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Argentina

El Gobierno cerró el acuerdo con el FMI

Alberto Fernández y Martín Guzmán lograron finalizar el entendimiento que, en formato de proyecto de ley, será presentado ante la Cámara de Diputados para su tratamiento.

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El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmáncerraron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), informaron en la tarde del jueves fuentes oficiales, tras lo cual el organismo multilateral publicó la confirmación en su página web.

Los detalles del acuerdo

 

Comunicado oficial sobre el acuerdo final sobre el FMI by Télam on Scribd

El entendimiento, cerrado por el Presidente y el ministro de Economía será elevado al Congreso e incluirá como anexos la totalidad de los documentos que conforman el acuerdo, esto es, el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y el Memorándum de Entendimiento Técnico, precisó en un comunicado el Palacio de Hacienda.

La iniciativa -que lleva como título «Acuerdo para el Refinanciamiento de la Deuda entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional”, ingresará al Congreso de la Nación en los términos de la ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública -impulsada por el Gobierno Nacional- que establece que, entre otras, que todo programa realizado con el organismo multilateral requerirá de una Ley del Parlamento que lo apruebe expresamente.

Este nuevo programa viene a reemplazar “el fallido programa Stand By acordado en 2018, por un nuevo programa de Facilidades Extendidas”, agregó el comunicado.

Minutos después del anuncio realizado por el Gobierno, el FMI también salió a confirmar el entendimiento, al que calificó de «pragmático y realista» (ver aparte).

El Palacio de Hacienda sostuvo que «el nuevo programa busca seguir generando condiciones de estabilidad necesarias para abordar los desafíos estructurales existentes y fortalecer las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo».

«El acuerdo alcanzado se basa en lo que se conoce como Servicio Ampliado del FMI (Acuerdo de Facilidades Extendidas; EFF, por sus siglas en inglés) que incluye 10 revisiones que se realizarán de manera trimestral durante dos años y medio. El primer desembolso se realizará luego de la aprobación del programa por parte del directorio del FMI. El resto de los desembolsos se hará luego de completarse cada revisión. El período de repago de cada desembolso es de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, lo que implica comenzar a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034«, detalló la cartera que conduce Martín Guzmán.

Aseguró que el acuerdo alcanzado, logrado tras más de un año y medio de negociaciones, contempla «la importancia de alcanzar un programa acorde a las necesidades y desafíos de la Argentina y que no implique una inhibición en la recuperación económica«.

«En este sentido, hay coincidencia en que la inflación es un fenómeno multicausal -siendo uno de los principales desafíos de la política macroeconómica- que debe ser abordado desde un enfoque integral. La condición necesaria para consolidar la desinflación es mantener un proceso de acumulación de reservas que le otorgará al Estado mayor autonomía en la ejecución de políticas públicas«, señalaron.

A lo que agregaron que «el programa refuerza el compromiso de estabilidad cambiaria, descartando movimientos bruscos y estableciendo que la administración cambiaria buscará asegurar la compatibilidad a mediano plazo del tipo de cambio real con el objetivo de acumulación de reservas».

«Al mismo tiempo, se avanzará en una consolidación fiscal progresiva que reduzca el déficit fiscal, en el marco de la recuperación de la actividad económica y una reducción gradual del financiamiento monetario del mismo, así como también de un marco de implementación de la política monetaria que redunde en tasas de interés reales positivas para fortalecer la demanda de activos en pesos. También este proceso será acompañado por políticas de precios e ingresos que contribuirán a anclar expectativas en pos de una desinflación gradual junto a una continuidad de la recuperación de los ingresos reales», recalcaron desde el Palacio de Hacienda.

También remarcaron que «el acuerdo con el FMI no prevé ninguna reforma previsional».

«Por el contrario, se prevé continuar con la mejora de los haberes mediante la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida en la Ley 27.609«, añadieron y ratificaron la decisión de «lograr niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad, conforme a los parámetros objetivos que correspondan en cada caso», revisiones que «abarcarán tanto a usuarios residenciales como no residenciales».

