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Argentina

La Justicia detectó el uso irregular de datos biométricos en CABA y suspendió el sistema de vigilancia facial

La decisión fue adoptada por el juez Roberto Gallardo, quien además ordenó una batería de medidas de prueba al constatar que el sistema había sido utilizado para obtener datos biométricos de dirigentes políticos, jueces, empresarios y periodistas.

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La Justicia porteña suspendió este martes el sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras detectar un uso ilegal que permitió acceder a datos biométricos de millones de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.

La decisión fue adoptada por el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Gallardo, quien además ordenó una batería de medidas de prueba que incluyó, entre otras medidas, el secuestro de computadoras y dispositivos por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Centro de Monitoreo Urbano ubicado en Patricios al 1100, del barrio de Barracas.

En la resolución, Gallardo aseguró haber constatado que el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) del ministerio de Seguridad de CABA fue utilizado para obtener datos biométricos del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, entre muchas otras personalidades públicas.

Fuentes judiciales consultadas por Télam señalaron que el sistema de monitoreo del ministerio de Seguridad porteño está habilitado a solicitar datos biométricos provenientes del Registro Nacional de las Personas (Renaper) siempre que se traten de personas incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC), que en 2019 eran unas 35.000 y el mes pasado llegaron a 40.000.

La Polica de Seguridad Aeroportuaria allan y secuestr los dispositivos en el Centro de Monitoreo Urbano de Barracas Foto Prensa

La Policía de Seguridad Aeroportuaria allanó y secuestró los dispositivos en el Centro de Monitoreo Urbano de Barracas Foto: Prensa.

Sin embargo, entre abril de 2019 y marzo de 2022, las consultas de datos biométricos realizadas desde la cartera de Seguridad porteña fueron 9 millones, una cifra que no se corresponde con la población de individuos requeridos por la Justicia o en situación de rebeldía a partir de una medida judicial, y que por esa razón figuran en los registros de la CoNaRC.

Las búsquedas de datos biométricos de ciudadanos que no están en ninguna de esas situaciones fueron reconstruidas a partir de la información aportada al expediente por el Renaper, a cuyos archivos acude el sistema de reconocimiento facial de CABA cuando requiere de las imágenes de alta definición que acompañan la documentación personal de todos los ciudadanos.

Un dato relevante para la investigación es que el requerimiento de datos biométricos del Renaper por parte del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos de CABA se rige por el convenio de cooperación técnica que celebraron en 2019, durante la gestión de Cambiemos, el propio Renaper con el ministerio de Seguridad porteño.

Según especialistas en informática que conocen el expediente, la consulta de los datos biométricos se realiza a través de un procedimiento conocido como ‘request’ de información que se conecta automáticamente con la base de datos del Renaper para solicitar la foto digitalizada del DNI, lo que luego permite generar un mapa biométrico: cada una de esas búsquedas queda registrada en dos computadoras, la que emite la información y la que la recibe.

En el informe elaborado por el Renaper en respuesta al oficio del juez surge que entre abril de 2019 y marzo de este año fueron migrados -es decir, requeridos y recibidos por el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos de CABA- los datos biométricos del presidente Alberto Fernández (76 veces); la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (225 veces); el diputado Máximo Kirchner (12 veces); el Ministro del Interior Eduardo «Wado» De Pedro (3 veces) y del ministro de Seguridad Aníbal Domingo Fernández (12 veces).

También fueron migrados los datos de los diputados Sergio Tomás Massa (3 veces); Myriam Bregman (3 veces), Ricardo López Murphy (8 veces); José Luis Espert (8 veces) y Javier Milei (32 veces); según surge del expediente.

La lista incluye además a los nombres del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales (una vez); la Presidenta del PRO, Patricia Bullrich (18 veces); la exProcuradora General de la Nación Alejandra Magdalena Gils Carbó (2 veces); el exjuez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni (2 veces); el ministro de la Corte Carlos Rosenkrantz (una vez); y la Fiscal General por ante la Cámara Nacional en lo Comercial, Gabriela Fernanda Boquín (4 veces).

Entre los periodistas que pudieron haber sido espiados a través del sistema de reconocimiento facial se encuentra Gustavo Sylvestre, cuyos datos biométricos fueron migrados 9 veces; Joaquín Morales Solá (una vez), Viviana Canosa (6 veces) y Eduardo Feinmann (9 veces).

La lista contiene también empresarios, fiscales federales, a la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Hebe Pastor de Bonafini (5 veces), y a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto (2 veces).

Foto Prensa

Foto: Prensa.

