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Política

Salta se suma al reclamo en la Justicia por quita de fondos

Aumenta la grilla de distritos que fueron a los Tribunales para reclamar podas del Estado nacional. Subsidios al transporte público y el FONID, principales reclamos.

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La provincia de Salta se sumó al lote de provincias que habiendo agotado la vía del diálogo tomaron la decisión de recurrir a la Justicia para reclamar fondos que el Gobierno nacional les dejó de girar desde que Javier Milei está en la Casa Rosada. La grilla de los distritos que eligieron este camino está integrada ahora por Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Santiago del Estero, Misiones y ahora la provincia que gobierna Gustavo Sáenz.

El dato sobresaliente del recurso presentado por el salteño radica en que, en los últimos ocho días, se reunió en dos ocasiones con el ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos. La semana pasada en su provincia, cuando estuvo acompañado por sus pares de Catamarca, Jujuy, Misiones y Tucumán; y este último martes en la Casa Rosada. Pareciera que fueron en vano los encuentros porque hoy la fiscalía de Estado salteña anunció que presentará en las próximas horas en la Justicia, un recurso para que la Nación cumpla con el envío de fondos para del FONID, el transporte público, programas de salud, de desarrollo social, para educación y obras públicas. De acuerdo al gobierno, «a pesar de que los recursos están previstos en leyes o en acuerdos y convenios firmados».Informate más

En el arranque de la semana, la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) salteña, a cargo de Marcelo Ferraris, reclamó al secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, que se haga efectivo el pago de los subsidios nacionales. Desde este último lunes, el boleto mínimo es de $490 en esta provincia pero Sáenz advirtió que sin el subsidio nacional, podría subir a alrededor de $1.000.

En una entrevista con Ámbito, el gobernador pampeano Sergio Ziliotto fue consultado sobre si recurrió a los Tribunales por la quita de los fondos. «Nosotros presentamos un amparo ante la Corte Suprema directamente, la semana pasada, para que nos restituyan el Fondo Compensado de Transporte», fue su respuesta. Y en relación al FONID, indicó: «Nuestros legisladores nacionales presentaron un proyecto en el Congreso Nacional, que esperemos que se trate en marzo. Que debatan los actores políticos para que realmente todos demostremos si estamos a favor o no, de poner a la educación como eje del futuro de la sociedad argentina».

Hace dos semanas, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, interpuso una cautelar ante la Justicia Federal para pedir el pago del subsidio nacional al transporte público de pasajeros. El requerimiento fue acompañado por el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, de Unión por la Patria, quien indicó que «esa zona fue la más perjudicada por la medida». Y hace unos días el juez federal Hugo Sastre, de Rawson, hizo lugar a una medida promovida por Torres y dispuso que cese la retención de la coparticipación ordenada por la Casa Rosada, por una deuda que mantiene Chubut. La decisión generó un duro enfrentamiento entre el gobernador y el presidente Milei, que derivó en que todos los mandatarios patagónicos se solidarizaran con su par, en primer lugar, y luego el resto de los jefes provinciales, excepto Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y el misionero Hugo Passalacqua.

«Una gravedad inédita»

Otro que eligió la vía judicial fue el bonaerese Axel Kicillof, quien anunció en una conferencia de prensa que denunciará ante la Corte Suprema de Justicia la eliminación del Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires que ordenó el gobierno de Javier Milei. La decisión de Barcarce 50 se produjo unos días después de la escalada de tensión que la semana pasada tuvo como protagonista a Torres y el Jefe de Estado por la asfixia con la retención de envíos de recursos coparticipables. «Estamos ante una gravedad inédita, ante un presidente que deserta de sus obligaciones elementales. Se roba los recursos de las provincias», expresó Kicillof.

En la primera semana de febrero, el riojano Ricardo Quintela fue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la retención de fondos coparticipables. La Rioja busca, de acuerdo a su recurso presentado, que «el Estado Nacional-Jefatura de Gabinete de Ministros transfiera a la Provincia de La Rioja la suma de pesos nueve mil trescientos millones ($ 9.300.000.000) debidamente actualizada por el Índice de precios al consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) prevista por el artículo 83 de la ley 27.701 correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2023, como así también, que transfiera a la Provincia de La Rioja la suma de pesos cuarenta y siete mil millones ($ 47.000.000.000) debidamente actualizada por el Índice de precios al consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) mediante el sistema de ‘goteo diario de fondos coparticipables’’ o bien subsidiariamente, en doce (12) cuotas mensuales y equivalentes correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2024».