Además, el Gobierno nacional desarrollará un «plan energético de mediano plazo» que incluirá un conjunto de medidas vinculadas a incentivar la inversión pública y privada en infraestructura, incrementar la oferta de distintas fuentes de generación, mejorar la eficiencia del consumo e iniciar un sendero para que las tarifas reflejen de manera predecible los costos mayoristas de gas y electricidad, tal como está contemplado en el acuerdo anunciado por el Gobierno con el FMI y que también prevé un esquema tarifario de los servicios de gas y electricidad para el bienio 2022/2023, que incluirá la política de segmentación y no superará el nivel de los salarios.

Como parte de las nuevas definiciones, el Ministerio de Economía anunció que «se desarrollará un plan energético de mediano plazo» que incluirá en primera instancia acciones tendientes a incentivar la inversión privada y pública para aumentar la generación y transmisión de energía, incluyendo la construcción de gasoductos y la expansión de la capacidad de producción de GNL y energía renovable.

La idea es incrementar la oferta en distintos segmentos de generación con la consecuente capacidad de transporte, con un criterio de diversificación de la matriz, aprovechamiento de los recursos naturales que dispone el país y en consecuencia una reducción de las necesidades de importación ya sea de gas natural licuado, combustibles líquidos o electricidad.

El nuevo plan avanzará también en reducir las pérdidas en el segmento de distribución mediante mejoras en los medidores, la facturación, y la cobranza; como así también apuntalará la necesidad de mejorar la eficiencia del consumo energético y la conservación del recurso.

También se aseguró que se buscará fortalecer la focalización y la progresividad de los subsidios energéticos, para asegurar que «con el tiempo, las tarifas energéticas de los consumidores finales residenciales y no residenciales reflejen mejor, y de manera más predecible, los costos mayoristas del gas y la electricidad».

La confirmación del Fondo Monetario Internacional

Comunicado del FMI by Télam on Scribd

PARA EL FMI, ES UN ENTENDIMIENTO «PRAGMÁTICO Y REALISTA»

El Fondo Monetario Internacional confirmó el acuerdo alcanzado por el staff del organismo con las autoridades argentinas en torno a un nuevo programa de refinanciamiento de la deuda por US.000 millones contraída durante el gobierno de Mauricio Macri y calificó al entendimiento de «pragmático y realista».

«El staff del FMI y las autoridades argentinas han llegado a un acuerdo sobre las políticas económicas y financieras que serán respaldadas por un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, por su siglas en inglés) de 30 meses», señaló el organismo en un comunicado, en el que calificó al entendimiento de «pragmático y realista».

Minutos después del anuncio oficial del gobierno argentino, el FMI también confirmó el acuerdo alcanzado a nivel técnico entre el Ejecutivo y el quipo del organismo, que deberá ser refrendado por el Congreso argentino y luego por el directorio del Fondo.

El Acuerdo de Facilidades Extendidas, que contempla un acceso solicitado en DEG equivalente a US$ 45.000 millones), tiene como objetivo «proporcionar a Argentina apoyo presupuestario y de balanza de pagos para abordar los desafíos económicos más apremiantes del país y mejorar las perspectivas de todos los argentinos mediante la implementación de medidas destinadas a promover el crecimiento y proteger los programas sociales esenciales», precisó el equipo del FMI en un comunicado.

En el texto, firmado por Julie Kozack, directora Adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, Jefe de Misión para Argentina, aclararon que “el acuerdo a nivel de personal aún está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, que ha sido informado informalmente sobre los elementos del programa propuesto».

De esta forma, próximamente «se espera que el Directorio Ejecutivo analice la solicitud del programa respaldado por el FMI después de que el Congreso Nacional argentino apruebe el programa económico y financiero incorporado en el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y los documentos relacionados que las autoridades compartirán con los legisladores».

Esta consideración legislativa es requerida por el derecho interno argentino, recordaron desde el organismo internacional.

“Los profundos desafíos socioeconómicos de Argentina se han visto exacerbados por la pandemia mundial. El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas han llegado a un acuerdo sobre un programa pragmático y realista, con políticas económicas creíbles para fortalecer la estabilidad macroeconómica y abordar los desafíos profundamente arraigados de Argentina para el crecimiento sostenible«, evaluaron los técnicos del Fondo.

