El gobierno de Javier Milei no renovó las acreditaciones de todos los periodistas que trabajan en Casa Rosada, luego de una denuncia presentada porCasa Militar, por lo que la Sala de Periodistas quedó cerrada y ningún comunicador ha podido acceder a la sede de la Presidencia ya que sus huellas dactilares fueron eliminadas del sistema de ingreso.
Política
Un nuevo juicio político contra el camarista Enrique Pedicone ingresó a la Legislatura
Es por un supuesto accionar a favor de concesionaria de autos perteneciente a una la familia de una periodista como miembro de una organización «parajudicial». Caciques piden un jury de enjuiciamiento contra miembros de la Corte Suprema.
El pasado viernes ingresaron en la Legislatura de Tucumán dos pedidos de Juicio Político : el abogado Alfredo Falú, por un lado, volvió a apuntar contra el camarista Enrique Pedicone por su accionar en la causa Factor SA; mientras que los Caciques del Consejo del Pueblo Diaguita solicitaron la destitución de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Claudia Sbdar, y del juez del máximo tribunal Daniel Posse por su accionar en el juicio por Prescripción Adquisitiva que impulsa Giselle Susana Courtade contra la Provincia de Tucumán.
El abogado Falú solicitó la «destitución y declaración de incapacidad para ocupar cargos a sueldo» del camarista Enrique Pedicone por «actos reprochables» en la causa «Factor S.A. s/asociación ilícita y otros delitos» donde se investiga al directorio de la firma por «reiteración de estafas organizadas cometidas en perjuicio de clientes de la empresa en operaciones de compraventa de vehículos con financiación, lo que encuadraría en las figuras de estafa, usura, evasión tributaria y asociación ilícita«.
A su vez, el documento sentencia a la periodista de La Gaceta, Irene Benito, de mantener un desempeño periodístico parcial y con falta de ética profesional a los efectos de favorecer la imagen pública del magistrado en cuestión.
El escrito presentado por Falú recuerda los antecedentes de la causa «Benito, Antonio Damaso s/estafa y retención indebida de documentación» y que allí «se determinó que en Factor SA se adulteraron las fechas de contratos de prenda y de pagarés extendidos por clientes para asegurar el pago de los saldos de precios de los vehículos adquiridos para eludir la prescripción de las acciones ejecutivas y lograr que prosperaran sus reclamos judiciales mediante el engaño a los jueces de documentos y locaciones intervinientes«.
El letrado Falú señaló que Factor SA «sería una empresa familiar de padres e hijos» y apunta que una de sus accionistas, Irene Benito, es al mismo tiempo «quien se encarga de la cobertura de las noticias relacionadas al mundo judicial local del principal medio periodístico de Tucumán».
En ese sentido, recordó la causa «Benito, Giselle Irene y García Posse, Ramón Francisco s/defraudación art. 173 vict. Colegio de Abogados de Tucumán» en la que apunta que «los hechos parecen demostrar» que la citada periodista «integraría un grupo con varios otros participantes en el que por dinero, intercambio de favores, cuestiones personales u otros motivos a determinar, ésta tergiversa sus notas periodísticas en beneficio de los integrantes de dicho grupo y en perjuicio de quienes ellos entienden que se interponen a sus intereses» y aclara que «entre los que se puede citar a la mayoría de integrantes del MPF, del MPD y de aquellos que tengan o hayan tenido alguna relación con el Gobierno de Tucumán, del que dicho grupo es opositor».
