El ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, en acuerdo con los representantes de los colegios privados, anunció la extensión del congelamiento de cuotas de instituciones de Educación Pública de Gestión Privada hasta el 31 de diciembre 2020, las cuales serán iguales al arancel autorizado para la cuota del mes de diciembre de 2019.
En este sentido, y basado en los principios de solidaridad, compromiso, sensibilidad, responsabilidad y esfuerzo compartido, se priorizó preservar la fuente laboral de los y las docentes que actualmente ejercen la tarea de enseñar en establecimientos educativos privados. Por otra parte, se autorizó un incremento de hasta el 12,57% en los montos percibidos en concepto de Matrícula para el Ciclo Lectivo 2021.
«Teniendo en cuenta el contexto de pandemia y como consecuencia de un especial pedido que nos hizo el ministro, de estar cerca de las instituciones de gestión privada y de la familia educativa que la componen, hemos consensuado con los representantes congelar la cuota autorizada a percibir hasta el 31 de diciembre del corriente año, es decir que los papás van a abonar durante todo el año 2020 el mismo valor de cuota”, comunicó el Secretario de Estado de Gestión Administrativa, Esteban Medina.
En ese mismo sentido agregó: “Esto se reglamentó a través de la disposición Nº137/20. En ese mismo instrumento se autorizó a percibir un incremento de hasta un 12,57% en el concepto matrícula en relación a la inscripción para el ciclo lectivo 2021 que permita recomponer los aranceles futuros y el sostenimiento de las instituciones educativas«.
La Legislatura y Educación firmaron convenios para llevar el Digesto Jurídico y un videojuego educativo a las escuelas
Acevedo y Montaldo suscribieron dos acuerdos de cooperación institucional para promover la formación ciudadana en las aulas mediante el programa “El Digesto va a la Escuela” y el videojuego “En el Nombre de la Ley”.
El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, y la ministra de Educación, Susana Montaldo, encabezaron la firma de dos convenios de cooperación institucional destinados a incorporar nuevas herramientas de educación cívica en las escuelas de la provincia. Las iniciativas permitirán implementar el programa “El Digesto va a la Escuela” y poner a disposición de estudiantes y docentes el videojuego educativo “En el Nombre de la Ley”, desarrollado por la Legislatura de Tucumán junto a la Comunidad de Videojuegos de Tucumán.
Participaron del acto la presidenta de la Comisión de Digesto Jurídico, Carolina Vargas Aignasse, junto a los legisladores Walter Berarducci y Alberto Olea, integrantes de la comisión. También acompañaron los legisladores Alejandro Figueroa y Carlos Gallia, además de autoridades educativas y estudiantes de distintos establecimientos de la provincia, quienes tuvieron la oportunidad de probar el videojuego.
El programa “El Digesto va a la Escuela” busca acercar a estudiantes y docentes el conocimiento del ordenamiento jurídico vigente de la provincia, promoviendo una ciudadanía más informada y comprometida. En tanto, “En el Nombre de la Ley” propone que los jóvenes aprendan, mediante una experiencia interactiva, cómo se elaboran las leyes y cuál es el funcionamiento del Poder Legislativo.
Como parte de la propuesta, la Legislatura lanzó un concurso destinado a estudiantes de toda la provincia que participen del videojuego educativo “En el Nombre de la Ley”. A medida que los jugadores completen desafíos obtendrán certificados que les permitirán alcanzar categorías de bronce, plata y oro. Quienes participen ingresarán en sorteos por distintos premios tecnológicos, entre ellos tablets, teclados gamer y auriculares inalámbricos.
Durante la firma, Acevedo destacó que la iniciativa forma parte del objetivo institucional de acercar las leyes a la ciudadanía y fomentar el conocimiento de los derechos desde edades tempranas. “Nosotros estamos empeñados en que no tan solo en sancionar leyes que lleguen a los ciudadanos y que tengan impacto en cada uno de los tucumanos y tucumanas, sino que los tucumanos y tucumanas conozcan las leyes”, afirmó.
En ese sentido, explicó que ambos convenios apuntan a fortalecer la formación cívica mediante herramientas innovadoras. “Queremos que participe mucho la juventud para que puedan conocer sus derechos y sus limitaciones”, sostuvo. Sobre el videojuego, agregó: “Se aprende cómo se hace una ley jugando, participando”, y anunció que quienes completen los distintos niveles podrán participar por tablets, teclados gamer y auriculares inalámbricos.
Por su parte, la ministra de Educación, Susana Montaldo, valoró la incorporación de estas propuestas al sistema educativo provincial al considerar que fortalecen la formación ciudadana desde las aulas. “Uno de nuestros objetivos fundamentales es la formación de la ciudadanía en los jóvenes”, expresó, y remarcó que el uso de nuevas tecnologías constituye una herramienta atractiva para los estudiantes.
“Esto a los chicos también los empodera y nos permite a nosotros conservar y mejorar nuestro sistema democrático”, señaló.
