El gobierno de Tucumán resolvió frenar tres proyectos de infraestructura y desistir de los procesos de expropiación de los terrenos necesarios para su ejecución debido a la falta de financiamiento nacional, en una decisión que impacta de lleno en la planificación de obras estratégicas. La suma total de las iniciativas supera los 500 millones de dólares y abarca áreas clave como logística, energía y vivienda.
La medida fue oficializada mediante decretos del Poder Ejecutivo provincial, que instruyen a la Dirección Judicial de la Fiscalía de Estado a desistir de las acciones judiciales iniciadas en el marco de las leyes de expropiación sancionadas por la Legislatura en cada caso. Además, se dispuso avanzar en el recupero de los fondos depositados, una vez cubiertos los gastos derivados de los procesos judiciales.
La decisión contó con la intervención de las áreas técnicas de los ministerios de Obras Públicas e Infraestructura y de Economía y Producción, y se fundamenta en la carencia de recursos nacionales para financiar las obras, lo que torna inviable su ejecución en el actual contexto.
Uno de los proyectos más relevantes que queda sin efecto es el Centro de Transferencia Multimodal de Cargas en Cevil Pozo, en el departamento Cruz Alta. Se trataba de una iniciativa concebida como un “puerto seco” con rol estratégico para la logística regional, ubicada en un punto clave cercano al aeropuerto Benjamín Matienzo. El proyecto había sido planteado inicialmente en 2014, en el marco del Plan Quinquenal de Obras Públicas, y preveía la expropiación de un predio de aproximadamente 120 hectáreas.
La iniciativa fue impulsada en distintas etapas por gestiones provinciales y nacionales, pero nunca llegó a ejecutarse. Contemplaba la instalación de oficinas para Aduana, playas de camiones, galpones ferroviarios y toda la infraestructura necesaria para consolidar una zona logística integrada. La inversión estimada superaba los 300 millones de dólares.
En el plano judicial, el proceso de expropiación había avanzado con una sentencia de primera instancia dictada en octubre de 2024, que fijó una indemnización de $1.313 millones. Posteriormente, la Cámara Civil y Comercial modificó ese monto a $910 millones más intereses, decisión que fue recurrida ante la Corte Suprema de Tucumán, sin resolución definitiva. De continuar con el proceso, el costo total estimado ascendía a $5.500 millones, sin que la obra cuente con financiamiento en los presupuestos vigentes, lo que llevó a su desestimación.
Otro de los proyectos que se cae es la estación transformadora “El Espinillo”, prevista en El Chañar, departamento Burruyacu. La obra había sido planteada en diciembre de 2021 y consistía en la construcción de una estación de extra alta tensión en 132 KV, vinculada a la línea de 500 KV “Cobos”.
El objetivo era reforzar el sistema eléctrico provincial, especialmente en el área metropolitana, beneficiando a más de 255.000 usuarios residenciales y más de 12.000 comercios en San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo y Yerba Buena. El proyecto buscaba dar respuesta a la creciente demanda energética y a la saturación del sistema actual, que depende casi exclusivamente de la estación El Bracho, la cual opera al 90% de su capacidad y sin posibilidades de expansión.
El proceso judicial de expropiación también había avanzado, con una sentencia de marzo de 2025 que declaraba transferido el dominio a favor de la Provincia, con una indemnización cercana a los $1.000 millones, actualizada luego a casi $1.400 millones. Sin embargo, la paralización de las obras de transporte energético a nivel nacional y el costo estimado superior a los 100 millones de dólares llevaron a desestimar su ejecución.
El tercer proyecto afectado es el complejo habitacional de 650 viviendas en Alderetes, que incluía además la construcción de un establecimiento educativo. La iniciativa había sido impulsada en 2021 y estaba vinculada al programa nacional Casa Propia – Construir Futuro, con financiamiento del entonces Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
El objetivo era dar respuesta al crecimiento poblacional de la zona y a la demanda de soluciones habitacionales. En este caso, se registraron avances administrativos concretos: se autorizó una orden de pago por $483 millones, se otorgó la posesión de los terrenos al Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU) y el expediente judicial se encontraba en etapa de prueba, pendiente de tasación.
Sin embargo, informes oficiales confirmaron que no existe obra en ejecución ni proceso licitatorio en curso, y que el proyecto quedó limitado a un anteproyecto debido a la falta de financiamiento nacional. La Provincia, además, se encuentra ejecutando actualmente unas 1.800 viviendas, lo que imposibilita afrontar con recursos propios la construcción de este nuevo complejo.
Desde el punto de vista legal, el Ejecutivo sostiene que en ninguno de los casos se cuenta con sentencias firmes, por lo que no se perfeccionó la transferencia de dominio. Este aspecto técnico habilita a desistir de los procesos judiciales y evitar erogaciones mayores en un contexto de restricciones presupuestarias.
La decisión marca un antecedente relevante en la provincia, ya que no se registraban casos recientes de retroceso simultáneo en procesos de expropiación avanzados para obras de infraestructura. Si bien el Gobierno logró sostener algunas iniciativas heredadas, como desarrollos habitacionales en marcha o trabajos viales, la falta de financiamiento nacional obliga a redefinir prioridades.
El impacto directo de esta medida implica la caída de inversiones por más de U$S 500 millones, la postergación de soluciones en áreas críticas y un freno a proyectos que habían sido anunciados y planificados durante más de una década. La situación refleja el nuevo escenario fiscal y la dependencia de recursos federales para la ejecución de obras de gran escala en Tucumán.
