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Política

Un nuevo juicio político contra el camarista Enrique Pedicone ingresó a la Legislatura

Es por un supuesto accionar a favor de concesionaria de autos perteneciente a una la familia de una periodista como miembro de una organización «parajudicial». Caciques piden un jury de enjuiciamiento contra miembros de la Corte Suprema.

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El pasado viernes ingresaron en la Legislatura de Tucumán dos pedidos de Juicio Político : el abogado Alfredo Falú, por un lado, volvió a apuntar contra el camarista Enrique Pedicone por su accionar en la causa Factor SA; mientras que los Caciques del Consejo del Pueblo Diaguita solicitaron la destitución de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Claudia Sbdar, y del juez del máximo tribunal Daniel Posse por su accionar en el juicio por Prescripción Adquisitiva que impulsa Giselle Susana Courtade contra la Provincia de Tucumán.
El abogado Falú solicitó la «destitución y declaración de incapacidad para ocupar cargos a sueldo» del camarista Enrique Pedicone por «actos reprochables» en la causa «Factor S.A. s/asociación ilícita y otros delitos» donde se investiga al directorio de la firma por «reiteración de estafas organizadas cometidas en perjuicio de clientes de la empresa en operaciones de compraventa de vehículos con financiación, lo que encuadraría en las figuras de estafa, usura, evasión tributaria y asociación ilícita«.
A su vez, el documento sentencia a la periodista de La Gaceta, Irene Benito, de mantener un desempeño periodístico parcial y con falta de ética profesional a los efectos de favorecer la imagen pública del magistrado en cuestión.
El escrito presentado por Falú recuerda los antecedentes de la causa «Benito, Antonio Damaso s/estafa y retención indebida de documentación» y que allí «se determinó que en Factor SA se adulteraron las fechas de contratos de prenda y de pagarés extendidos por clientes para asegurar el pago de los saldos de precios de los vehículos adquiridos para eludir la prescripción de las acciones ejecutivas y lograr que prosperaran sus reclamos judiciales mediante el engaño a los jueces de documentos y locaciones intervinientes«.
El letrado Falú señaló que Factor SA «sería una empresa familiar de padres e hijos» y apunta que una de sus accionistas, Irene Benito, es al mismo tiempo  «quien se encarga de la cobertura de las noticias relacionadas al mundo judicial local del principal medio periodístico de Tucumán».
En ese sentido, recordó la causa «Benito, Giselle Irene y García Posse, Ramón Francisco s/defraudación art. 173 vict. Colegio de Abogados de Tucumán» en la que apunta que «los hechos parecen demostrar» que la citada periodista «integraría un grupo con varios otros participantes en el que por dinero, intercambio de favores, cuestiones personales u otros motivos a determinar, ésta tergiversa sus notas periodísticas en beneficio de los integrantes de dicho grupo y en perjuicio de quienes ellos entienden que se interponen a sus intereses» y aclara que «entre los que se puede citar a la mayoría de integrantes del MPF, del MPD y de aquellos que tengan o hayan tenido alguna relación con el Gobierno de Tucumán, del que dicho grupo es opositor».
«Es evidente que el accionar de Irene Benito de escribir o interceder en notas periodísticas sobre los magistrados que actúan o resuelven las causas penales o juicios civiles en los que son parte sus familiares directos o la empresa de la que es o era accionista, resulta a todas luces antiética»remarca el abogado, además de subrayar que en la causa Factor SA «se intentó desplazar al Dr. Maggio con el increíble argumento que Irene Benito fue autora de notas periodísticas críticas al mismo en La Gaceta, lo que es una desfachatez e inadmisible abuso de su posición en dicho medio, puesto que implica la afectación a su arbitrio de la imagen pública de magistrados en la prensa masiva para después intentar utilizar ese argumento para apartarlos, dejando a quienes considera afines o proclives al intercambio de favores, como sería el caso del Dr. Enrique Pedicone, quien intervino en la causa Factor favoreciendo escandalosamente a la familia de Giselle Irene Benito…mientras la periodista antes y después de ello intentó alevosamente promover la imagen pública de dicho magistrado en el medio para el que presta servicios».
La denuncia de Falú señala la existencia de «un grupo caracterizado por el intercambio de favores que estaría integrado por Irene Benito, Fransico García Posse, Arnaldo Ahumada, entre otros a determinar» al que «evidentemente se agregó a partir del año 2015 el denunciado Dr. Pedicone, quien es un reconocido enemigo del Ministro Público Fiscal Dr. E. Jiménez; tal como se desprende de la denuncia formulada por éste que motivó la causa ‘Pedicone, Enrique s/violación de los deberes de funcionario público art. 248 CP‘».
El denunciante sostiene que en la causa Factor SA «el Dr. Pedicone pretendió impedir la investigación que por ley le cabe al Ministerio Público Fiscal, declarando ab initio, es decir, antes de investigarse, la inocencia de los acusados de hechos graves y reiterados». «Esto es realmente inadmisible. No se trata de una interpretación de la ley dentro de los márgenes posibles, sino de una abierta afrenta a la ley y a su espíritu que frustra el sentido del sistema penal», advierte la denuncia de Falú.
«El Dr. Pedicone favoreció a la familia de su aliada G. Irene Benito y a la empresa Factor SA de la que ésta es o era accionista junto a su familia en el marco del intercambio de favores», recalca Falú, y señala que «no sorprende que unos meses después G. Irene Benito participe de un descomunal despliegue periodístico por una insólita denuncia del Dr. Pedicone en contra del Dr. D. Leiva en base a unas supuestas grabaciones clandestinas e ilegales, y por una inverosímil denuncia de acoso sexual en contra del Dr. D. Estofán quienes como miembros de nuestra Corte Suprema se atrevieron a «apercibir» al protegido Dr. Pedicone luego de que éste intentara celebrar la señalada audiencia indebida en los pasillos de tribunales«.
Los pedidos de destitución se resolverán de ahora en adelante en la comisión de Juicio Político del parlamento tucumano que preside el legislador Zacarías Khoder

