Jaldo y Francos firmaron convenio para la formación dirigencial y ciudadana
El fin del acuerdo de cooperación es establecer una relación de colaboración institucional entre Nación y el Gobierno de Tucumán enfocada en la capacitación, perfeccionamiento y actualización profesional de dirigentes políticos, sindicales, instituciones intermedias de la sociedad civil provincial y de la comunidad.
En Casa de Gobierno, el gobernador, Osvaldo Jaldo, junto al ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, firmaron un convenio marco de cooperación entre la Secretaría de Interior del Ministerio del Interior de la Nación y la Escuela de Gobierno de la Provincia de Tucumán.
También rubricaron el acuerdo el vicegobernador, Miguel Acevedo; el presidente del Consejo Rector y ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el secretario Académico y Secretario de Estado de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín y el secretario de Interior de la Nación, Lisandro Catalán.
El objeto del convenio es establecer una relación de colaboración institucional enfocada en la capacitación, perfeccionamiento y actualización profesional de dirigentes políticos, sindicales, instituciones intermedias de la sociedad civil provincial y de la comunidad en general en el marco de las competencias de ambas instituciones. Se desarrollarán cursos, seminarios, talleres, así como programas de formación específicos orientados a los dirigentes de la provincia de Tucumán y a la ciudadanía en general teniendo en cuenta sus diferentes necesidades e intereses.
Entre los participantes del acto estaba los ministros del Gabinete provincial: Daniel Abad (Economía), Regino Amado (Gobierno y Justicia), Darío Monteros (Interior), Luis Medina Ruiz (Salud), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad), Santiago Yanotti (Obras y Servicios Públicos), Susana Montaldo (Educación), Federico Masso (Desarrollo Social), Federico Nazur (Secretario General de la Gobernación) y GildaPedicone de Valls (Fiscal de Estado). También estaba presente por la Legislatura, el presidente subrogante, Sergio Mansilla y los vicepresidentes primero y segundo: Aldo Salomón y Alfredo Toscano. Los diputados nacionales: Gladys Medina, Agustín Fernández y Elia Fernández.
En su discurso, Jaldo en referencia a Francos, declaró: “es una alegría que nos podamos reencontrar hoy en la Casa de Gobierno, en este histórico Salón Blanco. Nos visita una persona que ocupa el Ministerio del Interior de la Nación, que cuando nosotros viajamos a Capital Federal, siempre tenemos las puertas abiertas para ver cómo podemos solucionar los problemas que hoy tenemos en Tucumán. Queríamos recibirlo con afecto, cariño, pero fundamentalmente con agradecimiento”. A la vez que agradeció la colaboración prestada por el secretario del Interior, Lisandro Catalán, “un tucumano que siempre nos está dando una mano cada vez que vamos a Buenos Aires”.
“Como país y como provincia estamos enfrentando un gran desafío. Tenemos que tomar decisiones políticas e institucionales en Tucumán y en relación con el Gobierno nacional. Y Tucumán fue una de las provincias que sabe la postura y la decisión que ha tomado, ha entendido el mensaje de la sociedad y ha tenido una lectura clara, política e institucional, de lo que hoy pasa en Argentina” y amplió: “por eso el Gobierno de Tucumán ha tomado un camino de diálogo con el Gobierno nacional. Lo vamos a mantener mientras dure nuestra gestión nacional y provincial. Acompañaremos al Gobierno nacional con nuestros diputados, senadores y fundamentalmente vamos a trabajar para que al Gobierno nacional, al presidente Javier Milei, le vaya bien, para que le vaya bien a todos los argentinos”.
“Tenemos que trabajar juntos. Hacer un alto en el camino en las diferencias políticas. Hoy hay argentinos y tucumanos que sufren. Quienes tenemos responsabilidad institucional debemos estar a la altura de las circunstancias… Como todos los distritos del interior, hoy más que nunca estamos necesitando el acompañamiento del Gobierno nacional”, concluyó.
