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Política

Inundaciones: anunciaron subsidio eléctrico para 10.000 familias afectadas

El Gobierno de Tucumán bonificará hasta seis meses de luz en las zonas más damnificadas, con una inversión de $3.300 millones y alcance a hogares y comercios.

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El gobernador Osvaldo Jaldo junto al ministro del Interior, Darío Monteros, se reunió con intendentes tucumanos con quienes se firmó el convenio Plan Bonificar que beneficiará en el pago de la energía eléctrica por dos bimestres a familias afectadas por las inundaciones comunas de La Madrid, Villa Belgrano, Santa Ana, Barrios de Aguilares y Las Salinas (El Timbo), entre otras localidades.

También estuvieron presentes el defensor del Pueblo, Agustín Fernández; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; senadora, Sandra Mendoza; el titular del ERSEPT, José Ascárate; el secretario y subsecretario de Grandes Comunas, Marcelo Santillán y Miguel Vázquez; la intendenta de Aguilares, Gimena Mansilla y en representación de las comunas estaban: Héctor Soria Chanta (La Madrid), Hernán Romano (Río Chico), Moisés Audil (Villa Belgrano) y Daniel Carbajal (El Timbó).

Jaldo graficó que se abonará seis meses o tres bimestres de luz domiciliaria de casi 10.000 mil medidores o 10.000 familias de las zonas realmente afectadas con una inversión de 3300 millones de pesos. Se ha hecho un estudio y un relevamiento donde los beneficiarios son los que realmente han tenido problemas. Es un aporte que está haciendo el Gobierno de la provincia que es razonable y es justificable porque la gente se inundó”.

“Lo que hoy firmamos es un paliativo más, aparte de lo que ya venimos dando desde los primeros días de las anegaciones e inundación “ y graficó que el volumen de agua caído por las lluvias como el que erogaron los ríos, así como los diques El Cadillal y Escaba con costas máximas, superaron indicadores históricos. Sostuvo que la provincia viene de meses con muchas precipitaciones que provocaron la saturación de los suelos: “Es un fenómeno difícil de evitar” y con profundas consecuencias en el territorio que afectaron a numerosas localidades.

“Nos hacemos cargo de pagar íntegramente la boleta de la luz, donde mayoritariamente son domicilios, pero también hay algunos comercios que se han visto afectados y dañado muchos de los elementos y equipamientos de trabajo”, dijo.
El ministro Darío Montero informó que, “por instrucción del gobernador, se implementará un beneficio para unas 10.000 familias afectadas por las inundaciones en distintas localidades (como La Madrid, Santa Ana, Villa Belgrano, Aguilares y Las Salinas). La medida consiste en la bonificación del 100% de la factura de electricidad durante tres bimestres (seis meses), con una inversión aproximada de 3.300 millones de pesos. El beneficio comenzará a aplicarse desde el mes en curso”.

Destacó el trabajo técnico y territorial realizado para identificar a los usuarios afectados y asistir a las familias, muchas de las cuales sufrieron importantes pérdidas materiales. También señaló que, en algunos casos puntuales, como en Las Salinas, aún hay familias evacuadas, pero se espera que puedan regresar a sus hogares en los próximos días tras tareas de acondicionamiento.

El ministro remarcó el rol del Estado en la asistencia directa y continua ante la emergencia, subrayando el trabajo conjunto de intendentes, comisionados y equipos técnicos.

El defensor del Pueblo, Agustín Fernández, dijo que este convenio será clave para los vecinos del interior que se vieron damnificados por inundaciones, “gracias al trabajo conjunto con el ERSEPT y el Ministerio del Interior. Se priorizará la comunicación directa con la comunidad para resolver reclamos de manera más ágil. Defensa Civil determinará a los beneficiarios basándose en la situación de cada persona afectada”.

“Agradecer a cada una de las personas que han colaborado para que esto pueda ser posible, y los tres bimestres que vienen la gente, pueda tener un pequeño alivio dentro de la situación que ha vivido”, concluyó.

Por su parte, el interventor del ERSEPT (Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán), Ricardo Ascárate, informó que el organismo cubrirá las tarifas eléctricas correspondientes a tres bimestres completos, tanto para residencias como para comercios de la zona afectada.

“Son 9.900 damnificados, casi diez mil familias tucumanas, a las que le vamos a dar este subsidio; también a los comercios que estuvieron bajo el agua y a las tarifas las T2 y T4, que son las de potencia, pequeñas industrias, pequeños frigoríficos. A todos ellos les vamos a dar tres bimestres completos, en los cuales el ente regulador, por medio de los fondos que le son propios, le va a cancelar la deuda a la gente, para que tenga la gente la oportunidad de recuperarse”, expuso Ascárate.

