El Gobierno Nacional denunció este lunes al expresidente Mauricio Macri y casi una decena de funcionarios de la gestión Cambiemos por el envío de «material represivo» a Bolivia en noviembre de 2019, cuando se consumó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.

La denuncia, a la que accedió Télam, lleva la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria.

La presentación realizada ante la justicia federal denuncia «el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno Nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional».

Los funcionarios del Gobierno nacional afirmaron en la denuncia que el objetivo de aquel envío fue «poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales».

«El hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero», se indicó en la denuncia.

El material bélico puesto a disposición de la dictadura boliviana habría consistido en, por lo menos: 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógeno en spray MK-9; 05 gases lacrimógeno en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS; 52 granadas de gas HC, de acuerdo la denuncia de las autoridades bolivianas.

Esta maniobra habría contado con la participación de Macri y «Patricia Bullrich (exministra de Seguridad de la Nación), Oscar Aguad (exministro de Defensa), Jorge Faurie (exministro de Relaciones Exteriores y Culto), Normando Álvarez García (ex Embajador Argentino en Bolivia), Jorge Dávila (exdirector General de Aduanas), Eugenio Cozzi (exdirector Ejecutivo de la ANMaC)», según la presentación judicial.

La denuncia señala, además, a «Gerardo José Otero, (exdirector Nacional de la Gendarmería Nacional Argentina), Rubén Carlos Yavorski (excomandante Mayor Director de Logística de la Gendarmería Nacional Argentina) y Carlos Miguel Recalde (exdirector de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería Nacional Argentina)».

En base a la información recolectada hasta el momento, «se observa la posible comisión de los delitos de contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación», se indicó en la denuncia.

Los hechos salieron a la luz cuando la embajada argentina en Bolivia descubrió una misiva del entonces Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, dirigida al entonces embajador argentino en ese país, Normando Álvarez García, fechada el 13 de noviembre de 2019, en la que se dio cuenta de la recepción de municiones, gases lacrimógenos y granadas de gas.

La carta fue dada a conocer el pasado 9 de julio por el Canciller boliviano, Rogelio Mayta, en una conferencia de prensa y a partir de allí se suscitaron a una serie de investigaciones administrativas por parte del Gobierno Nacional, a través de las cuales se recolectó información y documentación que corrobora el envío del material.

De acuerdo a la denuncia a la que accedió Télam, el envío «se pretendió encubrir bajo la necesidad de proteger la Embajada argentina» y el material se desvió «hacia las fuerzas armadas bolivianas».

«La gravedad institucional del hecho se consolida al advertir que el material enviado tuvo como destino final a las fuerzas armadas que días antes habían derrocado el gobierno constitucional del entonces presidente Evo Morales, y que días después del envío cometerían múltiples violaciones a los Derechos Humanos, entre ellas, las recordadas ´masacres´ (según las calificó la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos) de Sacaba y Senkata», señalaron los funcionarios que firmaron la denuncia.

«No se trata de cualquier tipo de contrabando, sino de uno que tuvo como fin reforzar la capacidad de acción de fuerzas armadas que se habían levantado sediciosamente en armas contra un gobierno constitucional y contra el pueblo boliviano. Fin que las autoridades nacionales no podían desconocer: enviaron municiones y material represivo a sabiendas de que sería usado contra al pueblo de Bolivia por parte de las fuerzas sediciosas», enfatizaron.

La denuncia, que será sorteada este martes en los tribunales federales de Comodoro Py, incluye 14 documentos oficiales certificados y sugiere al menos 8 medidas de prueba para el inicio de la investigación.

«Estamos trabajando sobre una denuncia con distintos organismos del Estado porque también han violado tratados y convenciones», había anticipado el ministro de Justicia, Martín Soria, quien explicó que «seguramente en las próximas horas va a haber novedades porque el hecho es gravísimo».

El viernes pasado, el Gobierno boliviano difundió una carta en la cual daba detalles del envío desde Argentina hacia Bolivia de material bélico y de armamento para reprimir protestas sociales luego del golpe de Estado de noviembre de 2019, en el cual Jeanine Áñez derrocó del poder al presidente Evo Morales.

Al hablar con radio 10, Soria indicó que a Macri «el Código Penal le queda chico» y dijo que el exmandatario «cargó las armas de la dictadura boliviana».

Martín Soria trabaja en una denuncia.