«Es evidente que el accionar de Irene Benito de escribir o interceder en notas periodísticas sobre los magistrados que actúan o resuelven las causas penales o juicios civiles en los que son parte sus familiares directos o la empresa de la que es o era accionista, resulta a todas luces antiética», remarca el abogado, además de subrayar que en la causa Factor SA «se intentó desplazar al Dr. Maggio con el increíble argumento que Irene Benito fue autora de notas periodísticas críticas al mismo en La Gaceta, lo que es una desfachatez e inadmisible abuso de su posición en dicho medio, puesto que implica la afectación a su arbitrio de la imagen pública de magistrados en la prensa masiva para después intentar utilizar ese argumento para apartarlos, dejando a quienes considera afines o proclives al intercambio de favores, como sería el caso del Dr. Enrique Pedicone, quien intervino en la causa Factor favoreciendo escandalosamente a la familia de Giselle Irene Benito…mientras la periodista antes y después de ello intentó alevosamente promover la imagen pública de dicho magistrado en el medio para el que presta servicios».
La denuncia de Falú señala la existencia de «un grupo caracterizado por el intercambio de favores que estaría integrado por Irene Benito, Fransico García Posse, Arnaldo Ahumada, entre otros a determinar» al que «evidentemente se agregó a partir del año 2015 el denunciado Dr. Pedicone, quien es un reconocido enemigo del Ministro Público Fiscal Dr. E. Jiménez; tal como se desprende de la denuncia formulada por éste que motivó la causa ‘Pedicone, Enrique s/violación de los deberes de funcionario público art. 248 CP‘».
El denunciante sostiene que en la causa Factor SA «el Dr. Pedicone pretendió impedir la investigación que por ley le cabe al Ministerio Público Fiscal, declarando ab initio, es decir, antes de investigarse, la inocencia de los acusados de hechos graves y reiterados». «Esto es realmente inadmisible. No se trata de una interpretación de la ley dentro de los márgenes posibles, sino de una abierta afrenta a la ley y a su espíritu que frustra el sentido del sistema penal», advierte la denuncia de Falú.
«El Dr. Pedicone favoreció a la familia de su aliada G. Irene Benito y a la empresa Factor SA de la que ésta es o era accionista junto a su familia en el marco del intercambio de favores», recalca Falú, y señala que «no sorprende que unos meses después G. Irene Benito participe de un descomunal despliegue periodístico por una insólita denuncia del Dr. Pedicone en contra del Dr. D. Leiva en base a unas supuestas grabaciones clandestinas e ilegales, y por una inverosímil denuncia de acoso sexual en contra del Dr. D. Estofán quienes como miembros de nuestra Corte Suprema se atrevieron a «apercibir» al protegido Dr. Pedicone luego de que éste intentara celebrar la señalada audiencia indebida en los pasillos de tribunales«.
Los pedidos de destitución se resolverán de ahora en adelante en la comisión de Juicio Político del parlamento tucumano que preside el legislador Zacarías Khoder
Contra Sbdar y Posse
El mismo viernes, en tanto, los Caciques del Consejo del Pueblo Diaguita Santos Eugenio Pastrana, Rolando Florencio Frejenal, Jonathan Edgar Rueda, Antonio Guillermo Carrazano solicitaron a la comisión de Juicio Político de la Legislatura de Tucumán la remoción por el Jurado de Enjuiciamiento de la Dra. Claudia Beatriz Sbdar y del Dr. Daniel Oscar Posse, presidenta y vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán respectivamente, «por falta de cumplimiento de los deberes de su cargo«, además de «ignorancia inexcusable, actos de parcialidad manifiesta, reiteración de irregularidades en el procedimiento»en el juicio que Giselle Susana Courtade, madre de La periodista de La Gaceta Irene Benito, impulsa contra la Provincia de Tucumán por la prescricpión adquisitva de un inmueble en La Quebradita, Tafí del Valle.
El origen del planteo proviene del accionar de los miembros del máximo tribunal en el juicio «Courtade Giselle Susana vs Provincia de Tucumán s/prescripción adquisitiva» en el que -acusan- resolvieron «hacer lugar a la demanda en clara violación a la norma adjetiva y de fondo y en especial a los derechos de raigambre constitucional de los pueblos originarios«. La sentencia de la Corte Suprema lleva las firmas de la presidenta Sbdar y del vocal Posse, pero también de su par Antonio Estofán, quién no es mencionado en los pedidos de destitución presentados.
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