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Economía

El impacto de la cuarentena: en abril la construcción se desbarrancó 75,6% y la industria cayó 33,5 por ciento

La extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio a todo el mes paralizó diversas plantas fabriles y la actividad comercial. Mínimos históricos para el cuarto mes del año

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En el segundo mes de aislamiento social preventivo y obligatorio, con parálisis extremas de actividades en las principales plantas de producción de bienes durables, como automotores y de materiales para la construcción, el Indec registró los índices más bajos de la serie histórica para abril, tanto en la industria como en la construcción.

En el primer caso, el Índice de Producción Industrial cerró con una contracción de 33,5% en comparación con abril de 2019 y acumuló un receso de 13,5% en el primer cuatrimestre.

Mientras que en el segundo, el Indicador Sintético de la Construcción registró un derrumbe de 75,6% interanual, y 40,2% en los primeros cuatro meses de 2020, en ambos casos en comparación con igual período del año anterior.

 La industria cerró el primer cuatrimestre con un receso de 13,5% y la construcción con un desplome de 40,2 por ciento

Y las expectativas de industriales para el trimestre mayo a julio anticipan la continuidad de severas declinaciones respecto de los ya muy bajos niveles de un año antes.

Fuente: Indec

Fuente: Indec

En un mes atípico para el relevamiento de datos, el organismo oficial de estadística registró bajas de actividad notablemente más intensas que las anticipadas por consultoras privadas, fenómeno que se explica por la mayor cobertura geográfica y llegada a las pymes que es donde más fuertemente impactó el freno fabril, ante la extrema limitación de la movilidad de los operarios.

“El parate de actividad causado por la pandemia de la COVID-19 tuvo un impacto fuerte en marzo y abril, y tendrá un impacto pleno también en mayo. El sector industrial que comenzaba a mostrar una ligera dinamización antes de las medidas de aislamiento, se posiciona ahora en los mínimos de la serie”, destacan los economistas Nadín Argañaraz y Bruno Panighel, de Iaraf.

Si bien en todos los sectores se anotaron bajas, las más acentuadas se localizaron en las ramas automotriz; textil y prendas de vestir; materiales para la construcción y muebles. Por el contrario, mostraron resiliencia la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco, y la de la madera y papel.

En tanto, respecto de la construcción, los consultores de Iaraf resaltan: «La actividad no mostraba signos de recuperación y seguía cayendo antes de las medidas de aislamiento. Lamentablemente, los dos sectores mostraron cuantiosas contracciones a causa del coronavirus. Ambos sectores deberían dinamizarse una vez que todo vuelva a la normalidad, si es que las condiciones previas a la cuarentena se mantienen”.

Fuente: Indec

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La lectura oficial

“Las limitaciones operativas producto del aislamiento social preventivo y obligatorio afectaron sustancialmente el nivel de actividad de la mayoría de las subclases de la industria manufacturera en el mes bajo análisis. De hecho, según un relevamiento especial (en el contexto de la COVID-19) a más de 1.300 empresas, solo un tercio de los locales de las industrias manufactureras pudo operar con normalidad en abril, mientras que los dos tercios restantes, o no operó o solo pudo hacerlo parcialmente”, destaca el Indec.

Mientras que en el caso del indicador de la construcción, el organismo que dirige Marco Lavagna explica: “Debido a la emergencia sanitaria y su consecuente restricción a la circulación de las personas, ciertas actividades que se desarrollan en las municipalidades se encontraban suspendidas al momento de la recolección de la información del período presentado en este informe técnico. En particular, del conjunto de municipios relevados, algunas oficinas que registran los permisos de edificación de obras privadas se han visto imposibilitadas de proveerlos, por lo que no se dispone –a la fecha de cierre de esta publicación– de los datos necesarios para la elaboración del cuadro referido a permisos de edificación”.

Frente a semejante cuadro depresivo, empresarios y sindicatos acordaron extender por otros 60 días el acuerdo para suspender personal sin tareas, como son básicamente los operarios de las plantas industriales y de obra de la construcción, que no pueden ejercer tareas remotas, con una rebaja salarial de 25 por ciento.