«El Código Penal argentino les queda chico a Mauricio Macri y compañía. No solamente se los investiga por las fechorías que hicieron en nuestro territorio y las penurias en las que sumergieron a todos los argentinos, sino también en otros países, por delitos graves», completó.

El ministro resaltó que el mismo día que la exministra de Seguridad Patricia Bullrich (actual presidenta del PRO) y otros funcionarios «pedían autorización para sacar el armamento y las municiones supuestamente para defender la embajada argentina en Bolivia», estaba asumiendo Áñez.

En el mismo sentido, el embajador de Bolivia en la Argentina, Jorge Ramiro Tapia, aseguró este lunes que «se ha corroborado» el ingreso de una nota junto a los materiales bélicos que el gobierno de Mauricio Macri envió en 2019 a Bolivia.

«La mentira tiene patas cortas, los que hicieron cosas que no debían, tienen que estar presos», completó el diplomático a radio 10, y sostuvo que el pueblo boliviano no quiere «ni olvido ni perdón, sino justicia».

La cuestión fue abordada en la noche del domingo entre los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y de Bolivia, Luis Arce, en una videoconferencia que fue emitida por la TV Pública, en la que Fernández volvió a plantear que «la Argentina de aquellos días no se portó bien con los bolivianos».

El Presidente se mostró avergonzado por el hecho y su par boliviano le agradeció el gesto.

«Estoy muy avergonzado porque la Argentina no se haya portado bien. Que el gobierno argentino de entonces (por la gestión de Mauricio Macri) no se haya portado bien. Pero tengo la íntima tranquilidad, Lucho, que sabés que siempre estuve al lado de ustedes y trabajé por la vida de Evo y de tantos compañeros perseguidos en Bolivia», subrayó el jefe de Estado.

Desde La Paz, Arce remarcó que tanto el propio Fernández como el resto de la administración del Frente de Todos «no tenían por qué sentirse avergonzados» ya que, reconoció, «el Gobierno del pueblo argentino se ha portado siempre bien con nosotros, los bolivianos».

En el mismo sentido le agradeció al Presidente por «todo lo que han hecho por Evo» y por «todas las gestiones que han hecho para poder darles lo mejor que tenían».

Por su parte, la titular del PRO y ministra de Seguridad durante la gestión de Cambiemos, Patricia Bullrich, se defendió de las acusaciones a través de una carta publicada en redes sociales y dirigida al presidente Alberto Fernández.

Allí asegura que «dolor y vergüenza causa la imprudencia, la impudicia y la velocidad con las que usted compromete al Estado Argentino al reconocer semejante acusación sin la mínima indagación ni prueba, por el solo hecho de que en ese momento gobernaba el país un presidente de un partido diferente al suyo».

Patricia Bullrich aseguró que el material era para proteger la embajada argentina.

«El gobierno del presidente Mauricio Macri cumplió con su deber de resguardar la Embajada Argentina en Bolivia, protección que alcanzó no sólo al señor embajador y personal diplomático, sino también a dos ministros renunciantes del gobierno del señor Evo Morales: el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y la ministra de Planificación, Mariana Prado Noya», remarca Bullrich en otro tramo de la carta.

Hasta el momento, por lo menos dos organismos del Estado anunciaron el inicio de investigaciones formales por el envío de este armamento a Bolivia.

La Unidad Fiscal Especializada en la investigación de ilícitos relacionados con armas de fuego, explosivos y demás materiales controlados (Ufiarm) anunció el pasado 9 de julio el inicio de una investigación a cargo del fiscal general adjunto de la Procuración General de la Nación, Gabriel González Da Silva.

Indicaron que en el marco de esta pesquisa se dispusieron «una serie de medidas probatorias, entre ellas, el requerimiento de información a la Presidencia de la Nación, a distintos ministerios de la Nación y a la Gendarmería Nacional, con el propósito de comenzar a colectar elementos que permitan avanzar a dilucidar tales episodios a la mayor brevedad posible y determinar, en su caso, sus posibles autores o partícipes».

Por su parte, la Dirección General de Aduanas (DGA) inició una investigación para determinar «la eventual existencia de delito en la exportación de armas de fuego y otros materiales controlados al Estado Plurinacional de Bolivia en noviembre de 2019».

«El organismo que depende de la AFIP también inició una segunda investigación para controlar la regularidad de los procedimientos llevados adelante por la DGA» durante el Gobierno de Mauricio Macri, informaron fuentes oficiales.

Télam