El gobierno de Chile enviará una nota de protesta a la Argentina por las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, sobre la soberanía del estrecho de Magallanes. La Cancillería chilena calificó de indiscutible su jurisdicción y recordó los tratados firmados entre ambos países.
Política
Nueva tensión diplomática: Chile protestará por los dichos de jefe de la Fuerza Aérea sobre el Estrecho de Magallanes
La Cancillería chilena cuestionó las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina y reivindicó la soberanía sobre el paso austral.
Qué dijo el jefe de la Fuerza Aérea Argentina
La controversia comenzó después de que Valverde se refiriera a Magallanes, el sur y el Drake como zonas de soberanía durante una entrevista realizada el domingo en un programa de streaming.
Sus palabras generaron una rápida respuesta en Chile. El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, confirmó que la Cancillería enviará una nota formal a su par argentino y remarcó que las declaraciones deben ser consideradas por toda la región.
“La soberanía de Chile sobre el estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutible y se funda en los Tratados de 1881 y 1984 suscritos por ambos países”, sostuvo Pérez Mackenna.
El funcionario se encontraba en una gira oficial en Vietnam cuando se refirió a la polémica. Allí también lanzó un llamado a las autoridades extranjeras para que actúen con cautela al referirse a cuestiones territoriales.
“Hago un severo llamado a las autoridades de otros países a ser responsables con sus declaraciones y no confundir a sus ciudadanos. El estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno”, afirmó.
Qué establecen los tratados sobre Magallanes
La posición chilena se apoya principalmente en dos acuerdos bilaterales. El Tratado de 1881, conocido como Tratado de Límites, reconoció la soberanía chilena sobre el estrecho y estableció la neutralización perpetua del paso, garantizando la libre navegación para los barcos de todas las naciones.
En tanto, el Tratado de Paz y Amistad de 1984, firmado en el Vaticano, ratificó los límites australes y reafirmó que las aguas del estrecho se encuentran bajo jurisdicción chilena. El acuerdo también permitió cerrar las diferencias existentes entre ambos países sobre su boca oriental.
El estrecho de Magallanes se encuentra entre la Patagonia, la isla Grande de Tierra del Fuego y otras islas australes. Fue navegado por primera vez en 1520 por Fernando de Magallanes, explorador portugués al servicio de España, y mantiene una importancia estratégica por ser una vía comercial que evita el paso por el Cabo de Hornos.
Gustavo Javier Valverde fue designado a fines de noviembre de 2024 como jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, en reemplazo de Fernando Luis Mengo. Este último había sido desplazado luego de detectarse el uso indebido de aeronaves militares para fines personales, además de denuncias por acoso laboral y abuso de autoridad.
La polémica por las declaraciones sobre el estrecho también fue abordada por Claudio Alvarado, ministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno de Chile.
“Obviamente que no nos parece bien, porque el estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutiblemente chileno”, afirmó el funcionario, en línea con la posición expresada por la Cancillería.
Las críticas que surgieron en Chile
Además de Pérez Mackenna, Alejandro Riquelme Ducci, representante de la Región de Magallanes por el Partido Republicano, cuestionó las declaraciones de Valverde a través de Facebook.
“Esto no es un hecho aislado. En los últimos años hemos visto un decreto argentino hablando de “control conjunto” del Estrecho de Magallanes, infraestructura militar trasandina instalada dentro de territorio chileno, alertas aéreas en la zona fronteriza, reclamos de senadores argentinos contra decisiones soberanas adoptadas en Punta Arenas y altos mandos navales afirmando que “la boca de Magallanes es argentina”. ¿Ahora también pretenden Magallanes, el sur y el Drake? ¿Hasta dónde quieren llegar?”, escribió.
También se sumó a las críticas Gonzalo Winter, diputado del Frente Amplio, quien sostuvo en X: “Magallanes es territorio soberano chileno y no corresponde que ninguna autoridad extranjera cuestione nuestra soberanía”.
El legislador agregó: “Una declaración de esta naturaleza amerita una nota de protesta de parte del gobierno. El presidente José Antonio Kast tiene que dejar de lado su simpatía con el gobierno de Milei y defender los intereses de Chile con claridad y firmeza”.
Política
Toto Caputo le otorgó a Cerimedo un negocio millonario en la Hidrovía
El libertario desembarcó en una empresa de servicios portuarios del Gran Rosario gracias a una habilitación del ministro de Economía.
Fernando Cerimedo, el consultor de Milei preso en Bolivia y acusado de haber ordenado el asesinato de su pareja embarazada, ingresó al millonario negocio de los servicios portuarios de la Hidrovía a través de Sanabria SRL, una empresa radicada en Puerto General San Martín, a 35 kilómetros de Rosario.
