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Política

Digesto Jurídico: La Legislatura de Tucumán inició la actualización normativa más importante de los últimos 15 años

El nuevo Digesto Jurídico busca que cada ciudadano pueda encontrar en un solo texto las leyes vigentes de Tucumán, ordenadas y consolidadas.

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Con la presencia de 32 legisladores en el recinto, se dio inicio este martes a la primera de las cuatro Sesiones Especiales Extraordinarias destinadas a la consolidación del Digesto Jurídico de la Provincia de Tucumán, un proceso histórico que busca ordenar y simplificar las más de 4.600 leyes actualmente vigentes. La sesión estuvo presidida por el presidente subrogante, a cargo de la Vicegobernación, Sergio Mansilla.

Durante la jornada se trataron y aprobaron los dictámenes de ocho comisiones permanentes, que trabajaron en la clasificación de normas según su estado: leyes a caducar, leyes derogadas, leyes que deben mantener su vigencia y leyes con textos a consolidar.

En primer término, se aprobó el dictamen de la Comisión de Economía y Producción, aunque algunas de sus sugerencias no fueron adoptadas por la Comisión de Digesto Jurídico y Modernización Legislativa, encargada de coordinar el proceso general. También fueron tratados y aprobados los informes de las comisiones de Salud Pública —cuyas leyes vigentes fueron confirmadas en su totalidad—, Ciencia y Tecnología, Turismo, Energía y Comunicaciones, Protección de los Derechos de la Mujer, Género y Diversidad, Familia, Niñez, Adolescencia, Adultos Mayores y Discapacidad, y Cultura.

Al finalizar la sesión, la legisladora Carolina Vargas Aignasse, presidenta de la Comisión de Digesto, destacó la magnitud del trabajo técnico-jurídico que se viene realizando: “Ha finalizado la primera sesión de las cuatro previstas para consolidar las leyes. Son sesiones especiales, más bien ilustrativas, que permiten dejar registro para los medios, para los ciudadanos y para la versión taquigráfica, del trabajo colectivo que hace más de un año se lleva adelante en esta Legislatura. Fue impulsado por el presidente de la Cámara, contador Miguel Acevedo, y cuenta con la participación activa de todos los bloques y del personal permanente del cuerpo”, señaló.

Sobre el objetivo del proceso, explicó: ““Hace 15 años que no se realiza un ordenamiento jurídico de esta magnitud. En 15 años existen muchas leyes nuevas, pero también muchas modificaciones a leyes ya existentes en la provincia. Entonces, cuando nosotros ordenamos los textos, ya se caducan, quedan sin vigencia las leyes modificatorias porque el texto que esas leyes interponen se sanciona nuevamente y se consolida en una sola ley”. Y agregó: “Lo que perseguimos con esto es que el ciudadano que quiera conocer la temática referida a alguna de las legislaciones vigentes pueda entrar y encontrar en un solo texto todas las leyes modificatorias, que este texto tenga coherencia y claridad para una mejor interpretación”.

Como ejemplo concreto, detalló: “La Ley Orgánica del Poder Judicial ha tenido 67 modificaciones en los últimos 15 años. Cuando nosotros terminemos esta consolidación, van a ir a buscar una sola ley que ya tiene incorporadas las 67 modificaciones y vamos a dejar sin efecto esas leyes que modifican esta ley, porque su articulado ya está contenido en una sola ley. Le va a evitar al ciudadano ir a buscar 68 instrumentos legales distintos para poder entender el sentido de la ley”.

También subrayó la dimensión participativa del proceso: “Este es un trabajo que también lo han hecho desde la Legislatura saliendo a los territorios, escuchando a la gente, algo que muchas veces el pueblo reclama a los legisladores, que conozcan la cara del pueblo, que sepan las necesidades que tienen”. Y añadió: “Este es el punto de partida para un trabajo más que importante, porque a partir del ordenamiento, lo que hemos conversado con todas las instituciones representativas de la comunidad que hemos podido visitar —y otras tantas que nos falta visitar— es poder analizar realmente el sentido de las leyes, ver si están siendo útiles, si lo que están rigiendo son cuestiones del día a día, del día de hoy”.

