La Justicia detectó el uso irregular de datos biométricos en CABA y suspendió el sistema de vigilancia facial
La decisión fue adoptada por el juez Roberto Gallardo, quien además ordenó una batería de medidas de prueba al constatar que el sistema había sido utilizado para obtener datos biométricos de dirigentes políticos, jueces, empresarios y periodistas.
La Justicia porteña suspendió este martes el sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras detectar un uso ilegal que permitió acceder a datos biométricos de millones de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.
La decisión fue adoptada por el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Gallardo, quien además ordenó una batería de medidas de prueba que incluyó, entre otras medidas, el secuestro de computadoras y dispositivos por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Centro de Monitoreo Urbano ubicado en Patricios al 1100, del barrio de Barracas.
En la resolución, Gallardo aseguró haber constatado que el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) del ministerio de Seguridad de CABA fue utilizado para obtener datos biométricos del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, entre muchas otras personalidades públicas.
Fuentes judiciales consultadas por Télam señalaron que el sistema de monitoreo del ministerio de Seguridad porteño está habilitado a solicitar datos biométricos provenientes del Registro Nacional de las Personas (Renaper) siempre que se traten de personas incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC), que en 2019 eran unas 35.000 y el mes pasado llegaron a 40.000.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria allanó y secuestró los dispositivos en el Centro de Monitoreo Urbano de Barracas Foto: Prensa.
Sin embargo, entre abril de 2019 y marzo de 2022, las consultas de datos biométricos realizadas desde la cartera de Seguridad porteña fueron 9 millones, una cifra que no se corresponde con la población de individuos requeridos por la Justicia o en situación de rebeldía a partir de una medida judicial, y que por esa razón figuran en los registros de la CoNaRC.
Las búsquedas de datos biométricos de ciudadanos que no están en ninguna de esas situaciones fueron reconstruidas a partir de la información aportada al expediente por el Renaper, a cuyos archivos acude el sistema de reconocimiento facial de CABA cuando requiere de las imágenes de alta definición que acompañan la documentación personal de todos los ciudadanos.
Un dato relevante para la investigación es que el requerimiento de datos biométricos del Renaper por parte del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos de CABA se rige por el convenio de cooperación técnica que celebraron en 2019, durante la gestión de Cambiemos, el propio Renaper con el ministerio de Seguridad porteño.
Según especialistas en informática que conocen el expediente, la consulta de los datos biométricos se realiza a través de un procedimiento conocido como ‘request’ de información que se conecta automáticamente con la base de datos del Renaper para solicitar la foto digitalizada del DNI, lo que luego permite generar un mapa biométrico: cada una de esas búsquedas queda registrada en dos computadoras, la que emite la información y la que la recibe.
En el informe elaborado por el Renaper en respuesta al oficio del juez surge que entre abril de 2019 y marzo de este año fueron migrados -es decir, requeridos y recibidos por el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos de CABA- los datos biométricos del presidente Alberto Fernández (76 veces); la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (225 veces); el diputado Máximo Kirchner (12 veces); el Ministro del Interior Eduardo «Wado» De Pedro (3 veces) y del ministro de Seguridad Aníbal Domingo Fernández (12 veces).
También fueron migrados los datos de los diputados Sergio Tomás Massa (3 veces); Myriam Bregman (3 veces), Ricardo López Murphy (8 veces); José Luis Espert (8 veces) y Javier Milei (32 veces); según surge del expediente.
La lista incluye además a los nombres del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales (una vez); la Presidenta del PRO, Patricia Bullrich (18 veces); la exProcuradora General de la Nación Alejandra Magdalena Gils Carbó (2 veces); el exjuez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni (2 veces); el ministro de la Corte Carlos Rosenkrantz (una vez); y la Fiscal General por ante la Cámara Nacional en lo Comercial, Gabriela Fernanda Boquín (4 veces).
Entre los periodistas que pudieron haber sido espiados a través del sistema de reconocimiento facial se encuentra Gustavo Sylvestre, cuyos datos biométricos fueron migrados 9 veces; Joaquín Morales Solá (una vez), Viviana Canosa (6 veces) y Eduardo Feinmann (9 veces).
