El ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pidió una prórroga a la Justicia para responder más adelante el requerimiento de justificación patrimonial que elaboró el fiscal Gerardo Pollicita, quien lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito. El plazo previsto originalmente se vence este miércoles.

La defensa de Adorni presentó un escrito ante el juez Ariel Lijo argumentando que necesitan acceder a un conjunto de pruebas que aún no pudieron revisar. Son archivos y conversaciones citadas por el fiscal en el requerimiento.

Esta etapa de la causa es la primera instancia que tiene el ex funcionario libertario para justificar el origen de su patrimonio. Si no logra despejar las 20 inconsistencias que detectaron los investigadores, entonces el fiscal estará en condiciones de dar un paso más y pedir que el juez lo cite a declaración indagatoria.

Ahora el titular del Juzgado Federal N° 4 de Comodoro Py puede escuchar la opinión de la fiscalía antes de resolver si prorroga o no el plazo de la justificación patrimonial. La defensa, a cargo del abogado Matías Ledesma, sugirió extenderlo otros 15 días más.

Las 20 inconsistencias

El requerimiento se firmó el pasado 10 de agosto. En un dictamen de 207 páginas, el fiscal Pollicita enumeró una veintena de interrogantes sobre los bienes de Adorni y Angeletti. La investigación abarca el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 —fecha en la que ingresó a la función pública nacional como vocero de Javier Milei— y el 27 de junio de 2026, día en que formalizó su renuncia al cargo.

De acuerdo con la investigación, el matrimonio tuvo ingresos por $229.752.283,20 en concepto de haberes del exfuncionario y de su esposa.

Sin embargo, los gastos registrados en moneda nacional —que incluyeron expensas, servicios, impuestos, viajes, seguros automotores, electrodomésticos y tarjetas de crédito— ascendieron a $272.820.832,20. Esta diferencia generó un saldo de $43.068.549 que aún no encuentra explicación.

Asimismo, el fiscal detectó gastos en moneda extranjera por un valor de USD 402.578,12, destinadas a la adquisición y refacción del lote 380 del country Indio Cuá, la compra de un departamento en la calle Miró 550, el mobiliario de estas propiedades, alquileres temporarios y viajes al exterior.

Entre los veinte puntos que Adorni deberá aclarar, se destaca el origen de los dólares en efectivo declarados bajo el rubro “venta de activos”, detallando qué bienes enajenó, a qué compradores y con qué respaldo documental. Ese dato coincide con la explicación pública del ex ministro coordinador que, acorralado por el escándalo, reveló que desde hace una década tenía medio millón de dólares en criptomonedas que nunca declaró ni gastó hasta que llegó al poder.

También se le solicitó acreditar la existencia real de préstamos familiares otorgados por Silvia Pais y Norma Zuccolo, la procedencia de los fondos para adquirir un vehículo Jeep y las razones por las cuales el lote del Country Indio Cuá figura exclusivamente a nombre de su cónyuge. En esta última propiedad, la fiscalía exigió justificar los USD 245.000 abonados en efectivo al contratista Matías Tabar por la remodelación de la vivienda.

El requerimiento judicial también exige explicaciones sobre la operatoria con criptoactivos del ex jefe de Gabinete.

La fiscalía detectó fondos en una billetera virtual que Adorni validó con su identidad, pero omitió declarar ante la Oficina Anticorrupción, además de inconsistencias en las declaraciones rectificativas del ejercicio 2023.

Por último, Adorni tendrá que aclarar el uso de terceras personas para realizar pagos y consumos con tarjetas de crédito ajenas, la cancelación de deudas con el Banco Galicia y el origen de acreditaciones no salariales en su cuenta sueldo del Banco de la Nación Argentina. /Infobae

El Gobierno profundiza su estrategia de ceder el manejo de las rutas nacionales a las provincias con gobernadores dialoguistas. Este lunes fue el turno de Río Negro, a partir de una reunión entre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, con Alberto Weretilneck: se firmó la transferencia del Tren del Valle y de las Rutas Nacionales 22 y 151.

La postal de este comienzo de semana fue la cuarta en el esquema que encontró la Nación para fortalecer el lazo con las provincias que le pueden aportar votos en el Congreso sin necesidad de grandes erogaciones económicas: ya se firmó el traspaso de rutas con Santa Fe, San Juan y San Luis. A su vez, Córdoba, Neuquén y Corrientes negocian por su lado, mientras que Tucumán, con el gobernador Osvaldo Jaldo a la cabeza, lo rechazó.