La consolidación del Digesto continuará el miércoles 25 de junio con una nueva sesión especial, en la que se abordarán los dictámenes de las comisiones de Hacienda y Presupuesto; Seguridad y Justicia; Deportes; Asuntos Municipales y Comunales; Derechos Humanos y Defensa del Consumidor; Legislación Social; Organizaciones No Gubernamentales; y Obras, Servicios Públicos, Vivienda y Transporte. Posteriormente, el martes 1 de julio se tratarán los expedientes elaborados por las comisiones de Adicciones; Legislación General; Medioambiente y Desarrollo Sustentable; Asuntos Constitucionales; Juventud; Mercosur; y Educación. Finalmente, el miércoles 2 de julio se desarrollará la cuarta y última sesión, destinada al tratamiento de leyes especiales, como la Ley de Ministerios, la Ley Orgánica de Tribunales, la Carta Orgánica de la Caja Popular de Ahorros, el Código Tributario y la Ley Orgánica del Subsidio de Salud.

Todas las sesiones están previstas para las 8:30 horas. La jornada del 2 de julio marcará un hito institucional, ya que se espera que se sancione la Ley General del Digesto Jurídico, que contendrá los anexos con la legislación ordenada y vigente en la provincia, y será remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Política

Emergencia Hídrica y del transporte público serán tratados en la próxima sesión

La Comisión de Obras Públicas dio dictamen a proyectos que consolidan leyes de emergencia y de declaración de interés legislativo al Encuentro Nacional de Cooperativas

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La Comisión de Obras Públicas de la Legislatura de Tucumán emitió dictamen favorable a diversos proyectos de ley que formarán parte de la actualización del Digesto Jurídico Provincial correspondiente al presente año, además de un proyecto de resolución.

La reunión fue encabezada por el presidente de la comisión, legislador Tulio Caponio, y contó con la participación de los parlamentarios Carlos Gómez, Eduardo Verón Guerra y Alberto Olea.

Al finalizar el encuentro, Caponio destacó la importancia del trabajo realizado: “Lo más relevante de la jornada fue el tratamiento de la consolidación de cuatro leyes de emergencia de la provincia, en el marco de la actualización del Digesto Jurídico de este año. Se trata de las emergencias hídrica, del transporte público, energética —vinculada a la red troncal de energía— y de obras públicas”.

Asimismo, la comisión aprobó un proyecto de resolución que declara de interés legislativo el Encuentro Nacional de Cooperativas de Agua Potable de la República Argentina, que se llevará a cabo los días 6 y 7 de julio del corriente año en la localidad de San Pedro de Colalao.

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El Gobierno ofreció un aumento de 24% a las universidades a cambio de retirar la demanda

Los rectores consideraron la propuesta del Gobierno razonable, pero no hubo acuerdo. La denuncia la debe resolver la Corte Suprema.

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En una reunión de bajo perfil celebrada este lunes, el Gobierno y las universidades llegaron a un principio de acuerdo para avanzar con un aumento salarial del 24%, entre otros puntos. Sin embargo, las negociaciones fracasaron por una condición inapelable del Ejecutivo: que las casas de estudio retiren la demanda judicial que aguarda el fallo de la Corte Suprema.

En un territorio neutral para no captar la atención mediática, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvo un encuentro con rectores en representación del Consejo Interuniversitario Nacional para intentar destrabar el conflicto presupuestario que motorizó la última Marcha Federal el mes pasado.

Según confirmaron a TN fuentes de ambos sectores, la propuesta del Ejecutivo consistió en una recomposición salarial del 24,3% que abarca la pérdida durante parte de 2024, todo 2025 y el desfasaje de 2026 hasta mayo. El incremento se pagaría en dos partes: un 21,3% en junio y el 3% restante en octubre.

El acuerdo también incluía la conformación de una comisión técnica para trabajar en el periodo adeudado de 2024 y garantizar hacia adelante negociaciones paritarias cada tres meses.

La propuesta del Gobierno a las universidades y el punto que trabó las negociaciones

Además, el Gobierno ofreció un 50% de aumento para las becas Manuel Belgrano, un 20% de incremento para gastos de funcionamiento de las universidades y un fondo adicional de $50 mil millones para gastos de hospitales universitarios.