La firma funcionaba originalmente como guardería náutica, pero se reconvirtió para prestar servicios navales en el corazón del complejo agroexportador. Uno de sus principales negocios es la provisión de diésel para los remolcadores de barcazas, una actividad estratégica que se cobra en dólares y está concentrada en un puñado de operadores.
El expediente para que Sanabria pueda operar en el río tuvo que tener luz verde de la Agencia de Puertos y Vías Navegables. En el sector agroexportador saben que cualquier decisión que tome su titular, el ex macrista Iñaki Arreseygor, debe contar con el aval de Luis «Toto» Caputo, que maneja directamente la dependencia.
Milei mintió: dijo que desde 2023 no ve a Cerimedo y le enrostraron 12 visitas a la Rosada en 2024
El tramite express para la reconversión de Sanabria, acorde a lo que pretendía Cerimedo, es casi imposible de conseguir, según confirmaron a LPO fuentes del sector.
Según los registros del Boletín Oficial de Santa Fe, el 31 de julio de 2024 Surlibre Inversiones ingresó como socia de Sanabria SRL y se quedó con el 30% de la compañía luego de que Sergio Ezequiel Amarilla cediera 100 cuotas sociales e Iván Alberto Sanabria otras 50, sobre un capital compuesto por 500 cuotas.
La financiera Surlibre está vinculada a Cerimedo y pasó a controlar 150 cuotas, mientras Sanabria conservó 200 y Amarilla, las 150 restantes, detallaron a LPO las fuentes consultadas.
Tras esa operación, Amarilla y Sanabria fueron designados gerentes conjuntos de la sociedad. Fuentes del negocio portuario señalaron a LPO que, desde el ingreso de Surlibre Inversiones, Sanabria SRL consiguió las autorizaciones necesarias en tiempo récord.
Según empresarios que prestan servicios en la Hidrovía, dijeron a LPO que es un mercado al que resulta prácticamente imposible acceder sin contactos con las máximas autoridades.
El movimiento societario se produjo dos meses después de la llegada de Iñaki Arreseygor a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Arreseygor reemplazó en mayo de 2024 a Pablo Piccirilli y quedó al frente del área encargada de conducir el proceso de privatización de la principal vía navegable del país.
Fuentes de los agronegocios dijeron a LPO que ingresar a ese mercado resulta prácticamente imposible: «Para comenzar a hablar necesitás 100 mil dólares para que Prefectura dé luz verde en seguridad de puertos. Tenés que tener llegada a lo más alto del poder para que te habiliten un kiosco en una plaza súper monopolizada», contó un empresario con décadas de experiencia en el sector.
En el ambiente portuario llamó la atención la velocidad con la que la empresa consiguió los permisos nacionales cuando desde la Municipalidad de Puerto General San Martín dijeron a LPO que la sociedad todavía tiene pendiente parte de la documentación para completar su habilitación local. También afirmaron desconocer la presencia de Cerimedo y el vínculo del libertario con Surlibre Inversiones.
El desembarco en la Hidrovía se suma a la expansión empresarial que Cerimedo inició después del triunfo de Javier Milei. Además de sus firmas de comunicación y publicidad, el consultor incorporó sociedades de inversión, tecnología y energía.
El origen de los fondos de Cerimedo también forma parte de la investigación abierta en Bolivia. Durante distintos allanamientos, la fiscalía secuestró dinero en efectivo y reconstruyó movimientos por unos 400 mil dólares a través de una casa de cambios. Uno de sus abogados sostuvo que la CAF financiaba la consultoría que prestaba al gobierno de Rodrigo Paz, pero el banco regional negó que existiera una relación contractual, según publicó el DiarioAr.
En marzo de 2025, la CAF aprobó un crédito por 150 millones de dólares para un programa de infraestructura y logística del Gran Rosario, que incluye un componente de fortalecimiento del sector portuario.
En el organismo negaron haber contratado al consultor detenido, pero ahora, su participación en una empresa de servicios portuarios del Gran Rosario dejó flotando en el sector la verdadera dimensión de la influencia de Cerimedo en el polo agroexportador.
Política
Adorni pidió más tiempo a la Justicia para justificar su patrimonio
El plazo previsto originalmente vence este miércoles. El exjefe de Gabinete es investigado por enriquecimiento ilícito.
El ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pidió una prórroga a la Justicia para responder más adelante el requerimiento de justificación patrimonial que elaboró el fiscal Gerardo Pollicita, quien lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito. El plazo previsto originalmente se vence este miércoles.
