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Política

Un nuevo juicio político contra el camarista Enrique Pedicone ingresó a la Legislatura

Es por un supuesto accionar a favor de concesionaria de autos perteneciente a una la familia de una periodista como miembro de una organización «parajudicial». Caciques piden un jury de enjuiciamiento contra miembros de la Corte Suprema.

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El pasado viernes ingresaron en la Legislatura de Tucumán dos pedidos de Juicio Político : el abogado Alfredo Falú, por un lado, volvió a apuntar contra el camarista Enrique Pedicone por su accionar en la causa Factor SA; mientras que los Caciques del Consejo del Pueblo Diaguita solicitaron la destitución de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Claudia Sbdar, y del juez del máximo tribunal Daniel Posse por su accionar en el juicio por Prescripción Adquisitiva que impulsa Giselle Susana Courtade contra la Provincia de Tucumán.
El abogado Falú solicitó la «destitución y declaración de incapacidad para ocupar cargos a sueldo» del camarista Enrique Pedicone por «actos reprochables» en la causa «Factor S.A. s/asociación ilícita y otros delitos» donde se investiga al directorio de la firma por «reiteración de estafas organizadas cometidas en perjuicio de clientes de la empresa en operaciones de compraventa de vehículos con financiación, lo que encuadraría en las figuras de estafa, usura, evasión tributaria y asociación ilícita«.
A su vez, el documento sentencia a la periodista de La Gaceta, Irene Benito, de mantener un desempeño periodístico parcial y con falta de ética profesional a los efectos de favorecer la imagen pública del magistrado en cuestión.
El escrito presentado por Falú recuerda los antecedentes de la causa «Benito, Antonio Damaso s/estafa y retención indebida de documentación» y que allí «se determinó que en Factor SA se adulteraron las fechas de contratos de prenda y de pagarés extendidos por clientes para asegurar el pago de los saldos de precios de los vehículos adquiridos para eludir la prescripción de las acciones ejecutivas y lograr que prosperaran sus reclamos judiciales mediante el engaño a los jueces de documentos y locaciones intervinientes«.
El letrado Falú señaló que Factor SA «sería una empresa familiar de padres e hijos» y apunta que una de sus accionistas, Irene Benito, es al mismo tiempo  «quien se encarga de la cobertura de las noticias relacionadas al mundo judicial local del principal medio periodístico de Tucumán».
En ese sentido, recordó la causa «Benito, Giselle Irene y García Posse, Ramón Francisco s/defraudación art. 173 vict. Colegio de Abogados de Tucumán» en la que apunta que «los hechos parecen demostrar» que la citada periodista «integraría un grupo con varios otros participantes en el que por dinero, intercambio de favores, cuestiones personales u otros motivos a determinar, ésta tergiversa sus notas periodísticas en beneficio de los integrantes de dicho grupo y en perjuicio de quienes ellos entienden que se interponen a sus intereses» y aclara que «entre los que se puede citar a la mayoría de integrantes del MPF, del MPD y de aquellos que tengan o hayan tenido alguna relación con el Gobierno de Tucumán, del que dicho grupo es opositor».
«Es evidente que el accionar de Irene Benito de escribir o interceder en notas periodísticas sobre los magistrados que actúan o resuelven las causas penales o juicios civiles en los que son parte sus familiares directos o la empresa de la que es o era accionista, resulta a todas luces antiética»remarca el abogado, además de subrayar que en la causa Factor SA «se intentó desplazar al Dr. Maggio con el increíble argumento que Irene Benito fue autora de notas periodísticas críticas al mismo en La Gaceta, lo que es una desfachatez e inadmisible abuso de su posición en dicho medio, puesto que implica la afectación a su arbitrio de la imagen pública de magistrados en la prensa masiva para después intentar utilizar ese argumento para apartarlos, dejando a quienes considera afines o proclives al intercambio de favores, como sería el caso del Dr. Enrique Pedicone, quien intervino en la causa Factor favoreciendo escandalosamente a la familia de Giselle Irene Benito…mientras la periodista antes y después de ello intentó alevosamente promover la imagen pública de dicho magistrado en el medio para el que presta servicios».
La denuncia de Falú señala la existencia de «un grupo caracterizado por el intercambio de favores que estaría integrado por Irene Benito, Fransico García Posse, Arnaldo Ahumada, entre otros a determinar» al que «evidentemente se agregó a partir del año 2015 el denunciado Dr. Pedicone, quien es un reconocido enemigo del Ministro Público Fiscal Dr. E. Jiménez; tal como se desprende de la denuncia formulada por éste que motivó la causa ‘Pedicone, Enrique s/violación de los deberes de funcionario público art. 248 CP‘».
El denunciante sostiene que en la causa Factor SA «el Dr. Pedicone pretendió impedir la investigación que por ley le cabe al Ministerio Público Fiscal, declarando ab initio, es decir, antes de investigarse, la inocencia de los acusados de hechos graves y reiterados». «Esto es realmente inadmisible. No se trata de una interpretación de la ley dentro de los márgenes posibles, sino de una abierta afrenta a la ley y a su espíritu que frustra el sentido del sistema penal», advierte la denuncia de Falú.
«El Dr. Pedicone favoreció a la familia de su aliada G. Irene Benito y a la empresa Factor SA de la que ésta es o era accionista junto a su familia en el marco del intercambio de favores», recalca Falú, y señala que «no sorprende que unos meses después G. Irene Benito participe de un descomunal despliegue periodístico por una insólita denuncia del Dr. Pedicone en contra del Dr. D. Leiva en base a unas supuestas grabaciones clandestinas e ilegales, y por una inverosímil denuncia de acoso sexual en contra del Dr. D. Estofán quienes como miembros de nuestra Corte Suprema se atrevieron a «apercibir» al protegido Dr. Pedicone luego de que éste intentara celebrar la señalada audiencia indebida en los pasillos de tribunales«.
Los pedidos de destitución se resolverán de ahora en adelante en la comisión de Juicio Político del parlamento tucumano que preside el legislador Zacarías Khoder

