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Política

Un nuevo juicio político contra el camarista Enrique Pedicone ingresó a la Legislatura

Es por un supuesto accionar a favor de concesionaria de autos perteneciente a una la familia de una periodista como miembro de una organización «parajudicial». Caciques piden un jury de enjuiciamiento contra miembros de la Corte Suprema.

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El pasado viernes ingresaron en la Legislatura de Tucumán dos pedidos de Juicio Político : el abogado Alfredo Falú, por un lado, volvió a apuntar contra el camarista Enrique Pedicone por su accionar en la causa Factor SA; mientras que los Caciques del Consejo del Pueblo Diaguita solicitaron la destitución de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Claudia Sbdar, y del juez del máximo tribunal Daniel Posse por su accionar en el juicio por Prescripción Adquisitiva que impulsa Giselle Susana Courtade contra la Provincia de Tucumán.
El abogado Falú solicitó la «destitución y declaración de incapacidad para ocupar cargos a sueldo» del camarista Enrique Pedicone por «actos reprochables» en la causa «Factor S.A. s/asociación ilícita y otros delitos» donde se investiga al directorio de la firma por «reiteración de estafas organizadas cometidas en perjuicio de clientes de la empresa en operaciones de compraventa de vehículos con financiación, lo que encuadraría en las figuras de estafa, usura, evasión tributaria y asociación ilícita«.
A su vez, el documento sentencia a la periodista de La Gaceta, Irene Benito, de mantener un desempeño periodístico parcial y con falta de ética profesional a los efectos de favorecer la imagen pública del magistrado en cuestión.
El escrito presentado por Falú recuerda los antecedentes de la causa «Benito, Antonio Damaso s/estafa y retención indebida de documentación» y que allí «se determinó que en Factor SA se adulteraron las fechas de contratos de prenda y de pagarés extendidos por clientes para asegurar el pago de los saldos de precios de los vehículos adquiridos para eludir la prescripción de las acciones ejecutivas y lograr que prosperaran sus reclamos judiciales mediante el engaño a los jueces de documentos y locaciones intervinientes«.
El letrado Falú señaló que Factor SA «sería una empresa familiar de padres e hijos» y apunta que una de sus accionistas, Irene Benito, es al mismo tiempo  «quien se encarga de la cobertura de las noticias relacionadas al mundo judicial local del principal medio periodístico de Tucumán».
En ese sentido, recordó la causa «Benito, Giselle Irene y García Posse, Ramón Francisco s/defraudación art. 173 vict. Colegio de Abogados de Tucumán» en la que apunta que «los hechos parecen demostrar» que la citada periodista «integraría un grupo con varios otros participantes en el que por dinero, intercambio de favores, cuestiones personales u otros motivos a determinar, ésta tergiversa sus notas periodísticas en beneficio de los integrantes de dicho grupo y en perjuicio de quienes ellos entienden que se interponen a sus intereses» y aclara que «entre los que se puede citar a la mayoría de integrantes del MPF, del MPD y de aquellos que tengan o hayan tenido alguna relación con el Gobierno de Tucumán, del que dicho grupo es opositor».
«Es evidente que el accionar de Irene Benito de escribir o interceder en notas periodísticas sobre los magistrados que actúan o resuelven las causas penales o juicios civiles en los que son parte sus familiares directos o la empresa de la que es o era accionista, resulta a todas luces antiética», remarca el abogado, además de subrayar que en la causa Factor SA «se intentó desplazar al Dr. Maggio con el increíble argumento que Irene Benito fue autora de notas periodísticas críticas al mismo en La Gaceta, lo que es una desfachatez e inadmisible abuso de su posición en dicho medio, puesto que implica la afectación a su arbitrio de la imagen pública de magistrados en la prensa masiva para después intentar utilizar ese argumento para apartarlos, dejando a quienes considera afines o proclives al intercambio de favores, como sería el caso del Dr. Enrique Pedicone, quien intervino en la causa Factor favoreciendo escandalosamente a la familia de Giselle Irene Benito…mientras la periodista antes y después de ello intentó alevosamente promover la imagen pública de dicho magistrado en el medio para el que presta servicios».
La denuncia de Falú señala la existencia de «un grupo caracterizado por el intercambio de favores que estaría integrado por Irene Benito, Fransico García Posse, Arnaldo Ahumada, entre otros a determinar» al que «evidentemente se agregó a partir del año 2015 el denunciado Dr. Pedicone, quien es un reconocido enemigo del Ministro Público Fiscal Dr. E. Jiménez; tal como se desprende de la denuncia formulada por éste que motivó la causa ‘Pedicone, Enrique s/violación de los deberes de funcionario público art. 248 CP‘».
El denunciante sostiene que en la causa Factor SA «el Dr. Pedicone pretendió impedir la investigación que por ley le cabe al Ministerio Público Fiscal, declarando ab initio, es decir, antes de investigarse, la inocencia de los acusados de hechos graves y reiterados». «Esto es realmente inadmisible. No se trata de una interpretación de la ley dentro de los márgenes posibles, sino de una abierta afrenta a la ley y a su espíritu que frustra el sentido del sistema penal», advierte la denuncia de Falú.
«El Dr. Pedicone favoreció a la familia de su aliada G. Irene Benito y a la empresa Factor SA de la que ésta es o era accionista junto a su familia en el marco del intercambio de favores», recalca Falú, y señala que «no sorprende que unos meses después G. Irene Benito participe de un descomunal despliegue periodístico por una insólita denuncia del Dr. Pedicone en contra del Dr. D. Leiva en base a unas supuestas grabaciones clandestinas e ilegales, y por una inverosímil denuncia de acoso sexual en contra del Dr. D. Estofán quienes como miembros de nuestra Corte Suprema se atrevieron a «apercibir» al protegido Dr. Pedicone luego de que éste intentara celebrar la señalada audiencia indebida en los pasillos de tribunales«.
Los pedidos de destitución se resolverán de ahora en adelante en la comisión de Juicio Político del parlamento tucumano que preside el legislador Zacarías Khoder