La defensa de Adorni presentó un escrito ante el juez Ariel Lijo argumentando que necesitan acceder a un conjunto de pruebas que aún no pudieron revisar. Son archivos y conversaciones citadas por el fiscal en el requerimiento.
Esta etapa de la causa es la primera instancia que tiene el ex funcionario libertario para justificar el origen de su patrimonio. Si no logra despejar las 20 inconsistencias que detectaron los investigadores, entonces el fiscal estará en condiciones de dar un paso más y pedir que el juez lo cite a declaración indagatoria.
Ariel Lijo
Ahora el titular del Juzgado Federal N° 4 de Comodoro Py puede escuchar la opinión de la fiscalía antes de resolver si prorroga o no el plazo de la justificación patrimonial. La defensa, a cargo del abogado Matías Ledesma, sugirió extenderlo otros 15 días más.
Las 20 inconsistencias
El requerimiento se firmó el pasado 10 de agosto. En un dictamen de 207 páginas, el fiscal Pollicita enumeró una veintena de interrogantes sobre los bienes de Adorni y Angeletti. La investigación abarca el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 —fecha en la que ingresó a la función pública nacional como vocero de Javier Milei— y el 27 de junio de 2026, día en que formalizó su renuncia al cargo.
De acuerdo con la investigación, el matrimonio tuvo ingresos por $229.752.283,20 en concepto de haberes del exfuncionario y de su esposa.
Sin embargo, los gastos registrados en moneda nacional —que incluyeron expensas, servicios, impuestos, viajes, seguros automotores, electrodomésticos y tarjetas de crédito— ascendieron a $272.820.832,20. Esta diferencia generó un saldo de $43.068.549 que aún no encuentra explicación.
Asimismo, el fiscal detectó gastos en moneda extranjera por un valor de USD 402.578,12, destinadas a la adquisición y refacción del lote 380 del country Indio Cuá, la compra de un departamento en la calle Miró 550, el mobiliario de estas propiedades, alquileres temporarios y viajes al exterior.
Con una cascada en la pileta y una parrilla de 14.000 dólares, Manuel Adorni gastó 245.000 dólares para refaccionar su casa de fin de semana
Entre los veinte puntos que Adorni deberá aclarar, se destaca el origen de los dólares en efectivo declarados bajo el rubro “venta de activos”, detallando qué bienes enajenó, a qué compradores y con qué respaldo documental. Ese dato coincide con la explicación pública del ex ministro coordinador que, acorralado por el escándalo, reveló que desde hace una década tenía medio millón de dólares en criptomonedas que nunca declaró ni gastó hasta que llegó al poder.
También se le solicitó acreditar la existencia real de préstamos familiares otorgados por Silvia Pais y Norma Zuccolo, la procedencia de los fondos para adquirir un vehículo Jeep y las razones por las cuales el lote del Country Indio Cuá figura exclusivamente a nombre de su cónyuge. En esta última propiedad, la fiscalía exigió justificar los USD 245.000 abonados en efectivo al contratista Matías Tabar por la remodelación de la vivienda.
Matias Tabar , el contratista que refaccionó la casa de Adorni y lo complicó con su testimonio
El requerimiento judicial también exige explicaciones sobre la operatoria con criptoactivos del ex jefe de Gabinete.
La fiscalía detectó fondos en una billetera virtual que Adorni validó con su identidad, pero omitió declarar ante la Oficina Anticorrupción, además de inconsistencias en las declaraciones rectificativas del ejercicio 2023.
Por último, Adorni tendrá que aclarar el uso de terceras personas para realizar pagos y consumos con tarjetas de crédito ajenas, la cancelación de deudas con el Banco Galicia y el origen de acreditaciones no salariales en su cuenta sueldo del Banco de la Nación Argentina. /Infobae
Política
El Gobierno avanza con el traspaso de algunas rutas nacionales a provincias
Ya se firmaron acuerdos con Santa Fe, San Juan y San Luis. A su vez, Córdoba, Neuquén y Corrientes negocian por su lado, mientras que Tucumán lo rechazó.
El Gobierno profundiza su estrategia de ceder el manejo de las rutas nacionales a las provincias con gobernadores dialoguistas. Este lunes fue el turno de Río Negro, a partir de una reunión entre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, con Alberto Weretilneck: se firmó la transferencia del Tren del Valle y de las Rutas Nacionales 22 y 151.
La postal de este comienzo de semana fue la cuarta en el esquema que encontró la Nación para fortalecer el lazo con las provincias que le pueden aportar votos en el Congreso sin necesidad de grandes erogaciones económicas: ya se firmó el traspaso de rutas con Santa Fe, San Juan y San Luis. A su vez, Córdoba, Neuquén y Corrientes negocian por su lado, mientras que Tucumán, con el gobernador Osvaldo Jaldo a la cabeza, lo rechazó.
