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Política

El Gobierno notificará más de 100 mil suspensiones a pensiones por discapacidad

Sin embargo podrían ser muchas más, ya que se deduce de un llamado a licitación la contratación de 720.000 servicios postales destinados al envío de cartas documento en todo el territorio argentino.

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Mientras el veto presidencial a la Emergencia en Discapacidad oscila en la discusión política, en la administración libertaria de Javier Milei continúan con el plan de acción para revisar las Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral (PNCDL) que fueron otorgadas durante gestiones anteriores, bajo la hipótesis oficial de que hubo una irregularidad manifiesta en el otorgamiento de un número importante significativo de estas.

El Gobierno tomó la decisión de continuar con la suspensión de estas pensiones. Esto se deduce de una licitación iniciada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) publicada el 30 de julio en Compr.Ar, el portal de licitaciones de la administración pública, el cual hace un llamado para la contratación de 720.000 servicios postales destinados al envío de cartas documento en todo el territorio argentino.

La ronda de revisión de pensiones fue anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni en febrero de este año. Allí informó que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el PAMI se encargarían de liderar la logística para el envío de cartas documento para llegar a cada uno de los beneficiarios de las 1.013.400 pensiones que estaban habilitadas hasta entonces. En ese operativo se les iban a requerir los documentos obligatorios que justificaban el otorgamiento de esa prestación, para determinar quienes no los cumplían y darlos de baja.

Coincidentemente, Adorni comunicó la semana pasada en conferencia de prensa que el gobierno canceló más de 110.522 de estas pensiones y que, además, se dieron de baja otras 8.107 que correspondían a personas fallecidas y unas 10.038 de personas que renunciaron a la pensión. Autoridades de ANDIS ya le habían explicado a este medio que se esperaba que el proceso continuara.

Este pliego establece la licitación de 720.000 servicios postales, siendo este el número máximo a contratar. Esto no implica que se vayan a suspender la misma cantidad de prestaciones, aunque sí es orientativo de que el número podría ser significativo. “A veces hay que mandar dos cartas documentos”, explican en el Gobierno.

“Estas van a servir para notificar las suspensiones de las pensiones no contributivas por invalidez laboral”, confirmaron fuentes oficiales.

El pliego establece que la entrega de las cartas documento debe realizarse en cualquier punto del país dentro de las 48 horas hábiles luego de su imposición. Si el envío no puede concretarse en el primer intento, la empresa tiene la obligación de realizar un segundo intento al día siguiente, y en caso de persistir la imposibilidad, gestionar la devolución al remitente tras cinco días hábiles.

Además de las cartas documento, el pliego incluye la provisión de servicios para cartas certificadas, cartas expreso y diversos tipos de encomiendas, abarcando un volumen total superior a 730.000 piezas entre todas las modalidades previstas.

Dentro de la restricción presupuestaria que tiene el gobierno de Milei, la administración de la ANDIS estima que el desvío de fondos producto de las pensiones por invalidez laboral pueden estimarse en una cifra cercana a 1.000 millones de dólares por año. Con la baja de las pensiones de estas últimas semanas, el Ejecutivo indicó que comenzará a ahorrar unos 35 mil millones de pesos mensuales. Actualmente, el monto de la prestación equivale al 70% de una jubilación mínima.

Aun así, todavía hay domicilios en diferentes puntos del país que no pudieron ser identificados, por lo que el proceso de auditoría terminó resultando algo incompleto. Adorni esgrimió en declaraciones de la semana pasada que no habían presentado su documentación el 60% de todos los beneficiarios a nivel nacional.

El año pasado, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había consignado que “entre 1999 y 2003 las pensiones se mantuvieron en torno a 80.000 beneficiarios, pero entre 2005 y 2015 ese número creció un 1225%, hasta llegar a 1.060.000 pensiones”, acusando que bajo la gestión de Cambiemos el número se mantuvo estable, pero que con la presidencia albertista la cifra creció sustancialmente.

En su conferencia del miércoles pasado, Adorni mencionó que “este número estratosférico no corresponde a un país que no sufrió guerras militares ni catástrofes naturales“. “Para ponerlo en perspectiva, la población activa de Israel que recibe pensión por discapacidad es del 3,5%, mientras que en Argentina la recibe el 4,6%. Israel es un país que sufrió decenas de atentados terroristas y que se encuentra en un conflicto bélico permanente. Argentina, por su lado, no tuvo guerras ni catástrofes naturales. Solo tuvo 20 años de administraciones kirchneristas“.

Mientras tanto, la cuestión vinculada al veto presidencial sobre la Ley de Emergencia de Discapacidad continúa siendo un asunto de relevancia pública. La legislación busca regularizar pagos y actualizar aranceles fijados en el Nomenclador de Prestaciones Básicas, que fija las retribuciones que las obras sociales y las prepagas están obligadas a dar a quienes prestan servicios en discapacidad. No hay incremento de aranceles desde noviembre de 2024.

