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Policiales

Imputaron al dueño de una constructora por estafar en seis oportunidades

El acusado, de 48 años, se encontraba prófugo desde el 26 de diciembre de 2022 y fue extraditado desde Brasil. Más de 20 víctimas se sumarán a la causa que fue declarada como asunto complejo. La Unidad Especializada de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del Ministerio Fiscal pidió la prisión preventiva por dos meses. Su esposa permanece evadida.

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El dueño de una empresa constructora, de 48 años, fue acusado por el delito de estafas reiteradas en seis oportunidades en concurso real y en calidad de autor. Durante la audiencia de formulación de cargos, la auxiliar de fiscal, María Paula Bellomio, en representación de la Unidad Especializada de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del Ministerio Fiscal, a cargo de María del Carmen Reuter, informó que se sumarían más víctimas (cerca de veinte) a la presente causa por lo que solicitó que fuera declarada como asunto complejo (de esta manera se habilitan plazos procesales diferenciales). Al detallar los hechos (ver aparte), Bellomio, acompañada por la instructora Florencia Giménez Saravia, mencionó que las obras inconclusas se dieron en Yerba Buena y Los Nogales (Tafí Viejo) como así también en la capital donde no hizo entrega de un departamento ubicado en calle Bolívar al 1500. Finalmente, lo requerido fue autorizado por la jueza actuante al considera la magnitud de los montos económicos involucrados y el trámite que ha significado el sometimiento del imputado al proceso, encontrándose su coimputada con pedido de captura. “Hay mérito suficiente y razonable para declarar la causa como asunto complejo habilitando en consecuencia plazos procesales diferenciales atento a las connotaciones diferenciales que tiene justamente la presente investigación”, señaló la magistrada. “Privaron a las familias del sueño de la casa propia” En su extensa alocución, Bellomio señaló: “Existe una pluralidad de hechos delictivos y contamos con una multiplicidad de denuncias, de documentaciones, de informes (haciendo un total de 2.000 fojas) y de testigos. Produjo una pluralidad de estafas junto a su mujer quienes aparecen como los principales acusados. Se dan los riegos procesales de fuga (falta de arraigo) y de entorpecimiento (su consorte permanece prófuga). No cuenta con un domicilio en la provincia de Tucumán porque antes de fugarse se deshizo de todos sus bienes registrables (el imputado viene de un país vecino –Brasil-). Nos encontramos ante ilícitos que revisten una gravedad bastante importante y en lo que va del periodo de agosto a diciembre de 2022 (cuando finalmente se fuga), atrajo a las víctimas para recibir millones de pesos con la ilusión de construir su casa propia sabiendo que no iba a poder hacer frente a ninguna de esas construcciones (tanto en Yerba Buena como en Tafí Viejo)”, expuso la Auxiliar de Fiscal. “Hubo un plan diagramado por él y su esposa que incluía su huida. Además, del daño económico, una persona falleció como consecuencia de las presiones que sufría (al ser la cara visible de esta empresa). Cuando huyeron dejaron colgados hasta los delantales de los niños, el arbolito de Navidad encendido y un perro dentro de su casa. De esta manera, privaron a las familias del sueño de la casa propia, habiéndolos estafado por millones de pesos”, añadió Bellomio y sobre la pena en expectativa agregó: “Claramente podría aplicarse una condena de cumplimiento efectivo por el daño ocasionado”. Al referirse a la fuga, la investigadora señaló que ese 26 de diciembre de 2022 cruzó con un vehículo particular junto a su familia la frontera yéndose a Brasil y pudo ser capturado por el pedido internacional que dispuso la jueza ante el requerimiento de la Unida Fiscal de Delitos Complejos del MPF, a cargo de Mariana Rivadeneira (donde fue tramitado el expediente antes de la reformulación de las Fiscalías Especializadas en Estafas). Entre las medidas pendientes, la representante del MPF dijo que restan peritar, por parte del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), seis celulares y dispositivos de almacenamiento que fueron secuestrados como así también la pericia contable. Como último punto, la investigadora pidió la prisión preventiva por dos meses ante la ampliación de los cargos en su contra (conforme avance la investigación). Previo a la resolución de la jueza donde hizo lugar a la prisión preventiva, una de las víctimas presentes en la audiencia expresó: “Realmente pensaba que no iba a llegar este momento y estoy muy agradecida con el trabajo de la Fiscalía para poder arribar a esta instancia donde me recuerda un montón de situaciones. No solo me quitaron dinero sino también la ilusión de toda mi familia a través de sus ahorros para poder construir una casa incluso entregar mi auto. Escuché decirle, a un conocido suyo, que por este delito nunca iba a estar preso. De esta manera, una siente la justicia más cerca”. La teoría del caso El imputado junto a su esposa se presentaron como socios de una empresa de Diseño y Construcciones SRL quienes aparentando solvencia celebraron diversos negocios inmobiliarios (como ser contratos de locaciones de obras por viviendas individuales y ventas de unidades funcionales en edificios) llevando adelante varias maniobras fraudulentas como ser la entrega de cheques siendo estos incobrables o habiendo recibido dinero a sabiendas de que no iban a poder hacer frente a sus obligaciones. En ese contexto, las víctimas se pusieron en contacto habiendo tomado conocimiento de los servicios prestados por la empresa a través de la red social Facebook a fin de llevar a cabo la construcción de sus viviendas en distintos terrenos (ubicados en Yerba Buena y Tafí Viejo). Primero les informaban sobre la modalidad de trabajo y el monto que debían entregar como anticipo junto con las cuotas posteriores. Al generarles la confianza fue que los denunciantes decidieron contratar los servicios de construcción con ellos pero al no contar con el monto requerido entregaron también terrenos y vehículos como parte de pago. A través de varios reclamos por la tardanza del inicio de la obra y tras reiteradas respuestas evasivas, los acusados a sabiendas que no iban a dar cumplimiento con la finalización de la obra por la situación económica en la que se encontraban (habiendo incluso desviando varios de sus bienes a terceras personas) y al no haber avance alguno se contactaron con los arquitectos que venían trabajando en la empresa quienes expresaron que habían quedado sin trabajo y que intentaron comunicarse con el imputado hasta el día 26 de noviembre del 2022 cuando ya su teléfono se encontraba apagado (habiendo dejado de responder las llamadas y los mensajes), fugándose él y su esposa del país generando con su conducta un perjuicio patrimonial.