Rutas y trenes a Río Negro
Según el convenio firmado este lunes, Río Negro se hará cargo de la operación integral del servicio ferroviario del Tren del Valle, que conecta las ciudades de Neuquén y Plottier, con el compromiso de garantizar su continuidad y las inversiones necesarias para sostenerlo.
En el caso vial, el acuerdo fija un marco para que la provincia asuma la gestión de unos 508 kilómetros de las rutas 22 y 151, que incluye obras, conservación, mantenimiento, servicios al usuario y control operativo. La transferencia no será automática: se hará tramo por tramo, mediante convenios específicos. Río Negro financiará las intervenciones y definirá su plan de obras, mientras que Vialidad Nacional mantendrá la jurisdicción nacional y la supervisión técnica.
El convenio también prevé un mecanismo para resolver las obras y los contratos nacionales en curso, y deja abierta una eventual concesión con cobro de peajes, en el marco del Decreto 253/2026.
Por el Gobierno participaron también en la firma el secretario de Coordinación de Infraestructura, Fernando Herrmann; el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy; el secretario de Transporte, Mariano Plencovich; el subsecretario de Transporte Ferroviario, Martín Ferreiro; el presidente de Trenes Argentinos Operaciones, Sebastián Giorgetti; y el gerente general de INVAP, Darío Giussi.
Por Río Negro estuvieron el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren; la secretaria de Energía, Andrea Confini; el presidente de Vialidad Provincial, Raúl Grün; el presidente del Tren Patagónico, Roberto López; y el director ejecutivo de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo, Martín Camiña.
El Santa Fe el gobierno local colotó carteles para presionar a la gestión de Javier Milei de hacer obras. (Foto: Prensa Santa Fe).
El acuerdo con Río Negro se suma a los que la Casa Rosada firmó en los últimos meses con otros gobernadores dialoguistas. El primero fue con Santa Fe: el 22 de julio, Maximiliano Pullaro firmó el traspaso de la Ruta Nacional A012, que conecta el Gran Rosario con puertos regionales, por un plazo de 20 años. Le siguió San Juan, el 10 de agosto, cuando Marcelo Orrego recibió la gestión de las rutas 40, 20, 153, 150 y 149, además del nudo vial de las rutas 40 y A014, también por dos décadas. San Luis había cerrado antes un convenio más acotado, por un tramo de 12 kilómetros de la ex ruta 7, con el gobernador Claudio Poggi.
Las provincias que negocian
Córdoba avanza en un pedido puntual: el gobernador Martín Llaryora reclama el traspaso completo de la Ruta Nacional 19, y desde la Jefatura de Gabinete se comprometieron a otorgarlo, aunque hasta el momento no se formalizó la firma.
Trabajos de hormigonado en la nueva rotonda de tres ramas que conectará la Ruta S-433 con la RP A-174, en Córdoba. (Foto: Gobierno de la provincia Córdoba).
Neuquén también está en tratativas: el gobernador Rolando Figueroa llevó el pedido de traspaso de rutas a Casa Rosada este mes, en paralelo a su participación en el acuerdo por la extensión del Tren del Valle. El mandatario lo reiteró este lunes en el evento Neuquén Day en Capital Federal: la RN 22, la ruta de los 7 lagos, el Paso Internacional Samoré y la ruta 242. “Las rutas son nacionales, pero los accidentes los tiene nuestra gente. Estamos poniéndonos de acuerdo”, dijo el mandatario en diálogo con la prensa.
Por su lado, Corrientes fue habilitada por el Decreto 253/2026, en abril, junto con otras ocho provincias, para concesionar tramos viales dentro de su territorio, y el gobernador Juan Pablo Valdés mantiene gestiones directas con el Ministerio de Economía, aunque aún no trascendió la firma de un convenio individual con Vialidad Nacional.
Tucumán es, por ahora, el caso más claro de rechazo. El gobernador Jaldo sostuvo que la transferencia de rutas nacionales a la provincia “no será posible” y advirtió que no permitirá que la Nación le desequilibre las finanzas provinciales, una postura que mantiene desde 2025 y que ratificó en julio de este año.
En paralelo al traspaso de gestión a las provincias, el Gobierno avanza con otro mecanismo amparado en el mismo decreto: la concesión de tramos de rutas nacionales a empresas privadas mediante peaje. Bajo ese esquema, Nación adjudicó por 20 años la explotación de las rutas 12 y 18 en Entre Ríos y de las rutas 12 y 14 en Corrientes, entre otros tramos del país. /TN
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