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Política

Alimentos almacenados: el Gobierno apelará la resolución de la Justicia

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Esta mañana, el juez federal Sebastián Casanello le ordenó al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petovello, que en 72 horas elabore un plan para distribuir las cinco toneladas de alimentos alojadas en depósito para ayuda social que no fueron repartidas para “su ejecución de modo inmediato”. Además, dispuso un operativo en los depósitos para tener un detalle de todo lo almacenado.

Luego de que se difundiera la resolución, el gobierno nacional aseguró que apelará la orden y el portavoz presidencial, Manuel Adorni, lo explicó. “Nosotros siempre fuimos respetuosos de la Justicia, lo que no quiere decir que no utilicemos los instrumentos legales que están a nuestro alcance en cuestiones en las que no estamos de acuerdo, como bien es este caso”, señaló a modo de introducción.

“Vamos a apelar la resolución porque esto no es una cuestión de índole judicial, sino una definición de política pública. Y la Justicia no se puede entrometer en la política pública”, agregó el vocero que, para sostener esta posición, apuntó: “Estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes. No es algo que ocurre sólo en la Argentina…. Imaginen repartir todos los alimentos y que el día de mañana tengamos una catástrofe que amerite la inmediata entrega de alimentos. Uno no puede no tener stock”.

Par ser más específico, el funcionario explicó que “de los 5 millones de kilos de alimentos, 3.1 millones corresponden a yerba mate que fue comprada por el gobierno anterior”. Y de inmediato enfatizó que “no hay un solo alimento que se vaya a tirar a la basura. No hay un solo alimento que esté bajo nuestra custodia que esté en riesgo de vencerse”.

Para el portavoz de Javier Milei, los reclamos surgen de gente que perdió privilegios: “A algunos les molesta que hayamos terminado con los intermediarios y con todo un esquema en la Argentina, donde seguramente había muchos beneficiarios a título personal, que se sienten dolidos porque se terminó el usufructo personal que tenían”.

La denuncia contra el Gobierno la inició en febrero pasado el dirigente social Juan Grabois contra el Ministerio de Capital Humano por la suspensión de la entrega de alimentos en comedores comunitarios ubicados en todo el país en el marco del “Plan Nacional Argentina contra el Hambre”

Grabois denunció que en dos centros de distribución, uno en Villa Martelli y otro en Tafí Viejo, en Tucumán, se almacenan casi cinco mil toneladas de alimentos sin distribuir que tiene la Dirección de Logística del Ministerio de Capital Humano. Son 2.751.653 kilos en Villa Martelli y 2.269.078 kilos en Tucumán de alimentos listos para su entrega.

El gobierno reconoció esa situación. Lo hizo Adorni la semana pasada en conferencia de prensa y el Ministerio de Capital Humano en la causa judicial. La cartera explicó que verificaron irregularidades en la forma de distribución de esa comida que hacía el gobierno de Alberto Fernández y que trabajaban en un mecanismo para mejorarlo.

“El derecho humano fundamental a la alimentación está estrechamente ligado al derecho a la vida, a la dignidad y a la salud, los que están expresamente reconocidos en los tratados y convenciones de derechos humanos que integran el denominado ´bloque de constitucionalidad´. Los mandatos también contemplan la especial protección de determinados grupos de personas en función de alguna condición de vulnerabilidad”, explicó el juez Casanello.

El magistrado también resaltó los informes del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) que señalan que “el 57,4% de la población argentina se encuentra en situación de pobreza, dentro del cual se encuentra más del 60% de los niños, niñas y adolescentes, cuyo 32% padece inseguridad alimentaria -el 14% de forma severa”.

Casanello rechazó el pedido de la fiscal Paloma Ochoa para que los alimentos se entreguen a todos los comedores que están inscriptos en el Registro Nacional de Comedores. El juez explicó que “corresponde a la Administración elegir, según su enfoque, los medios más adecuados para asegurar el derecho fundamental a una alimentación adecuada y, en este caso puntual, distribuir los alimentos almacenados”.

“El derecho fundamental a una alimentación adecuada, reconocido y protegido internacionalmente y al que el país le ha dado jerarquía constitucional, impone claramente el deber del Estado de garantizar su efectividad de manera integral, pues no hay vida sin salud y no hay salud sin derecho a la alimentación. Ese deber impostergable de realización en cabeza de las autoridades públicas también supone, por parte del Poder Judicial, la posibilidad de llevar a cabo acciones positivas con base en el mandato de custodia de las garantías constitucionales”, agregó.

Así, Casanello dispuso órdenes de presentación para que hoy se “detalle del stock actual de los alimentos almacenados en los depósitos ubicados en las localidades de Villa Martelli, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, Provincia de Tucumán, lo que deberá incluir el tipo de alimento, y las fechas de adquisición y expiración de la mercadería”. También “los registros de ingreso y egreso de mercadería desde diciembre de 2023 hasta la fecha” y “los expedientes administrativos en los que haya tramitado la adquisición de los alimentos almacenados, junto con toda otra actuación y/o documentación vinculada”.