A su turno, la presidenta de la Comisión de Digesto Jurídico, Carolina Vargas Aignasse, explicó que la iniciativa responde a un diagnóstico realizado por la comisión. “El 62% de los tucumanos nos dijeron que no conocen las leyes de la provincia y ese es un número que vamos a bajar para que más tucumanos tengan acceso y conozcan las leyes”, indicó.
Además, detalló que el programa permitirá llevar el Digesto Jurídico a las escuelas para explicar el funcionamiento del ordenamiento legal vigente, mientras que el videojuego ofrecerá una forma innovadora de aprender sobre el proceso legislativo. “A través de un videojuego generado en Tucumán por tucumanos van a poder aprender cómo se hace una ley”, afirmó.
También invitó a participar del concurso anunciado durante la jornada: “Queremos que esto se difunda en las escuelas para que puedan aprender jugando y participar por importantes premios”.
EDET justificó la suba en las últimas boletas de la luz
El vocero de la distribuidora, Guillermo Autino, explicó a qué responde el fuerte aumento que ya se refleja en las facturas de luz y adelantó que en los próximos meses podría haber otro ajuste en el precio de la energía.
Las facturas de luz volvieron a sorprender a los tucumanos. EDET confirmó que las boletas que comenzaron a emitirse desde mediados de julio reflejan un incremento acumulado de hasta el 38% para los usuarios residenciales y de hasta el 44% para los comercios, según explicó el vocero de la distribuidora, Guillermo Autino, en diálogo con Los Primeros.
Consultado sobre los motivos del aumento, Autino explicó que lo que se está percibiendo ahora en las facturas son las actualizaciones tarifarias autorizadas en abril y mayo, ya que el impacto de esas resoluciones tarda entre mes y medio y dos meses en trasladarse a la boleta. «Lo que se está percibiendo en la factura ahora son esos incrementos», señaló, en referencia tanto a la Revisión Tarifaria Integral (RTI) del valor agregado de distribución como al aumento del precio de la energía que determina la Nación.
¿Falta otro ajuste?
Ante la consulta sobre si restaba un nuevo retoque en el valor de la energía que pudiera llevar los aumentos por encima del 35%, Autino aclaró que las políticas energéticas nacionales las define el Gobierno nacional y que la distribuidora no puede anticipar sus decisiones. Explicó, además, que ningún incremento dispuesto a nivel nacional se aplica de manera automática en Tucumán: «Se necesita una resolución del ERSEPT» para trasladar el nuevo precio de la energía a la tarifa local, por lo que cualquier actualización adicional dependerá de que ese organismo la valide en los próximos días o semanas.
El vocero confirmó que el aumento alcanzó a toda la cartera de clientes de la empresa, aunque con variaciones según el tipo de tarifa. Indicó que, cuando la Nación determina un nuevo valor de la energía, ese cambio impacta en todas las categorías —residenciales, comercios e industrias—, aunque no siempre en el mismo porcentaje.
Subsidios y consumo, otros factores clave
Autino remarcó que, además del aumento tarifario, hay que considerar la variación del consumo y los cambios en el esquema de subsidios nacionales. Explicó que hubo una quita significativa de subsidios y una nueva disposición que redujo los topes de consumo subsidiado para algunos meses del año: mientras antes algunas familias recibían entre 300 y 350 kW mensuales subsidiados, ahora ese tope baja a 150 kW en determinados períodos. El consumo que excede ese límite se cobra a precio pleno, lo que profundiza el impacto en la factura final.
«Estos dos factores en algunos casos han hecho que la factura se perciba de manera importante», reconoció Autino, en referencia a la combinación entre la quita de subsidios y el incremento del valor de la energía, con las boletas de julio y agosto como las más afectadas por este esquema.
La Legislatura hizo entrega de la ley que declara Monumento Natural al tapir
Acevedo recorrió la Reserva Experimental Horco Molle junto a legisladores y autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán. Durante la visita entregó la Ley N.º 9985 y reafirmó el compromiso institucional con la protección de la biodiversidad y la investigación científica.
El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, encabezó una visita institucional a la Reserva Experimental Horco Molle, dependiente de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), donde hizo entrega de la Ley N.º 9985, sancionada el pasado 28 de mayo, que declara al tapir (Tapirus terrestris) Monumento Natural de la provincia y promueve acciones para su conservación, investigación y reintroducción.
Participó la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, con los legisladores Adriana Najar, Sandra Figueroa, Hugo Ledesma, Edith Comolli y Walter Berarducci; el director de Relaciones Interinstitucionales de la Legislatura, Guillermo Gassenbauer; el decano de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Dr. Hugo Rafael Fernández; el vicedecano Pablo Sesma; y el director de la Reserva Experimental Horco Molle, Dr. Juan Pablo Juliá.