 

 

Contra Sbdar y Posse
El mismo viernes, en tanto, los Caciques del Consejo del Pueblo Diaguita Santos Eugenio Pastrana, Rolando Florencio Frejenal, Jonathan Edgar Rueda, Antonio Guillermo Carrazano solicitaron a la comisión de Juicio Político de la Legislatura de Tucumán la remoción por el Jurado de Enjuiciamiento de la Dra. Claudia Beatriz Sbdar y del Dr. Daniel Oscar Posse, presidenta y vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán respectivamente, «por falta de cumplimiento de los deberes de su cargo«, además de «ignorancia inexcusable, actos de parcialidad manifiesta, reiteración de irregularidades en el procedimiento»en el juicio que Giselle Susana Courtade, madre de La periodista de La Gaceta Irene Benito, impulsa contra la Provincia de Tucumán por la prescricpión adquisitva de un inmueble en La Quebradita, Tafí del Valle.
El origen del planteo proviene del accionar de los miembros del máximo tribunal en el juicio «Courtade Giselle Susana vs Provincia de Tucumán s/prescripción adquisitiva» en el que -acusan- resolvieron «hacer lugar a la demanda en clara violación a la norma adjetiva y de fondo y en especial a los derechos de raigambre constitucional de los pueblos originarios«. La sentencia de la Corte Suprema lleva las firmas de la presidenta Sbdar y del vocal Posse, pero también de su par Antonio Estofán, quién no es mencionado en los pedidos de destitución presentados.

 

sentencia a favor de courtade

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Política

El Senado postergó el dictamen de la reforma electoral mientras el Gobierno busca apoyos para suspender las PASO

La comisión de Asuntos Constitucionales se reunió este martes para retomar el debate del proyecto que busca suspender las PASO. Si bien el oficialismo tendría las adhesiones necesarias para despachar el proyecto en general, hay dudas sobre si las colectoras se mantienen en pie.

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Las presiones de Karina Milei –y los primos Menem–, por un lado, y las negociaciones entre el jefe de Gabinete Diego Santilli y los gobernadores, por otro, surtieron efecto. La reforma política quedó este martes a un paso de ser dictaminada en comisión, aunque hay dudas en torno a los artículos que habilitan las listas colectoras. La jefa de bloque de La Libertad Avanza, la senadora Patricia Bullrich, mostró predisposición para que el tema avance –pese a que hizo públicas sus diferencias– pero le marcó los tiempos a la Casa Rosada.

Este martes, pasadas las 15, la comisión de Asuntos Constitucionales que preside Agustín Coto (LLA), se reunió para reanudar el debate por la reforma electoral impulsada por la Casa Rosada y que en sus puntos salientes incluía la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), además de la implementación de Ficha Limpia, entre otros puntos salientes.

Asimismo, la última versión reduce la no obligatoriedad de los debates presidenciales. Mientras que en el texto original se eliminaba su obligatoriedad, ahora se establece que solo son obligatorios en caso de que haya segunda vuelta.

Respecto del texto original, en cambio, se mantiene en pie la eliminación de los espacios gratuitos en los medios de comunicación y la eliminación de las elecciones directas de los candidatos al Parlasur.

Karina Milei y Patricia Bullrich se vieron las caras en la previa

El debate se celebró horas más tarde de que la Mesa Política que conduce Karina Milei se reuniera en la Casa Rosada. Allí se vieron cara a cara la hermana del presidente con Bullrich, con quien hoy mantienen diferencias por este y otro tema. También participaron del encuentro el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Apenas culminó el encuentro en la Rosada, trascendió que se había acordado que “la discusión en comisiones (de la reforma política) continúe durante los próximos días”. En otras palabras, que el texto no quedaría listo para ser llevado al recinto del Senado el mismo martes.