En coincidencia con el texto del gobierno argentino, desde el FMI expresaron que el programa busca abordar a la inflación desde una estrategia múltiple, admitiendo así la multicausalidad del origen del problema.

“Lo que es más importante, el programa busca abordar de manera duradera la alta inflación persistente a través de una estrategia múltiple que implica una reducción del financiamiento monetario del déficit fiscal y un nuevo marco para la implementación de la política monetaria para generar tasas de interés reales positivas para respaldar el financiamiento interno que, combinado junto con otras medidas, ayudará a promover una disminución constante de la inflación a lo largo del tiempo«, se explayaron.

Asimismo, destacaron que “igualmente importante será el énfasis del programa en mejorar de manera creíble las finanzas públicas».

Esto se basará en un conjunto equilibrado de políticas de ingresos, con énfasis en la progresividad, la eficiencia y el cumplimiento, y políticas de gastos, que reduzcan los subsidios energéticos no focalizados y se reorienten hacia inversiones sociales y de infraestructura más productivas, para fortalecer la sostenibilidad de la deuda y apoyar la recuperación.

“El programa también buscará fortalecer la balanza de pagos de Argentina a través de políticas que apoyen la acumulación de reservas y las exportaciones netas, y que allanarán el camino para un eventual reingreso de Argentina a los mercados internacionales de capital. Dichas políticas incluirán las políticas monetarias y fiscales prudentes ya descritas, así como las políticas encaminadas a mantener un tipo de cambio efectivo real competitivo en el contexto del régimen de paridad móvil.

“Además, el programa incluirá elementos para mejorar el crecimiento y la resiliencia a través de políticas para movilizar el ahorro interno, fortalecer aún más la gobernabilidad y la transparencia, y fortalecer la inclusión laboral, de género y financiera. También se tomarán medidas para alentar la inversión y promover la sostenibilidad y la eficiencia de los sectores económicos estratégicos, incluida la energía. En conjunto, tales medidas serán fundamentales para comenzar a abordar las limitaciones de larga data para un crecimiento más sostenible e inclusivo. Por último, también se espera que el programa catalice apoyo financiero oficial internacional adicional«, concluyeron desde el organismo que conduce Kristalina Georgieva.

Fuente: Télam

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La Justicia en Nueva York rechazó el pedido de Burford para revisar la sentencia en el juicio YPF

La Corte de Apelaciones rechazó el pedido de los demandantes en el caso YPF luego de revisar el fallo del 27 de Marzo.

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La Cámara de Apelaciones de Nueva York rechazó el pedido de reconsideración del fondo Burford respecto del fallo de segunda instancia que benefició a la Argentina al anular la condena por US$16.000 millones por la expropiación de YPF. El pedido buscaba que todos los jueces de la Cámara de Apelaciones revisaran la sentencia.

 

Los demandantes originales, Eton Park y Petersen —financiados por Burford— cuentan ahora con un plazo de 90 días para intentar la última instancia disponible en la justicia estadounidense: solicitar una revisión ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Analistas legales estiman que las probabilidades de éxito de ese recurso son escasas.

En su presentación trimestral a los accionistas, Burford Capital reconoció que “la probabilidad de obtener más recursos en los tribunales estadounidenses es baja desde un punto de vista estadístico”. Por ese motivo, aunque agotará las vías judiciales en Estados Unidos, su estrategia principal apunta a trasladar el reclamo al arbitraje internacional ante el Ciadi, el tribunal administrado por el Banco Mundial.

Reacción del Estado y de YPF

Desde la Procuración del Tesoro confirmaron el rechazo y afirmaron que la decisión “constituye un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina durante el proceso de apelación y reafirma la sentencia favorable obtenida por nuestro país”. Agregaron que el resultado es un hito para la defensa de los intereses del Estado y subrayaron la importancia de “sostener una política jurídica internacional basada en el rigor técnico, la coordinación institucional y la defensa soberana del interés público”.