Por último, Casanello ordenó la elaboración de un plan en 72 horas para la entrega inmediata de toda la comida.

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Política

Buscan sumar la mirada del Colegio de Abogados en reformas judiciales

La Legislatura atenderá el pedido de la institución antes de avanzar con el tratamiento de proyectos vinculados al sistema de justicia.

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El vicegobernador de Tucumán y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, recibió a autoridades del Colegio de Abogados de Tucumán, encabezadas por su presidente Alberto López Domínguez, quienes solicitaron ser escuchados y participar formalmente en el proceso de debate legislativo sobre una serie de reformas vinculadas al sistema de justicia.

Durante la reunión, los representantes del Colegio plantearon su interés en intervenir en el análisis de modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial, la normativa de mediación obligatoria y el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, con el objetivo de aportar una mirada técnica desde el ejercicio profesional.

Del encuentro participaron también la legisladora Carolina Vargas Aignasse, el legislador Roque Tobías Álvarez, el vicepresidente de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (FEPUT), Gustavo Usandivaras, y el Dr. Guillermo Gassenbauer.

En ese marco, Acevedo destacó la importancia de abrir el proceso legislativo a los distintos sectores involucrados: “Fue un encuentro de trabajo donde coincidimos en la importancia de generar instancias de participación que permitan enriquecer el proceso legislativo, incorporando la mirada y la experiencia de quienes forman parte del ámbito jurídico. Entendemos que este tipo de aportes son fundamentales para lograr una ley más sólida, equilibrada y representativa de las necesidades del sistema de justicia”.

Asimismo, remarcó la línea de trabajo institucional impulsada desde el inicio de su gestión: “Desde el primer día en que asumí como presidente de la Legislatura, planteamos la necesidad de trabajar de manera conjunta, escuchando todas las voces y abriendo el diálogo a los distintos sectores. En ese camino estamos avanzando, convencidos de que las mejores decisiones se construyen con participación, consenso y compromiso. Y así lo vamos a seguir haciendo”.

Por su parte, López Domínguez explicó que el planteo del Colegio se centró en la necesidad de contar con un espacio formal de intervención antes del tratamiento de las iniciativas: “El interés del Colegio es dar una opinión, emitir un dictamen, participar y colaborar en esta reforma. Por eso solicitamos la postergación del tratamiento hasta que podamos presentar nuestro aporte”.

En ese sentido, señaló que la participación institucional responde a un deber y facultad establecidos por la normativa que regula al Colegio, y subrayó la vocación de contribuir al proceso legislativo: “La posición del Colegio es colaborar, participar y ayudar desde nuestra profesión con la formulación de leyes que impactan en el ejercicio profesional y en la sociedad”. Finalmente, valoró el encuentro como positivo y destacó la receptividad institucional: “Las reuniones con el contador Acevedo son muy positivas. Escucha lo que uno viene a plantear y siempre hay una muy buena recepción por parte de la Legislatura”.

A su turno, la legisladora Carolina Vargas Aignasse confirmó que el planteo fue atendido y que se garantizará la participación de los sectores involucrados: “Los integrantes del Colegio vinieron a plantear su preocupación y su pedido de diálogo respecto a tres leyes muy importantes. En todos estos temas solicitaron intervención y, como es la línea de trabajo del vicegobernador y de esta Legislatura, se hizo lugar a su pedido”. En esa línea, precisó que las iniciativas serán tratadas con posterioridad, una vez que se hayan incorporado los aportes de las partes interesadas.

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Tensión en el PAMI Tucumán durante una protesta de jubilados

Afiliados se concentraron en la sede céntrica para presentar un petitorio y reclamar por la atención; se registraron momentos de forcejeo en el ingreso al edificio.

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Jubilados se manifestaron este miércoles en la sede de PAMI en Tucumán, con el objetivo de ser recibidos por autoridades y exponer reclamos vinculados a prestaciones y servicios. Durante la protesta, se vivieron escenas de tensión en el acceso al edificio.

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Chahla designó a siete nuevos funcionarios en áreas clave de su gabinete

La intendente capitalina designó nuevos funcionarios en Movilidad Urbana, Obras Públicas y Ordenamiento, entre otras dependencias sensibles.

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Con el objetivo de fortalecer el trabajo en áreas claves de gestión, la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, oficializó este martes la designación de siete nuevos integrantes en el gabinete municipal.

En ese contexto, el concejal Carlos Arnedo asumió como nuevo secretario de Movilidad Urbana, en el marco de una reorganización de la estructura vinculada a las políticas de transporte público en la capital.

Por otro lado, la jefa municipal designó como nuevo secretario de Obras Públicas al ingeniero Claudio Bravo, experto en hidráulica, como parte de un proceso orientado a avanzar con obras de infraestructura claves para prevenir inundaciones en la ciudad.

Además, Chahla anunció la designación del abogado Javier González como nuevo secretario de Ordenamiento y Convivencia. Esta nueva área del organigrama municipal tendrá como misión ordenar el tránsito, promover el cumplimiento de las faltas y controlar la vía pública mediante las sanciones que determina la normativa vigente.