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Investigan la muerte de un joven detenido en la comisaría de Simoca

Jonathan Rodríguez fue aprehendido el 4 de abril y, pocas horas después, debió ser trasladado a un centro de salud, donde falleció.

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La muerte de Jonathan Rodríguez, ocurrida días después de haber sido aprehendido por efectivos policiales en la ciudad de Simoca, abrió una investigación judicial que avanza bajo una calificación más grave y genera creciente inquietud tanto en el ámbito judicial como en la comunidad.
De acuerdo con los primeros datos del caso, el joven fue detenido el 4 de abril durante un operativo policial. Horas después de su aprehensión, debió ser trasladado a un centro de salud en estado crítico.
Con el correr de los días, se confirmó su fallecimiento, lo que motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal.
A partir de la evolución del caso, la causa fue recaratulada con una figura de mayor gravedad, lo que refleja la relevancia que adquirió el expediente en las últimas horas.
En ese contexto, la querella impulsó una serie de medidas probatorias orientadas a reconstruir con precisión lo ocurrido durante el lapso en que Rodríguez permaneció bajo custodia policial.
Entre los requerimientos planteados se incluyen la identificación de todo el personal que intervino en el procedimiento, así como el análisis de registros fílmicos que puedan aportar elementos objetivos para esclarecer las circunstancias del hecho.
El caso también tuvo impacto en el plano social. El sábado pasado, familiares y allegados de la víctima se concentraron frente a la comisaría de Simoca para reclamar el avance de la investigación y exigir que se determinen eventuales responsabilidades.
Mientras tanto, la pesquisa continúa en desarrollo y se aguardan nuevas diligencias en los próximos días que permitan arrojar luz sobre lo sucedido y avanzar en la determinación de responsabilidades.

 

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Liberaron al futbolista que desató el pánico en un avión, aunque quedó imputado

Emiliano Endrizzi, jugador de Gimnasia de Jujuy, recibió la libertad condicional tras el insólito episodio. La Justicia le impuso severas restricciones y el club evalúa rescindirle el contrato.

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El futbolista de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Emiliano Endrizzi, fue liberado este lunes tras haber sido detenido el fin de semana por gritar la palabra «bomba» a bordo de un avión comercial. Si bien recuperó su libertad, la Justicia lo imputó formalmente por el delito de «intimidación pública y atentado contra la seguridad de medios de transporte y comunicación».