«No son los gobiernos provinciales los afectados”

El que tampoco quiso quedarse afuera fue el santiagueño Gerardo Zamora. El 14 de este mes, tras una reunión de su gabinete, se comunicó que esa provincia tomó la decisión de acudir a la Justicia para reclamar el envío de fondos suspendido por parte del Estado nacional, como los el subsidio al transporte público y el FONID, entre otros. «No son los gobiernos provinciales los afectados, son los docentes que dejan de percibir esos montos, son los usuarios del transporte público de pasajeros, son los trabajadores y estudiantes a lo largo y ancho del país, ya que, por la eliminación del subsidio al transporte, significa un fuerte incremento en el precio del boleto en todas las ciudades del interior», se indicó.

Así como sorprendió la movida Sáenz, también lo fue la Passalacqua la semana. Aun cuando el viernes de la semana pasada evitó solidarizarse con Ignacio Torres, como sí lo hicieron casi todos los gobernadores, ese mismo día presentó una demanda contra el Gobierno nacional, también ante la Corte Suprema de Justicia. Tres días antes había estado en Salta en una minicumbre con Francos en la que no hubo respuestas contantes y sonantes, como pretendían los mandatarios.

La movida del misionero contiene un pedido de medida cautelar para exigir «el cobro inmediato de los fondos adeudados que le corresponden a Misiones en el marco de las leyes 25.053 (FONID) y 26.075 (Conectividad y Garantía Salarial nacionales)». La presentación, según Passalacqua, es «para asegurar la continuidad del pago de los mismos de aquí en adelante, tal como lo contemplan las leyes citadas». /Ámbito/

Política

Jaldo se refirió a la demanda de la oposición: “El primer testigo que vamos a llamar es Juan Manzur»

«Manzur va a volver a declarar en la provincia de Tucumán. Y capaz que no solo volver sino también devolver. Así que él va a venir a la provincia de Tucumán”, remarcó Jaldo.

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Durante una conferencia de prensa en la que rechazó la demanda de la oposición contra el artículo 90 de la Constitución de Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo también dirigió críticas al senador Juan Manzur y a otros dirigentes opositores. El mandatario sostuvo que la presentación judicial busca apartarlo de la competencia electoral de 2027 y afirmó que Manzur será convocado como testigo en el proceso.

Jaldo calificó la acción judicial como una maniobra política “para sacar de la cancha” a quien, según dijo, ganará las próximas elecciones. Al cerrar la conferencia, planteó: “En este juicio al primer testigo que vamos a llamar es a Juan Manzur”.

Las críticas a la Convención Constituyente

Durante su exposición sobre la acción declarativa de inconstitucionalidad, el gobernador cuestionó al senador, aunque en un primer momento no lo mencionó por su nombre. Lo acusó de objetar “a través de bambalinas” una disposición que, según Jaldo, Manzur había redactado en 2006, cuando presidió la Convención Constituyente que elaboró la actual Constitución provincial.

 

También se refirió al intento de Manzur de postularse como vicegobernador en 2023, después de haber cumplido dos períodos como gobernador y dos como vicegobernador. Jaldo sostuvo que esa candidatura habría buscado abrir paso a un nuevo mandato y afirmó: “Ha querido buscar un quinto mandato y la Constitución de Tucumán es muy clara: no se puede tener un quinto mandato en la provincia de Tucumán. Al Cañito se lo hicieron a él”.

El gobernador respondió a los cuestionamientos opositores

Al ser consultado sobre las objeciones planteadas por el presidente de La Libertad Avanza, Lisandro Catalán; el diputado Mariano Campero, de Cambia Tucumán; otros sectores de la oposición y el propio Manzur, Jaldo distinguió entre las declaraciones públicas y la presentación judicial.

Sobre Catalán, expresó: “Lo escuché al candidato de LLA y lo he visto un poquito más ubicado que los que hicieron este tipo de presentación, ya que hacía referencia a que para impugnar a alguien hacía falta que concrete la candidatura. Eso se va a concretar el 9 de abril. Antes es imposible, es abstracto”.

Luego se refirió a Manzur, quien, según Jaldo, manifestó en afiches su intención de competir por la gobernación en 2027, aunque no lo hizo verbalmente. “En el caso del candidato Manzur, que no escuché que haya lanzado una candidatura, creo que apenas pega afiches, nada más. La verdad que en este juicio al primer testigo que vamos a llamar es a Juan Manzur”, dijo.

El gobernador argumentó que Manzur ejerció dos mandatos al frente de la provincia: el primero, tras ser elegido por primera vez, y el segundo, luego de la reelección prevista en el artículo 90. “Manzur tuvo dos mandatos de gobernador, que es lo que hoy se le quiere prohibir al gobernador Osvaldo Jaldo. Aspiro a una reelección, como la aspiró Manzur y llegó a ser gobernador por cuatro años más”, sostuvo.