La intendente también puso en funciones a Ana Lía Carbonell como nueva subsecretaria de Cultura del municipio; mientras que la exdirectora de la Casa Histórica, Cecilia Guerra Orozco, asumió como directora de Museos municipal.

Finalmente, la intendente decidió que Pablo Sosa asuma como director de Deportes y Recreación, mientras que el doctor Matías Balardini fue designado como director de Administración del Tribunal de Faltas municipal.

El acto de asunción de las nuevas autoridades tuvo lugar en la sede municipal de 9 de Julio y Lavalle y contó con la presencia del presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, junto a legisladores, concejales y funcionarios.

En conferencia de prensa, Chahla explicó que los cambios buscan optimizar el funcionamiento de áreas estratégicas de la gestión municipal. “Creemos que esta renovación va a venir a agilizar la gestión en un momento donde la sociedad nos solicita muchas cosas específicas: el cuidado de la vía pública, el ordenamiento, más obras públicas y respuestas frente al deterioro de las calles”, señaló.

La intendente también hizo referencia a las dificultades que generaron las intensas lluvias de los últimos meses para avanzar con algunas tareas urbanas. “La lluvia no nos ha dado tiempo de trabajar desde enero porque estamos con muchas precipitaciones intensas. Necesitamos darle otra impronta y entender que la gestión es dinámica”, sostuvo al referirse a la designación del ingeniero Bravo al frente de Obras Públicas.

Chahla remarcó que los cambios responden a demandas concretas de los vecinos. “Hoy la sociedad nos reclama transporte, estado de las calles y obras hídricas. Por eso hemos puesto personas que puedan dar respuestas en esas áreas”, afirmó.

Respecto a la designación de Arnedo, la jefa municipal descartó que se trate de un cambio con un perfil político específico. “No hemos pensado en un perfil político, sino en personas que tengan relación y contacto con el sector del transporte y puedan dialogar con los interlocutores válidos”, explicó.

Transporte y diálogo con el sector empresario 
Por su parte, Arnedo aseguró que su llegada al área representa un compromiso para abordar una problemática compleja como el transporte público. “Es una bocanada de aire fresco que viene a oxigenar el equipo de trabajo de la municipalidad y a comprometernos con la vida pública de los ciudadanos de San Miguel de Tucumán”, afirmó.

El nuevo funcionario informó que se profundizarán los canales de diálogo para fortalecer el sistema de transporte en la ciudad.

Además, sostuvo que el objetivo será mejorar el servicio para los usuarios. “Los controles se van a profundizar y las frecuencias tienen que mejorar. El usuario es quien más reclama y debemos garantizar un servicio que esté a la altura de las circunstancias”, indicó.

Obras hídricas y bacheo 

En relación con el área de Obras Públicas, Bravo explicó que la gestión municipal avanzará con un plan integral para mejorar el sistema de desagües y prevenir inundaciones. “La intendenta ha puesto como política de gobierno un plan de ordenamiento hídrico que vamos a respetar y avanzar con obras para recuperar los desagües de Tucumán e incorporar nuevas infraestructuras”, indicó.

Entre los proyectos más importantes mencionó la ejecución del sistema de desagües del barrio 360 Viviendas y la futura licitación del canal del barrio Margarita. “Son obras que implican una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos y que son muy importantes para empezar a dar soluciones”, afirmó.

Bravo también se refirió a la problemática del bacheo en la ciudad. “El problema es que el agua ha destruido mucho pavimento. Cuando llueve se ablandan los suelos y se rompe el asfalto, por eso primero hay que evaluar las condiciones antes de intervenir”, explicó.

Ordenamiento del espacio público 
A su turno, González destacó que la nueva Secretaría de Ordenamiento y Convivencia buscará consolidar la recuperación del espacio público en la ciudad. Según explicó, el área tendrá a su cargo distintas dependencias vinculadas al control del espacio público. “Esta estructura reúne oficinas relacionadas con la vía pública y la Fiscalía Ambiental para preservar la convivencia mediante reglas claras y controles”, detalló.

El funcionario aseguró que el objetivo será garantizar un uso ordenado de los espacios urbanos. “Queremos que el ámbito del espacio público favorezca la convivencia entre los vecinos de San Miguel de Tucumán”, remarcó.

Respaldo del Concejo Deliberante 

Durante el acto también habló el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, quien expresó el respaldo del oficialismo a la decisión de la intendenta. “Venimos a respaldar la decisión de hacer una renovación que no implica cuestiones personales con quienes dejan sus funciones. En toda gestión ejecutiva cada tanto hace falta un baño de aire fresco”, señaló.

Además, ratificó el compromiso de acompañamiento institucional al Departamento Ejecutivo. “Desde el Concejo Deliberante vamos a seguir acompañando la gestión. Sabemos que siempre hay críticas en la función pública, pero también hay mucho trabajo que se está haciendo”, concluyó.

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