 

Horacio Marín, titular de la petrolera estatal, celebró la novedad en su cuenta de X: “Para YPF es un capítulo muy relevante porque nos permite consolidar nuestro Plan 4×4, impulsar las exportaciones, proyectarnos hacia el 2031 y posicionar a la Argentina como un proveedor confiable de energía para el mundo. Esto nos impulsa a seguir trabajando con determinación y confianza en el futuro de YPF, generando valor para la compañía y sus accionistas”.

El presidente Javier Milei también difundió la noticia: “Nuevo éxito en la justicia de Nueva York para YPF”. El ministro de Economía, Luis Caputo, calificó el fallo como una “excelente noticia”.

La estrategia de Burford y el recurso arbitral

Mientras agota los recursos ante la justicia estadounidense, Burford confirmó que recurrirá al arbitraje internacional con base en los tratados bilaterales de inversión que la Argentina mantiene con España (por Petersen) y con Estados Unidos (por Eton Park).

 

La firma sostuvo que el arbitraje puede durar varios años —un caso promedio del Ciadi dura 4,4 años— pero subrayó que dicho mecanismo “es totalmente capaz de alcanzar el mismo resultado que un tribunal de primera instancia estadounidense”, aludiendo a la sentencia original que ordenaba el pago de US$16.000 millones.

Además, Burford señaló que el 86% de las 51 demandas arbitrales entre inversores y Estados presentadas contra la Argentina se habrían resuelto a favor de los inversores, dato que plantea la expectativa del fondo sobre la eficacia del arbitraje frente a controversias de esta naturaleza.

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Jaldo y gobernadores plantearon obras y compensaciones a la tarifa eléctrica

Durante el encuentro realizado en el Consejo Federal de Inversiones, los mandatarios plantearon la necesidad de avanzar con obras de infraestructura energética, vial y gasífera para la región, además de solicitar una compensación en las tarifas eléctricas para las provincias del NOA y NEA.

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El gobernador, Osvaldo Jaldo, participó este martes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de una reunión junto a los mandatarios del Norte Grande y el ministro de Interior, Diego Santilli, en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Del encuentro también participó el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe. Junto a Jaldo estuvieron presentes los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Ricardo Quintela (La Rioja), Carlos Sadir (Jujuy), Gildo Insfrán (Formosa), Hugo Passalacqua (Misiones), Leandro Zdero (Chaco), Raúl Jalil (Catamarca), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

Durante la reunión, los mandatarios abordaron una agenda vinculada a obras de infraestructura consideradas estratégicas para el desarrollo del Norte argentino. En ese sentido, Jaldo explicó que se planteó la necesidad de avanzar con proyectos relacionados con el gas, la recuperación de rutas nacionales y compesaciones a la tarifa electrica.

“Coincidimos los gobernadores del NOA y del NEA en la importancia de concretar obras que tienen que ver con la energía, el gas y las rutas nacionales, fundamentales para sacar nuestra producción, mejorar la conectividad y reducir los riesgos que generan las rutas en mal estado”, afirmó.

Asimismo, el Gobernador remarcó el pedido conjunto realizado por Tucumán, Salta y Jujuy para concluir obras vinculadas al abastecimiento de gas de la región.

Solicitamos que se termine la obra de reversión y otras que son indispensables para que el gas de Vaca Muerta llegue lo antes posible a nuestras provincias. Hoy es más difícil conseguirlo y a un costos mas elevados”, sostuvo.

Otro de los planteos realizados por Jaldo estuvo relacionado con la necesidad de implementar un esquema de compensación energética para las provincias del Norte, similar al beneficio que reciben las las provincias que registran bajas temperaturas.

“Así como existe una compensación a las tarifas para el gas en la Zona Fría, nosotros solicitamos que se realice una compensación a las tarifas de energía eléctrica en las provincias del Norte.

Finalmente, Jaldo indicó que se acordó continuar abordando con el Ministerio de Interior los planteos particulares de cada provincia, en el marco de una agenda de trabajo permanente entre las jurisdicciones y el Gobierno nacional.

«A la Argentina la sacamos adelante a través del diálogo, colaboración y acompañamiento reciproco entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales«, concluyó el mandatario.