 

El juez federal de Garantías N°1, Eduardo Hansen, rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscalía y dispuso la libertad provisoria del jugador, aunque le impuso estrictas restricciones: deberá presentarse cada siete días ante la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y tendrá terminantemente prohibido salir del país sin autorización judicial.

 

 

El riesgo de fuga y su futuro en el club

Durante la audiencia, el fiscal federal Sebastián Jure había solicitado que el deportista continuara tras las rejas, argumentando la gravedad del hecho y un posible riesgo de fuga, dado que Endrizzi no es oriundo de la provincia y reside en una vivienda alquilada. A este complejo panorama judicial se le suma una fuerte incertidumbre laboral: la dirigencia del «Lobo» jujeño anunció que evalúa rescindirle el contrato tras el escándalo.

 

 

Por su parte, la defensa técnica del jugador, encabezada por el abogado Sebastián Alsina, minimizó el hecho asegurando que todo se trató de un “comentario desafortunado” emitido en medio de una charla informal. Para acreditar el arraigo de su defendido y evitar la prisión preventiva, el letrado presentó constancias escolares de los hijos del deportista y demostró que la familia reside en Jujuy desde hace tres años.

 

 

Al fundamentar su fallo, el juez Hansen reconoció la gravedad del episodio, pero optó por una solución intermedia. No obstante, dejó una dura advertencia sobre el enorme costo y desgaste de recursos que estas «bromas» le generan al Estado: “Estas bromas graciosas o comentarios desafortunados provocan temor generalizado y deben ser tratadas con severidad”, sentenció el magistrado.

 

 

Crónica de un vuelo de terror

El insólito incidente que derivó en la detención del lateral izquierdo ocurrió el último sábado, cuando el plantel completo de Gimnasia de Jujuy se encontraba a bordo del vuelo FO 5181, listo para despegar hacia la Ciudad de Buenos Aires.

En ese momento, desde su butaca 16C, Endrizzi señaló a otro pasajero y lanzó en voz alta: “Él lleva una bomba”.

La frase, que luego se comprobó que era una falsa alarma, generó un clima de terror inmediato y obligó a la tripulación a activar el protocolo de emergencia. El avión fue trasladado hacia una zona aislada a 500 metros de la terminal y se procedió a la evacuación total de los pasajeros.

Durante más de tres horas, el aeropuerto quedó virtualmente paralizado mientras se desplegaba un megaoperativo que incluyó la conformación de un comité de crisis. Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la División de Explosivos revisaron minuciosamente la aeronave y los equipajes con trajes especiales. Finalmente, se descartó la presencia de cualquier artefacto peligroso y se desactivó la alarma.

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Agente penitenciario de 28 años murió luego de chocar un montículo de ripio en una ruta sin iluminación

La víctima fue identificada como Julio Matías Salazar, de 28 años, quien se desempeñaba como agente del servicio penitenciario

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Un trágico siniestro vial se registró durante la madrugada de este domingo en la Ruta Provincial 323, a la altura del puente sobre el río Salí, en jurisdicción de la Comisaría de Río Colorado, donde un motociclista perdió la vida en el acto.

La víctima fue identificada como Julio Matías Salazar, de 28 años, quien se desempeñaba como agente del servicio penitenciario y tenía domicilio en el paraje Ampata – Atahona.
De acuerdo a la información oficial, el joven circulaba en una motocicleta de 200cc en sentido oeste-este cuando, por causas que aún se investigan, impactó contra un montículo de ripio colocado para impedir el paso hacia el antiguo puente carretero, actualmente clausurado.

En el lugar se encuentran carteles con la advertencia “No avanzar, puente clausurado”, mientras que en paralelo existe un paso habilitado para la circulación vehicular. Sin embargo, según consta en el informe policial, el sector carece de iluminación, lo que podría haber influido en la mecánica del hecho.

Personal del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) arribó al sitio en la unidad correspondiente y constató que el motociclista ya no presentaba signos vitales.

La intervención quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios N° 2 del Centro Judicial Concepción, bajo la órbita de la fiscal Lucrecia Lugones, quien dispuso la actuación de Criminalística para realizar las pericias correspondientes y avanzar en la investigación del caso

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