 

 

Contra Sbdar y Posse
El mismo viernes, en tanto, los Caciques del Consejo del Pueblo Diaguita Santos Eugenio Pastrana, Rolando Florencio Frejenal, Jonathan Edgar Rueda, Antonio Guillermo Carrazano solicitaron a la comisión de Juicio Político de la Legislatura de Tucumán la remoción por el Jurado de Enjuiciamiento de la Dra. Claudia Beatriz Sbdar y del Dr. Daniel Oscar Posse, presidenta y vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán respectivamente, «por falta de cumplimiento de los deberes de su cargo«, además de «ignorancia inexcusable, actos de parcialidad manifiesta, reiteración de irregularidades en el procedimiento»en el juicio que Giselle Susana Courtade, madre de La periodista de La Gaceta Irene Benito, impulsa contra la Provincia de Tucumán por la prescricpión adquisitva de un inmueble en La Quebradita, Tafí del Valle.
El origen del planteo proviene del accionar de los miembros del máximo tribunal en el juicio «Courtade Giselle Susana vs Provincia de Tucumán s/prescripción adquisitiva» en el que -acusan- resolvieron «hacer lugar a la demanda en clara violación a la norma adjetiva y de fondo y en especial a los derechos de raigambre constitucional de los pueblos originarios«. La sentencia de la Corte Suprema lleva las firmas de la presidenta Sbdar y del vocal Posse, pero también de su par Antonio Estofán, quién no es mencionado en los pedidos de destitución presentados.

 

sentencia a favor de courtade

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Política

Reelección: Milei confirmó que ya tiene a su candidato a vicepresidente

En una entrevista concedida este domingo, el Presidente aseguró que ya definió a su compañero de fórmula para los comicios de 2027. Además ratificó que la reforma de la Carta Orgánica del BCRA será la prioridad legislativa del semestre.

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El presidente Javier Milei dejó una serie de definiciones políticas y económicas en declaraciones a la prensa este domingo, donde se confirmó que competirá por un segundo mandato en las elecciones de 2027 y reveló que ya eligió a su candidato de fórmula para vicepresidente, aunque mantuvo su nombre en reserva. Además, volvió a defender las principales reformas que impulsa el Gobierno, con eje en el BCRA y la estabilidad macroeconómica.

De este modo, tal como había expresado semanas atrás en un acto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Milei ratificó que buscará la reelección y sorprendió al afirmar que ya tiene definido quién lo acompañará en la fórmula presidencial.

De cara a un segundo mandato, el Presidente señaló que «Ahora la Argentina está creciendo y los esfuerzos del Gobierno están puestos en acelerar lo más posible ese crecimiento con los únicos instrumentos que la historia demostró efectivos: la desregulación y la baja de impuestos». Por eso, Milei remarcó: «De aquí en adelante, nuestro único mandato es seguir acelerando en este sendero, tan rápido como la realidad nos lo permita».

