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Política

Cristina Fernández criticó la «irresponsabilidad política» de la oposición ante la negociación con el FMI

La vicepresidenta se pronunció de ese modo en una misiva que publicó en su cuenta de Twitter y en su página oficial. La publicación fue posteada luego por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzman.

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La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó «la irresponsabilidad política» que tiene la dirigencia de la coalición opositora de Juntos por el Cambio (JxC) en la cuestión de la deuda que Argentina contrajo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y consideró que la decisión sobre un acuerdo con el organismo de crédito «siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación».

La misiva de la exmandataria fue posteada luego por el presidente Alberto Fernández en su cuenta oficial de la red social Twitter.

La vicepresidenta citó además en su publicación el discurso formulado por el presidente Alberto Fernández el pasado 9 de julio, al conmemorarse el Día de la Independencia y aseguró «compartir plenamente» el sentido de esas palabras.

«Nunca esperen de mí que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino, nunca, nunca. Y espero que me entiendan, porque si alguien espera que yo claudique ante los acreedores o que claudique ante un laboratorio, se equivoca. No lo voy a hacer. Antes me voy a mi casa, porque no tendría realmente cara para entrar en esa sala si hiciera algo semejante», señaló el Jefe de Estado en uno de los párrafos de la alocución pronunciada el 9 de Julio y que figuran en la misiva difundida hoy por la exmandataria.

El ministro de Economía, Martín Guzman, quien días atrás adelantó que un eventual acuerdo con el FMI debe ser debatido en el Congreso, también posteó en sus redes sociales la carta de Cristina Fernández de Kirchner.

La expresidenta se pronunció de ese modo en un texto titulado «De silencios y curiosidades. De leyes y responsabilidades», que publicó en su cuenta de Twitter y en su página oficial, en el que se refiere a la deuda que dejó el gobierno de Mauricio Macri, el rol de la oposición y los medios de comunicación.

Fernández de Kirchner dijo que «hace ya varias semanas» desde los «medios de comunicación hegemónicos, los sectores del poder real en la Argentina y, créase o no -según pude leer en letra de molde-, también desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los brokers de Wall Street», se «especula con ‘el silencio de la vicepresidenta’ y su posición respecto de un posible acuerdo con el FMI» por los 57.000 millones de dólares que pidió el gobierno de Macri en 2018.

En ese contexto, observó que de esa cifra en la gestión del expresidente «se alcanzó a desembolsar en menos de un año, la bonita suma de 44.500 millones de dólares».

«Sin embargo, la actitud más curiosa proviene de la coalición opositora», advirtió y señaló que declaraciones como «‘no vamos a decir nada del acuerdo con el FMI hasta que Cristina no opine’ son moneda corriente en portales, programas de TV y redes sociales».

La vicepresidenta preguntó: «¿En serio que los mismos y las mismas que trajeron de vuelta el FMI a la Argentina, reiniciando el ciclo trágico de endeudamiento que Néstor Kirchner había clausurado en el año 2005, hoy no se hacen cargo de nada?».

«¡Vamos! ¡Por favor! La política debe dejar de ser sólo un show para la televisión», expresó y recordó que «a partir del 10 de diciembre de este año y por primera vez desde 1983, con el advenimiento de la democracia, el peronismo no tendrá quórum propio en la Cámara de Senadores de la Nación».

Así, consideró que «cuando se busca el voto popular en elecciones libres y sin proscripciones se debe ejercer la responsabilidad de esa representación» y remarcó que «más aún, cuando se han ganado las elecciones. ¿O para qué quieren las bancas? ¿Para cobrar la dieta? ¿O tal vez para viajar al exterior con pasajes gratis y viáticos en dólares? ¿Para posicionarse de cara al 2023?».

«Debo confesar que no me sorprende la irresponsabilidad política de la oposición», afirmó y dijo que la historia de Argentina «está plagada de fuerzas políticas que llegaron al gobierno diciendo una cosa e hicieron exactamente lo contrario una vez que atravesaron la puerta de la Casa Rosada».

En el texto, aludió al título de una nota periodística que decía: «El FMI, la lapicera de Cristina Kirchner y la disputa que recrudece de Alberto Fernández con la vicepresidenta», publicado hace varias semanas.

En ese sentido, la exmandataria señaló que «vale la pena aquí parafrasear y corregir el título al que hiciéramos mención al comienzo de este texto: la lapicera no la tiene Cristina» para afirmar que «siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación».

«Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional», expresó y pidió que «a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina».

En otra parte del texto, recordó que el país sigue atravesado por la pandemia de coronavirus y advirtió que «nuestro país además, tiene el peso inédito de una deuda también inédita con el FMI».