En su resolución firmada este martes, el juez sostuvo que la CABA sólo estaba autorizada a extraer datos biométricos «siempre y cuando se tratara de personas cuya búsqueda haya sido exigida por la Justicia».

Luego advirtió que la enorme cantidad de consultas sobre ciudadanos, muchos conocidos por su actuación pública, que no están requeridos por la Justicia ni en situación de rebeldía demuestran que el proceso pudo haber sido manipulado para obtener información indebida de modo ilegal.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las entidades que impulsó la causa a partir de un amparo colectivo presentado por el Observatorio del Derecho Informático en la Argentina (ODIA), plantearon que la detección de 9 millones de consultas de datos biométricos -con tantas personalidades involucradas- obliga a la administración de Horacio Rodríguez Larreta a dar explicaciones y responder en la Justicia.

«El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe dar una explicación acerca de las búsquedas que hizo de datos biométricos de tantas y tantas personas en el período de abril de 2019 a marzo de 2022», aseguró a Télam el abogado y director de Litigios del CELS, Diego Morales.

En la misma línea opinó el abogado especializado en Derecho informático Tomás Pomar, director de ODIA, para quien de la prueba ya recolectada en el expediente «surge que ha habido un uso indebido de los datos biométricos», y luego alertó que la motivación y el uso que se dio a esa cantidad de consultas biométricas deben ser esclarecidos.

«A qué destino o qué se hizo con toda esa información aún no lo sabemos, pero el gobierno de la Ciudad va a tener que dar explicaciones sobre su sistema de reconocimiento facial», puntualizó Pomar.

Cerca de las 20, una vez que finalizaron las pericias en el Centro de Monitoreo Urbano de Barracas, desde el Ministerio de Seguridad porteño emitieron un comunicado en respuesta de seis puntos en el que, al referirse al principal cuestionamiento del juez, señalaron que las consultas realizadas al Renaper desde esa cartera «no son exclusivamente por contraste con el sistema de reconocimiento facial».

«Responden a una pluralidad de trámites habilitados por la Justicia y que no representan ninguna irregularidad», manifestaron desde la cartera que encabeza Marcelo D’Alessandro y agregaron que el Renaper, al responder las consultas de datos biométricos, «devuelve la foto y los datos del DNI» pero no «ubicaciones ni nada de eso». Además, señalaron que «el reconocimiento facial no está funcionando desde abril de 2020».

La suspensión del sistema de reconocimiento facial que ordenó este martes el juez Gallardo se produjo en una causa iniciada a principios de 2020, luego de que varias entidades y ONG -entre ellos el observatorio ODIA y el CELS, más la presentación como amicus curiae de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Correpi y la Fundación Vía Libre- presentaran un amparo colectivo en la Justicia Contencioso Administrativa de la CABA en el que denunciaban falta de control ciudadano, riesgos para la privacidad y la aplicación de patrones discriminatorios para realizar los mapas biométricos.

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Confirman el viaje de Manuel Adorni con su familia a Aruba en primera clase

El fiscal federal Gerardo Pollicita corroboró que Manuel Adorni viajó a Aruba, una isla del Caribe, con su mujer Bettina González y sus dos hijos.

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El fiscal federal Gerardo Pollicita corroboró que Manuel Adorni viajó a Aruba, una isla del Caribe, con su mujer Bettina González y sus dos hijos para festejar un año nuevo. La confirmación se dio en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento del jefe de Gabinete. Los pasajes fueron en primera clase con la aerolínea Latam.

La información fue proporcionada por la propia aerolínea. A partir de ella, se supo que Adorni partió con su familia el 29 de diciembre de 2024, con escala en Perú, y regresó el 10 de enero de 2025, con un parate intermedio en Ecuador. Además, se conoció el precio: u$s1450 cada pasaje lo que da un total de u$s5800.

La investigación no se detiene ahí. Ahora están averiguando en cuál hotel se alojaron y cuánto les costó la noche, según publicó Infobae. Con esta información, se confirmaron al menos dos viajes internacionales (Aruba y Punta del Este) de elevado precio realizados por Manuel Adorni y su familia siendo él funcionario público.

Caso Manuel Adorni: las jubiladas dijeron que no lo conocían y que sus hijos gestionaron el préstamo

Las dos jubiladas que financiaron con u$s200.000, sin intereses, la compra del departamento de Manuel Adorni en Caballito declararon este miércoles en Comodoro Py ante el fiscal Gerardo Pollicita y aseguraron que no conocían personalmente al jefe de Gabinete. Durante la testimonial, ambas señalaron que la operación fue gestionada a través de sus hijos, dato que ahora quedó incorporado al expediente que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del funcionario.

