Si bien ya pasó un mes desde que Javier Milei aseguró que Manuel Adorni presentaría su declaración jurada “en los próximos días”, en Casa Rosada confirmaron que “seguramente” será esta semana.

De esta manera, el Gobierno confía en poner fin a más de tres meses de especulaciones y cuestionamientos alrededor de la situación patrimonial del funcionario.

El plazo establecido se superpone con el inicio del Mundial 2026, que tendrá su partido inaugural este jueves 11 a las 14. Desde el Ejecutivo aclararon que se trata de una coincidencia, pero en algunos despachos de la Casa de Gobierno confían en que la importancia del evento deportivo dejará el tema en segundo plano.

“Era previsible que iba a buscar el momento de menor repercusión posible″, habían asegurado días atrás.

A principios de mayo, el propio Milei había protagonizado una defensa férrea del jefe de Gabinete: “Adorni es una persona honesta, una persona de bien. Las cosas que me presentó estaban en orden. Me consta que Adorni no está sucio, está limpio”.

Las respuestas que deberá dar Adorni en su declaración jurada

En su declaración ante la Oficina Anticorrupción, el jefe de Gabinete deberá explicar su capacidad para afrontar —entre gastos y deudas— compromisos por más de US$725 mil. La cifra abarca la compra y refaccionamiento de dos propiedades (el departamento en Caballito y la casa en el country Indio Cuá), sus viajes familiares, una nueva camioneta, entre otros gastos.

El magistrado tiene en sus manos dos causas contra el ministro coordinador: una que investiga el crecimiento de su patrimonio y otra que indaga su vínculo con Marcelo Grandio, su amigo periodista que ganó contratos con el Estado y le pagó al jefe de Gabinete y su familia el viaje en jet privado a Punta del Este.

Entre tanto, mientras el Mundial captura la atención mediática, el Presidente ordenó a su Gabinete no bajar el ritmo legislativo y avanzar con las reformas. Así, la Cámara de Diputados prevé sesionar a fines de junio para tratar el proyecto de super-RIGI, la Ley de Lobby y el acuerdo con los holdouts por el default de 2001, mientras que el Senado evalúa reunirse también antes de fin de mes con un temario todavía por definir. Para ordenar esa agenda, Adorni encabezará este jueves una nueva reunión de la mesa política. / TN

La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán volvió a pronunciarse sobre el conflicto electoral que mantiene en vilo a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y dejó una definición con importantes consecuencias institucionales. En sus resoluciones, el tribunal declaró inadmisible el planteo de nulidad promovido por la UNT contra la medida cautelar que había impedido la candidatura de Sergio Pagani a un nuevo mandato consecutivo como rector; y, al mismo tiempo, rechazó la cautelar solicitada por los decanos Miguel Ángel Cabrera y Virginia Sara Luz Abdala para dejar sin efecto las resoluciones que postergaron la Asamblea Universitaria, con la salvedad de que ordenó a la Universidad adecuar el cronograma electoral conforme a los lineamientos fijados por el tribunal.

Origen del conflicto y medida cautelar

La disputa se inició cuando los decanos Cabrera y Abdala promovieron una acción declarativa de certeza para que la Justicia interpretara los alcances de los artículos 17 y 190 del Estatuto de la UNT, sosteniendo que Sergio Pagani no podía aspirar a un tercer mandato consecutivo como rector. Esa controversia motivó una medida cautelar de la Cámara que suspendió la candidatura del actual rector y alteró el tramo final del proceso electoral universitario.

En una de las resoluciones, la Cámara declaró “inadmisible” el planteo de nulidad presentado por la Universidad y resolvió además “no hacer lugar al levantamiento de la medida cautelar dispuesta en autos”. Con ello, el tribunal mantuvo la decisión que había frenado la postulación de Pagani, rechazando el intento de la UNT de revertirla por la vía de la nulidad.

Rechazo de la cautelar solicitada por los decanos y alcance del control judicial

La segunda resolución se centró en la controversia generada tras la readecuación del cronograma electoral y la postergación de la Asamblea Universitaria. Cabrera y Abdala habían pedido la nulidad de esos actos y reclamado una cautelar innovativa para suspender su ejecución, retrotraer el proceso y evitar la apertura de nuevas etapas o la recepción de nuevas fórmulas. La mayoría integrada por los camaristas Fernando Poviña, Patricia Moltini y Marina Cossio rechazó dicho pedido cautelar.

Los magistrados recordaron que los actos universitarios gozan de “presunción de legitimidad y ejecutoriedad” y subrayaron la necesidad de ejercer el control judicial con prudencia para no sustituir las decisiones de los órganos de gobierno universitarios. En ese sentido afirmaron que “el control judicial de la actividad universitaria no puede transformarse en una injerencia que sustituya el criterio de oportunidad y conveniencia de los órganos de gobierno locales en ejercicio de su autonomía”.

Los jueces dedicaron apartados a precisar el alcance de la medida cautelar dictada el 15 de mayo, y puntualizaron que aquella resolución “no implicó en modo alguno una intromisión en el proceso eleccionario general ni una afectación a la autonomía universitaria”. Según la Sala, la orden judicial se limitó a impedir la candidatura de quienes estuvieran alcanzados por la prohibición estatutaria de un tercer mandato consecutivo: “La orden judicial no dispuso la paralización integral de las elecciones ni la exclusión generalizada de otros participantes”, sostuvieron.