Asimismo sostuvo que la atención a los damnificados se realizó antes, durante y después de las inundaciones. “Antes, el Ente planificó el corte de luz de la zona sur de la provincia en cada una de las localidades para que no se produzcan hechos lamentables, sacamos de servicio, previo a la inundación en La Madrid, todo el sistema de transformadores y subestaciones de transformadores, para que no pueda haber agua en contacto con líneas eléctricas”.

Durante la inundación, informó Ascárate, “se trabajó en la evacuación de la gente en coordinación con el Ministro de Interior, el ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público y después se comenzó a trabajar con kits eléctricos con los que hemos reparado las viviendas en La Madrid, a través de la Secretaría de Obras Públicas, con materiales provistos desde el ente regulador”. Como paso final, se otorgarán los beneficios tarifarios anunciados por el Ente.

La intendenta de Aguilares, Gimena Mansilla, valoró el convenio para asistir a zonas afectadas de su municipio. “Esto es una solución que va a llegar directamente a la gente, son 3.300 millones de pesos que van a ser volcados a los afectados directamente por una decisión política del Gobernador”.

Con respecto al estado de las familias afectadas por las lluvias, Mansilla informó que en Aguilares todas las familias regresaron a sus hogares. “No tenemos ningún evacuado, solo una sola escuela, la de Santa Rosa, que tiene casi 60 alumnos, que es la que está pendiente de comenzar las clases y estaría en condiciones de hacerlo la semana que viene, debido a cuestiones de la red electricidad”.

Romano, comisionado comunal de Santa Ana, dijo: “Hoy estamos apoyando a casi cinco mil familias afectadas por la situación grave que enfrenta Tucumán, brindando ayuda institucional y alivio en este difícil momento” y destacó el acompañamiento del Gobierno tucumano como de la ciudadanía que fue solidaria con sus vecinos

Política

Trasladaron a 21 detenidos al penal de Villa Urquiza

Los internos, todos con sentencia definitiva, estaban alojados en dependencias de la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos

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El operativo de traslado desde la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos hacia el Penal de Villa Urquiza se realizó con el objetivo de garantizar que internos con condena firme continúen cumpliendo su pena y reciban el tratamiento penitenciario correspondiente.

Los internos, todos con sentencia definitiva, estaban alojados en dependencias de la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos y fueron trasladados al Penal de Villa Urquiza, donde continuarán cumpliendo sus condenas y accediendo a los programas y tratamientos previstos por la normativa aplicable.

Participación de los organismos y personal a cargo

El operativo estuvo a cargo del personal de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Capital, bajo la conducción de su director, el comisario inspector Diego Bernachi, acompañado por efectivos del Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones (CERO). A su arribo al penal, los internos fueron recibidos por el director del complejo, subalcaide Alfredo Medina, junto con la guardia del establecimiento.

Objetivos institucionales y declaraciones

El subalcaide Alfredo Medina señaló que el traslado se enmarca en una continuidad de movimientos hacia distintos penales de la provincia, dispuestos por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa. En sus palabras: “Recibimos a 21 internos que son de alcaidías de Investigaciones y comisarías con la finalidad de cumplir con la Ley 24.660, son internos penados y procedemos, desde el momento que ingresan acá, con el tratamiento y de esa manera descongestionar las distintas dependencias policiales”.

Por su parte, el comisario inspector Diego Bernachi explicó que el operativo fue supervisado por su dirección y se desarrolló conforme a las directivas de la Jefatura de Policía y del Ministerio de Seguridad: “Siguiendo las directivas de Jefatura de Policía y el Ministerio de Seguridad continuamos con el traslado de detenidos, en este caso, de la Dirección de Investigaciones y de las comisarías. Este operativo está diagramado con el resguardo que corresponde por parte del CERO que los escoltan hasta el penal”.

Impacto y finalidad

La medida busca, además de asegurar el cumplimiento de penas conforme a la Ley 24.660, aliviar la ocupación en alcaidías y comisarías, permitiendo que las fuerzas policiales concentren sus recursos en tareas operativas y administrativas. El traslado implica la continuidad de los procesos de tratamiento para los internos desde su ingreso al penal.

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Política

La Legislatura aprobó 10 pliegos para cubrir vacantes en la Justicia

Corresponden a distintos Centros Judiciales y especialidades, tras cumplir el proceso de evaluación y entrevistas establecido por el Reglamento Interno.

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En una sesión presidida por el vicegobernador y titular del Poder Legislativo, Miguel Acevedo, la Legislatura de Tucumán otorgó acuerdo a diez pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo para la cobertura de cargos vacantes en el ámbito judicial.

Las designaciones se distribuyen en distintos Centros Judiciales de la provincia y abarcan defensorías civiles, laborales y de niñez, adolescencia y capacidad restringida, con el objetivo de fortalecer el funcionamiento del sistema judicial y mejorar el acceso a la justicia en todo el territorio.