Según pudo saber Ámbito, Bullrich –que se había desentendido del tema, ya que quien negocia con los mandatarios provinciales es Santilli– decidió “cargarse al hombro” el debate. Casualmente, a las pocas horas de que el presidente Javier Milei la elogiara en público por la implementación de su Protocolo Antipiquetes.

Pero la exministra puso sus condiciones en el Senado: ella marcó los tiempos. Si bien las intenciones del oficialismo en la Rosada eran que el texto –modificado– se pasara a la firma este mismo martes, Bullrich optó por pasar a un cuarto intermedio. Así, los integrantes de la comisión tendrían margen para leer las modificaciones. Así lo acordó con los aliados minutos antes de que arrancara el debate en comisión.

Más allá del «gesto» de no bloquear el debate, desde su entorno aseguraron que si bien la senadora no va a frenar el avance de la reforma política -pese a que no comparte algunos de sus puntos- pero que va a seguir marcando sus diferencias en los temas económicos que no comparte, porque a la gente no le llega«, dijeron quienes la frecuentan.

“No voy a pasar a la firma el dictamen hasta que no tenga las 10 firmas”, dijo la exministra de Seguridad antes de que se inicie el debate. Según los trascendidos, para ese entonces, los libertarios ya estaban muy cerca de las 10 firmas para dictaminar el proyecto. Así y todo, al iniciar el debate, Coto –con buena llegada a Bullrich– anticipó que “no había voluntad para dictaminar” y que el debate continuaría al día siguiente. Finalmente, se convocó a un nuevo encuentro, para este miércoles a las 12.

La Libertad Avanza, a la búsqueda de firmas

¿Cuántas firmas requiere el oficialismo para despachar el dictamen? 10 de los 19 integrantes de la comisión. De esas 19, seis son libertarias y siete de Popular, el interbloque que conduce José Mayans y que rechaza de plano la suspensión de las primarias.

Agustín Coto llamó a un cuarto intermedio para el miércoles a las 12.

Agustín Coto llamó a un cuarto intermedio para el miércoles a las 12.

Es decir, para llegar a las 10 firmas, Bullrich tiene que sumar al menos a 4 aliados. Entre ellos se encuentran los radicales Rodolfo Suáez (Mendoza), Eduardo Vischi (Corrientes) y Flavio Fama (Catamarca). Este último votó en contra de la suspensión de las primarias en las elecciones del año pasado. Y tiene la ventaja de no responder a ningún gobernador, que son los principales interesados en los cambios introducidos.

Además, entre los aliados que podrían estampar su firma en el dictamen, se encuentran los senadores de Provincias Unidas Carlos Espínola (Corrientes) y Alejandra Vigo (Córdoba). Esta última, durante el debate, se expresó en contra del grueso de la iniciativa oficialista.

A la lista de aliados se suma Carolina Moisés (Jujuy), de Convicción Federal, y la tucumana Beatriz Ávila. Esta última no fue tenida en cuenta por los libertarios luego de que su gobernador, Osvaldo Jaldo, se expresara su rechazo en contra de la eliminación de las PASO.

“Las firmas creería que están”, dijeron confiados en las filas de La Libertad Avanza. En otras palabras, el oficialismo se ilusionaba con que este miércoles reuniría las firmas para el despacho.

Listas colectoras: qué puede pasar

La gran duda es qué pasará con las colectoras. ¿Seguirán en pie los artículos? Desde el propio oficialismo en el Senado reconocen que el tema divide aguas entre los aliados. Es más, horas antes de la reunión, el PRO definió que acompañaría la suspensión de las PASO pero, en el comunicado que difundió en sus redes sociales, omitió ese punto.

A esto hay que sumarle que Bullrich no estaría dispuesta a llevar el tema al recinto para sufrir una derrota similar a la de la Ley de Tierras, que debió retirarla del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada antes de la puesta en marcha del debate. En otras palabras, se esperan negociaciones en torno a este punto. Y una posibilidad podría ser retirar esos ítems para, de esa manera, asegurarse el despacho.

El segundo gran desafío que tendrá La Libertad Avanza será justamente allí, donde deberá cosechar una mayoría especial de 37 votos (por ser una ley electoral) para aprobar y girar a Diputados el proyecto.