Del encuentro participaron también los intendentes, Rossana Chahla (San Miguel de Tucumán), Pablo Macchiarola (Yerba Buena), Alejandra Rodríguez (Tafí Viejo), Jorge Leal (Burruyacú), Marta Albarracín (Lules), Antonio Moreno (Trancas), Marta Najar (Las Talitas), Graciela Gutiérrez (Alderetes), Leopoldo Rodríguez (La Cocha), Luis Campos (Alberdi), Gimena Mansilla (Aguilares), Elvio Salazar (Simoca), Francisco Serra (Monteros), Francisco Caliva (Tafí del Valle), Gonzalo Monteros (Banda del Río Salí) y Alejandro Molinuevo (Concepción).
ACUERDO
Dentro de la estructura del Ministerio del Interior de la Nación se encuentra la Dirección Nacional de Reforma Política, Análisis Normativo Electoral y Relaciones con la Comunidad, cuyas competencias son:
• Diseñar y desarrollar programas de capacitación destinados a dirigentes políticos y sociales de todo el país, tendientes a fortalecer la cultura democrática y elevar la calidad de la fortalecer la dirigencia de los partidos políticos.
• Promover convenios de cooperación con los gobiernos provinciales, municipales y universidades para la concreción de las actividades de capacitación orientadas a difundir el funcionamiento y la reformulación de las instituciones políticas.
• Promover la especialización de dirigentes en instituciones afines, a través de becas, subsidios o convenios de intercambio.
Emergencia Hídrica y del transporte público serán tratados en la próxima sesión
La Comisión de Obras Públicas dio dictamen a proyectos que consolidan leyes de emergencia y de declaración de interés legislativo al Encuentro Nacional de Cooperativas
La Comisión de Obras Públicas de la Legislatura de Tucumán emitió dictamen favorable a diversos proyectos de ley que formarán parte de la actualización del Digesto Jurídico Provincial correspondiente al presente año, además de un proyecto de resolución.
La reunión fue encabezada por el presidente de la comisión, legislador Tulio Caponio, y contó con la participación de los parlamentarios Carlos Gómez, Eduardo Verón Guerra y Alberto Olea.
Al finalizar el encuentro, Caponio destacó la importancia del trabajo realizado: “Lo más relevante de la jornada fue el tratamiento de la consolidación de cuatro leyes de emergencia de la provincia, en el marco de la actualización del Digesto Jurídico de este año. Se trata de las emergencias hídrica, del transporte público, energética —vinculada a la red troncal de energía— y de obras públicas”.
Asimismo, la comisión aprobó un proyecto de resolución que declara de interés legislativo el Encuentro Nacional de Cooperativas de Agua Potable de la República Argentina, que se llevará a cabo los días 6 y 7 de julio del corriente año en la localidad de San Pedro de Colalao.
En una reunión de bajo perfil celebrada este lunes, el Gobierno y las universidades llegaron a un principio de acuerdo para avanzar con un aumento salarial del 24%, entre otros puntos. Sin embargo, las negociaciones fracasaron por una condición inapelable del Ejecutivo: que las casas de estudio retiren la demanda judicial que aguarda el fallo de la Corte Suprema.
En un territorio neutral para no captar la atención mediática, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvo un encuentro con rectores en representación del Consejo Interuniversitario Nacional para intentar destrabar el conflicto presupuestario que motorizó la última Marcha Federal el mes pasado.
Según confirmaron a TN fuentes de ambos sectores, la propuesta del Ejecutivo consistió en una recomposición salarial del 24,3% que abarca la pérdida durante parte de 2024, todo 2025 y el desfasaje de 2026 hasta mayo. El incremento se pagaría en dos partes: un 21,3% en junio y el 3% restante en octubre.
El acuerdo también incluía la conformación de una comisión técnica para trabajar en el periodo adeudado de 2024 y garantizar hacia adelante negociaciones paritarias cada tres meses.