En el Centro Judicial Capital, se aprobaron los pliegos de la Dra. Marcela Eugenia De Mari, designada como Defensora de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida de la II Nominación; la Dra. Georgina Graciela Medina, en la misma especialidad; el Dr. Diego Javier Trabadelo, también como Defensor de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida; la Dra. Ana Ricco Falú, quien asumirá como Defensora de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida de la IV Nominación; y la Dra. María Alejandra Rodríguez, designada como Defensora Oficial Civil y del Trabajo de la III Nominación.
En tanto, en el Centro Judicial del Este, se otorgó acuerdo a la Dra. Marcela Alejandra Cardozo Sánchez como Defensora Oficial Civil y del Trabajo; al Dr. Juan Facundo Masaguer, designado como Defensor Oficial Civil y del Trabajo con carácter itinerante; y a la Dra. Gabriela Sami, quien se desempeñará como Defensora Oficial en lo Civil.

Por su parte, en el Centro Judicial Monteros, las designaciones corresponden al Dr. Fernando Antonio Vera como Defensor Oficial Civil y del Trabajo, y a la Dra. María Alejandra Rivas como Defensora de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida.

El tratamiento de los pliegos se llevó adelante conforme al procedimiento establecido, que prevé la intervención de la Comisión de Peticiones y Acuerdos, la solicitud de informes a distintos organismos y la realización de entrevistas personales a los postulantes, a fin de evaluar sus antecedentes, formación y aptitud para el ejercicio de la función.

En ese marco, la presidenta de la Comisión de Peticiones y Acuerdos, Carolina Vargas Aignasse, destacó: “Se trata de defensores oficiales que van a poder acercar este servicio de justicia a la comunidad a lo largo de toda la provincia. Hemos tomado las entrevistas a estos magistrados y hemos quedado muy conformes con el intercambio realizado. Hoy la Justicia tiene diez nuevos defensores oficiales”.

Asimismo, remarcó la importancia de avanzar con estas designaciones al señalar que “son quienes van a acercar la justicia a la gente que más lo necesita, especialmente a aquellos ciudadanos que no cuentan con los recursos para acceder a un abogado particular. Las defensorías oficiales garantizan que toda persona pueda tener la tutela judicial efectiva”.

Finalmente, indicó que se continuará trabajando en nuevas designaciones y que se espera el envío de más pliegos por parte del Poder Ejecutivo.

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Política

Rechazo del Sadop al decreto de Jaldo sobre penas a estudiantes y colegios

Desde la filial local del Sindicato Argentino de Docentes Particulares advirtieron que los términos del decreto 772-/ (MS) prioriza lo punitivo y expulsivo.

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El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) expresó su profunda preocupación y rechazo ante los términos del Decreto 772-7 (MS), firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero. «Desde nuestra organización advertimos que el enfoque adoptado prioriza lo punitivo y expulsivo, por encima de los mecanismos pedagógicos y el sistema de protección integral de derechos de los niños, niñas y adolescentes», expresa un comunicado que lleva la firma de Mario Dionisi, ecretario General del Sindicato de Docentes Particulares.

La escuela no es un centro de detención.
El sindicato sostiene que la seguridad en el ámbito escolar no debe ser potestad del sistema penitenciario ni de las fuerzas policiales. El decreto actual omite herramientas fundamentales como la mediación, la prevención y la resolución pacífica de conflictos, la educacion emocional, desplazando la voz de docentes, alumnos y padres en favor de una lógica de control, vigilancia, expulsión y reclusión.

Una respuesta «espasmódica» e ineficaz
Consideramos que la amenaza de expulsión y castigo, es una reacción superficial frente a una conflictividad social que va in crescendo. «La sanción no puede ser el único camino, ni la solución; es una respuesta para mostrar acción que no aborda el fondo del problema». El Estado debe asumir su responsabilidad generando condiciones de prevención y no delegando la resolución de conflictos escolares en el Ministerio de Seguridad.

SADOP recordó que, según la normativa nacional vigente, están expresamente prohibidas las sanciones que atenten contra el derecho a la educación o que impidan la continuidad de los jóvenes en el sistema.

La expulsión de adolescentes no solo es una medida regresiva, sino que les quita el soporte fundamental para su formación ciudadana y convivencia democrática.

Nuestra propuesta: Abordaje Integral e inversión en educación real y contextualizada.
Instamos al Gobierno Provincial a dar marcha atrás con la lógica punitiva y apostar por:

Fortalecimiento del sistema de protección: Involucramiento de todas las instituciones dedicadas a la niñez y adolescencia.

Habilitación de la palabra: Espacios donde los estudiantes participen activamente en la resolución de sus conflictos.

Promoción de la paz: Refuerzo de la escuela como el lugar central para la construcción de una democracia moderna y no violenta.

La escuela debe seguir siendo el espacio donde la palabra circule y la paz se construya. Expulsar es negar un derecho; dialogar es educar.»
​Mario Dionisi, Secretario General de Sadop Tucumán
Liliana Rojas , Secretaria de Comunicación y prensa
San Miguel de Tucumán, 16 de abril de 2026

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