La lista contiene también empresarios, fiscales federales, a la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Hebe Pastor de Bonafini (5 veces), y a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto (2 veces).
Foto: Prensa.
En su resolución firmada este martes, el juez sostuvo que la CABA sólo estaba autorizada a extraer datos biométricos «siempre y cuando se tratara de personas cuya búsqueda haya sido exigida por la Justicia».
Luego advirtió que la enorme cantidad de consultas sobre ciudadanos, muchos conocidos por su actuación pública, que no están requeridos por la Justicia ni en situación de rebeldía demuestran que el proceso pudo haber sido manipulado para obtener información indebida de modo ilegal.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las entidades que impulsó la causa a partir de un amparo colectivo presentado por el Observatorio del Derecho Informático en la Argentina (ODIA), plantearon que la detección de 9 millones de consultas de datos biométricos -con tantas personalidades involucradas- obliga a la administración de Horacio Rodríguez Larreta a dar explicaciones y responder en la Justicia.
«El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe dar una explicación acerca de las búsquedas que hizo de datos biométricos de tantas y tantas personas en el período de abril de 2019 a marzo de 2022», aseguró a Télam el abogado y director de Litigios del CELS, Diego Morales.
En la misma línea opinó el abogado especializado en Derecho informático Tomás Pomar, director de ODIA, para quien de la prueba ya recolectada en el expediente «surge que ha habido un uso indebido de los datos biométricos», y luego alertó que la motivación y el uso que se dio a esa cantidad de consultas biométricas deben ser esclarecidos.
«A qué destino o qué se hizo con toda esa información aún no lo sabemos, pero el gobierno de la Ciudad va a tener que dar explicaciones sobre su sistema de reconocimiento facial», puntualizó Pomar.
Cerca de las 20, una vez que finalizaron las pericias en el Centro de Monitoreo Urbano de Barracas, desde el Ministerio de Seguridad porteño emitieron un comunicado en respuesta de seis puntos en el que, al referirse al principal cuestionamiento del juez, señalaron que las consultas realizadas al Renaper desde esa cartera «no son exclusivamente por contraste con el sistema de reconocimiento facial».
«Responden a una pluralidad de trámites habilitados por la Justicia y que no representan ninguna irregularidad», manifestaron desde la cartera que encabeza Marcelo D’Alessandro y agregaron que el Renaper, al responder las consultas de datos biométricos, «devuelve la foto y los datos del DNI» pero no «ubicaciones ni nada de eso». Además, señalaron que «el reconocimiento facial no está funcionando desde abril de 2020».
La suspensión del sistema de reconocimiento facial que ordenó este martes el juez Gallardo se produjo en una causa iniciada a principios de 2020, luego de que varias entidades y ONG -entre ellos el observatorio ODIA y el CELS, más la presentación como amicus curiae de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Correpi y la Fundación Vía Libre- presentaran un amparo colectivo en la Justicia Contencioso Administrativa de la CABA en el que denunciaban falta de control ciudadano, riesgos para la privacidad y la aplicación de patrones discriminatorios para realizar los mapas biométricos.
Argentina cayó en lectura, matemática y ciencias y tuvo sus peores resultados desde 2006, según las pruebas PISA
Argentina empeoró sus resultados en las tres áreas evaluadas y quedó octava en América Latina. Matemática registró el puntaje más bajo de la serie nacional comparable.
Los estudiantes argentinos retrocedieron en Ciencias, Lectura y Matemática en las pruebas PISA 2025. El país obtuvo 393 puntos en Ciencias, 389 en Lectura y 367 en Matemática: los tres resultados quedaron por debajo de la medición de 2022 y, en el caso de Matemática, representan el puntaje más bajo de toda la serie histórica comparable.
Argentina se ubicó en el puesto 71 en Ciencias, 62 en Lectura y 75 en Matemática entre los 91 sistemas educativos participantes. En América Latina quedó octava en las tres áreas evaluadas.
