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Política

Rectores de universidades reclamarán por el cumplimiento de la ley de Financiamiento

El encuentro del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de 60 universidades, está previsto para las 14.30.

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Los rectores de las universidades nacionales trasladarán este miércoles su reunión mensual a Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, para reclamar que el Ejecutivo cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.

La decisión se tomó después de que el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el decreto con el que el Gobierno había frenado esa norma y ordenó su aplicación inmediata. El encuentro del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de 60 universidades, está previsto para las 14.30.

En un comunicado, los rectores anunciaron que la sesión en Plaza de Mayo busca “reiterar el reclamo por el cumplimiento pleno y efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada e insistida por el Congreso de la Nación y con fallo favorable de la justicia disponiendo su cumplimiento”.

La decisión de los rectores se conoció luego de la decisión de la Justicia que declaró inconstitucional el decreto del presidente Javier Milei que frenó la aplicación de la ley y ordenó su inmediata aplicación.

En concreto, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 invalidó la cláusula del decreto 759/2025 que supeditaba la ejecución de la ley a la definición de los recursos presupuestarios. La declaración de inconstitucionalidad alcanza la expresión “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N°24.629”.

Además, Cormick dispuso que el Poder Ejecutivo dicte las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para garantizar el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario”. Se trata de una sentencia de primera instancia.

El Gobierno había utilizado esa disposición para promulgar la norma, después de que el Congreso rechazara el veto presidencial, pero mantener suspendida su aplicación. Su argumento era que los legisladores debían establecer las fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes al presupuesto nacional.

Los reclamos por los salarios y las becas universitarias

El nuevo fallo se suma a las resoluciones que Cormick había dictado para exigir el cumplimiento de la cautelar sobre salarios docentes y no docentes y becas estudiantiles. Esa medida alcanza los artículos 5 y 6 de la ley.

El 30 de septiembre, el juez volvió a darle al Gobierno cinco días para cumplir con esas obligaciones, bajo apercibimiento de sanciones económicas. Si bien reconoció que el Ejecutivo había presentado documentación sobre paritarias y órdenes de pago, consideró que solo había acreditado un cumplimiento parcial.

La Casa Rosada había pedido que se revocara la intimación y se dejara sin efecto la posibilidad de aplicar multas. En su presentación, sostuvo que los aumentos salariales acumulados desde diciembre de 2023 llegaban al 226,8% y superaban la inflación del período que tomó como referencia. También informó nuevas negociaciones paritarias y una propuesta adicional del 3%.

Cormick cuestionó ese cálculo y señaló que no estaba acreditada la actualización conforme a las variables que exige la ley. Sobre las becas, también rechazó la interpretación oficial que limitaba el alcance de la obligación al programa Manuel Belgrano.

La cautelar había sido dictada en diciembre de 2025 y confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. En junio, quedó firme tras el rechazo de un recurso extraordinario del Estado por parte de la Corte Suprema. Esa decisión se refería a la medida provisoria sobre salarios y becas, mientras seguía pendiente la discusión de fondo.

FUENTE: TN

Política

Sadop expresó su solidaridad con los trabajadores de los Talleres de Tafí Viejo

Mediante un comunicado el gremio docente expresó la relevancia histórica del predio tras el anuncio de su privatización del Belgrano Cargas.

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Desde el SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados) se solidarizaron con los trabajadores de los Talleres de Tafí Viejo tras la decisión del gobierno nacional de privatizar la concesión del Belgrano Cargas. «Levantamos bien alto nuestra voz, codo a codo junto al pueblo de Tafí Viejo y a nuestros hermanos ferroviarios, en defensa irrestricta de los históricos Talleres Ferroviarios», expresaron.

«Defender los Talleres de Tafí Viejo es defender el corazón mismo de nuestra identidad, nuestra historia y la soberanía de una Nación verdaderamente federal. Fueron los trenes argentinos el motor productivo que llevó progreso a cada rincón de la Patria, uniendo a los pueblos entre sí y conectando hasta el paraje más lejano con el resto del país. Pero, por sobre todas las cosas, los Talleres significaron y siguen significando dignidad, futuro y el pan en la mesa de miles de familias trabajadoras«, añade el comunicado.