 

 

Contra Sbdar y Posse
El mismo viernes, en tanto, los Caciques del Consejo del Pueblo Diaguita Santos Eugenio Pastrana, Rolando Florencio Frejenal, Jonathan Edgar Rueda, Antonio Guillermo Carrazano solicitaron a la comisión de Juicio Político de la Legislatura de Tucumán la remoción por el Jurado de Enjuiciamiento de la Dra. Claudia Beatriz Sbdar y del Dr. Daniel Oscar Posse, presidenta y vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán respectivamente, «por falta de cumplimiento de los deberes de su cargo«, además de «ignorancia inexcusable, actos de parcialidad manifiesta, reiteración de irregularidades en el procedimiento»en el juicio que Giselle Susana Courtade, madre de La periodista de La Gaceta Irene Benito, impulsa contra la Provincia de Tucumán por la prescricpión adquisitva de un inmueble en La Quebradita, Tafí del Valle.
El origen del planteo proviene del accionar de los miembros del máximo tribunal en el juicio «Courtade Giselle Susana vs Provincia de Tucumán s/prescripción adquisitiva» en el que -acusan- resolvieron «hacer lugar a la demanda en clara violación a la norma adjetiva y de fondo y en especial a los derechos de raigambre constitucional de los pueblos originarios«. La sentencia de la Corte Suprema lleva las firmas de la presidenta Sbdar y del vocal Posse, pero también de su par Antonio Estofán, quién no es mencionado en los pedidos de destitución presentados.

 

sentencia a favor de courtade

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Política

Ordenaron nuevas medidas de prueba sobre el patrimonio e ingresos formales de Adorni

Esta medida busca reconstruir el historia laboral y económico tanto de Adorni como el de su esposa Bettina Angeletti, retroactivamente hasta el 2012.

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El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó nuevas medidas de prueba para investigar el patrimonio y los ingresos formales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la causa que atraviesa el funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.

Esta medida busca reconstruir el historia laboral y económico tanto de Adorni como el de su esposa Bettina Angeletti, retroactivamente hasta el 2012, con el fin de reconstruir su historia laboral y, por ende, los ingresos que ambos tenían para cotejar las inconsistencias en las declaraciones juradas y averiguar el origen de sus inversiones.

 

 

Pollicita también le solicitó a la Comisión Nacional de Valores todos los datos de las operaciones de blockchain autorizadas en Argentina, desde ese mismo año, y exigió que la ANSES presente los recibos de sueldo del funcionario oficialista y de su mujer.

 

 

Paralelamente, el fiscal analiza también la información vinculada al patrimonio de su hermano, el diputado provincial por La Libertad Avanza (LLA) Francisco Adorni para contrastar tanto las declaraciones como los antecedentes.

Las principales líneas de la investigación judicial incluyen la trazabilidad de fondos, las operaciones con critpomonedas y la sucesión familiar, debido a que se investiga el expediente sucesorio de su padre Jorge Adorni, quien falleció en el año 2002, luego de que el jefe de Gabinete afirmara que encontró una cifra importante de dinero en su inmueble que le permitió iniciar sus inversiones con bitcoins.

Por último, la fiscalía analiza todos los vuelos realizados por el funcionario y su familia, la compra de propiedades no declaradas, como la casa en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz y un departamento en el barrio de Caballito, más el estado de sus deudas que son de un valor relevante.