El deterioro también se refleja en los niveles de aprendizaje. El 76% de los estudiantes argentinos de 15 años no alcanzó el nivel básico en Matemática. En Lectura, el 60% quedó por debajo de ese umbral y en Ciencias, el 59%.
Además, el 48,8% presentó un desempeño bajo simultáneamente en las tres áreas. En el promedio de los países de la OCDE, esa proporción fue del 19,7%. En el otro extremo, apenas el 1,2% de los alumnos argentinos alcanzó los niveles más altos en al menos una de las disciplinas, frente al 11,9% de la OCDE.
Una caída en las tres áreas
Los resultados difundidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestran que Argentina perdió 13 puntos en Ciencias respecto de 2022, al pasar de 406 a 393; 12 puntos en Lectura, de 401 a 389; y 11 puntos en Matemática, de 378 a 367.
Es la primera vez dentro de la serie comparable que el país retrocede simultáneamente en las tres áreas.
La caída argentina ocurrió en un contexto de deterioro mundial de los aprendizajes, especialmente en Lectura. Sin embargo, el retroceso partió de niveles que ya eran bajos.
En Ciencias, el promedio de la OCDE fue de 482 puntos, 89 más que Argentina. Mientras el país perdió 13 puntos desde 2022, el promedio de la organización retrocedió 3.
En Lectura, la OCDE obtuvo 461 puntos. Argentina perdió 12 respecto de 2022, mientras que el retroceso promedio internacional fue de unos 14 puntos.
En Matemática, la diferencia fue de 96 puntos: Argentina obtuvo 367 frente a los 463 de la OCDE. El promedio internacional también cayó, aunque lo hizo en 9 puntos frente a los 11 del país.
El informe PISA utiliza alrededor de 20 puntos como referencia aproximada del aprendizaje adquirido por un estudiante durante un año de escolarización.
Matemática, el área más crítica
Solo el 24% de los estudiantes argentinos alcanzó al menos el nivel 2 en Matemática, considerado por PISA como el umbral básico de desempeño. En el promedio de la OCDE lo consiguió el 65%.
La situación empeoró respecto de las mediciones anteriores. En 2022, el 27% de los alumnos argentinos alcanzaba ese nivel y en 2018 lo hacía alrededor del 31%. La presencia de estudiantes argentinos en los niveles 5 y 6 fue prácticamente nula, mientras que en la OCDE llegó al 8%.
En Ciencias, el 41% alcanzó al menos el nivel básico, frente al 74% de la OCDE. El 59% quedó por debajo de ese umbral y apenas el 1% llegó a los niveles 5 o 6.
En Lectura, el 40% alcanzó el nivel básico, frente al 69% promedio de la OCDE. También en esta área solo el 1% de los estudiantes argentinos llegó a los niveles superiores.
“Los resultados de PISA 2025 confirman una tendencia que no podemos ignorar: 8 de cada 10 estudiantes argentinos de 15 años no alcanzan los niveles mínimos en Matemática, y la caída se repite en Lectura y Ciencias”, consideró Víctor Volman, director ejecutivo de Argentinos por la Educación.
Octava en América Latina
Argentina quedó octava entre los 13 países latinoamericanos participantes en las tres áreas evaluadas y estuvo entre los que más retrocedieron desde 2022.
En Ciencias, Uruguay obtuvo el mejor resultado regional, con 445 puntos, seguido por Chile (442), Costa Rica (424), Colombia y México (414), Brasil (409) y Perú (406). Argentina y Ecuador alcanzaron 393 puntos.
El resultado muestra un cambio respecto de 2022. Entonces Argentina tenía 406 puntos y superaba por tres a Brasil. En 2025, Brasil subió a 409 y Argentina cayó a 393, por lo que la diferencia pasó a ser de 16 puntos.
En Lectura, Chile encabezó la región con 436 puntos, seguido por Uruguay (423), Costa Rica (416), México y Brasil (408), Colombia (399) y Perú (390). Argentina obtuvo 389.