Milei confirmó que ya tiene compañero de fórmula para las elecciones, pero prefirió no dar su nombre.

Milei confirmó que ya tiene compañero de fórmula para las elecciones, pero prefirió no dar su nombre.

Milei buscará la reelección en 2027: “Voy a tener cuatro años más”

Semanas atrás, en un discurso de fuerte contenido económico y político en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Javier Milei había confirmado su intención de competir por un segundo mandato en las próximas elecciones presidenciales. “Voy a terminar este mandato, voy a ser reelecto y voy a tener cuatro años más”, sentenció el mandatario.

Las aseveraciones de Milei ante el auditorio de la Bolsa de Comercio, también tuvieron un tinte económico, al asegurar que su gestión está sentando las bases para «100 años de liberalismo». Hacia el final de su intervención, el jefe de Estado lanzó una ambiciosa promesa: si logra la reelección y se mantiene el crecimiento actual, para el año 2031 su Gobierno habrá devuelto a los argentinos 500.000 millones de dólares mediante bajas de impuestos.

En La Libertad Avanza tantean a Diego Santilli de candidato para CABA

La guerra fría entre La Libertad Avanza y el PRO por la disputa de la Ciudad de Buenos Aires abre un nuevo e inquietante capítulo. En medio de las negociaciones y las señales cruzadas entre ambos bandos, en Casa Rosada ahora analizan la posibilidad de que Diego Santilli sea candidato a Jefe de Gobierno porteño en 2027.

Luego de la caída de Manuel Adorni, principal referente de LLA en CABA hasta que detonaron las denuncias por enriquecimiento ilícito, los libertarios sufrieron un vacío político en el distrito donde Pilar Ramírez es la jefa del partido bajo la tutela de Karina Milei. Esa falta de un liderazgo libertario nítido en la Ciudad fue aprovechada por el PRO para reflotar la posibilidad de un acuerdo electoral en 2027, un escenario que en el gobierno nacional no descartan pero que ni el Presidente ni su hermana terminan de digerir.

Por eso, y a la espera de que se defina el calendario electoral en la provincia de Buenos Aires, en el Gobierno no descartan la posibilidad de que Santilli sea candidato a jefe de gobierno porteño. Una maniobra que sirve tanto para negociar un eventual acuerdo de unidad con el PRO de Mauricio Macri no sólo en CABA sino también a nivel nacional. Más teniendo en cuenta el sorprendente lanzamiento a presidente por de Hernán Lacunza, exministro de Economía del último tramo de la gestión Cambiemos, cuando el dólar se devaluó casi un 400%.

En La Libertad Avanza tomaron nota de los gestos bélicos emitidos desde el PRO en el inicio de la campaña electoral para 2027. También María Eugenia Vidal salió a clamar por una candidatura presidencial de Macri para competir con Milei. Y hasta avaló la postulación suplente de Lacunza en el caso de que el jefe del PRO no sea candidato. “Si Mauricio no quiere, me parece muy bien. Tiene vocación, en buena hora, el PRO tiene que tener un candidato a presidente propio”, advirtió la ex gobernadora. /Ámbito/

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Política

Docentes y estatales: agosto arranca con paros y una agenda de protestas caliente

El lunes 3 se conjugan dos huelgas de alcance nacional —ATE y CTERA— en rechazo a la política salarial y educativa del Gobierno; la escalada de reclamos se extenderá durante todo el mes con eje en el Congreso y las calles de Buenos Aires

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El Gobierno de Javier Milei afronta un agosto cargado de tensión sindical. A nivel nacional, una serie de paros y movilizaciones impulsados por gremios estatales, docentes y organizaciones sociales pondrán a prueba la relación entre la Casa Rosada y el mundo del trabajo, en un contexto donde la popularidad del mandatario libertario retrocede en las encuestas y la economía atraviesa un momento delicado.

El lunes que enciende la mecha

Todo comienza este lunes 3 de agosto, justo el día en que se reanudan las clases tras el receso invernal. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó un paro nacional con movilización al Ministerio de  Economía, en reclamo de un aumento salarial de emergencia y en rechazo a lo que denuncian como un vaciamiento de organismos públicos con despidos incluidos.

Ese mismo día, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) suma su propia huelga de alcance nacional. Desde el gremio docente sostienen que la medida responde a la negativa persistente del Ejecutivo a convocar la paritaria nacional docente, lo que —según remarcan— vulnera la legislación vigente y cierra un espacio clave para discutir salarios, condiciones laborales e inversión en educación.