Según trascendió de la audiencia, Claudia Sbabo, de 64 años, sostuvo que fue su hijo Leandro quien le pidió avanzar con el préstamo para completar la compra del inmueble ubicado en la calle Miró. La mujer explicó además que contaba con fondos provenientes de una operación inmobiliaria previa y confirmó que el crédito fue otorgado sin intereses, con vencimiento previsto para noviembre de este año.

FUENTE: Ámbito

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Comienza el segundo juicio por la muerte de Maradona

El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comenzará este martes en los Tribunales de San Isidro, tras la nulidad del primer proceso en 2025.

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El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comenzará este martes 14 de abril en los Tribunales de San Isidro, tras la nulidad del primer proceso en 2025 como consecuencia del documental Justicia Divina que protagonizó la ex jueza Julieta Makintach.

Todo volverá a empezar. El caso por el presunto homicidio simple con dolo eventual del astro iniciará de cero el debate que determinará las supuestas responsabilidades de neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Omar Almirón; el coordinador Mariano Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna y la jefa de la internación domiciliaria de Diego, Nancy Edith Forlini.

Dalma, Gianinna y Jana Maradona -tres de las hijas del ídolo-, Verónica Ojeda -madre de Dieguito Fernando y ex pareja-, las hermanas, el abogado Víctor Stinfale, los médicos que realizaron la autopsia y gente que acompañó a “Pelusa” hasta sus últimos días tendrán que declarar nuevamente.

Fuentes de la investigación informaron a la Agencia Noticias Argentinas que las audiencias se llevarán a cabo los martes y miércoles entre las 10 y las 17 en el edificio de la calle Ituzaingó 340, donde en la primera jornada se espera una fuerte movilización para reclamar justicia por el “Diez”.

El año pasado, más de 40 testigos comparecieron ante los magistrados Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach (TOC N°3), se exhibieron fotografías de la necropsia, audios impactantes de conversaciones que mantuvieron los imputados y hasta se concretó la detención del ex jefe de seguridad de Maradona Julio César Coria, aunque luego recuperó la libertad.

Nada resultó, todo fue en vano. Un juicio entero tirado a la basura. Un proyecto audiovisual se filmó en las instalaciones de los Tribunales, que contó con la participación de una de los jueces -Makintach-.

La subrogante ofreció una entrevista en su despacho, caminó por los pasillos del lugar y se grabaron escenas de las audiencias en el interior de la sala.

Una cámara ingresó sin autorización al juicio y filmó diversas situaciones, con el objetivo de documentar el proceso que llegaría a la verdad -o no- de lo que ocurrió con uno de los ídolos más populares de la Argentina: Diego Armando Maradona.

Julio Rivas, uno de los defensores de Luque, denunció que fue contactado por la BBC de Londres para formar parte del proyecto, por lo que pidió la recusación de la jueza en una de las audiencias.

Otra de las situaciones más llamativas ocurrió cuando la ex titular del TOC N°2 se sentó en el centro del estrado y ocupó el lugar de Savarino, quien era el presidente del debate.

Rodolfo Baqué, que patrocinaba legalmente a Almirón, fue expulsado del debate por un supuesto conflicto de intereses, pero el letrado luego manifestó que ese hecho «era parte del guión» de Justicia Divina.

El fiscal Patricio Ferrari expuso las imágenes del escándalo en el juicio ante la sorpresa y el llanto de las hijas de Diego y Verónica Ojeda, mientras Makintach negaba rotundamente: «Esto no es mío».

En ese momento, Baqué se levantó de su asiento y calificó de «basura» a la funcionaria judicial, que fue expulsada del proceso, y una semana después se determinó la nulidad absoluta del debate.

Fernando Burlando, representante legal de Dalma y Giannina, y Julio César Coria -uno de los testigos- presentaron denuncias contra Makintach y se inició una causa penal en la UFI N°1 de San Isidro.

A su vez, se realizaron múltiples pedidos de juicio político y el procurador general de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, también solicitó un jury de enjuiciamiento contra Makintach.

El 18 de noviembre de 2025, en el Anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, la destitución de la hija del juez Juan Makintach se votó por unanimidad al igual que la inhabilitación absoluta para ejercer cargos.

En la causa penal, la ex jueza se encuentra imputada por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.

Ahora, el TOC N°7, a cargo de los magistrados Alberto Ortolani, Pablo Rolón y Alberto Ortolani, tendrá la tarea de llevar adelante el litigio, a más de cinco años del deceso de Maradona ocurrido el 25 de noviembre de 2020 en el country San Andrés de Tigre por un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada.