Al respecto, expresó que se trata de «un momento histórico de extrema gravedad» y señaló que «la definición que se adopte y se apruebe, puede llegar a constituir el más auténtico y verdadero cepo del que se tenga memoria para el desarrollo y el crecimiento con inclusión social de nuestro país».

«¡Y ojo! Que nadie está hablando de desconocer deudas», aclaró y destacó que «el kirchnerismo» tiene «un atributo histórico que es el de haber pagado las deudas que generaron otros gobiernos», al recordar la cancelación de la deuda con el FMI por parte de Néstor Kirchner y la reestructuración en 2005 y en 2010 con acreedores privados, «con la quita más grande de capital e intereses de la que se tenga memoria».

Asimismo, destacó que «Hoy, como marca la Constitución y la ley 27.612, no es Cristina» y señaló que «son los y las 257 diputados y diputadas y 72 senadores y senadoras quienes tienen la responsabilidad legal, política e histórica de aprobar o no cómo se va a pagar y bajo qué condiciones la deuda más grande con el FMI de todo el mundo y de toda la historia».

 

Política

Trasladaron a 21 detenidos al penal de Villa Urquiza

Los internos, todos con sentencia definitiva, estaban alojados en dependencias de la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos

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El operativo de traslado desde la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos hacia el Penal de Villa Urquiza se realizó con el objetivo de garantizar que internos con condena firme continúen cumpliendo su pena y reciban el tratamiento penitenciario correspondiente.

Los internos, todos con sentencia definitiva, estaban alojados en dependencias de la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos y fueron trasladados al Penal de Villa Urquiza, donde continuarán cumpliendo sus condenas y accediendo a los programas y tratamientos previstos por la normativa aplicable.

Participación de los organismos y personal a cargo

El operativo estuvo a cargo del personal de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Capital, bajo la conducción de su director, el comisario inspector Diego Bernachi, acompañado por efectivos del Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones (CERO). A su arribo al penal, los internos fueron recibidos por el director del complejo, subalcaide Alfredo Medina, junto con la guardia del establecimiento.

Objetivos institucionales y declaraciones

El subalcaide Alfredo Medina señaló que el traslado se enmarca en una continuidad de movimientos hacia distintos penales de la provincia, dispuestos por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa. En sus palabras: “Recibimos a 21 internos que son de alcaidías de Investigaciones y comisarías con la finalidad de cumplir con la Ley 24.660, son internos penados y procedemos, desde el momento que ingresan acá, con el tratamiento y de esa manera descongestionar las distintas dependencias policiales”.

Por su parte, el comisario inspector Diego Bernachi explicó que el operativo fue supervisado por su dirección y se desarrolló conforme a las directivas de la Jefatura de Policía y del Ministerio de Seguridad: “Siguiendo las directivas de Jefatura de Policía y el Ministerio de Seguridad continuamos con el traslado de detenidos, en este caso, de la Dirección de Investigaciones y de las comisarías. Este operativo está diagramado con el resguardo que corresponde por parte del CERO que los escoltan hasta el penal”.

Impacto y finalidad

La medida busca, además de asegurar el cumplimiento de penas conforme a la Ley 24.660, aliviar la ocupación en alcaidías y comisarías, permitiendo que las fuerzas policiales concentren sus recursos en tareas operativas y administrativas. El traslado implica la continuidad de los procesos de tratamiento para los internos desde su ingreso al penal.

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Política

La Legislatura aprobó 10 pliegos para cubrir vacantes en la Justicia

Corresponden a distintos Centros Judiciales y especialidades, tras cumplir el proceso de evaluación y entrevistas establecido por el Reglamento Interno.

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En una sesión presidida por el vicegobernador y titular del Poder Legislativo, Miguel Acevedo, la Legislatura de Tucumán otorgó acuerdo a diez pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo para la cobertura de cargos vacantes en el ámbito judicial.

Las designaciones se distribuyen en distintos Centros Judiciales de la provincia y abarcan defensorías civiles, laborales y de niñez, adolescencia y capacidad restringida, con el objetivo de fortalecer el funcionamiento del sistema judicial y mejorar el acceso a la justicia en todo el territorio.

En el Centro Judicial Capital, se aprobaron los pliegos de la Dra. Marcela Eugenia De Mari, designada como Defensora de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida de la II Nominación; la Dra. Georgina Graciela Medina, en la misma especialidad; el Dr. Diego Javier Trabadelo, también como Defensor de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida; la Dra. Ana Ricco Falú, quien asumirá como Defensora de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida de la IV Nominación; y la Dra. María Alejandra Rodríguez, designada como Defensora Oficial Civil y del Trabajo de la III Nominación.
En tanto, en el Centro Judicial del Este, se otorgó acuerdo a la Dra. Marcela Alejandra Cardozo Sánchez como Defensora Oficial Civil y del Trabajo; al Dr. Juan Facundo Masaguer, designado como Defensor Oficial Civil y del Trabajo con carácter itinerante; y a la Dra. Gabriela Sami, quien se desempeñará como Defensora Oficial en lo Civil.

