El caso es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Robos y Hurtos IV, a cargo de Carlos Saltor, quien fue representado por el auxiliar de fiscal Leonel Héctor Sosa en la audiencia en la que el Ministerio Fiscal solicitó la prórroga de la prisión preventiva que viene cumpliendo el sujeto.

El detenido está acusado bajo la calificación legal de robo triplemente agravado por ser cometido con el empleo de arma de fuego, en poblado y en banda, y por ser ejecutado por miembro integrante de la fuerza policial.

El representante fiscal requirió la extensión de las medidas privativas de la libertad que pesan sobre el detenido por el término de dos meses más, indicando que resta llevar a cabo una medida de informática forense sobre el teléfono del acusado. Por su parte, el juez interviniente resolvió hacer lugar a lo solicitado por parte de la acusación pública.

El hecho

El 26 de enero de 2026, entre horas 5:00 y 5:30 aproximadamente, Franco Gabriel Leal, quien es empleado policial de la provincia de Tucumán con prestación de servicios en G.E.A.M (Grupo de Especialistas en Acciones Motorizadas), junto al menos otros tres sujetos, arribaron al domicilio ubicado en pasaje Los Lidios del barrio Ampliación Nicolás Avellaneda, en Tafí Viejo, a bordo de un vehículo Renault Kwid, con vidrios polarizados.

Una vez allí, actuando de manera coordinada y previo acuerdo de voluntades, Leal y sus cómplices (vestidos con uniformes policiales o similares) descendieron del rodado portando armas de fuego y mediante gritos y amenazas de muerte, abordaron en la entrada del domicilio a la dueña de casa, quien se encontraba junto a dos amigas.

A continuación, sujetándolas del cuello las hicieron ingresar por la fuerza al interior de la vivienda donde también se encontraban los tres hijos menores de la dueña de casa. Una vez allí, mientras las apuntaban con las armas de fuego, les exigieron de forma violenta la entrega de dinero bajo el grito de «¡Dame la plata!».

Ante la negativa por falta de efectivo, Leal junto a sus cómplices se apoderaron ilegítimamente de cinco teléfonos celulares, para luego amenazar a las víctimas manifestando: «Si se levantan del piso las vamos a cagar a tiros», dándose finalmente a la fuga en el vehículo en el que se trasladaban.

La investigación por el violento siniestro vial ocurrido durante la madrugada del domingo 2 de agosto en la esquina de Jujuy y Bolívar dio un giro en las últimas horas. Marcelo Emilio Rossi, señalado como el conductor de la camioneta que atropelló a una pareja y huyó sin asistir a las víctimas, se presentó de manera voluntaria ante la Justicia y quedó detenido.

La causa, que se tramita bajo la carátula provisoria de lesiones culposas, investiga el atropello de María Victoria Caliva Roldán y Ángel Nahuel Álvarez, quienes circulaban en motocicleta cuando fueron embestidos por una Ford Ranger XLT.

Además de la presentación de Rossi, su abogado defensor puso a disposición de la Justicia la camioneta involucrada en el hecho, un elemento considerado clave para avanzar con las pericias. Tanto el imputado como el vehículo fueron trasladados a la Comisaría Segunda, donde quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal mientras se intenta reconstruir la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades penales.

El caso había generado una fuerte conmoción por la gravedad de las lesiones sufridas por María Victoria Caliva Roldán, quien permanece internada en el Hospital Padilla luchando por su recuperación.

El accidente ocurrió alrededor de las 2.30 de la madrugada del domingo, cuando la joven regresaba a su casa junto a su novio. Según relató su familia, ambos circulaban por calle Jujuy y, al cruzar Bolívar, fueron impactados por una camioneta que no se detuvo tras el choque y escapó del lugar.

«Mi hija volvía a casa con el novio cuando vino una camioneta a gran velocidad, los chocó y siguió de largo. Nunca frenó», había contado Romina Roldán, madre de la víctima.

Como consecuencia del impacto, la joven sufrió gravísimas lesiones. Ingresó al Hospital Padilla con una severa lesión en la pierna izquierda, una hemorragia interna y un compromiso renal. Con el paso de las horas su cuadro se agravó debido a un coágulo cerebral y lesiones pulmonares, por lo que debió ser intubada y conectada a un respirador mecánico.

En las últimas horas, sin embargo, la familia recibió una noticia alentadora. Según informaron los médicos, la paciente comenzó a mostrar una evolución favorable. Incluso logró responder mediante movimientos de sus manos, aunque todavía permanece en terapia intensiva y no puede respirar por sus propios medios.

Mientras tanto, Ángel Nahuel Álvarez, el joven que la acompañaba en la motocicleta, sufrió heridas de menor consideración y solo necesitó algunos puntos de sutura.

Desde el primer momento, los familiares iniciaron una intensa búsqueda para identificar al conductor. Contaban con un video en el que se observaba la camioneta, aunque la patente no podía distinguirse. También solicitaron la colaboración de vecinos para obtener imágenes de cámaras de seguridad que permitieran reconstruir el recorrido del vehículo tras la fuga.

La camioneta buscada era una Ford Ranger gris oscuro, que presentaría daños visibles en la parte delantera producto del impacto, entre ellos el desprendimiento de una parte de la parrilla.

Con la presentación voluntaria de Rossi y el secuestro del vehículo, la investigación ingresó ahora en una nueva etapa. Los peritajes sobre la camioneta y las pruebas reunidas por la Fiscalía serán determinantes para establecer cómo ocurrió el siniestro y definir la situación procesal del acusado.

La familia de Victoria había insistido durante los últimos días en que el responsable fuera identificado y llevado ante la Justicia. «Lo único que queremos es que se haga justicia y que esto no vuelva a pasar», expresaron sus padres mientras esperan la recuperación de la joven.

La investigación por el atroz crimen de Érika Antonela Álvarez ingresó en su etapa final. Por este motivo, la Unidad Fiscal a cargo de Pedro Gallo dio por concluida la instrucción y redactó el pedido de apertura a juicio oral. En este sentido, el Ministerio Público confirmó que solicitará la pena de seis años de prisión para Justina Gordillo por el delito de encubrimiento agravado. Asimismo, durante una audiencia celebrada este lunes, la Justicia resolvió extender la prisión preventiva de la mujer por otros dos meses.

El rol de Gordillo y la confesión clave en la causa
El homicidio ocurrió el pasado 7 de enero en un domicilio de Yerba Buena. De acuerdo con la acusación, Gordillo llegó a la vivienda de su entonces pareja, Felipe «El Militar» Sosa, cuando el cuerpo de la víctima aún permanecía en el lugar. En consecuencia, la fiscalía sostiene que la exempleada judicial colaboró activamente para ocultar evidencias del femicidio.

Por otro lado, la situación de la imputada se agravó tras la reciente condena en juicio abreviado de Nicolás Navarro. El joven admitió su participación como encubridor y confirmó que Gordillo estaba en la escena mientras gestionaban el descarte de las pertenencias de Érika.

Rumbo al juicio oral contra los imputados
Con el cierre de las actuaciones, la causa quedó a un paso del debate oral y público. En esta nueva instancia, Felipe «El Militar» Sosa enfrentará el proceso como principal acusado por el delito de femicidio. Por otro lado, Justina Gordillo y Jorge Díaz deberán responder ante el tribunal en calidad de imputados por encubrimiento. De esta forma, las partes se preparan para presentar las pruebas que definirán las condenas de los implicados en los próximos meses.