«Hoy, frente a la incertidumbre, no están solos. Los docentes privados de Tucumán abrazamos con el alma a cada trabajador ferroviario y a toda la comunidad taficeña. Su lucha es nuestra lucha, porque cuando se toca una fuente de trabajo, se hiere a todo el pueblo. ¡Los Talleres de Tafí Viejo se defienden!», indica el comunicado emitido por el Consejo Directivo del gremio presidido por Mario Dionisi.

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Política

El Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad y puso fin al régimen de emergencia

La Cámara alta convirtió en ley la iniciativa que establece un marco permanente para la cobertura y las prestaciones del sector, tras un debate en el que confluyeron distintas posturas políticas

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El Senado de la Nación aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad en una sesión celebrada este jueves, luego de que la iniciativa obtuviera previamente media sanción en la Cámara de Diputados. La norma, de orden público y alcance nacional, reemplaza el régimen de emergencia vigente y busca otorgar estabilidad y previsibilidad a las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad, sin fecha de vencimiento.

Durante la apertura del debate en el recinto, el senador libertario Agustín Monteverde, miembro informante y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, defendió la necesidad de dejar atrás las respuestas coyunturales. Según indicó, la creación de un régimen permanente asegura la continuidad de las prestaciones, las pensiones y las coberturas, además de garantizar su compatibilidad con el trabajo formal.

Por su parte, legisladores de la oposición y de distintos bloques expresaron sus puntos de vista sobre el alcance de la medida. La senadora peronista Alicia Kirchner señaló que la sanción representa un punto de partida pero no una solución definitiva para los derechos vulnerados. En la misma línea, su par Lucía Corpacci sostuvo que la existencia de la ley responde al reclamo sostenido de los colectivos en la calle y advirtió sobre la necesidad de asegurar los recursos presupuestarios correspondientes. Desde Provincias Unidas, la senadora Alejandra Vigo remarcó la importancia de optimizar los recursos y acompañar a las provincias para garantizar los servicios a las familias.

En representación de los bloques dialoguistas y oficialistas, el senador radical Maximiliano Abad recordó las dificultades previas de profesionales e instituciones con aranceles congelados y pagos demorados. A su turno, el titular del bloque del PRO, Martín Goerling Lara, afirmó que la tranquilidad de las familias y la dignidad de las personas no pueden estar sujetas a una prórroga anual. En tanto, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, calificó la norma como un acuerdo social y político destinado a aportar transparencia y estabilidad, aclarando que el texto define con precisión el origen de los fondos para solventar las prestaciones.

Alcances y requisitos de la nueva normativa

La ley deroga tres artículos de la anterior normativa de emergencia y ratifica el esquema de prestaciones básicas y empleo protegido. La pensión se mantiene fijada en el setenta por ciento del haber mínimo jubilatorio y se actualiza mediante las reglas previsionales vigentes, sin contemplar un incremento específico.

Para acceder al beneficio, los solicitantes deben contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y acreditar identidad, edad y nacionalidad con el documento de identidad. En el caso de los extranjeros, se exige una residencia legal continuada de cinco años en el país. Los ingresos netos del peticionario no deben superar los dos salarios mínimos, evaluándose la situación individual y no la del grupo familiar, y se establece la incompatibilidad con otras jubilaciones, retiros, pensiones o asignaciones familiares por hijo con discapacidad, además de requerir la aprobación de una evaluación socioeconómica.

La normativa permite a los titulares de pensiones mantener un empleo formal, estar inscriptos en el monotributo o en el régimen general siempre que sus ingresos no rebasen el límite de dos salarios, caso en el cual la pensión se suspenderá de forma temporal hasta que finalice dicha situación laboral o disminuyan los ingresos. Asimismo, se garantiza un programa de atención médica que cubre las prestaciones básicas y se exige la capacitación obligatoria del personal en materia de derechos y trato no discriminatorio.