Responsabilidad de la Universidad y origen de la alteración del proceso

En uno de los pasajes más contundentes del fallo, la mayoría rechazó la versión de la UNT según la cual la crisis electoral fue provocada por la intervención judicial. Por el contrario, los vocales consideraron que “la alteración del proceso eleccionario no encuentra su causa en la actuación del Poder Judicial de la Nación, sino en la conducta previa de las propias autoridades universitarias”. Agregaron que la “presentación y tolerancia inicial de una postulación que contrariaba sus propias cláusulas estatutarias generó la situación de conflicto y la posterior necesidad de intervención protectora por parte de la justicia”.

Interpretación del Estatuto sobre reelección

El tribunal ratificó asimismo su criterio respecto del artículo 17 del Estatuto universitario, recordando que las máximas autoridades ejecutivas “podrán ser reelectos o sucederse recíprocamente una sola vez” y que, luego de ello, sólo podrán volver a competir “con el intervalo de un período”.

Competencia de la UNT para adecuar el cronograma

Pese a declarar la vigencia de las resoluciones internas de la Junta Electoral y del Consejo Superior, la Cámara consideró que corresponde a la propia Universidad encauzar la finalización del trámite eleccionario: “la adecuación del cronograma y la finalización del trámite eleccionario es una carga exclusiva que la propia universidad debe afrontar y resolver conforme al estatuto vigente”. En consecuencia, rechazó la cautelar pedida por Cabrera y Abdala, pero dispuso que la UNT cumpla con la adecuación del cronograma electoral en atención a las resoluciones dictadas por su Junta Electoral en acatamiento de la medida cautelar anterior.

Voto concurrente y consecuencias institucionales

El camarista Mario Leal acompañó el resultado mediante un voto propio. Coincidió en que “corresponde a los órganos de gobierno de la UNT asumir la responsabilidad legal e institucional de encausar sus decisiones democráticas bajo el estricto respeto de su Estatuto” y sostuvo que la adecuación del cronograma es una competencia exclusiva de la Universidad. También avaló la conclusión de que las resoluciones internas mantienen vigencia y que la UNT debe cumplir con la readecuación electoral dispuesta por sus órganos competentes.

Escenario actual y próximos pasos

Las resoluciones conocidas dejan un panorama complejo para la UNT: la medida cautelar que impidió la candidatura de Sergio Pagani continúa vigente, la nulidad planteada por la Universidad fue desestimada y la Cámara revalidó que la prohibición de un tercer mandato consecutivo se encuentra respaldada por el Estatuto. Al mismo tiempo, el tribunal evitó intervenir en la organización concreta de los comicios y dejó en manos de las autoridades universitarias la responsabilidad de adecuar el cronograma y avanzar hacia la elección de un nuevo rector.

Con la Asamblea Universitaria convocada para el 10 de junio, las decisiones judiciales vuelven a colocar a la UNT frente al desafío de encontrar una salida institucional a uno de los conflictos electorales más trascendentes de su historia reciente.

La senadora nacional Beatriz Ávila logró que la Comisión de Educación y Cultura del Senado de la Nación incorpore para su tratamiento un proyecto que busca declarar a San Miguel de Tucumán capital de la República Argentina cada 9 de Julio, fecha en la que se conmemora la Declaración de la Independencia. Esta condición de la capital tucumana actualmente es un decreto, y por eso la legisladora quiere que sea por ley.

La iniciativa, que Ávila impulsa de manera consecutiva desde 2021, apunta a convertir en ley un reconocimiento permanente para la ciudad donde nació la Patria y donde el Congreso de 1816 proclamó la independencia argentina.

El proyecto establece que cada 9 de Julio, San Miguel de Tucumán sea reconocida oficialmente como Capital de la República Argentina y que los actos centrales organizados por el Gobierno Nacional se desarrollen en la provincia que fue escenario del acontecimiento más trascendental de la historia nacional.

“San Miguel de Tucumán no es una ciudad más en la historia argentina. Aquí nació la Patria. Aquí se tomó la decisión más trascendente de nuestra historia y aquí deben realizarse los actos centrales de cada aniversario de la Independencia”, sostuvo la legisladora.

Ávila recordó que presentó originalmente esta propuesta cuando era diputada nacional y que desde entonces insistió en cada período legislativo para que Tucumán obtenga el reconocimiento institucional que considera merecido por su rol fundamental en la construcción de la Nación.

La senadora destacó además que la iniciativa trasciende cualquier interés local y busca fortalecer una mirada verdaderamente federal de la historia argentina.

“Reconocer a Tucumán es reconocer el origen mismo de nuestra libertad. Es fortalecer una visión federal de la Argentina y honrar a quienes hicieron posible la Independencia”, afirmó.

El tratamiento del proyecto en comisión representa un paso importante para avanzar hacia la sanción definitiva de una ley que otorgue reconocimiento permanente a la ciudad donde se firmó la independencia argentina durante el histórico Congreso de Tucumán.

“Esta es una causa de todos los tucumanos y de todos los argentinos que valoran nuestra historia. Seguiremos trabajando para que el Congreso le otorgue a Tucumán el lugar que merece en la memoria institucional de la Nación”, concluyó Ávila.

La iniciativa reabre un viejo reclamo de distintos sectores tucumanos que consideran que el protagonismo histórico de la provincia durante la independencia nacional merece una reparación simbólica y permanente por parte del Estado argentino.