En Matemática, Uruguay consiguió 405 puntos y Chile, 403. Luego se ubicaron México (388), Costa Rica (387), Perú (382), Colombia (381) y Brasil (377). Argentina quedó detrás de esos siete países con 367 puntos y apenas por encima de Ecuador, con 366.
La caída argentina de 11 puntos en Matemática fue la mayor registrada entre los países latinoamericanos respecto de PISA 2022.
Una nueva evaluación
PISA 2025 incorporó una prueba de resolución computacional de problemas, destinada a medir la capacidad para desenvolverse en entornos digitales mediante herramientas de programación y modelización.
Argentina obtuvo 403 puntos, frente a un promedio de 500 en la OCDE. Entre los 13 países latinoamericanos quedó novena.
El deterioro fue mundial
Más de 760.000 alumnos de 91 países y economías participaron de PISA 2025. En Argentina fueron evaluados 11.093 estudiantes de 412 escuelas, una muestra representativa de unos 609.100 jóvenes de 15 años. La prueba se realizó de manera digital.
PISA no mide el dominio de contenidos curriculares específicos, sino la capacidad para utilizar conocimientos y habilidades frente a problemas y situaciones nuevas. En esta edición, Ciencias fue el área principal y Matemática y Lectura funcionaron como dominios secundarios.
Según la OCDE, PISA 2025 registró los puntajes promedio más bajos desde que se realiza la evaluación en las tres áreas. Entre los 74 países y economías con resultados comparables, 48 no mostraron grandes cambios en Ciencias, pero al menos la mitad retrocedió en Lectura y Matemática.
La organización señala que la pérdida de aprendizajes forma parte de un proceso de largo plazo y no puede atribuirse únicamente al cierre de las escuelas durante la pandemia. Entre los factores analizados aparecen la disminución de la lectura por placer, los cambios en los hábitos digitales, los problemas de asistencia y una menor interacción familiar vinculada con la vida escolar.
Celulares, IA y clima escolar
Los cuestionarios complementarios mostraron además diferencias entre los estudiantes argentinos y el promedio de la OCDE en el uso de dispositivos y las condiciones dentro de las aulas.
El 55% de los alumnos argentinos afirmó que sus compañeros se distraen con dispositivos electrónicos durante la mayoría o todas las clases de Ciencias, frente al 28% en la OCDE.
El 37% asiste a escuelas donde está prohibido utilizar celulares en todo el establecimiento, mientras que en la OCDE la proporción llega al 49%.
También es mayor el uso de inteligencia artificial: el 52% de los adolescentes argentinos dijo utilizar chatbots de IA al menos una vez por semana como ayuda para aprender, frente al 46% en la OCDE. El 41% los utiliza para investigar temas nuevos y la misma proporción para resumir textos.
En cuanto al clima escolar, el 58% sostuvo que el ruido y el desorden interrumpen la mayoría o todas las clases de Ciencias, casi el doble del 31% de la OCDE. El 47% señaló además que sus compañeros no escuchan al docente, frente al 29% internacional.
El 66% dijo haber llegado tarde a la escuela al menos una vez durante las dos semanas anteriores a la evaluación, contra el 50% de la OCDE.
Los datos muestran, a la vez, una valoración favorable de los docentes. El 78% afirmó que su profesor de Ciencias se interesa por el aprendizaje de todos los alumnos, el 73% que continúa enseñando hasta que comprenden y el 79% que brinda ayuda adicional cuando es necesaria. Los tres indicadores superan los promedios de la OCDE.
Tras superar la primera mitad del año y dejar atrás el receso invernal, las comunidades educativas de todo el país ya contemplan con atención el tramo final del ciclo lectivo 2026. Con la premisa central de garantizar el piso federal de 190 días de clases efectivos acordado colectivamente por el Ministerio de Capital Humano y el Consejo Federal de Educación (CFE), las autoridades de cada jurisdicción confirmaron de forma oficial las fechas exactas en las que las aulas cerrarán el dictado ordinario de contenidos.
El cronograma nacional revela que la conclusión de las actividades académicas se desplegará de manera progresiva durante la tercera semana de diciembre 2026, adaptando los calendarios locales a las dinámicas institucionales de cada provincia del territorio argentino.