Jaldo agregó que el senador será convocado cuando la Provincia sea notificada en el expediente. También recordó que Manzur presidió la Convención Constituyente y cuestionó su posición actual: “Es decir que él la hizo y ahora va en contra de lo que hizo. Bueno, estamos acostumbrados: nunca hizo las cosas bien. Pero también hay que aclarar: Manzur va a volver a declarar en la provincia de Tucumán. Y capaz que no solo volver sino también devolver. Así que él va a venir a la provincia de Tucumán”.

El cruce entre Jaldo y Manzur

La semana anterior, durante un acto por el Día de la Lealtad en Villa Luján, Manzur le había dicho al gobernador: “Jaldo, no te tengo miedo”. En esa ocasión, también respondió a una declaración previa de Jaldo, quien había afirmado que lo esperaba a él y a sus seguidores “el 9 de mayo de 2027 en las urnas”.

Manzur, por su parte, había expresado: “No me invite Jaldo a un lugar que no sabe si va a estar usted. Yo voy hasta el final y vamos a recuperar el peronismo para Tucumán”.

La respuesta a Campero

Jaldo también contestó a Campero, quien había afirmado que el gobernador “está flojo de papeles”. El mandatario rechazó esa caracterización y respondió: “Con mucho respeto le digo que ellos no están flojos de papeles, sino que están cortos de papeles y muy blanditos de cuerpo porque saben muy bien que en Tucumán, el 9 de mayo, el gobernador que hoy gobierna va a seguir gobernando la provincia”.

Para concluir, sostuvo que la presentación judicial, a su entender, ratifica el resultado electoral que espera para 2027: “Esta presentación no hace más que reconocer y corroborar los resultados de las elecciones del 9 de mayo”.

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Política

Reelección de Jaldo: «se quiere sacar de la cancha a un candidato” denunció el mandatario tras la demanda de la oposición

El gobernador se refirió al pedido de inconstitucionalidad promovido por sectores opositores sobre la reelección de autoridades provinciales. Ratificó que respetará el fallo judicial y aseguró que la norma es clara y vigente desde 2006.

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El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, respondió con dureza a la demanda presentada por cuatro partidos opositores ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para cuestionar su eventual reelección. El mandatario defendió la vigencia de la Constitución provincial, rechazó los argumentos sobre una posible permanencia indefinida en el poder y desafió a sus adversarios de cara a las próximas elecciones.

Durante una conferencia de prensa realizada en la Casa de Gobierno, Jaldo sostuvo que el artículo 90 de la Constitución tucumana establece con claridad las condiciones para acceder a los cargos de gobernador y vicegobernador.

El mandatario recordó que la Carta Magna provincial tiene casi dos décadas de vigencia y que, durante ese período, los tres poderes del Estado desarrollaron sus funciones respetando sus disposiciones.

En ese sentido, aseguró que el artículo cuestionado está redactado “con total claridad” y “con total contundencia”, por lo que consideró que no admite interpretaciones diferentes.

Jaldo defendió el artículo 90 de la Constitución provincial

El gobernador sostuvo que las limitaciones de los mandatos se aplican a todos los cargos electivos de la provincia y negó que exista algún privilegio especial para el Poder Ejecutivo.

“Si nosotros nos ponemos en los diferentes cargos institucionales de la provincia, hoy con toda contundencia un comisionado comunal tiene derecho a un mandato y reelección. Si vamos a los intendentes, tienen el derecho a un mandato y a una reelección. Si vamos a los concejales y a los legisladores provinciales, también”, expresó.

Y agregó: “Acá no hay coronita para nadie ni privilegios absolutamente para nadie”.

La demanda opositora sostiene que el artículo 90 permitiría una continuidad prolongada en el poder mediante la alternancia entre los cargos de gobernador y vicegobernador.

Según ese planteo, una misma persona podría permanecer hasta 16 años consecutivos en los principales cargos del Poder Ejecutivo provincial.

Sin embargo, Jaldo rechazó esa interpretación y argumentó que se trata de funciones institucionales distintas.

“Hablan de 16 años y toman ocho años del vicegobernador y ocho años del gobernador. No sé con qué intención lo hacen cuando son diferentes cargos”, cuestionó.

El mandatario insistió en que las responsabilidades de ambos puestos no son equivalentes y apeló a una explicación sobre la división de poderes.

“Y esto es de instrucción cívica de un colegio secundario de segundo o tercer año: el Poder Legislativo es uno y el Poder Ejecutivo es otro. Por eso nunca pueden existir 16 años de mandato de nadie”, afirmó.

Fuertes críticas contra Mariano Campero y la oposición

Más allá de los argumentos constitucionales, Jaldo trasladó la discusión al terreno electoral y apuntó directamente contra el diputado nacional Mariano Campero, uno de los principales impulsores de la presentación judicial.

