En el marco del juicio por la expropiación de YPF, la jueza de la corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, resolvió rechazar la solicitud presentada por Argentina para suspender el proceso de discovery. El pedido había sido formulado por el Estado argentino mientras se aguarda la resolución de la Corte de Apelaciones en la causa principal y se espera que el país apele el fallo.

En los últimos días, los beneficiarios de la sentencia por el caso YPF solicitaron a la jueza Preska la convocatoria de una Audiencia Probatoria, con el objetivo de que el Tesoro argentino demuestre que realmente no dispone de información sobre la localización y administración del oro soberano.

La semana pasada, la defensa argentina había presentado una declaración jurada en el tribunal de Preska referida a las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA), argumentando que estos activos gozan de inmunidad y no pueden ser ejecutados judicialmente en Estados Unidos ni en otras jurisdicciones, independientemente de eventuales requerimientos de discovery. El documento, firmado por José Ignacio García Hamilton, secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Economía, expone que se recabó información en el Ministerio de Economía, el Ministerio de Seguridad y el propio BCRA.

La posición del BCRA, reflejada en el documento, sostiene que revelar datos sobre la localización de las cuentas donde se custodian las reservas de oro pondría en riesgo la política monetaria y la seguridad financiera del país. La autoridad monetaria subrayó que la administración de estos activos es una atribución propia de su carácter de ente autárquico, por lo que responder a solicitudes de este tipo impactaría negativamente en su autonomía institucional.

Fuentes oficiales remarcaron que “las reservas del BCRA gozan de inmunidad y no están sujetas a ejecución en los Estados Unidos, en la Argentina ni en ningún otro país, con independencia de cualquier solicitud de discovery”. A la vez, sostuvieron que “cualquier información relacionada con la ubicación geográfica pasada, presente o futura de las cuentas que utiliza para mantener sus activos de reserva en custodia podría afectar la política monetaria y cambiaria implementada, el respaldo de los depósitos y la seguridad del propio sistema financiero”.

La declaración jurada firmada por el secretario Legal y Técnico de Economía precisó el alcance de la información disponible por parte del Estado argentino y fundamentó el criterio de reserva adoptado para la protección de datos sensibles. El Banco Central afirmó que divulgar detalles sobre la ubicación del oro afectaría tanto la política de seguridad como la autonomía institucional, y que hacerlo sería contrario al interés público.

En el escrito también intervino la Procuración del Tesoro, que enfatizó que la administración de las reservas corresponde exclusivamente al Banco Central y que entregar esa información comprometería la independencia funcional del organismo. El principio de confidencialidad, según argumentaron, responde a la necesidad de proteger la seguridad, el respaldo de los depósitos y el funcionamiento del sistema financiero.

Los demandantes solicitaron que Argentina identificara la localización, las cuentas y el historial de las reservas de oro, además de requerir la presencia de un funcionario idóneo. Si el Estado alegaba carecer de acceso a esos datos por estar bajo control del Banco Central, los fondos reclamaron la realización de una audiencia con funcionarios que tuvieran conocimiento directo sobre el tema.

Una explosión de gran magnitud de un camión que transportaba gas provocó el jueves la muerte de al menos cuatro personas y dejó 20 heridos en Santiago, capital de Chile, según informaron las autoridades del país transandino.

Una decena de personas tuvo heridas de consideración y tuvo que ser derivadas a hospitales en estado de extrema gravedad. Cuatro de ellos con más del 50% de su cuerpo quemado.

En tanto, otras diez personas llegaron por sus propios medios a los centros médicos.

Todavía no están claras las causas del accidente. La explosión generó una gran columna de humo, visible desde distintos puntos de la capital, reportó la agencia AFP.

Según trascendió, la bombona del camión se fisuró luego del vuelco, una situación que generó la expansión del gas y a continuación la ignición a partir de una chispa.

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La nube de gas se expandió hasta aproximadamente 800 metros a la redonda. Y de hecho la magnitud del incidente fue tal que las llamas derritieron las cámaras de seguridad que captaron las imágenes. El equipo de Bomberos que trabajó en el lugar determinó en 840 grados la temperatura en el centro de la explosión, indicó el sitio BioBio.