Al mismo tiempo, el Banco Central dispuso en la reunión de directorio de los jueves suspender la autorización de distribución de utilidades a las entidades bancarias, de modo de inducir al impulso del crédito.

En la Argentina aún no se rehabilitó la obra pública con protocolo, como ocurre en México (Reuters)

En la Argentina aún no se rehabilitó la obra pública con protocolo, como ocurre en México (Reuters)

Expectativas de otro trimestre con muy bajos índices de actividad

El relevamiento de expectativas de los empresarios para el trimestre mayo a julio anticipa una muy lenta salida de la depresión actual, en parte por la recurrente prórroga del ASPO, en particular en lo que respecta al desplazamiento de las personas a través de medios de transporte público, principal medio de traslado de la población en los grandes centros urbanos a sus lugares de trabajo, sea una actividad fabril, como al comercio barrial, y en parte por la pérdida de poder de compra de los salarios de quienes fueron transitoriamente suspendidos, como de los cuentapropistas que no pudieron ejercer su actividad habitual.

De ahí que tanto en la industria como en la construcción más de dos tercios de los consultados dijo que espera otros tres meses con niveles de actividades muy inferiores a los del año anterior.

 Tanto en la industria como en la construcción más de dos tercios de los consultados dijo que espera otros tres meses con niveles de actividades muy inferiores a los del año anterior

Y pese a la prohibición de disponer despidos, en el caso de las empresas que se dedican a la ejecución de obras, sean públicas o privadas, una proporción cercana a la mitad proyecta reducción de personal, porque no están en condiciones de pagar los salarios en este escenario.

En esa línea, el Índice Construya de venta de insumos básicos, como cemento, ladrillos, aceros largos, carpintería, cerámicos, conductores de agua, cerámicos, entre otros, arrojó en mayo una caída de 34% en comparación con el nivel de un año antes, pese a que respecto al mínimo indicador de abril repuntó 184 por ciento.

Mientras que en el caso de los industriales, 31% estimó que la nómina será notablemente menor que la que tenía un año antes, en contraste con apenas 6,1% de los casos que prevé aumentar los puestos de trabajos.

El relevamiento del Indec detectó además que para industriales y constructores se consideran clave para contribuir a reanimar la actividad políticas orientadas a “reducir las cargas fiscales; mayor oferta de líneas de crédito; estabilidad de precios y flexibilización del mercado laboral”.

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Economía

En la Legislatura, Abad presentó los lineamientos del Presupuesto 2027 ante una reunión ampliada de legisladores

El ministro de Economía y Producción explicó los principales ejes del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y respondió las consultas de los distintos bloques políticos. Educación, salud, seguridad y desarrollo social concentran las mayores partidas, mientras que el presupuesto prevé recursos por $7,3 billones.

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En la Legislatura de Tucumán, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, participó de una reunión ampliada para analizar el proyecto de Presupuesto provincial 2027, presentado por el Poder Ejecutivo. El encuentro permitió que legisladores de distintos espacios políticos conocieran los lineamientos generales y plantearan sus inquietudes directamente al equipo técnico de la cartera económica.

La reunión fue encabezada por el vicepresidente primero de la Legislatura, Aldo Salomón, a cargo de la Presidencia, y el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Carlos Gallia. También participaron el prosecretario legislativo, Alejandro Martínez, y el prosecretario administrativo, Oscar Humberto Fiorito.

Estuvieron presentes los legisladores Francisco Serra, Sara Lazarte, Mario Leito, Tulio Caponio, Agustín Romano Norri, Carlos Gómez, Adriana Najar, Jorge Leal, Manuel Courel, Ernesto Gómez Gómez Rossi, Sandra Figueroa, Gerónimo Vargas Aignasse, Edith Comolli, Nancy Bulacio, Carlos Najar, Carolina Vargas Aignasse, Silvia Elías de Pérez y Walter Berarducci.

