Condenaron al dueño de la empresa de ómnibus La Veloz del Norte por secuestros y torturas
Los hechos ocurrieron en Salta en 1977 en la compañía de ómnibus La Veloz del Norte. Trabajadores y gremialistas fueron torturados durante días en una comisaría local. «Fueron los directivos de la firma quienes promovieron el secuestro», declararon las victimas
La Cámara de Casación Penal rechazó los recursos de la defensa del dueño de la empresa de ómnibus La Veloz del Norte y ratificó la condena en su contra por delitos de lesa humanidad contra trabajadores y dirigentes del sindicato de la UTA en Salta durante la última dictadura militar.
El máximo tribunal penal desestimó los pedidos de los abogados de Marcos Jacobo Levin, dueño de esa firma, y de los policías de Salta que cumplían funciones de seguridad en la empresa, que fueron condenados por las torturas y secuestros de trabajadores.
Según relató NA, la Cámara, integrada por Daniel Antonio Petrone, Gustavo Hornos y Alejandro Slokar, desestimó por unanimidad los planteos de las defensas y afirmaron que los hechos cometidos en perjuicio de Víctor Cobos, trabajador y representante gremial de la UTA, resultaban crímenes de lesa humanidad.
En la sentencia el tribunal de juicio había destacado que el caso de la víctima, chofer de uno de los ómnibus de la empresa y a la par, secretario general de la seccional Salta de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), conforme se tuvo por acreditado a partir de los testimonios rendidos durante el debate oral y público, no fue «aislado», ya que «muchas fueron las personas perseguidas por su actividad gremial en el país durante el terrorismo de Estado».
Se tuvo por probado que Víctor Manuel Cobos -quien a la fecha de los hechos se desempeñaba como chofer de la empresa La Veloz del Norte- fue detenido el 22 de enero de 1977 en el galpón de la empresa, cuando se disponía a salir de viaje de servicio, por personal de la Policía de Salta.
Fue llevado en un Falcon celeste de propiedad de un directivo o de la empresa a la Comisaría Cuarta en calle Lerma 656 de la ciudad de Salta, lugar en el que fue torturado y permaneció alojado alrededor de una semana. Transcurrido ese lapso fue trasladado al Penal de Villa Las Rosas, establecimiento del que recuperó su libertad el 19 de abril de 1977. La víctima relató que en su cautiverio «las torturas que recibió consistieron en golpes y en la aplicación de picana eléctrica».
«Resulta menester remarcar que aun cuando miembros de las fuerzas armadas y de seguridad guardaran un rol protagónico en el aparato represivo, en coordinación estratégica para la desarticulación de las organizaciones sindicales, en aras de maximizar los beneficios y acompañar el proceso de reestructuración económica, sectores empresariales no desarrollaron un mero rol subalterno, sino que accionaron articuladamente y en modo orgánico con el poder político de facto. Levin resulta un significativo ejemplo de aquel obrar», se indicó en la condena.
«De acuerdo a cómo han sido reconstruidos los hechos objeto de este juicio que deben ser contextualizados dentro de un plan de persecución mayor, Levin fue quien orquestó la detención de Cobos y también de los demás trabajadores (testimonio de Emilio Bórquez que a su vez encuentra correlato en lo atestiguado por Ciriaco Norberto Justiniano), a la vez que realizó las denuncias penales y coordinó con la justicia (con intervención del Juez Trincavelli), en procura de otorgar un manto de legalidad a los procedimientos manifiestamente ilícitos», se agregó.
Los empleados fueron detenidos en enero de 1977 y conducidos a la comisaría para ser sometidos a torturas durante la detención, que se prolongó días, cuando algunos –como la víctima en la causa- fueron trasladados a la cárcel de Villa Las Rosas por semanas más, en tanto otros recuperaron su libertad.
«Fueron los directivos de la firma quienes promovieron el secuestro, la aplicación de tormentos y las amenazas de los subordinados de la empresa. Los trabajadores resultaron detenidos en simultáneo el 21 de enero de 1977 con la excusa de un presunto fraude cometido en perjuicio de la empresa. El grueso de los mismos se trataba de empleados de la sucursal de Salta, mientras otros cinco correspondían a la sucursal de Tucumán. Todos fueron trasladados hacia la Comisaría 4ta de Salta, donde Marcos Levin había radicado ese mismo día una denuncia contra ellos por ‘estafas reiteradas’», se detalló.