El general de policía Víctor Vielma indicó que la explosión alcanzó “a algunos vehículos que se encontraban al interior de un recinto colindante y afectó un domo existente en el sector”.

El accidente ocurrió el viernes por la mañana, pero recién a las 9 de la noche, el general Víctor Vielma, jefe de Tránsito y Carreteras de Carabineros, confirmó que la situación estaba controlada. Para entonces, se había podido liberar el gas que se mantenía en la bombona del camión por medio de una válvula, imprescindible para evitar nuevas explosiones.

La explosión dejó 99 vehículos destruidos.

Hipótesis

Si bien todavía está bajo investigación qué ocurrió finalmente, una de las tesis que circuló es un supuesto exceso de velocidad por parte del camión, propiedad de Gasco.

Según señala BioBio, el accidente tuvo lugar en la cercanía a la curva que conecta la ruta 5 con la Autopista General Vazquez, un espacio conocido como la “ruta de la muerte”.

Esta área tiene como límite de velocidad los 70 km/h. No obstante, la prensa chilena señala que los vehículos suelen superar esa velocidad hasta llegar incluso a los 100 km/h.

Tras el estallido, desde la Confederación Nacional de Transporte de Carga remarcaron la necesidad de controles permanentes y de una modernización profunda de la infraestructura.

El 90% de la carga de Chile se mueve por camión, de acuerdo con datos de las empresas transportistas chilenas.

 

Tras lo sucedido, la empresa propietaria del camión será investigada. Según publicó BioBio, el exfiscal Rodrigo Ríos indicó que se deberá establecer si hubo negligencia en el cumplimiento de los reglamentos.

Con información de AFP

Andrew Mountbatten Windsor, el hoy ex príncipe Andrés y hermano menor del rey Carlos III de Inglaterra, fue arrestado este jueves bajo sospecha de mala conducta en un cargo público en el marco del caso Epstein.

La policía informó que el hermano del rey Carlos está bajo custodia y que los agentes estaban realizando registros en domicilios de Berkshire y Norfolk, en Inglaterra. Fotos muestran la llegada de vehículos a la finca de Sandringham en Norfolk durante la mañana.

Esto ocurre después de que la Policía de Thames Valley informara que estaba evaluando una denuncia sobre el presunto intercambio de material confidencial por parte del ex príncipe con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La Policía de Thames Valley ha estado investigando estas acusaciones contra Andrew, en particular, según dice la BBC, denuncias de que Jeffrey Epstein envió a una segunda mujer al Reino Unido para mantener un encuentro sexual con el entonces príncipe.

Andrew, que cumple este jueves 66 años, ha negado sistemática y enérgicamente cualquier irregularidad. Sin embargo, su amistad con Jeffrey Epstein –un magnate financiero,​ agresor sexual infantil y traficante de personas estadounidense, muerto en prisión en 2019– le costó la expulsión de la casa real y de todos sus títulos.

Andrés habría tenido relaciones con una menor de edad, Virginia Giuffre, una joven que formaba parte de la red de tráfico sexual que manejaba Epstein.

Giuffre se suicidó el 25 de abril de 2025 a los 41 años en su casa de Neergabby, Australia Occidental, luego de escribir una memorias en las que describe sus encuentros con Andrew cuando ella era una adolescente.

En las memorias, ella dice haber mantenido relaciones sexuales con el príncipe Andrés en tres ocasiones distintas, incluyendo una con Epstein y aproximadamente otras ocho jóvenes.

El príncipe Andrés, quien llegó a un acuerdo económico con Giuffre en 2022, siempre ha negado haber cometido algún delito.

Según informan los medios británicos, el tiempo máximo que se puede retener al ex príncipe es de 96 horas, pero esto requeriría múltiples prórrogas por parte de altos mandos policiales y un Tribunal de Magistrados.

En la mayoría de los casos, los sospechosos permanecen detenidos entre 12 y 24 horas y luego son acusados ​​o puestos en libertad en espera de una investigación más exhaustiva.