Por parte de Economía y Producción acompañaron al ministro el secretario de Hacienda, Adrián Dicker; el secretario de Energía y Servicios Públicos, Martín Viola; la directora de Presupuesto, Claudia Pérez; el subdirector de Presupuesto, Germán Gallo; la directora de Rentas de Tucumán, Graciela Acosta; y el subdirector de Rentas, Juan Fernández.

Al finalizar el encuentro, Abad destacó la posibilidad de explicar los principales lineamientos del proyecto y responder las consultas de los parlamentarios. “Hemos venido primero a explicar el presupuesto en sus lineamientos generales y, en segundo lugar, a contestar todas las inquietudes que nos han planteado los legisladores”, señaló.

“Hay un incremento en educación, salud, seguridad y desarrollo social. Son los ejes principales y se les da prioridad, como venimos haciendo en los últimos tres presupuestos”, explicó el ministro. En cuanto a los números generales, informó que el presupuesto asciende a $7,3 billones y contempla una variación ajustada por inflación del 18%, frente a una inflación promedio proyectada del 21%. También indicó que las estimaciones de ingresos siguen las pautas nacionales, debido a que aproximadamente el 80% de la recaudación tributaria provincial depende de los impuestos coparticipables.

Abad aseguró que las cuentas provinciales se encuentran equilibradas y llevó tranquilidad respecto del cumplimiento de las obligaciones salariales de fin de año. “Vamos a pagar los sueldos de diciembre y el aguinaldo sin ningún problema. Estamos bien encaminados en ese tema”, afirmó.

Respecto de la inversión en infraestructura, señaló que la Provincia mantiene en ejecución distintas obras financiadas con recursos propios y otras con participación nacional. Mencionó los trabajos en las rutas provinciales, las intervenciones en la ruta nacional 157 y las alcantarillas que se ejecutan para prevenir inundaciones en La Madrid. También destacó las obras de remodelación del aeropuerto y la terminal de ómnibus, además de los trabajos vinculados a acueductos, obras hídricas y eléctricas. “Si ustedes recorren la provincia, van a encontrar movimiento en todos lados. Siempre van a encontrar una máquina trabajando. Hay un montón de obras que se están haciendo y nos sentimos orgullosos”, expresó.

Sobre la asistencia social, Abad anticipó que el presupuesto contempla un incremento de los recursos destinados a esa área. En particular, destacó que cerca de 450.000 estudiantes reciben alimentación en las escuelas y que el Gobierno provincial continuará sosteniendo esa política. “Es una de las preocupaciones, lo estamos atendiendo y lo vamos a seguir haciendo. Tiene que ver con la paz social que tenemos en la provincia, pero también con una cuestión humana: nuestra doctrina siempre se basa en la justicia social”, afirmó.

Abad también se refirió a los planteos de legisladores de la oposición sobre las comunas no incluidas en el presupuesto: “Tiene que ver con el control posterior. Hay provincias que tienen auditor general y no hacen control preventivo; la propia Nación no tiene tribunal de cuentas y hace control posterior, el mismo que hace el Tribunal de Cuentas en Tucumán. Estamos trabajando para incorporarlas, pero hoy no están dadas las condiciones tecnológicas. Hay comisionados rurales en el pasado que han sido sancionados, es decir, el control se hace y se hace efectivo”. Acerca del artículo 29, que establece que las adecuaciones presupuestarias de los otros poderes deben ajustarse a los parámetros del presupuesto, indicó: “Ya está resuelto, la Legislatura va a introducir las modificaciones que crea conveniente. Nosotros proponemos y damos las razones técnicas, y la Legislatura lo aprueba, lo modifica o lo rechaza. Eso no es un motivo de conflicto”. Sobre el proyecto que incorpora a la Defensoría del Pueblo, explicó que “es autónoma y autárquica, como el Tribunal de Cuentas, y corresponde que pueda funcionar como debe funcionar”.

El vicepresidente primero, Aldo Salomón, valoró la jornada y su rol de representación. “Un orgullo y un honor poder representar al vicegobernador Miguel Acevedo en una reunión tan importante con el ministro de Economía, junto a la Comisión de Hacienda ampliada, para intercambiar opiniones en base al presupuesto 2027. Ha sido una mañana que enriquece, con preguntas de distintas índoles y con todo el respeto, que es lo más importante en democracia”, expresó.