Jaldo, Acevedo y Chahla dialogaron sobre el desarrollo de obras comunitarias
Analizaron la concreción de obras comunitarias de acuerdo al trabajo mancomunado entre la provincia y la ciudad para mejorar la calidad de vida de los vecinos.
El gobernador, Osvaldo Jaldo, se reunió en Casa de Gobierno con el vicegobernador, Miguel Acevedo y la intendente de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla.
Durante el encuentro, las autoridades provinciales y municipales dialogaron sobre el desarrollo de obras para mejorar la calidad de vida de los vecinos capitalinos, entre las que se destacó el próximo inicio de obras de un sistema de desagües para el Barrio 360 Viviendas, entre otras infraestructuras que posibilitarán asegurar el normal escurrimiento de las aguas.
A la vez, valoraron como positivas las gestiones impulsadas por la provincia ante Nación que posibilitaron la adjudicación de obras de agua potable por una inversión de $180.000 millones para la concreción del nuevo acueducto de Vipos que abastecerá a 250.000 tucumanos de San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo, Villa Carmela, entre otras localidades.
Asimismo, analizaron la concreción de otras obras comunitarias de acuerdo al trabajo mancomunado entre la provincia y la ciudad.
El Gobierno dio de baja esta semana más de 900 servicios que prestaba elInstituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en el marco de los recortes que se vienen aplicando al organismo desde 2024. La medida fue formalizada por la Resolución 42/2026, publicada en el Boletín Oficial, y según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, responde a una “baja demanda”.
La resolución suprimió casi 1000 prestaciones vinculadas, principalmente, a ensayos microbiológicos fundamentales para la seguridad alimentaria (detección de Salmonella, E. coli, Listeria) y al control de contaminantes como micotoxinas; al análisis de calidad de agua y efluentes (potabilidad, metales, compuestos orgánicos); a servicios de metrología y calibración de instrumentos (termómetros, prensas, equipos electrónicos); y a ensayos para la industria en áreas como materiales de construcción, seguridad eléctrica y electrónica, control de combustibles (naftas, gasoil) y pruebas sobre componentes de seguridad en transporte (ascensores, automotriz).
Desde el INTI señalaron que estos ensayos dados de baja eran capacidades que además se empleaban en procesos más complejos, como la asistencia técnica, el desarrollo de productos y la ayuda para que empresas accedan a mercados externos.
La versión preliminar de la resolución que circuló antes de su publicación oficial generó fuerte rechazo sindical y movilizaciones en los alrededores del predio del INTI en Villa Martelli. Los gremios y trabajadores expresaron su malestar y advirtieron sobre el impacto laboral y técnico de la medida.
El texto oficial argumenta que “una gran cantidad de servicios desarrollados no tuvieron demanda efectiva, o poseen oferta privada”, lo que implicaría un uso subóptimo de recursos estatales al mantener prestaciones que no son requeridas o que pueden proveer empresas privadas.
Empleados del INTI, en diálogo con La Nación, sostienen que desde la asunción del presidente Javier Milei hay una intención de reducir y redefinir el rol del organismo —que califican como un desmantelamiento— lo que podría justificar despidos y retiros voluntarios dentro de una política de reducción del Estado. Según esas fuentes, la resolución podría implicar más de 700 despidos.
La explicación de Sturzenegger
Horas después de la publicación, Sturzenegger defendió la medida afirmando que muchos de los servicios “no tenían suficiente demanda” y que eran prestaciones que puede ofrecer el sector privado. Según el ministro, varios servicios no revestían la condición de bienes públicos ni tenían especificidad técnica particular; describió ejemplos como pruebas de durabilidad de productos que, en su visión, podrían realizar empresas del mercado.