El texto incorpora un sistema de auditorías periódicas a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, la cual estará facultada para cruzar bases de datos de diferentes organismos estatales y quedará exceptuada del secreto fiscal. Ante un presunto incumplimiento, se prevé un procedimiento administrativo de descargo antes de cualquier suspensión preventiva.

En cuanto al financiamiento, los gastos se afrontarán con partidas presupuestarias ministeriales y, de ser necesario, con fondos del Tesoro nacional, garantizando que el crédito por beneficiario no disminuya en términos reales. Finalmente, la norma establece un cronograma para cancelar las compensaciones pendientes a los prestadores en un plazo máximo de noventa días y otorga al Poder Ejecutivo un plazo de treinta días hábiles para su reglamentación.

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Política

El Senado convirtió en ley la inviolabilidad de la propiedad privada y restituyó la Ley de Tierras

La Cámara alta aprobó la iniciativa con 42 votos a favor y 26 en contra. La norma reincorpora los límites a la compra de campos por parte de extranjeros y establece nuevas reglas para desalojos y expropiaciones.

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El Senado convirtió este jueves en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que atravesó un complejo recorrido legislativo y que finalmente fue aprobada por 42 votos afirmativos y 26 negativos. La votación contó con el respaldo de La Libertad Avanza junto a la Unión Cívica Radical, el PRO, Provincias Unidas, Convicción Federal y otros bloques provinciales, mientras que el rechazo provino del bloque Justicialista y de diversas fuerzas provinciales.

El aspecto central de la norma aprobada es la restitución de la plena vigencia de la Ley de Tierras Rurales sancionada en 2011, lo que implica la derogación del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23. De esta manera, se reafirman los límites a la extranjerización de campos, fijando un tope del 15 por ciento de titularidad a nivel nacional, provincial y municipal, además de un máximo del 30 por ciento por nacionalidad y un límite de 1.000 hectáreas en zonas núcleo, espejos de agua y áreas de frontera.

El proyecto original impulsado por el Poder Ejecutivo contemplaba la eliminación de estas restricciones, pero el debate parlamentario sufrió modificaciones sustanciales ante el trámite legislativo y las decisiones judiciales en torno al decreto fundacional. En su formato final, la ley también introduce modificaciones en materia de expropiaciones, desalojos y regularización dominial.

Nuevas reglas para expropiaciones y desalojos

En cuanto a las expropiaciones, el texto establece que la declaración de utilidad pública deberá aplicarse de manera restrictiva, identificando de forma específica y concreta el fin perseguido de manera idónea, necesaria y proporcional. La indemnización abarcará el valor objetivo del mercado y los daños que sean consecuencia directa e inmediata, limitando el lucro cesante al 30 por ciento del daño emergente, salvo que se demuestre fehacientemente una afectación superior.

La normativa incorpora además un procedimiento abreviado para los desalojos de inmuebles usurpados o con tenencias precarias. Los jueces podrán disponer la entrega inmediata del predio si el derecho invocado es verosímil, previa caución juratoria, o intimar a la devolución en un plazo de 72 horas si el propietario presenta prueba documental. Para los inquilinos morosos, en cambio, se fijó la obligación de recibir una notificación fehaciente mediante carta documento con un plazo mínimo de diez días corridos para regularizar el pago antes de iniciar una demanda.

Asimismo, se modificó la ley de regularización dominial para permitir que las familias que acrediten una posesión pacífica, ostensible y continua durante los diez años anteriores puedan acceder a la escritura de su vivienda única y permanente.

Debates en el recinto

Durante la sesión, el oficialismo defendió la incorporación de la restitución de la Ley de Tierras como una forma de dar certidumbre a la protección del dominio nacional sobre los recursos. Por su parte, sectores de la oposición criticaron el trayecto legislativo del proyecto, señalando cambios de postura en el oficialismo respecto al texto original enviado meses atrás.

En la misma jornada, el Senado aprobó la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, un paso vinculado a compromisos comerciales internacionales para facilitar la protección de la propiedad intelectual de pequeñas y medianas empresas. También se sancionó por unanimidad la denominada ley Joaquín, que establece medidas de seguridad obligatorias para elementos deportivos en espacios públicos y privados en memoria de un niño fallecido por la caída de un arco de fútbol.

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