En tanto, Carlos Gallia explicó que la reunión ampliada constituye una instancia previa al tratamiento formal del proyecto en la Comisión de Hacienda y Presupuesto. El presidente de la comisión adelantó que prevé convocar a sus integrantes para avanzar en el análisis y que la fecha tentativa para el tratamiento del Presupuesto 2027 en el recinto es el 10 de diciembre. “Estas reuniones sirven justamente para que, cuando lleguemos a la sesión, todos sepamos qué se va a debatir y no haya sorpresas”, manifestó.

Sobre el contenido del proyecto, destacó que “es un presupuesto equilibrado: el excedente es de 305 millones frente a 700 del año pasado, es poco, pero las principales variables, como educación, salud, seguridad, obras públicas y asistencia social, se llevan más del 60%, y eso es lo que nos da la paz social”. Añadió que hay un plan de obras de unos 620 mil millones de pesos. Respecto del artículo 29, adelantó: “Lo vamos a modificar, porque si bien tiene una intención que no es la que todos piensan, viola la autonomía de los poderes judicial y legislativo”. Y aclaró sobre la Defensoría del Pueblo: “Tiene que manejarse de forma autárquica”. Finalmente, advirtió que “el presupuesto es una foto de lo que va a pasar el año que viene, y esa foto puede variar, porque los ingresos pueden ir para arriba o para abajo”.

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«Vamos a pagar sueldos y aguinaldo en diciembre sin ningún problema»

El ministro de Economía, Daniel Abad, aseguró que en Tucumán hay equilibrio fiscal. «Estamos bien encaminados en ese tema», resaltó.

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El ministro de Economía, Daniel Abad, se refirió este jueves al cronograma de pago de sueldos y aguinaldo correspondiente a diciembre para los empleados de la administración pública provincial.

En este marco, aseguró que «hay equilibrio fiscal y está bien encaminado ese tema».

«Vamos a pagar sueldos y aguinaldo en diciembre sin ningún problema», adelantó.

El contador dio estas declaraciones tras visitar la Legislatura para hablar del Presupuesto 2027.

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El Gobierno amplió los gastos previstos en el Presupuesto 2026 por $15,6 billones

La medida reasigna recursos hacia prestaciones sociales, deuda, salud y seguridad, y recorta créditos en Servicios Económicos.

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El Gobierno nacional dispuso una amplia modificación del Presupuesto 2026 mediante el Decreto 1391/2026, una medida refrendada por la totalidad del Gabinete de Ministros que autoriza incrementos de gastos por aproximadamente $15,6 billones para lo que resta del ejercicio y reduce en unos $7,5 billones el superávit proyectado para el cierre del año.

El análisis de la Planilla Anexa I, integrada por 564 folios, realizado por Infobae a partir del procesamiento de cada una de las jurisdicciones y organismos alcanzados por la norma, muestra que la ampliación equivale al 10,2% del crédito presupuestario previamente vigente, estimado en $152,47 billones.

La decisión se produce en un contexto de fuerte desviación respecto de las variables macroeconómicas utilizadas para elaborar el presupuesto. Mientras la pauta oficial contemplaba una inflación anual cercana al 18%, la variación de precios acumulada y proyectada para 2026 se ubica actualmente alrededor del 33%, situación que obligó a reforzar partidas que habían quedado insuficientes para afrontar compromisos salariales, previsionales, operativos y financieros.

Qué argumenta el Gobierno

En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo sostiene que resulta necesario adecuar los créditos presupuestarios para asegurar la continuidad de las prestaciones esenciales del Estado y garantizar el cumplimiento de compromisos asumidos por la administración pública nacional.

La norma señala que diversas jurisdicciones informaron insuficiencias en sus créditos vigentes y requirieron refuerzos para atender gastos cuyo nivel de ejecución superó las previsiones originales. Asimismo, fundamenta la reasignación de partidas en la necesidad de atender obligaciones vinculadas con prestaciones sociales, servicios de salud, seguridad pública y compromisos financieros del Tesoro.