La propuesta del Gobierno a las universidades y el punto que trabó las negociaciones
Además, el Gobierno ofreció un 50% de aumento para las becas Manuel Belgrano, un 20% de incremento para gastos de funcionamiento de las universidades y un fondo adicional de $50 mil millones para gastos de hospitales universitarios.
En paralelo, las universidades aguardan la convocatoria del Gobierno para acordar el nuevo criterio de distribución de la partida de más de $79 mil millones destinada a dichos hospitales, cuyo congelamiento había generado protestas y una advertencia de que podía peligrar la atención en los establecimientos por falta de presupuesto.
En diálogo con este medio, fuentes de la comunidad universitaria al tanto de las conversaciones consideraron que la propuesta del Ejecutivo es “razonable”. Sin embargo, la negociación se frustró con el pedido del Gobierno para que las casas de estudio retiren la demanda judicial que exige la ejecución de la Ley de Financiamiento sancionada por el Congreso.
La ley exige el cumplimiento de los aumentos en materia de salarios y becas dispuestos en la Ley de Financiamiento de acuerdo al IPC: una cifra que ronda los 2,5 billones de pesos y que, según el Ejecutivo, atenta contra el superávit fiscal.
La negativa de los rectores a retirar la demanda judicial
“Eso no va a suceder de ninguna manera. No estamos dispuestos a hacerlo y no es modificable esa situación. Condiciones para avanzar hay, pero la pelota está del lado del Gobierno”, insistieron en diálogo con TN los rectores universitarios.
Para las casas de estudio, la demanda opera como un resguardo que no están dispuestas a perder. A su vez, sostienen que no existe consenso en la comunidad universitaria para eso. En su lugar, ponen el énfasis en que la propuesta demuestra que el Gobierno cuenta con los recursos para solucionar el conflicto.
“Si hay voluntad de acordar, es bastante insólito que no lo hagamos. Hay condiciones para que eso ocurra”, subrayaron, con la expectativa de que el conflicto se resuelva esta semana.
Desde el Gobierno replicaron a TN que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) conducido por Franco Bartolacci no está dispuesto a ceder en el terreno judicial para no comprometer el apoyo de la comunidad y cuestionaron que eso “lleve a todos a un conflicto sin solución”. De ambos sectores insisten en que, para llegar a un acuerdo, el otro tendrá que dar el brazo a torcer.
El Senado de la Nación tiene previsto tratar este jueves un proyecto que propone reorganizar la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán mediante la creación de dos salas, una iniciativa que busca optimizar el funcionamiento de la Justicia Federal en la provincia y en el norte argentino.
La senadora nacional Beatriz Ávila informó que la propuesta fue incorporada al temario de la sesión y cuenta con dictamen favorable de comisión, además del acompañamiento de distintos sectores políticos.
El texto que llegará al recinto surge de la unificación de proyectos presentados por Ávila y por la senadora Sandra Mendoza. La iniciativa contempla dividir la actual Cámara Federal en dos salas y habilitar la posibilidad de ampliar la integración del tribunal, incorporando un sexto magistrado a los cinco jueces que actualmente lo conforman.
Según se explicó, la eventual designación de un nuevo juez estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria y tendría como objetivo reforzar la estructura judicial encargada de revisar en segunda instancia las causas de competencia federal que se tramitan en la jurisdicción.
Durante la reunión de Labor Parlamentaria realizada este miércoles, la legisladora tucumana solicitó la inclusión del proyecto en el orden del día junto con el tratamiento de distintos pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en el ámbito de la Justicia Federal.
El debate se desarrolla en un contexto marcado por las discusiones en torno a la cobertura de cargos judiciales y la necesidad de fortalecer el funcionamiento de los tribunales federales. Desde los impulsores de la iniciativa sostienen que la creación de salas permitirá agilizar el tratamiento de expedientes y mejorar la respuesta del sistema judicial ante el incremento de causas que llegan a la segunda instancia.
De obtener la aprobación de la Cámara alta, el proyecto representará un paso importante en la reestructuración de la Justicia Federal con asiento en Tucumán y podría generar cambios en la organización interna del tribunal en los próximos años.