Rutas y trenes a Río Negro

Según el convenio firmado este lunes, Río Negro se hará cargo de la operación integral del servicio ferroviario del Tren del Valle, que conecta las ciudades de Neuquén y Plottier, con el compromiso de garantizar su continuidad y las inversiones necesarias para sostenerlo.

En el caso vial, el acuerdo fija un marco para que la provincia asuma la gestión de unos 508 kilómetros de las rutas 22 y 151, que incluye obras, conservación, mantenimiento, servicios al usuario y control operativo. La transferencia no será automática: se hará tramo por tramo, mediante convenios específicos. Río Negro financiará las intervenciones y definirá su plan de obras, mientras que Vialidad Nacional mantendrá la jurisdicción nacional y la supervisión técnica.

El convenio también prevé un mecanismo para resolver las obras y los contratos nacionales en curso, y deja abierta una eventual concesión con cobro de peajes, en el marco del Decreto 253/2026.

Por el Gobierno participaron también en la firma el secretario de Coordinación de Infraestructura, Fernando Herrmann; el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy; el secretario de Transporte, Mariano Plencovich; el subsecretario de Transporte Ferroviario, Martín Ferreiro; el presidente de Trenes Argentinos Operaciones, Sebastián Giorgetti; y el gerente general de INVAP, Darío Giussi.

Por Río Negro estuvieron el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren; la secretaria de Energía, Andrea Confini; el presidente de Vialidad Provincial, Raúl Grün; el presidente del Tren Patagónico, Roberto López; y el director ejecutivo de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo, Martín Camiña.

El acuerdo con Río Negro se suma a los que la Casa Rosada firmó en los últimos meses con otros gobernadores dialoguistas. El primero fue con Santa Fe: el 22 de julio, Maximiliano Pullaro firmó el traspaso de la Ruta Nacional A012, que conecta el Gran Rosario con puertos regionales, por un plazo de 20 años. Le siguió San Juan, el 10 de agosto, cuando Marcelo Orrego recibió la gestión de las rutas 40, 20, 153, 150 y 149, además del nudo vial de las rutas 40 y A014, también por dos décadas. San Luis había cerrado antes un convenio más acotado, por un tramo de 12 kilómetros de la ex ruta 7, con el gobernador Claudio Poggi.

Las provincias que negocian

Córdoba avanza en un pedido puntual: el gobernador Martín Llaryora reclama el traspaso completo de la Ruta Nacional 19, y desde la Jefatura de Gabinete se comprometieron a otorgarlo, aunque hasta el momento no se formalizó la firma.

Neuquén también está en tratativas: el gobernador Rolando Figueroa llevó el pedido de traspaso de rutas a Casa Rosada este mes, en paralelo a su participación en el acuerdo por la extensión del Tren del Valle. El mandatario lo reiteró este lunes en el evento Neuquén Day en Capital Federal: la RN 22, la ruta de los 7 lagos, el Paso Internacional Samoré y la ruta 242. “Las rutas son nacionales, pero los accidentes los tiene nuestra gente. Estamos poniéndonos de acuerdo”, dijo el mandatario en diálogo con la prensa.

Por su lado, Corrientes fue habilitada por el Decreto 253/2026, en abril, junto con otras ocho provincias, para concesionar tramos viales dentro de su territorio, y el gobernador Juan Pablo Valdés mantiene gestiones directas con el Ministerio de Economía, aunque aún no trascendió la firma de un convenio individual con Vialidad Nacional.

Tucumán es, por ahora, el caso más claro de rechazo. El gobernador Jaldo sostuvo que la transferencia de rutas nacionales a la provincia “no será posible” y advirtió que no permitirá que la Nación le desequilibre las finanzas provinciales, una postura que mantiene desde 2025 y que ratificó en julio de este año.

En paralelo al traspaso de gestión a las provincias, el Gobierno avanza con otro mecanismo amparado en el mismo decreto: la concesión de tramos de rutas nacionales a empresas privadas mediante peaje. Bajo ese esquema, Nación adjudicó por 20 años la explotación de las rutas 12 y 18 en Entre Ríos y de las rutas 12 y 14 en Corrientes, entre otros tramos del país. /TN