La medida lleva las firmas del Presidente y del conjunto de los ministros que integran el Gabinete nacional, conforme al mecanismo previsto para las modificaciones presupuestarias durante la ejecución del ejercicio.

Los recursos aumentan menos que los gastos

Según el relevamiento efectuado por Infobae sobre las planillas anexas, los recursos corrientes y de capital aumentan aproximadamente $8,1 billones, una cifra sensiblemente inferior a la expansión de las autorizaciones de gasto.

La diferencia, cercana a $7,5 billones, implica una reducción equivalente del resultado fiscal previsto para el cierre del ejercicio.

De acuerdo con los cálculos realizados sobre la ejecución presupuestaria, el superávit originalmente proyectado para 2026 rondaba los $26,4 billones. Tras la ampliación dispuesta por el decreto, ese excedente se reduciría a alrededor de $18,9 billones.

La corrección resulta relevante porque al 16 de noviembre el sector público acumulaba un resultado positivo estimado en unos $33,2 billones, lo que indica que una parte significativa de los gastos adicionales se concentrará en las últimas semanas del año.

PAMI concentra el mayor refuerzo presupuestario

La principal ampliación identificada en el anexo corresponde a las transferencias al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), dentro de la órbita del Ministerio de Capital Humano.

La partida recibe un incremento cercano a $10 billones, convirtiéndose en el principal destino de los créditos adicionales autorizados por el Gobierno.

El refuerzo explica por sí solo una parte sustancial de toda la expansión presupuestaria aprobada y refleja la presión que la aceleración inflacionaria ejerció sobre las prestaciones destinadas al sistema de atención de jubilados y pensionados.

Casi $4 billones más para intereses de deuda

El segundo aumento de mayor magnitud corresponde al Servicio de la Deuda Pública, particularmente a la partida destinada al pago de intereses y comisiones, que recibe aproximadamente $3,9 billones adicionales.

La magnitud de la ampliación confirma que una porción relevante de la modificación presupuestaria está vinculada al costo financiero del Estado y a obligaciones cuyo comportamiento quedó por encima de las previsiones originales.

Refuerzos para salud y seguridad

Entre las partidas con mayores incrementos también se encuentran programas específicos de salud y seguridad.

El Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría, dependiente del Ministerio de Salud, obtiene un refuerzo cercano a $0,8 billones para financiar su funcionamiento.

Por su parte, la Gendarmería Nacional recibe alrededor de $0,2 billones adicionales para el programa de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas, uno de los ejes de la estrategia oficial en materia de seguridad federal.

El principal recorte

La contracara de las ampliaciones aparece en la finalidad Servicios Económicos, donde el decreto reduce créditos por aproximadamente $2,3 billones.

La disminución constituye uno de los ajustes más importantes observados en la planilla y evidencia una reasignación de recursos desde programas económicos hacia áreas consideradas prioritarias para el cierre del ejercicio, como prestaciones sociales, salud, seguridad y atención de obligaciones financieras.

Una actualización de la nominalidad de la economía

Más allá de la magnitud de las cifras, el análisis de la modificación presupuestaria sugiere que el objetivo principal del Decreto 1391/2026 es adecuar el presupuesto a una economía que terminó registrando una inflación significativamente superior a la prevista cuando se aprobó la ley de gastos y recursos.

La expansión de los créditos por $15,6 billones no necesariamente implica un aumento equivalente del gasto en términos reales, sino que en gran medida refleja la necesidad de actualizar partidas frente a una nominalidad que evolucionó muy por encima de las estimaciones oficiales.

Sin embargo, el dato fiscal más relevante es que los mayores recursos obtenidos durante el año no alcanzaron para compensar completamente esa expansión. Como consecuencia, el Gobierno decidió utilizar parte del superávit esperado para financiar gastos adicionales y cerrar el ejercicio con un resultado positivo estimado en torno a $18,9 billones, inferior al previsto originalmente, pero todavía ampliamente superavitario.

FUENTE: Infobae

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