La emergencia fijada en esa ley aplica hasta el 31 de diciembre de 2027 y, a su vez, prevé reformar el sistema de pensiones no contributivas e implementar cambios en el manejo de la ANDIS.

FUENTE: Infobae

Política

Buscan sumar la mirada del Colegio de Abogados en reformas judiciales

La Legislatura atenderá el pedido de la institución antes de avanzar con el tratamiento de proyectos vinculados al sistema de justicia.

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El vicegobernador de Tucumán y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, recibió a autoridades del Colegio de Abogados de Tucumán, encabezadas por su presidente Alberto López Domínguez, quienes solicitaron ser escuchados y participar formalmente en el proceso de debate legislativo sobre una serie de reformas vinculadas al sistema de justicia.

Durante la reunión, los representantes del Colegio plantearon su interés en intervenir en el análisis de modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial, la normativa de mediación obligatoria y el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, con el objetivo de aportar una mirada técnica desde el ejercicio profesional.

Del encuentro participaron también la legisladora Carolina Vargas Aignasse, el legislador Roque Tobías Álvarez, el vicepresidente de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (FEPUT), Gustavo Usandivaras, y el Dr. Guillermo Gassenbauer.

En ese marco, Acevedo destacó la importancia de abrir el proceso legislativo a los distintos sectores involucrados: “Fue un encuentro de trabajo donde coincidimos en la importancia de generar instancias de participación que permitan enriquecer el proceso legislativo, incorporando la mirada y la experiencia de quienes forman parte del ámbito jurídico. Entendemos que este tipo de aportes son fundamentales para lograr una ley más sólida, equilibrada y representativa de las necesidades del sistema de justicia”.

Asimismo, remarcó la línea de trabajo institucional impulsada desde el inicio de su gestión: “Desde el primer día en que asumí como presidente de la Legislatura, planteamos la necesidad de trabajar de manera conjunta, escuchando todas las voces y abriendo el diálogo a los distintos sectores. En ese camino estamos avanzando, convencidos de que las mejores decisiones se construyen con participación, consenso y compromiso. Y así lo vamos a seguir haciendo”.

Por su parte, López Domínguez explicó que el planteo del Colegio se centró en la necesidad de contar con un espacio formal de intervención antes del tratamiento de las iniciativas: “El interés del Colegio es dar una opinión, emitir un dictamen, participar y colaborar en esta reforma. Por eso solicitamos la postergación del tratamiento hasta que podamos presentar nuestro aporte”.

En ese sentido, señaló que la participación institucional responde a un deber y facultad establecidos por la normativa que regula al Colegio, y subrayó la vocación de contribuir al proceso legislativo: “La posición del Colegio es colaborar, participar y ayudar desde nuestra profesión con la formulación de leyes que impactan en el ejercicio profesional y en la sociedad”. Finalmente, valoró el encuentro como positivo y destacó la receptividad institucional: “Las reuniones con el contador Acevedo son muy positivas. Escucha lo que uno viene a plantear y siempre hay una muy buena recepción por parte de la Legislatura”.

A su turno, la legisladora Carolina Vargas Aignasse confirmó que el planteo fue atendido y que se garantizará la participación de los sectores involucrados: “Los integrantes del Colegio vinieron a plantear su preocupación y su pedido de diálogo respecto a tres leyes muy importantes. En todos estos temas solicitaron intervención y, como es la línea de trabajo del vicegobernador y de esta Legislatura, se hizo lugar a su pedido”. En esa línea, precisó que las iniciativas serán tratadas con posterioridad, una vez que se hayan incorporado los aportes de las partes interesadas.

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Tensión en el PAMI Tucumán durante una protesta de jubilados

Afiliados se concentraron en la sede céntrica para presentar un petitorio y reclamar por la atención; se registraron momentos de forcejeo en el ingreso al edificio.

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Jubilados se manifestaron este miércoles en la sede de PAMI en Tucumán, con el objetivo de ser recibidos por autoridades y exponer reclamos vinculados a prestaciones y servicios. Durante la protesta, se vivieron escenas de tensión en el acceso al edificio.

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Chahla designó a siete nuevos funcionarios en áreas clave de su gabinete

La intendente capitalina designó nuevos funcionarios en Movilidad Urbana, Obras Públicas y Ordenamiento, entre otras dependencias sensibles.

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Con el objetivo de fortalecer el trabajo en áreas claves de gestión, la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, oficializó este martes la designación de siete nuevos integrantes en el gabinete municipal.

En ese contexto, el concejal Carlos Arnedo asumió como nuevo secretario de Movilidad Urbana, en el marco de una reorganización de la estructura vinculada a las políticas de transporte público en la capital.

Por otro lado, la jefa municipal designó como nuevo secretario de Obras Públicas al ingeniero Claudio Bravo, experto en hidráulica, como parte de un proceso orientado a avanzar con obras de infraestructura claves para prevenir inundaciones en la ciudad.

Además, Chahla anunció la designación del abogado Javier González como nuevo secretario de Ordenamiento y Convivencia. Esta nueva área del organigrama municipal tendrá como misión ordenar el tránsito, promover el cumplimiento de las faltas y controlar la vía pública mediante las sanciones que determina la normativa vigente.