En paralelo, las universidades aguardan la convocatoria del Gobierno para acordar el nuevo criterio de distribución de la partida de más de $79 mil millones destinada a dichos hospitales, cuyo congelamiento había generado protestas y una advertencia de que podía peligrar la atención en los establecimientos por falta de presupuesto.

En diálogo con este medio, fuentes de la comunidad universitaria al tanto de las conversaciones consideraron que la propuesta del Ejecutivo es “razonable”. Sin embargo, la negociación se frustró con el pedido del Gobierno para que las casas de estudio retiren la demanda judicial que exige la ejecución de la Ley de Financiamiento sancionada por el Congreso.

La ley exige el cumplimiento de los aumentos en materia de salarios y becas dispuestos en la Ley de Financiamiento de acuerdo al IPC: una cifra que ronda los 2,5 billones de pesos y que, según el Ejecutivo, atenta contra el superávit fiscal.

La negativa de los rectores a retirar la demanda judicial

“Eso no va a suceder de ninguna manera. No estamos dispuestos a hacerlo y no es modificable esa situación. Condiciones para avanzar hay, pero la pelota está del lado del Gobierno”, insistieron en diálogo con TN los rectores universitarios.

Para las casas de estudio, la demanda opera como un resguardo que no están dispuestas a perder. A su vez, sostienen que no existe consenso en la comunidad universitaria para eso. En su lugar, ponen el énfasis en que la propuesta demuestra que el Gobierno cuenta con los recursos para solucionar el conflicto.

“Si hay voluntad de acordar, es bastante insólito que no lo hagamos. Hay condiciones para que eso ocurra”, subrayaron, con la expectativa de que el conflicto se resuelva esta semana.

Desde el Gobierno replicaron a TN que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) conducido por Franco Bartolacci no está dispuesto a ceder en el terreno judicial para no comprometer el apoyo de la comunidad y cuestionaron que eso “lleve a todos a un conflicto sin solución”. De ambos sectores insisten en que, para llegar a un acuerdo, el otro tendrá que dar el brazo a torcer.

FUENTE: TN

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El Senado debatirá un proyecto para reorganizar la Cámara Federal de Tucumán

La iniciativa propone reorganizar la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán mediante la creación de dos salas.

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El Senado de la Nación tiene previsto tratar este jueves un proyecto que propone reorganizar la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán mediante la creación de dos salas, una iniciativa que busca optimizar el funcionamiento de la Justicia Federal en la provincia y en el norte argentino.

La senadora nacional Beatriz Ávila informó que la propuesta fue incorporada al temario de la sesión y cuenta con dictamen favorable de comisión, además del acompañamiento de distintos sectores políticos.

El texto que llegará al recinto surge de la unificación de proyectos presentados por Ávila y por la senadora Sandra Mendoza. La iniciativa contempla dividir la actual Cámara Federal en dos salas y habilitar la posibilidad de ampliar la integración del tribunal, incorporando un sexto magistrado a los cinco jueces que actualmente lo conforman.

Según se explicó, la eventual designación de un nuevo juez estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria y tendría como objetivo reforzar la estructura judicial encargada de revisar en segunda instancia las causas de competencia federal que se tramitan en la jurisdicción.

Durante la reunión de Labor Parlamentaria realizada este miércoles, la legisladora tucumana solicitó la inclusión del proyecto en el orden del día junto con el tratamiento de distintos pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en el ámbito de la Justicia Federal.

El debate se desarrolla en un contexto marcado por las discusiones en torno a la cobertura de cargos judiciales y la necesidad de fortalecer el funcionamiento de los tribunales federales. Desde los impulsores de la iniciativa sostienen que la creación de salas permitirá agilizar el tratamiento de expedientes y mejorar la respuesta del sistema judicial ante el incremento de causas que llegan a la segunda instancia.

De obtener la aprobación de la Cámara alta, el proyecto representará un paso importante en la reestructuración de la Justicia Federal con asiento en Tucumán y podría generar cambios en la organización interna del tribunal en los próximos años.

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