El gobernador sostuvo que la oposición busca impedir su candidatura porque considera que no tiene posibilidades de derrotarlo en las urnas.

“Con mucho respeto le digo que ellos no están flojos de papeles. Ellos están cortos de papeles y muy blanditos de cuerpo. Saben muy bien que en Tucumán, el 9 de mayo, el gobernador que hoy gobierna va a seguir gobernando”, disparó.

Jaldo interpretó que el planteo ante la Corte Suprema responde a una estrategia política destinada a excluirlo de la próxima competencia electoral.

“Con seis meses de anticipación, estos sectores de la oposición ya saben qué espacio político va a ganar el 9 de mayo. No hay otra explicación para este tipo de presentación”, aseguró.

En esa misma línea, afirmó que la demanda representa un reconocimiento anticipado de la fortaleza electoral del oficialismo.

“Esta presentación no hace más que reconocer y corroborar los resultados de las elecciones. Se quiere sacar de la cancha a un candidato, a quien tiene mayores posibilidades y va a ganar, que se llama Osvaldo Francisco Jaldo”, sostuvo.

La Provincia defenderá su posición ante la Corte Suprema

Durante la conferencia, el gobernador estuvo acompañado por la fiscal de Estado de Tucumán, Gilda Pedicone, quien confirmó que la Provincia fue notificada sobre la presentación judicial.

La demanda fue registrada bajo la carátula “Cambia Tucumán contra Superior Gobierno de la Provincia” y cuestiona la constitucionalidad del régimen de mandatos establecido en el artículo 90.

Pedicone adelantó que el Estado provincial responderá formalmente al planteo y defenderá la autonomía de Tucumán frente al máximo tribunal nacional.

“Defender esta causa no es una opción, es una obligación. Como fiscal de Estado tengo que ponerme en este rol para defender la autonomía provincial”, manifestó.

La funcionaria coincidió con Jaldo en que los cargos de gobernador y vicegobernador tienen atribuciones diferentes y deben analizarse de manera independiente.

En ese sentido, señaló que ambos puestos “son independientes uno de otro, con mandatos que corresponden cada uno a un plazo”.

La interpretación oficial sobre la candidatura de Jaldo

La fiscal de Estado también defendió la posibilidad de que Jaldo vuelva a presentarse como candidato a gobernador y aseguró que esa alternativa está contemplada expresamente en la Constitución provincial.

“El último párrafo del artículo 90 autoriza que quien haya sido vicegobernador puede postularse a ser gobernador, y de hecho el gobernador ejerce esa conducta”, explicó.

Y concluyó con una frase contundente: “Más claro, echale agua”.

De esta manera, el Gobierno tucumano dejó en claro que sostendrá la validez del artículo 90 y defenderá judicialmente la eventual candidatura de Jaldo.

La controversia quedará ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mientras el oficialismo y la oposición profundizan sus diferencias de cara a las próximas elecciones provinciales.

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Política

Campero llevó a la Corte su impugnación contra la reelección de Jaldo: “Está flojo de papeles”, dijo

El diputado consideró que existen antecedentes judiciales en otras provincias que podrían respaldar el planteo y volvió a cuestionar la situación institucional de Tucumán

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El diputado nacional por Cambia Tucumán, Mariano Campero, presentó este lunes ante la Corte Suprema de Justicia una impugnación contra el artículo 90 de la Constitución provincial, que regula las posibilidades de reelección para los cargos de gobernador y vicegobernador. El planteo apunta a cuestionar la norma en el marco de la discusión sobre una eventual continuidad de Osvaldo Jaldo al frente del Poder Ejecutivo.

“Vamos a objetar esa norma porque entendemos que es violenta y atenta y posterga a nuestra provincia”, sostuvo Campero al referirse a la presentación, que fue trabajada junto con un equipo de abogados encabezado por el legislador Manuel Courel y representantes de distintos espacios políticos.

La oposición abre una batalla judicial contra la reelección de Jaldo

Campero sostuvo que la discusión excede la situación particular del gobernador y planteó que la seguridad jurídica es una condición necesaria para el desarrollo provincial. “Tucumán es una provincia con mucha inseguridad jurídica, en donde siempre estamos acostumbrados a que se haga lo que se quiera”, expresó.

Mariano Campero cuestionó la posibilidad de reelección de Osvaldo Jaldo y llevó el planteo ante la Corte de Tucumán.

“Todo esos problemas son virtud de un gobierno que viene hace muchos años dedicado exclusivamente al armado político y a ver cómo se perpetúan en el poder saltando de vicegobernador a gobernador”, cuestionó. /La Gaceta/

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