La reserva, que este año se prepara para celebrar sus 40 años de existencia y el décimo aniversario de su Jardín Botánico, protege 150 hectáreas del Parque Sierra de San Javier. Recibe alrededor de 50 mil visitantes por año, se mantiene por la colaboración de sus visitantes y funciona como centro de rescate, rehabilitación y conservación de fauna silvestre, además de desarrollar proyectos científicos para la recuperación de especies como el tapir y la rana marsupial.
Durante el recorrido, Acevedo destacó que la sanción de la ley surgió a partir del trabajo conjunto con la universidad y de escuchar las necesidades planteadas por los investigadores. «Una ley que surge como siempre de escuchar. La legislatura que escucha puede sancionar mejores leyes y leyes que tengan un impacto en la sociedad. En este caso, en la preservación del tapir, algo que la universidad viene bregando permanentemente», señaló.
Además, sostuvo que la norma busca generar conciencia sobre la importancia de preservar al tapir y valoró el trabajo que realiza la reserva en materia de educación ambiental, investigación y conservación de la biodiversidad.
«Cuando veníamos caminando me comentaban la importancia que tiene el trabajo de los veterinarios acá. Se han logrado cosas inéditas que sirven no tan solo para Tucumán, sino para el país y para el mundo, porque se especializan en animales silvestres, algo que normalmente no ocurre. La experiencia que se recoge acá en ese sentido es invalorable», agregó.
El vicegobernador cerró poniendo a disposición la Cámara para futuras iniciativas: «La legislatura está presente no tan solo para sancionar leyes como esta, sino en todo lo que pueda aportar para la preservación de la naturaleza y para ayudar a las investigaciones».
La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente explicó cómo nació el proyecto y el marco institucional en el que se inscribe la visita. «Desde la Universidad Nacional de Tucumán, un grupo que trabaja todo lo referente al medio ambiente nos acercó este proyecto del tapir. Ha sido una experiencia muy linda porque nos hemos sentido como guardianes también del medio ambiente», expresó.
Najar adelantó que la comisión ya trabaja en una nueva iniciativa de protección de fauna: «Ahora estamos trabajando en un nuevo proyecto para declarar monumento natural a la Ranita Marsupial de la Banderita que está en peligro de extinción».
La legisladora también enmarcó la salida a territorio en el programa Legisladores en Territorio: «Trabajar en forma conjunta con las reservas, las universidades, las organizaciones y la educación es lo que nos va a permitir conservar y proteger la flora y la fauna de nuestra provincia. Todo lo que vamos proyectando acá lo vamos a llevar también al Parlamento del Clima a nivel nacional».
Por su parte, el decano Hugo Rafael Fernández consideró que la declaración del tapir como Monumento Natural otorga un marco legal clave para fortalecer futuros proyectos de conservación y reintroducción de la especie. «La declaración de Monumento Natural al Tapir nos sirve muchísimo para elaborar proyectos posteriores. Además, le da un estatus especial a la especie en cuanto a su protección y al control de los animales silvestres», señaló.
Fernández también vinculó esta ley con la de corredores biológicos trabajada junto con esta Legislatura: «Para poder liberar los tapires, que es la gran aspiración que tenemos, necesitamos que existan esos corredores para que puedan desplazarse en un ecosistema continuo. Vamos por buen camino, hemos llegado hasta acá con tapires, con crianza y con las intenciones y posibilidades de liberar».
El decano subrayó además el valor social de la reserva: «Tenemos un tesoro en la provincia y nuestra máxima aspiración es que la sociedad se apropie realmente de estos tesoros y los sienta suyos».
Por último, el director de la Reserva Experimental Horco Molle, Juan Pablo Juliá, explicó su rol y el significado de la ley para el proceso de conservación del tapir. «Somos un centro de rescate de fauna, un centro de educación ambiental que se trasciende hacia toda la comunidad, y además trabajamos en proyectos de conservación y recuperación de especies como el tapir, el tucán y la rana marsupial», describió.
Juliá destacó que la ley es fruto de años de trabajo conjunto entre múltiples instituciones: «Esta ley es fruto de más de tres años de gestión de parte de la reserva, con la ayuda de la Comisión de Medio Ambiente de la Legislatura y de la Cátedra de Derecho Animal de la Facultad de Derecho. Lo que buscamos es darle el máximo grado de protección a una especie que está desaparecida en la provincia, pero para la que la reserva tiene un proyecto de reintroducción en el que viene trabajando desde hace muchos años».
El director también señaló el valor político y simbólico de la visita: «Muestra cómo se está generando un vuelco de conciencia dentro de la clase política, que cada vez le da más prioridad a la cuestión ambiental. El tapir se ha transformado en un símbolo para los tucumanos y este tipo de apoyo político nos ayuda a profundizar ese mensaje. La recuperación del tapir es parte de un proceso de recuperación de los ambientes naturales en la provincia que en los últimos 20 o 30 años ha comenzado a revertirse».