Por su parte, en el Centro Judicial Monteros, las designaciones corresponden al Dr. Fernando Antonio Vera como Defensor Oficial Civil y del Trabajo, y a la Dra. María Alejandra Rivas como Defensora de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida.

El tratamiento de los pliegos se llevó adelante conforme al procedimiento establecido, que prevé la intervención de la Comisión de Peticiones y Acuerdos, la solicitud de informes a distintos organismos y la realización de entrevistas personales a los postulantes, a fin de evaluar sus antecedentes, formación y aptitud para el ejercicio de la función.

En ese marco, la presidenta de la Comisión de Peticiones y Acuerdos, Carolina Vargas Aignasse, destacó: “Se trata de defensores oficiales que van a poder acercar este servicio de justicia a la comunidad a lo largo de toda la provincia. Hemos tomado las entrevistas a estos magistrados y hemos quedado muy conformes con el intercambio realizado. Hoy la Justicia tiene diez nuevos defensores oficiales”.

Asimismo, remarcó la importancia de avanzar con estas designaciones al señalar que “son quienes van a acercar la justicia a la gente que más lo necesita, especialmente a aquellos ciudadanos que no cuentan con los recursos para acceder a un abogado particular. Las defensorías oficiales garantizan que toda persona pueda tener la tutela judicial efectiva”.

Finalmente, indicó que se continuará trabajando en nuevas designaciones y que se espera el envío de más pliegos por parte del Poder Ejecutivo.

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Política

Rechazo del Sadop al decreto de Jaldo sobre penas a estudiantes y colegios

Desde la filial local del Sindicato Argentino de Docentes Particulares advirtieron que los términos del decreto 772-/ (MS) prioriza lo punitivo y expulsivo.

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El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) expresó su profunda preocupación y rechazo ante los términos del Decreto 772-7 (MS), firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero. «Desde nuestra organización advertimos que el enfoque adoptado prioriza lo punitivo y expulsivo, por encima de los mecanismos pedagógicos y el sistema de protección integral de derechos de los niños, niñas y adolescentes», expresa un comunicado que lleva la firma de Mario Dionisi, ecretario General del Sindicato de Docentes Particulares.

La escuela no es un centro de detención.
El sindicato sostiene que la seguridad en el ámbito escolar no debe ser potestad del sistema penitenciario ni de las fuerzas policiales. El decreto actual omite herramientas fundamentales como la mediación, la prevención y la resolución pacífica de conflictos, la educacion emocional, desplazando la voz de docentes, alumnos y padres en favor de una lógica de control, vigilancia, expulsión y reclusión.

Una respuesta «espasmódica» e ineficaz
Consideramos que la amenaza de expulsión y castigo, es una reacción superficial frente a una conflictividad social que va in crescendo. «La sanción no puede ser el único camino, ni la solución; es una respuesta para mostrar acción que no aborda el fondo del problema». El Estado debe asumir su responsabilidad generando condiciones de prevención y no delegando la resolución de conflictos escolares en el Ministerio de Seguridad.

SADOP recordó que, según la normativa nacional vigente, están expresamente prohibidas las sanciones que atenten contra el derecho a la educación o que impidan la continuidad de los jóvenes en el sistema.

La expulsión de adolescentes no solo es una medida regresiva, sino que les quita el soporte fundamental para su formación ciudadana y convivencia democrática.

Nuestra propuesta: Abordaje Integral e inversión en educación real y contextualizada.
Instamos al Gobierno Provincial a dar marcha atrás con la lógica punitiva y apostar por:

Fortalecimiento del sistema de protección: Involucramiento de todas las instituciones dedicadas a la niñez y adolescencia.

Habilitación de la palabra: Espacios donde los estudiantes participen activamente en la resolución de sus conflictos.

Promoción de la paz: Refuerzo de la escuela como el lugar central para la construcción de una democracia moderna y no violenta.

La escuela debe seguir siendo el espacio donde la palabra circule y la paz se construya. Expulsar es negar un derecho; dialogar es educar.»
​Mario Dionisi, Secretario General de Sadop Tucumán
Liliana Rojas , Secretaria de Comunicación y prensa
San Miguel de Tucumán, 16 de abril de 2026

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