado para exigir el cumplimiento de la cautelar sobre salarios docentes y no docentes y becas estudiantiles. Esa medida alcanza los artículos 5 y 6 de la ley.

El 30 de septiembre, el juez volvió a darle al Gobierno cinco días para cumplir con esas obligaciones, bajo apercibimiento de sanciones económicas. Si bien reconoció que el Ejecutivo había presentado documentación sobre paritarias y órdenes de pago, consideró que solo había acreditado un cumplimiento parcial.

La Casa Rosada había pedido que se revocara la intimación y se dejara sin efecto la posibilidad de aplicar multas. En su presentación, sostuvo que los aumentos salariales acumulados desde diciembre de 2023 llegaban al 226,8% y superaban la inflación del período que tomó como referencia. También informó nuevas negociaciones paritarias y una propuesta adicional del 3%.

Cormick cuestionó ese cálculo y señaló que no estaba acreditada la actualización conforme a las variables que exige la ley. Sobre las becas, también rechazó la interpretación oficial que limitaba el alcance de la obligación al programa Manuel Belgrano.

La cautelar había sido dictada en diciembre de 2025 y confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. En junio, quedó firme tras el rechazo de un recurso extraordinario del Estado por parte de la Corte Suprema. Esa decisión se refería a la medida provisoria sobre salarios y becas, mientras seguía pendiente la discusión de fondo.

FUENTE: TN

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Política

La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán declaró inconstitucional la fórmula de movilidad jubilatoria

El fallo, que declara inconstitucional el sistema de movilidad que se aplica en la actualidad, se da en segunda instancia, dejando sin efecto el cálculo del artículo 1° de la Ley 27.609 al considerar que vulnera garantías constitucionales.

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La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán declaró la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley 27.609, que estableció la fórmula de movilidad jubilatoria sancionada a fines de 2020, al resolver parcialmente a favor de un jubilado que demandó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) por la pérdida de poder adquisitivo de sus haberes.

La sentencia fue firmada por los camaristas Ricardo Sanjuan, Marina Cossio, Mario Leal, Patricia Moltini y Fernando Poviña. El tribunal revocó parcialmente lo decidido en primera instancia, particularmente en lo referido al diferimiento del tratamiento de la constitucionalidad del régimen de movilidad.

El eje de la controversia estuvo centrado en la evolución de los ingresos del jubilado frente al avance de la inflación y los salarios. Al analizar el planteo, la Cámara consideró que el mecanismo contemplado por la Ley 27.609 no satisface los estándares derivados de los artículos 14 bis, 16 y 17 de la Constitución Nacional, así como tampoco las garantías reconocidas por los tratados internacionales de derechos humanos incorporados al orden constitucional.

Para fundamentar su decisión, los magistrados aplicaron el criterio que el propio tribunal había establecido recientemente en la causa “Navarro”. Sin embargo, la declaración de inconstitucionalidad no implica automáticamente que cualquier sistema alternativo de actualización deba reemplazar la fórmula cuestionada.

De acuerdo con el fallo, la inaplicabilidad del mecanismo establecido por la Ley 27.609 operará únicamente cuando el cálculo alternativo represente una mejora efectiva en los haberes correspondientes al jubilado. De esta manera, el impacto económico concreto deberá surgir de la comparación de los respectivos cálculos.

La Cámara también modificó otro aspecto de la sentencia de primera instancia relacionado con la prescripción bienal y, en consecuencia, con el período por el cual deberán calcularse las eventuales diferencias retroactivas.

El juzgado de origen había considerado mayo de 2023 como fecha inicial de la gestión administrativa. Sin embargo, los camaristas comprobaron en el expediente que la solicitud de turno había sido realizada el 21 de marzo de ese año.

A partir de esa constatación, el tribunal determinó que las diferencias que eventualmente correspondan a Moreno deberán liquidarse desde el 21 de marzo de 2021. La modificación incorporó así dos meses adicionales al período retroactivo reconocido inicialmente.

El jubilado, no obstante, no obtuvo una resolución favorable sobre todos sus reclamos. La Cámara rechazó el pedido destinado a redeterminar la Prestación Básica Universal (PBU) al considerar que sobre esa cuestión existía cosa juzgada.

Para adoptar esa decisión, los jueces tuvieron en cuenta que Moreno, representado por la abogada María de los Ángeles Argañaraz, había celebrado voluntariamente un acuerdo dentro del régimen de Reparación Histórica previsto por la Ley 27.260.

Ese convenio había sido homologado judicialmente en abril de 2019 y contemplaba el desistimiento de posteriores reclamos vinculados con el reajuste o recálculo del haber inicial. Para la Cámara, ese antecedente impedía reabrir ahora la discusión respecto de la PBU.

El pronunciamiento también resultó adverso para Anses en materia de costas. El tribunal rechazó los agravios presentados por el organismo previsional y le impuso los gastos correspondientes a la segunda instancia por su condición de parte vencida, de acuerdo con el artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

La sentencia establece así un criterio relevante dentro de la jurisdicción federal tucumana para las causas que cuestionan la movilidad previsional prevista por la Ley 27.609. Su alcance, sin embargo, queda sujeto a la evolución del expediente y a una eventual intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso de que Anses interponga y prospere un recurso por la vía extraordinaria.

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