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El Gobierno reglamentó cambios de la Ley de Modernización Laboral

Entre los puntos destacados se encuentran la registración del empleo, el control de licencias médicas, los acuerdos de desvinculación, entre otros.

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El Gobierno reglamentó este lunes algunos cambios significativos correspondientes a la Ley de Modernización Laboral. Entre los puntos destacados del decreto 407/2026 que se publicó en Boletín Oficial se encuentran la registración del empleo, la negociación colectiva, el control de licencias médicas, los acuerdos de desvinculación, entre otros.

Esto repercute además en la implementación de esquemas digitales que promueven los sistemas electrónicos de notificación y comunicación entre empleadores, trabajadores y organismos estatales, y la simplificación de trámites.

El texto oficial recordó que la obligación de registrar trabajadores se cumple mediante los sistemas habilitados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y que, a partir de esta publicación,» los empleadores ya no tendrán que llevar los libros laborales (artículo 52 de la LCT) en soporte físico ni digital». El sistema digital del mencionado organismo centralizará las altas, bajas y las modificaciones de los datos laborales, lo que quedará a disposición de los organismos y entidades de trabajo y seguridad social.

En cuanto a los acuerdos extintivos de la contratación laboral por mutuo acuerdo (artículo 241), la autoridad administrativa deberá verificar la legalidad del acto, la inexistencia de vicios y la adecuada composición de intereses, según los parámetros del artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Otro de los cambios centrales alcanza al control de enfermedades del trabajador (artículo 210). Según el decreto, las prescripciones médicas que incluyan reposo “deberán ser emitidas electrónicamente mediante sistema de información o plataforma digital” en el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias, y firmadas por profesionales habilitados ante la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud. Si existe una discrepancia insalvable entre el diagnóstico inicial y el control médico efectuado por el empleador, las partes podrán recurrir a una junta médica oficial o al dictamen de institutos públicos o privados de reconocida trayectoria.

El Poder Ejecutivo también dispuso reglas sobre la documentación laboral y, en particular, sobre el recibo de haberes. La reglamentación exige que los recibos de haberes contengan información clara y comprensible. El empleador deberá detallar el costo laboral total, los conceptos involucrados en la relación y el monto final percibido por el trabajador.

Para los trámites jubilatorios, se estableció la obligación a ANSES de notificar a los empleadores y agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud sobre el inicio y la finalización del procedimiento.

Uno de los aspectos es el nuevo marco para las Empresas de Servicios Eventuales. El decreto reemplaza la normativa anterior, que había quedado desactualizada, y establece criterios de funcionamiento más flexibles y proporcionales. La exigencia de garantías se adecuará a la cantidad de trabajadores y a la dimensión de la empresa, eliminando rigideces que dificultaban la operación de empresas pequeñas y medianas.

En materia de negociación colectiva, el Gobierno definió que serán considerados vencidos los convenios cuyo plazo original ya haya expirado. En tanto, las asociaciones de empleadores y cámaras empresarias estarán legitimadas para participar en negociaciones colectivas si acreditan representación suficiente en el ámbito personal y territorial correspondiente, que no podrá ser inferior al 10 % de los trabajadores comprendidos. Si la convención aplica en más de una jurisdicción, la autoridad podrá admitir hasta dos representaciones adicionales del sector empleador.

La reglamentación también modifica el régimen sindical. Según el decreto, los cuerpos directivos de asociaciones sindicales deberán guardar una proporcionalidad razonable con el número de afiliados cotizantes; la autoridad de aplicación verificará nóminas con datos del Sistema Integrado Previsional Argentino y otras bases públicas; y, en casos de superposición de personería gremial, la asociación que la pretenda deberá superar a la que ya la posee por al menos un 5 % adicional de afiliados cotizantes.

La norma fijó además un plazo de 30 días para que la Secretaría de Trabajo convoque a los gremios para renegociar convenios colectivos vencidos, mientras que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero deberá adaptar en 120 días sus sistemas para absorber la registración laboral del sector de la construcción.

FUENTE: Infobae

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