 

La CGT también se suma al reclamo 
Los sindicatos docentes nucleados en la CGT no se quedan al margen. Sergio Romero, titular de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), adelantó que el sector presentará un plan de lucha para todo agosto, con clases informativas, protestas callejeras, volanteadas y una eventual movilización al Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello.

Romero fue contundente al señalar que la decisión surge de una crisis educativa sostenida, producto —a su juicio— del desentendimiento del Gobierno nacional. Aunque reconoció capacidad de escucha en el equipo de Pettovello, apuntó que las soluciones de fondo para el futuro de los estudiantes no llegan.

Congreso y San Cayetano, los otros focos calientes

La agenda de protestas no se agota ahí. El jueves 6 de agosto, cuando el Senado debata la Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada, la CGT, las dos CTA y la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se movilizarán en los alrededores del Congreso, con la adhesión esperada de organizaciones estudiantiles.

Un día después, el 7 de agosto, esas mismas agrupaciones confluirán en el barrio porteño de Liniers para la tradicional marcha de San Cayetano. En el arco social ya circula la expectativa de que se trate de la movilización más importante de la década, en momentos en que crece el malestar social hacia la gestión libertaria.

La respuesta del Gobierno

Desde la Casa Rosada minimizaron el impacto de estas acciones, a las que consideran impulsadas por sectores que forman parte de la oposición. Sin embargo, le advirtieron directamente a CTERA que el paro del lunes deberá garantizar el 75% de la prestación habitual del servicio, bajo apercibimiento de sanciones.

El Ejecutivo invocó la vigencia de la Ley N.° 27.802 de Modernización Laboral, que declara a la educación como servicio esencial. Según precisó el Ministerio de Capital Humano, el artículo 101 de esa norma obliga a asegurar una cobertura mínima del 75% durante las medidas de fuerza, con el objetivo de evitar la interrupción total de las clases y resguardar el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles.

Con el arranque de clases y el debate legislativo por la propiedad privada como telón de fondo, agosto se perfila como un mes de máxima tensión entre el Gobierno nacional y los sectores que ya anticipan un calendario de protestas sin pausa.

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Política

El Gobierno presiona a Ctera por el paro docente del lunes

Exigió “una cobertura mínima” de clases y advirtió que aplicará sanciones a quienes adhieran.

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El Ministerio de Capital Humano advirtió que el gremio Ctera deberá garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual en las aulas durante el paro docente nacional previsto para este lunes 3 de agosto y que su incumplimiento derivará en sanciones.

En un comunicado, la cartera que conduce Sandra Pettovello recordó que la Ley de Modernización Laboral consideró a la educación un servicio esencial por lo que se debegarantizar los servicios mínimos y los porcentajes de operatividad previstos para evitar la interrupción total.

“El incumplimiento por parte de las entidades sindicales será sancionado por los medios legales aplicables”, advirtió el Gobierno.

De esta manera, Capital Humano reafirmó su compromiso con la continuidad del servicio educativo y el cumplimiento de la legislación vigente “promoviendo así que se pueda acceder a la educación aún durante las medidas de fuerza”.

Paro docente nacional: cuáles son los principales reclamos de Ctera al Gobierno

Bajo la consigna “Basta de ajuste a la educación”, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) convocó a un paro docente nacional para este lunes 3 de agosto. La decisión sindical responde a la “permanente negativa” del Gobierno de llamar a una mesa paritaria nacional.

“Mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación”, sostuvieron en un comunicado.


Paro docente nacional: cuáles son los principales reclamos de Ctera al Gobierno.

No habrá clases en los niveles inicial, primario y secundario. Algunas instituciones privadas podrían dictar clases con normalidad, aunque los gremios anticipan una alta adhesión en todo el sistema educativo.

El gremio que encabeza Sonia Alesso informó que la medida de fuerza se realiza “en defensa de los derechos de los docentes” y detallaron los principales reclamos:

• Restitución del FONID y pago de los fondos nacionales destinados a la educación.

• Convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente.

• La sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

• El rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa.

El paro docente se enmarca en una intensa jornada de protestas contra el Gobierno. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional con movilización ese mismo día al Ministerio de Economía para reclamar un aumento salarial de emergencia y denunciar el vaciamiento de organismos públicos y los despidos en el Estado. /TN

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