El cierre de clases depende de cada gobierno en cada provincia, por eso presentamos la nómina completa de las 24 jurisdicciones del país organizadas según el día de cierre del calendario lectivo regular:
Miércoles 16 de diciembre 2026: Formosa.
Viernes 18 de diciembre 2026:La gran mayoría de las jurisdicciones argentinas darán por terminado su período lectivo de manera conjunta en esta fecha: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán.
Martes 22 de diciembre 2026: Provincia de Buenos Aires, Mendoza.
Miércoles 23 de diciembre 2026: La Pampa.
El inicio de las vacaciones de verano y la conclusión del año lectivo
La finalización de la actividad escolar ordinaria dará comienzo formal al receso y a las vacaciones de verano 2026-2027 en toda la RepúblicaArgentina. Para la gran mayoría de los alumnos, las vacaciones comenzarán inmediatamente el día posterior al cierre de las aulas fijado en su respectiva provincia.
Sin embargo, este cierre no implica la desconexión total para la totalidad del estudiantado: quienes necesiten períodos de intensificación de saberes, apoyo pedagógico adicional o rendir asignaturas pendientes deberán asistir a las mesas de examen programadas en los días subsiguientes. De este modo, la planificación federal equilibra los días lectivos requeridos con el inicio del receso para toda la comunidad educativa nacional.
El Aeroparque Jorge Newbery no estará operativo desde las 9 de este martes por trabajos de mantenimiento preventivo en la pista dentro de un plan integral de obras impulsado por Aeropuertos Argentina, que supera los u$s 85 millones.
El programa está orientado a acompañar el crecimiento récord de pasajeros que viene registrando la terminal en los últimos años.
Qué pasará con los vuelos durante el cierre de Aeroparque
La totalidad de los vuelos que habitualmente parten y llegan a Aeroparque —incluidos los servicios de cabotaje y regionales— se trasladará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La decisión fue coordinada con las aerolíneas y los organismos públicos durante los meses previos, y el anuncio oficial se hizo el 5 de junio, lo que permitió reprogramar itinerarios, ajustar slots y reorganizar personal en ambas terminales.
Según explicaron las autoridades aeroportuarias, se eligió esta franja porque afecta una menor cantidad de operaciones que otros días de la semana y porque se ajusta mejor a las condiciones climáticas previstas para fines de agosto, lo que reduce el riesgo de cancelaciones adicionales por factores meteorológicos. En paralelo, se trabajó con los prestadores de servicios terrestres y de handling para asegurar la capacidad de atención en Ezeiza, tanto en mostradores como en posiciones de estacionamiento de aeronaves.
El impacto del cierre en números
En un período similar, Ezeiza opera habitualmente alrededor de 530 movimientos entre despegues y aterrizajes. Durante estas 55 horas, recibirá unos 940 movimientos, lo que representa un incremento cercano al 80% respecto de su operación normal.
Aeroparque, en tanto, realizará aproximadamente 180 movimientos en las horas previas al cierre —el 25 de agosto, entre las 0 y las 9— y en el momento de la reapertura —el 27 de agosto, a partir de las 16—, cuando la actividad se retome de forma progresiva.
Un plan de obras de más de u$s 85 millones
El mantenimiento de la pista se enmarca en un plan estratégico de infraestructura que supera los u$s 85 millones y que busca modernizar la terminal y mejorar la experiencia del pasajero.
La primera etapa del proyecto ya incluyó la ampliación de la Plataforma Norte para otorgarle mayor capacidad operativa para aeronaves, la ampliación del PIR doméstico y del hall de check-in, y mejoras en las vialidades de Arribos Internacionales.
La segunda etapa, actualmente en desarrollo, apunta a ampliar las zonas de preembarque nacional e incorporar tecnología para reducir los tiempos de espera: se proyecta una disminución de hasta 26% en el tiempo de check-in y de 33% en el PIR. El plan contempla, además, la construcción de una nueva sala VIP, la ampliación de la superficie comercial y nuevas propuestas gastronómicas.