El rol de los acusados

Leopoldo Luque: neurólogo y ex médico personal del paciente. Era la persona en la que más confiaba Diego. Consideró que era pertinente realizar la cirugía por el hematoma súbdural en la Clínica Olivos, en noviembre de 2020, cuya externación se concretó el 11 de ese mes.

Agustina Cosachov: psiquiatra. La profesional indicaba a los enfermeros qué dosis y qué medicamentos debían proveerle al ex entrenador.

Carlos Díaz: psicólogo. Conoció a Maradona por intermedio del abogado Matías Morla

Ricardo Almirón: fue uno de los enfermeros encargado de atender a Diego en el barrio cerrado junto a Dahiana Madrid, la única acusada que irá a un juicio por jurados populares.

Mariano Perroni: coordinaba las tareas de los enfermeros de Medidom en Tigre.

Nancy Edith Forlini fue la médica de Swiss Medical encargada de coordinar la internación domiciliaria de oriundo de Villa Fiorito en la casa de Benavídez. La profesional armó el equipo médico que se ocupó de cuidar la salud del ex jugador tras su externación de la Clínica Olivos.

Pedro Di Spagna: médico clínico, trabaja en Huracán. Recomendó un nutricionista para que revise la dieta de ex jugador de Boca y la Selección argentina. Los enfermeros, Perroni y Forlini lo consultaban permanentemente en el grupo de WhatsApp «Tigre».

FUENTE: NA

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La situación entre las farmacias y el PAMI vuelve a tensarse por falta de pago

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Tucumán alertan por atrasos en los pagos y advierten que muchas farmacias ya no pueden sostener la cobertura.

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Verónica Pastoriza, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Tucumán, quien describió un escenario “muy crítico” a partir del incumplimiento en los pagos por parte de la obra social, aseguró que “en algún momento se habían regularizado parcialmente los pagos, pero no duró mucho. Ahora tenemos nuevamente cuatro vencimientos adeudados y esta semana se suma uno más”, explicó. En ese sentido, advirtió que “ya hay farmacias con cuentas corrientes suspendidas, lo cual impide la reposición de medicamentos”.

 La referente del sector señaló que muchas farmacias están llegando a un límite financiero. “Estamos viviendo épocas muy complejas. Hay muchas que ya no pueden recibir la obra social porque no podemos financiar más”, sostuvo. Además, alertó que si se corta la cadena de pagos con droguerías, “no solo se deja de atender PAMI, sino también a otras obras sociales”.
Pastoriza explicó que el impacto es aún mayor debido a la alta cobertura que tienen los afiliados. “Hay medicamentos con cobertura del 100%, como insulina, tiras reactivas y tratamientos para enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión. Eso implica un financiamiento muy grande para la farmacia”, indicó.

En relación a los medicamentos de alto costo, como los oncológicos, aclaró que se manejan bajo otro esquema, pero remarcó que el grueso de la demanda está en tratamientos habituales que también representan un fuerte gasto.
La problemática, afirmó, es de alcance nacional. “El convenio con PAMI es nacional y participan distintas entidades como COFA, FEFA, la industria y las farmacias. Todos aportamos para sostener los descuentos, pero si una parte no cumple, el sistema se resiente”, explicó.

Consultada sobre posibles cortes en el servicio, indicó que si bien no hay interrupciones generalizadas, sí comienzan a aparecer limitaciones. “No es que se corta directamente, pero hay imposibilidad de reponer algunos medicamentos. Depende de la espalda de cada farmacia, pero ya tenemos consultas constantes, incluso de farmacias medianas”, afirmó.

Además, advirtió sobre el impacto en los pacientes: “El afiliado de PAMI es el que más consume medicamentos por su edad. Si no puede acceder, corre riesgo de interrumpir tratamientos, lo cual es muy grave”.

En paralelo, el sector también enfrenta una caída en las ventas. “Se nota que el paciente ajusta: antes llevaba una caja, ahora pide un blister o busca genéricos. Se consulta mucho más el precio”, detalló. Si bien los aumentos en medicamentos están por debajo de la inflación, reconoció que “igual impactan en un contexto donde el dinero no alcanza”.
Finalmente, Pastoriza confirmó que desde el sector se solicitan reuniones urgentes con autoridades del PAMI a nivel nacional, aunque por el momento no obtuvieron respuestas. “La situación requiere una solución en el corto plazo, porque está en juego la atención de los jubilados”, concluyó. /LV12/

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