La intendente también puso en funciones a Ana Lía Carbonell como nueva subsecretaria de Cultura del municipio; mientras que la exdirectora de la Casa Histórica, Cecilia Guerra Orozco, asumió como directora de Museos municipal.

Finalmente, la intendente decidió que Pablo Sosa asuma como director de Deportes y Recreación, mientras que el doctor Matías Balardini fue designado como director de Administración del Tribunal de Faltas municipal.

El acto de asunción de las nuevas autoridades tuvo lugar en la sede municipal de 9 de Julio y Lavalle y contó con la presencia del presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, junto a legisladores, concejales y funcionarios.

En conferencia de prensa, Chahla explicó que los cambios buscan optimizar el funcionamiento de áreas estratégicas de la gestión municipal. “Creemos que esta renovación va a venir a agilizar la gestión en un momento donde la sociedad nos solicita muchas cosas específicas: el cuidado de la vía pública, el ordenamiento, más obras públicas y respuestas frente al deterioro de las calles”, señaló.

La intendente también hizo referencia a las dificultades que generaron las intensas lluvias de los últimos meses para avanzar con algunas tareas urbanas. “La lluvia no nos ha dado tiempo de trabajar desde enero porque estamos con muchas precipitaciones intensas. Necesitamos darle otra impronta y entender que la gestión es dinámica”, sostuvo al referirse a la designación del ingeniero Bravo al frente de Obras Públicas.

Chahla remarcó que los cambios responden a demandas concretas de los vecinos. “Hoy la sociedad nos reclama transporte, estado de las calles y obras hídricas. Por eso hemos puesto personas que puedan dar respuestas en esas áreas”, afirmó.

Respecto a la designación de Arnedo, la jefa municipal descartó que se trate de un cambio con un perfil político específico. “No hemos pensado en un perfil político, sino en personas que tengan relación y contacto con el sector del transporte y puedan dialogar con los interlocutores válidos”, explicó.

Transporte y diálogo con el sector empresario 
Por su parte, Arnedo aseguró que su llegada al área representa un compromiso para abordar una problemática compleja como el transporte público. “Es una bocanada de aire fresco que viene a oxigenar el equipo de trabajo de la municipalidad y a comprometernos con la vida pública de los ciudadanos de San Miguel de Tucumán”, afirmó.

El nuevo funcionario informó que se profundizarán los canales de diálogo para fortalecer el sistema de transporte en la ciudad.

Además, sostuvo que el objetivo será mejorar el servicio para los usuarios. “Los controles se van a profundizar y las frecuencias tienen que mejorar. El usuario es quien más reclama y debemos garantizar un servicio que esté a la altura de las circunstancias”, indicó.

Obras hídricas y bacheo 

En relación con el área de Obras Públicas, Bravo explicó que la gestión municipal avanzará con un plan integral para mejorar el sistema de desagües y prevenir inundaciones. “La intendenta ha puesto como política de gobierno un plan de ordenamiento hídrico que vamos a respetar y avanzar con obras para recuperar los desagües de Tucumán e incorporar nuevas infraestructuras”, indicó.

Entre los proyectos más importantes mencionó la ejecución del sistema de desagües del barrio 360 Viviendas y la futura licitación del canal del barrio Margarita. “Son obras que implican una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos y que son muy importantes para empezar a dar soluciones”, afirmó.

Bravo también se refirió a la problemática del bacheo en la ciudad. “El problema es que el agua ha destruido mucho pavimento. Cuando llueve se ablandan los suelos y se rompe el asfalto, por eso primero hay que evaluar las condiciones antes de intervenir”, explicó.

Ordenamiento del espacio público 
A su turno, González destacó que la nueva Secretaría de Ordenamiento y Convivencia buscará consolidar la recuperación del espacio público en la ciudad. Según explicó, el área tendrá a su cargo distintas dependencias vinculadas al control del espacio público. “Esta estructura reúne oficinas relacionadas con la vía pública y la Fiscalía Ambiental para preservar la convivencia mediante reglas claras y controles”, detalló.

El funcionario aseguró que el objetivo será garantizar un uso ordenado de los espacios urbanos. “Queremos que el ámbito del espacio público favorezca la convivencia entre los vecinos de San Miguel de Tucumán”, remarcó.

Respaldo del Concejo Deliberante 

Durante el acto también habló el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, quien expresó el respaldo del oficialismo a la decisión de la intendenta. “Venimos a respaldar la decisión de hacer una renovación que no implica cuestiones personales con quienes dejan sus funciones. En toda gestión ejecutiva cada tanto hace falta un baño de aire fresco”, señaló.

Además, ratificó el compromiso de acompañamiento institucional al Departamento Ejecutivo. “Desde el Concejo Deliberante vamos a seguir acompañando la gestión. Sabemos que siempre hay críticas en la función pública, pero también hay mucho trabajo que se está haciendo”, concluyó.

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