De acuerdo a los números que manejan fuentes libertarias, por ahora, el oficialismo estaría a unos 7 votos de alcanzar el número mágico de 37. Por eso, se esperan negociaciones contrarreloj entre la Casa Rosada y los gobernadores, a cambio de los votos. /Ámbito/

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Política

La Libertad Avanza consiguió respaldo para el Presupuesto 2027 y lo llevará a sesión la próxima semana

Después de cuatro jornadas de debate, el oficialismo consiguió el respaldo de siete bloques aliados prometiendo fondos de partidas discrecionales. El oficialismo consiguió 27 firmas a favor de las 48 totales, con el respaldo del PRO, la UCR, el MID y los provincialismos de Tucumán, San Juan, Misiones y Catamarca. 

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Aún sin grandes concesiones, más allá de los fondos para discapacidad y acuerdos puntuales de obra pública, el oficialismo logró avanzar con su proyecto de Presupuesto 2027 en Diputados. La expectativa de La Libertad Avanza es darle media sanción en una sesión del 25 de noviembre, de forma tal que la iniciativa se trate en el Senado en sesiones extraordinarias antes de fin de año.

El oficialismo consiguió 27 firmas a favor de las 48 totales, con el respaldo del PRO, la UCR, el MID y los provincialismos de Tucumán, San Juan, Misiones y Catamarca. Existen firmas en disidencia, que reclaman por inversión en obra pública y el refuerzo presupuestario de organismos científicos. Las modificaciones que se divulgaron fueron las remociones de los artículos 36° al 41°, que afectaban a las pensiones por discapacidad, haciéndolas incompatibles con el vínculo laboral formal y dificultando su accesibilidad. «Cumplimos nuestra palabra«, dijo la cordobesa Laura Rodríguez Machado, única oradora del oficialismo.

Proyectos de la oposición

Existieron otros dos dictámenes. El primero de ellos provino del cordobesismo nucleado en Provincias Unidas con apoyo de Encuentro Federal, que pidió por la reducción del Impuesto a los Combustibles Líquidos, el fortalecimiento del desabastecido programa Remediar y el saldo de las deudas de fondos previsionales.

Germán Martínez habla con Silvana Giudici y Gabriel Bornoroni, referentes de La Libertad Avanza.

Germán Martínez habla con Silvana Giudici y Gabriel Bornoroni, referentes de La Libertad Avanza.

El peronismo, por su parte, presentó su dictamen en donde enumeró partidas en las que se puedan cumplir con leyes desfinanciadas por el Ejecutivo, como la de Financiamiento Universitario, más una serie de programas que consideran estratégicos, como la ciencia, la Defensa, fondos hídricos o de mantenimiento vial y subsidios al transporte público de provincias. Hubo un hincapié en la ley de discapacidad, para la que solicitaron $878.000 millones a asignarse al Ministerio de Salud, señalando como origen de todas esas partidas la Juridiscción 91.

«Acá está lleno de traidores al mandato popular», se despachó el santafesino Germán Martínez, titular del bloque de Unión por la Patria, en referencia a los justicialistas que acompañaron la redacción libertaria. Desde su bloque también apuntaron contra la poca cantidad de reuniones de debate (fueron cuatro) y la falta de ministros defendiendo el proyecto, dado que sólo concurrieron al Congreso secretarios de las áreas de Hacienda, Trabajo, Educación y Desregulación.

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Política

Energía subsidiada y proyectos solares en los Valles Calchaquíes, en la agenda de la Comisión de Energía

La comisión que preside el legislador Alberto Olea dictaminó sobre iniciativas vinculadas a la ampliación de los consumos eléctricos subsidiados para el norte argentino y a la promoción de energías renovables en Tucumán .

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La Comisión de Energía y Comunicaciones de la Legislatura de Tucumán se reunió para avanzar con el tratamiento de distintas iniciativas relacionadas con el acceso a la energía y el desarrollo de fuentes alternativas en la provincia.

Uno de los proyectos que obtuvo dictamen expresa el beneplácito por la decisión del gobierno nacional de ampliar los consumos base de energía eléctrica subsidiada para los hogares de las provincias del norte argentino, entre ellas, Tucumán. La medida fue instrumentada mediante la Resolución N.º 300/2026 de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación.

Por otra parte, la comisión avanzó con un proyecto de ley que propone declarar de interés provincial la promoción de acciones destinadas al desarrollo y la construcción de plantas de generación de energía fotovoltaica y de aprovechamiento solar en los Valles Calchaquíes, en el tramo comprendido entre Amaicha del Valle y Colalao del Valle.

La iniciativa busca impulsar el aprovechamiento de los recursos naturales de la región y promover alternativas de generación energética a partir de fuentes renovables.

La reunión fue presidida por el legislador Alberto Olea y contó con la participación de sus pares José Seleme, Jorge Leal, Alfredo Toscano y Edith Comolli.

De esta manera, la comisión avanzó en el análisis de propuestas que contemplan tanto el impacto de los costos de la energía en los hogares tucumanos como las posibilidades de desarrollo energético sustentable en el interior de la provincia

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