Ni estabilidad, ni educación formal asegurada, ni margen para proyectar. En la Argentina actual, casi la mitad de los jóvenes de entre 18 y 29 años vive bajo condiciones de vulnerabilidad social. El dato surge del informe Jóvenes vulnerables en la Argentina: Condiciones de vida, creencias y expectativas sobre el futuro, elaborado en el marco del Proyecto de Investigación y Desarrollo en Áreas Estratégicas (PIDAE-UBA).

La investigación, basada en una encuesta presencial realizada a 1.002 jóvenes, encendió las alarmas de los especialistas al visibilizar la profunda desconexión de esta población con los dos grandes motores de integración histórica: la escuela y el mercado laboral. Geográficamente, el drama es federal: el 27% de los afectados reside en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que el 73% restante se distribuye en el interior del país.

El núcleo más crítico: el fenómeno del «Triple Ni»

Uno de los aportes más preocupantes del estudio es la consolidación de un núcleo duro de exclusión. Mientras que el universo de los «Ni-Ni» (quienes no estudian ni trabajan) alcanza a 2 de cada 10 jóvenes vulnerables, la UBA detectó la ramificación de un componente aún más grave: los «Triple Ni».

Este segmento representa a un tercio de la población juvenil vulnerable; se trata de chicos que no estudian, no trabajan y ya no buscan empleo. «Estamos frente a una franja social alejada de toda red de pertenencia, reconocimiento e integración social», explicó Juan Cruz Esquivel, director de la investigación, profesor de la UBA e investigador principal del Conicet. Dentro del total de desocupados de la muestra, solo 4 de cada 10 mantienen una búsqueda laboral activa.

Trabajo precarizado y abandono escolar

Para el 70% de los encuestados que sí tiene una ocupación, la realidad  económica dista de ser una solución. El empleo se concentra principalmente en rubros de alta informalidad como el comercio, la construcción y las tareas de cuidado.

El informe detalla la radiografía de la precariedad:

• Solo el 18,9% de los que trabajan accede a un puesto registrado o parcialmente registrado (apenas el 10% del total general).
• El 76,1% se desempeña en la informalidad absoluta o el cuentapropismo (limpieza, venta ambulante o digital).
• El 57% afirma que sus ingresos mensuales no alcanzan para cubrir la canasta básica.
• El 78% carece de cobertura médica privada o social, por lo que depende exclusivamente del sistema de salud pública.

Esta alarmante inserción laboral se explica en gran medida por la deserción escolar. Seis de cada diez jóvenes vulnerables no completaron el colegio secundario, mientras que apenas el 6,7% accedió a estudios terciarios o universitarios.

La imposibilidad de planificar a mediano plazo debido a las restricciones económicas y las responsabilidades en hogares numerosos (el 46,2% vive en casas con 5 o más integrantes) ha erosionado la salud mental de este segmento. El malestar psicológico se transformó en una experiencia cotidiana: más del 70% manifiesta sufrir ansiedad o problemas de nervios frecuentes, el 50% padece desgano o depresión, y un 30% reconoce tener consumos problemáticos de alcohol, tabaco o drogas.

«Durante décadas, educación y trabajo funcionaron como etapas de un mismo recorrido. Hoy ese vínculo se ha resquebrajado y el esfuerzo ya no garantiza movilidad social», concluyó Esquivel, marcando la dura paradoja de una generación que no pierde el deseo de progresar, pero que ve cómo se derrumban las oportunidades estructurales para lograrlo.

En solo seis días de julio, desde el pasado jueves 16, los incendios forestales arrasaron cerca de 8.000 hectáreas en distintas localidades de la provincia. El avance del fuego causó la muerte de un hombre de 38 años en Nazareno y damnificó a decenas de familias con la pérdida de viviendas, animales de cría, instalaciones rurales y zonas de pastoreo. La superficie asolada hasta ayer equivalía a la mitad de las 16.000 hectáreas quemadas durante toda la temporada de incendios de 2025.

«Este año los vientos fuertes se adelantaron respecto al promedio histórico», remarcó el subsecretario de Defensa Civil de la Provincia, Gonzalo Rodríguez. Este dato merece especial atención no solo de los organismos de seguridad y protección ciudadana, sino de la sociedad toda: los riesgos no solo se acrecientan con las heladas invernales que secan la vegetación y fenómenos estacionales como el viento Zonda. Los ominosos saldos que deja el fuego año tras año tienen como detonante a conductas humanas cargadas de desconocimiento, negligencia e irresponsabilidad.

En base a los registros estadísticos, en años anteriores las alertas por vientos e incendios irrumpieron generalmente en agosto. El año pasado las emergencias se concentraron el primer día de ese mes y se repitieron el 20. En el presente invierno, la mayor cantidad de focos ígneos se propagó en áreas suburbanas del Valle de Lerma y zonas de alta montaña entre Nazareno e Iruya el 16 de julio.

La Cámara de Apelaciones de Washington falló en contra de la Argentina en el juicio que mantiene con el fondo buitre Titan Consortium, por la expropiación de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas.

La demanda se originó en 2008 debido a la expropiación de la aerolínea de bandera, dispuesta por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

En 2017, un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) dictó un laudo condenando al país a pagar aproximadamente US$321 millones (más intereses y costas) en reclamo por la expropiación de las participaciones accionarias en Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur hace 18 años.

Luego del pedido de anulación del laudo por parte de la Argentina, finalmente quedó firme en 2019. Tiempo después, Titán Consortium -la firma que adquirió los derechos económicos derivados del laudo como cesionario de Teinver y otros- presentó una petición de reconocimiento y ejecución del laudo ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia en 2021.

En 2024, la Corte de Distrito rechazó la aplicación del plazo de prescripción de 3 años invocado por Argentina y resolvió que el plazo aplicable es de 12 años. Luego de ello, reconoció el laudo CIADI por un monto de US$390.907.115,55 al 10 de diciembre de 2024 (fecha de la sentencia) sumado a intereses posteriores a la sentencia.

El año pasado Argentina apeló, invocando un plazo de prescripción de 3 años frente al de 12 determinado en primera instancia, y la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia confirmó hoy la decisión de primera instancia, indicando que el plazo aplicable es el de 12 años por el monto final de más de US$390 millones.

Desde la Procuración del Tesoro informaron a la Agencia Noticias Argentinas que se encuentran analizando «todas las herramientas legales disponibles para revertir o al menos mitigar el impacto de esa sentencia» y señalaron que la causa se origina «en la herencia que arrastramos por décadas, producto de políticas estatistas y del costo institucional de volver a levantar un país que heredamos con más de US$30.000 millones en deudas por juicios perdidos.»

Agencia NA