Sturzenegger sostuvo que el INTI ofrecía algunos servicios a precios muy bajos, lo que implicaba un subsidio indirecto de los contribuyentes a ciertas empresas. Como ejemplo mencionó el control de expendio de surtidores de combustibles, donde dijo que “un 12% de la planta del instituto hacía ese test” y que los costos asociados (viáticos, transporte) convertían a ese servicio en un beneficio para las petroleras financiado por el Estado.
El ministro argumentó que la medida libera actividad para el sector privado y evita que clientes queden “atrapados” en el INTI por falta de alternativas privadas, situación que, según él, limitaba el desarrollo del mercado.
Recortes
El INTI cuenta actualmente con aproximadamente 2300 empleados y más de 250 reparticiones, frente a los 3100 trabajadores que tenía en 2023. El Gobierno señaló que cerca del 20% de los departamentos del organismo cumplen funciones que califica como “puramente administrativas” y por esa razón impulsó recortes.
En 2025 la administración intentó transformar al INTI en una dirección dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, lo que habría implicado la pérdida de su autonomía y autarquía financiera, así como la disminución del carácter federal del organismo. Esa iniciativa fue revertida por la Justicia.
Ante la medida vigente, se convocó a una conferencia de prensa de trabajadores del INTI, con la participación de personalidades del ámbito de la ciencia, la educación y representantes políticos y sindicales, prevista para el martes 21 de abril a las 10.
La eliminación de servicios por parte del Estado plantea un debate sobre la definición de funciones estatales estratégicas frente a la provisión privada de determinados ensayos y calibraciones. En ese marco, la resolución y las reacciones que generó ponen en evidencia las tensiones entre eficiencia administrativa, protección del empleo y mantenimiento de capacidades técnicas en organismos públicos con impacto sobre salud pública, producción y comercio.
Desplegaron a 2.500 policías en escuelas y colegios de Tucumán por las amenazas de tiroteo
Girvau confirmó que están afectadas todas las unidades regionales de la provincia. “Esto es innecesario porque podríamos estar en otros lugares, pero los estudiantes están cometiendo un delito”, sostuvo.
El jefe de Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, confirmó que se desplegaron 2.500 efectivos en establecimientos educativos de toda la provincia tras las amenazas de tiroteos registradas en distintos colegios, en un contexto que también se replicó en otras provincias y que estaría vinculado a un supuesto reto viral en redes sociales.
Según explicó el funcionario, participan del operativo las cinco unidades regionales, con personal de Infantería, el Grupo Cero y la división motorizada. “Estamos reforzando los controles en los establecimientos educativos. Queremos llevarle tranquilidad al alumnado y que se terminen las amenazas. Que sepan que están cometiendo un delito y que es algo serio”, señaló en declaraciones al informativo La mañana empieza aquí, de LG Play.
Girvau advirtió que las amenazas constituyen un delito y aseguró que la Policía continuará recorriendo escuelas y colegios si es necesario. “El alumno tiene que ir a estudiar y el que haga amenazas terminará detenido”, afirmó, y agregó que los padres deben hacerse responsables por la conducta de sus hijos.
Por su parte, el gobernador Osvaldo Jaldo manifestó su preocupación por los episodios registrados durante la semana y confirmó que hasta la noche del jueves se contabilizaban al menos 15 denuncias en distintas instituciones educativas. “Decir que puede haber tiros es una amenaza, y eso es un delito. Y a los delitos les tiene que caer todo el peso de la ley”, sostuvo en declaraciones a La Gaceta.
El mandatario también señaló que los padres deben asumir responsabilidades, que los docentes deben acompañar y que el Gobierno debe “poner límites” frente a la situación que atraviesan los establecimientos educativos.
En ese marco, el miércoles Jaldo firmó el Decreto N° 772/7 del Ministerio de Seguridad, que instruye a la cartera que conduce Eugenio Agüero Gamboa y a la Policía a intensificar acciones preventivas, de disuasión e intervención dentro y fuera de las escuelas.
La normativa contempla además la expulsión y aprehensión de alumnos involucrados, con eventual traslado al Instituto Padre Brochero, en Benjamín Paz. También establece la responsabilidad de padres y tutores por la conducta de los menores y advierte que las instituciones podrían perder subsidios si no garantizan el cuidado de los estudiantes.