En su declaración jurada de 2024Adorni informó haber recibido $10.2 millones de una herencia, sin embargo, al año siguiente elevó dicha cifra a $73 millones, mientras declaró tenencias en criptomonedas incorporadas a su patrimonio entre los años 2021 y 2023. /Noticias Argentinas

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Política

Se congregaron 500 dirigentes peronistas en un encuentro político e institucional en El Cadillal

El gobernador Osvaldo Jaldo estuvo acompañado por el vice Miguel Acevedo, gran parte de su gabinete y dirigentes de las tres secciones electorales.

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El gobernador Osvaldo Jaldo mantuvo en el predio de ATSA en El Cadillal, una reunión de trabajo con dirigentes, referentes territoriales, exintendentes, exlegisladores, candidatos a concejales y comisionados comunales que no llegaron a ocupar un cargo en la función pública pero que continúan perteneciendo al espacio del Partido Justicialista.

Jaldo uno de los máximos referentes del peronismo local estuvo acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo, la intendenta capitalina, Rossana Chahla, los ministros del Gabinete: Dario Monteros (Interior), Luis Medina Ruiz (Salud), Regino Amado (Gobierno y Justicia), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad) Susana Montaldo (Educación), Marcelo Nazur (Obras Públicas, Federico Masso (Desarrollo Social), la Fiscal de Estado, Gilda Pedicno, el fiscal Adjunto, Raul Ferrazzano, el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur y el presidente subrogante de la Legislatura, Sérgio Mansilla.

También dijeron presente el secretario general de ATSA, Renée Ramirez, el titular del IPLA, el presidente del Ente de Turismo, Domingo Amaya, el secretario de Adicciones, Lucas Haurigot Posse, Dante Loza, el secretario de Trabajo Andrés Galván, el titular del IPACYM, Regino Racedo, el interventor de Vivienda, Hugo Cabral, el secretario de Planeamiento, Javier Morof y el secretario de Grandes Comunas, Marcelo Santillán.

Jaldo comentó que «como venimos haciendo todos los miércoles, nos reunimos con dirigentes de diferentes sectores de Tucumán, quienes conocen la situación institucional y las problemáticas que afectan a la gente».

En esta oportunidad, indicó que «participaron dirigentes de las tres secciones electorales, del este, del oeste y de la capital. Contamos con la presencia de casi 500 dirigentes de diferentes lugares. Fue una reunión de trabajo institucional muy importante«.

El gobernador dijo que «esta es la cuarta reunión que realizamos, habiendo convocado primero a quienes ocupan cargos institucionales. Considero que esta es una de las reuniones más importantes, porque participaron vecinos que, aunque por diferentes motivos las urnas no los favorecieron, siguen militando en el Partido Justicialista con esperanza y compromiso«.

A su vez, recordó que «participaron candidatos que han sido delegados comunales, concejales, intendentes y legisladores. Con esta cuarta reunión prácticamente hemos cubierto todo el territorio y todas las categorías, tanto institucionales como no institucionales. Estamos muy contentos de ver el entusiasmo de compañeros, compañeras y vecinos«.

Por último, sostuvo que «escuchamos los planteos y no tenemos duda de que seguiremos el camino que ellos nos indiquen para mejorar la calidad de vida de todos los tucumanos.

Gran participación

Por su parte, el vicegobernador Miguel Acevedo destacó la convocatoria encabezada por el gobernador Osvaldo Jaldo y remarcó la participación de dirigentes de toda la provincia, tanto con responsabilidades institucionales como de militancia territorial.

En ese sentido, señaló que los encuentros de trabajo buscan consolidar la unidad del espacio de cara a los próximos desafíos electorales. “En estas elecciones queremos que estemos todos unidos porque lo que está en juego va mucho más allá de una candidatura. Es defender una postura, es defender la educación pública, es defender la salud pública, es estar donde la gente necesita”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que la Provincia debió afrontar con recursos propios distintas demandas ante la reducción de la asistencia nacional. “Nos estamos dando vuelta con el gobernador como podemos en cada municipio, en cada comuna”, expresó.

Acevedo consideró que el objetivo central es sostener un proyecto de desarrollo para Tucumán y afirmó que el trabajo conjunto entre los poderes del Estado resulta fundamental para alcanzar ese propósito. “Queremos un Tucumán productivo, un Tucumán con desarrollo, un Tucumán que crezca. Y para eso hace falta trabajar mucho en la generación de empleo”, manifestó.

Finalmente, aseguró que desde la Legislatura acompañarán las iniciativas necesarias para fortalecer la gestión provincial. “Desde la Legislatura les vamos a dar todas las herramientas que haga falta para que Tucumán esté mejor”, concluyó.

Contexto económico

El ministro del Interior, Darío Monteros, participó de una reunión de trabajo encabezada por el gobernador Osvaldo Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo junto a más de 400 dirigentes territoriales de las tres secciones electorales de Tucumán.

“Es muy placentero encontrarnos con muchos compañeros que son referentes territoriales que no tienen cargos electivos de las tres secciones electorales, tanto del Este, Capital, como del Oeste, para seguir haciendo este análisis que venimos haciendo por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo y el vice Miguel Acevedo de hablar con aquellos que nos representan tanto institucionalmente como políticamente”, expresó.

El ministro señaló que durante la reunión abordaron la situación institucional vinculada al contexto económico que atraviesan numerosos sectores de la sociedad. En ese sentido, sostuvo: “Cuando digo la problemática, por la situación económica que viven muchos argentinos, y que no es una situación de este gobierno de la provincia, sino que, lamentablemente, son decisiones del gobierno nacional que vienen empobreciendo cada vez más a los argentinos”.

Asimismo, destacó la tarea que desarrollan los dirigentes territoriales en el acompañamiento permanente a los vecinos y en la gestión de distintas demandas ante los organismos del Estado.

«Son estos dirigentes territoriales que carpeta bajo brazo, como yo digo, por ahí van a la Casa de Gobierno, por ahí encuentran soluciones, otras veces no. Pero no hay duda de que hoy teníamos que resaltar este gran trabajo que hacen estos compañeros y compañeras en la provincia”, afirmó.

Monteros también indicó que los participantes analizaron el escenario político y el proceso electoral que se avecina, con eje en el fortalecimiento del trabajo territorial.

Creemos que tenemos que demostrar que el trabajo territorial es el único verdadero trabajo que se puede hacer con la gente”, manifestó.

En esa línea, remarcó la importancia del contacto directo con los vecinos y sostuvo que esa modalidad de trabajo constituye una herramienta central para atender las necesidades de la comunidad.

Nosotros no vamos a salir del trabajo territorial, que es estar el tete a tete con la gente. Y esto es lo que hemos conversado profundamente hoy con todos estos compañeros y compañeras que han sido legisladores, que han sido intendentes, que han sido concejales, que han sido delegados comunales, pero que no hay duda de que siguen haciendo un trabajo territorial”, concluyó.

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Política

Internas en la UCR Tucumán: La Justicia ordenó convocar a elecciones en un plazo de 15 días

La Cámara Nacional Electoral le puso un freno a la prórroga indefinida de la intervención partidaria. El legislador Agustín Romano Norri celebró el fallo y denunció maniobras de último momento.

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La Cámara Nacional Electoral (CNE) dictó un fallo determinante para el futuro de la Unión Cívica Radical (UCR) en Tucumán. El tribunal ordenó que el partido a nivel nacional convoque a elecciones internas en el distrito dentro de un plazo máximo de 15 días, bajo apercibimiento de aplicarse sanciones judiciales.

La resolución responde a una demanda del legislador tucumano Agustín Romano Norri, quien impugnó la prórroga de la intervención dispuesta originalmente en marzo de 2025. Si bien la Justicia validó la medida inicial por el contexto de mandatos vencidos, los jueces Daniel Bejas y Alberto Ricardo Dalla Via determinaron que, al haber expirado el plazo de un año sin ratificación de la Convención Nacional, la normalización mediante el voto de los afiliados no puede dilatarse más.

«La intervención no tiene un cheque en blanco»

Tras conocerse la sentencia, Romano Norri se mostró tajante respecto al revés judicial que recibieron las autoridades partidarias nacionales. «La Justicia nos da la razón: la intervención de la UCR no tiene un cheque en blanco y se debe votar», afirmó el parlamentario.

El dirigente radical remarcó que acudió a la vía judicial ante el silencio de las autoridades frente a sus reclamos previos. «Sin proceso judicial la intervención no hubiese terminado. Tenía que ponerle un freno a una resolución que contenía un plazo tramposo e indeterminado», apuntó, sosteniendo que el destino de la agrupación debe definirse democráticamente en las urnas y no a puertas cerradas.

Denuncia de parches y «reparto a dedo»

Romano Norri también arremetió contra los interventores por lanzar una convocatoria a internas «a las apuradas» en el diario La Gaceta el pasado 13 de junio, pretendiendo hacerla pasar por una resolución firmada en mayo. «Lo hicieron de manera dudosa, sabiendo que la Justicia me daría la razón», disparó.

Finalmente, cuestionó con dureza la integración de la Junta Electoral del partido, calificándola de «arbitraria» y de funcionar como un comité cerrado diseñado a la medida de la intervención para repartir cargos entre sectores internos específicos (vinculados a José Cano, Silvia Elías, Roberto Sánchez, Raúl Moreno y Lucho Argañaraz). «Las maniobras dilatorias ya no les alcanzarán; seguiremos firmes para garantizar una transparencia real para los afiliados», concluyó.

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